Javier Llobet Rodríguez
Catedrático de la Universidad de Costa Rica
1. EL DEBER ESTATAL DE PROTEGER A LOS
NIÑOS Y LOS ADOLESCENTES
El Derecho de la doctrina de la situación irregular,
que imperó hasta la instauración de un nuevo paradigma por la Convención
de Derechos del Niño de 1989, se caracterizaba por su carácter meramente
tutelar, es decir protector de los niños y adolescentes. Lo anterior por
supuesto desde un punto de vista teórico, ya que con frecuencia se llegaban
a cometer las peores arbitrariedades. El nuevo paradigma del Derecho de
la Niñez y la Adolescencia, parte de la consideración del niño y adolescente
como un sujeto de derecho y no como un mero objeto de tutela. Sin embargo,
no se abandona el deber estatal de protección de los menores de edad, aunque
ahora para otorgarles derechos adicionales y no para restringir los derechos
que se conceden a los adultos, como sucedía bajo la doctrina de la situación
irregular.
La Convención de Derechos del Niño, lo mismo que las leyes
y Códigos de la infancia y adolescencia centroamericanos parten de que la
garantía de los derechos del niño y del adolescente se da prioritariamente
en el ámbito familiar1.
Son los padres los que tienen en primer lugar el deber de cuidado y educación
de sus hijos2.
Se parte de que los padres en principio son los mejor indicados para defender
los derechos de sus hijos y para saber qué es lo que más los beneficia.
Se considera para ello una presunción de que los padres actúan con base
en el amor y el altruismo3.
Así el papel que desempeña el Estado en la vida familiar y en la socialización
de los niños y adolescentes es actuando en particular cuando el desarrollo
de los deberes de los padres no se cumple, olvidándose los padres del carácter
instrumental que tienen sus derechos, en cuanto deben actuar en defensa
del interés superior del niño o adolescente4.Sobre
el papel primordial que desempeña la familia dijo la Corte Interamericana
de Derechos Humanos en su opinión consultiva del 28 de agosto de 2002 sobre
la condición jurídica y derechos del niño dijo:
“66. En principio, la familia debe proporcionar
la mejor protección de los niños contra el abuso, el descuido y la explotación.
Y el Estado se halla obligado no sólo a disponer y ejecutar directamente
medidas de protección de los niños, sino también a favorecer, de la manera
más amplia, el desarrollo y la fortaleza del núcleo familiar (…)”.
Indicó además:
“71. El niño tiene derecho a vivir con
su familia, llamada a satisfacer sus necesidades materiales, afectivas y
psicológicas. El derecho de toda persona a recibir protección contra injerencias
arbitrarias o ilegales en su familia, forma parte, implícitamente, del derecho
a la protección de la familia y del niño (…)”.
Se reconoce que la protección de los derechos del niño y
del adolescente no corresponde solamente a la familia, sino también al Estado
y a la comunidad a la que pertenece5.
Con respecto a la obligación estatal de protección de los niños dijo la
Corte Interamericana en la opinión consultiva de 28 de agosto de 2002:
“78. La eficaz y oportuna protección de los intereses del
niño y la familia debe brindarse con la intervención de instituciones debidamente
calificadas para ello, que dispongan de personal adecuado, instalaciones
suficientes, medios idóneos y experiencia probada en este género de tareas.
En fin, no basta con que se trate de organismos jurisdiccionales o administrativos;
es preciso que éstos cuenten con todos los elementos necesarios para salvaguardar
el interés superior del niño (…)”.
Sobre las obligaciones estatales de protección de la infancia
y la adolescencia agregó la Corte:
“80. En
cuanto a las condiciones de cuidado de los niños, el derecho a la vida que
se consagra en el artículo 4 de la Convención Americana, no sólo comporta
las prohibiciones que en ese precepto se establecen, sino la obligación de
proveer de medidas necesarias para que la vida revista condiciones dignas
(…).
81. El pleno
ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales de los niños se
ha relacionado a las posibilidades del Estado obligado (artículo 4 de la Convención
sobre los Derechos del Niño), el cual debe realizar el mayor esfuerzo, de
manera constante y deliberada, para asegurar el acceso de los niños a esos
derechos, y el disfrute de los mismos, evitando retrocesos y demoras injustificadas
y asignando a este cumplimiento los mayores recursos disponibles. La Conferencia
Internacional sobre Población y el Desarrollo (El Cairo, 1994) resaltó que
todos los Estados y todas las familias deberían dar la máxima prioridad posible
a la infancia. El niño tiene derecho a un nivel de vida adecuado para su bienestar
y al más alto nivel posible de salud y a la educación. […] (principio 11).
82. En igual
sentido, la II Conferencia Mundial de Derechos Humanos (Viena, 1993) puntualizó
que deben reforzarse los mecanismos y programas nacionales e internacionales
de defensa y protección de los niños, en particular las niñas, los niños abandonados,
los niños de la calle y los niños explotados económica y sexualmente, incluidos
los utilizados en la pornografía y la prostitución infantil o la venta de
órganos, los niños víctimas de enfermedades, en particular el SIDA, los niños
refugiados y desplazados, los niños detenidos, los niños en situaciones de
conflicto armado y los niños víctimas del hambre y la sequía o de otras calamidades”.
Enfatizó
la Corte:
“91. (…) El
Estado tiene el deber de adoptar todas las medidas positivas para asegurar
la plena vigencia de los derechos del niño”.
En cuanto al
papel del Estado es de gran importancia su obligación de intervención frente
a familias disfuncionales, ello con base en el interés superior del niño,
en particular en casos de abandono, de maltrato doméstico, abuso sexual y
cualquier forma de explotación de los niños y adolescentes. Igualmente debe
intervenir el Estado para que los padres no vayan a impedir el desarrollo
de las potencialidades del niño, por ejemplo que pongan obstáculos para su
educación.
Por otro lado,
el Estado tiene la obligación de garantizar condiciones de vida dignas para
los niños y adolescentes, en particular la garantía de la educación, la salud,
la alimentación y la vivienda. Se ha dicho desde esta perspectiva que no solamente
la familia es responsable de la garantía de las condiciones necesarias para
el desarrollo de las potencialidades del niño y del adolescente, sino el Estado
tiene una corresponsabilidad, lo mismo que la Sociedad, de modo que debe dotarse
al niño y al adolescente de las condiciones básicas necesarias para satisfacer
sus necesidades
6.
Con respecto
a ello en la V Reunión Ministerial sobre Niñez y Política Social en las Américas,
realizada en Kingston, Jamaica, del 9 al 13 de octubre de 2000 se aprobó una
resolución denominada “El consenso de Kingston”, en la que se reconoció que
a pesar de los progresos logrados en los últimos años, la inversión social
en materia de la niñez y la adolescencia sigue siendo insuficiente. Se asumió
en dicha reunión los siguientes compromisos:
“1. Hacer
todo esfuerzo necesario para que los niños, niñas, y adolescentes tengan oportunidades
para desarrollar plenamente sus capacidades físicas, mentales, espirituales,
morales y sociales y garantizar y promover el respeto por los derechos humanos.
2.
Desarrollar e implementar políticas y acciones integrales encaminadas a atacar
los ciclos inter-generacionales de pobreza, erradicar la exclusión, la discriminación
y la violación de los derechos humanos.
3.
Promover acciones y mecanismos para maximizar la participación de los niños,
niñas, y adolescentes en la toma de decisiones en todos aquellos asuntos que
les afectan directa e indirectamente.
4.
Apoyar la creación de mecanismos que faciliten la participación de la sociedad
civil en todos aquellos asuntos que afecten a los niños, niñas y adolescentes.
5.
Promover acciones para eliminar la discriminación y la exclusión de los grupos
étnicos, los grupos religiosos, minorías lingüísticas y otras minorías y de
las poblaciones indígenas, y para fortalecer las diversas identidades culturales.
6.
Garantizar la protección de los niños, niñas y adolescentes contra toda forma
de abuso, incluyendo las lesiones, violencia, trato negligente, abuso sexual,
explotación comercial, venta y tráfico, trabajo forzado, y el reclutamiento
forzado u obligatorio para conflictos armados. Además, concebir para el efecto
estrategias de apoyo combinadas, incluyendo reformas institucionales y legales,
difusión de información, promoción del conocimiento de los derechos, formación
de grupos de apoyo comunitarios y apoyo a mejores prácticas de crianza, con
particular énfasis en el rol del padre.
7.
Asegurar la protección de los niños, niñas y adolescentes de toda forma de
discriminación y castigo. Asimismo, apoyar e implementar políticas, planes
y programas para promover su igualdad y respeto.
8.
Asegurar que cada niño, niña, y adolescente en conflicto con la ley sea tratado
de acuerdo a las garantías procesales, observando los principios de la Convención
sobre los Derechos del Niño y otros instrumentos legales nacionales e internacionales
de protección a la niñez. Igualmente, tomar medidas según se necesiten para
suministrar capacitación en derechos humanos y en administración de la justicia
para la niñez y adolescencia, a todos aquellos relacionados con niños, niñas,
y adolescentes en conflicto con la ley.
9.
Asegurar los derechos de los niños, niñas y adolescentes con capacidades diferentes,
incluyendo aquellos con discapacidades, a recibir servicios adecuados, la
atención y la educación conforme a sus características. Así mismo, crear los
mecanismos para apoyar a sus familias y/o a quienes les atienden y su integración
plena a la sociedad.
Promover una
alianza entre los gobiernos y la sociedad civil para apoyar a los niños, niñas
y adolescentes para desarrollar valores que fomenten los derechos humanos
y la igualdad, la paz, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y las relaciones
equitativas de género.
11. Continuar
el progreso hacia el acceso universal a los servicios integrales de salud,
incluyendo la prevención efectiva, la atención temprana, el tratamiento y
las estrategias de rehabilitación. Aumentar el conocimiento de niños, niñas,
y adolescentes sobre salud sexual y reproductora, con especial énfasis en
las enfermedades de transmisión sexual y el VIH/SIDA.
12. Avanzar
hacia la universalización de una educación inicial, primaria y básica de alta
calidad en un ambiente que promueva el desarrollo integral de los niños, niñas
y adolescentes, estimule el respeto de los derechos humanos y los prepare
para una vida responsable en la sociedad.
13. Incrementar
los recursos, de acuerdo con su disponibilidad, para el pleno desarrollo y
cuidado infantil temprano para asegurar mejores resultados de aprendizaje,
reducir las desigualdades y garantizar el cumplimiento de los derechos humanos.
Emprender acciones conjuntas con la sociedad civil y las familias para proveer
salud, nutrición y educación adecuadas.
14. Diseñar
y ejecutar programas enfocados a crear oportunidades para los niños, niñas,
adolescentes, y adultos que no han recibido los beneficios de la educación
formal o que se han retirado de la escuela. Se debe dar especial atención
a los adolescentes en desventaja, tales como los que sufren alguna discapacidad,
los afectados por el VIH/SIDA, las madres adolescentes y aquellos en conflicto
con la ley.
22. Responder
a los desafíos inesperados que surgirán y que este consenso no ha considerado.
En todos esos
casos, las decisiones que se tomen se basarán en los principios de la no-discriminación,
el interés superior del niño, la máxima supervivencia y desarrollo y la participación
de la niñez y la adolescencia”.
Se trata en
definitiva de una reafirmación de los compromisos asumidos por los diversos
Estados al ratificar la Convención de Derechos del Niño.
En Latinoamérica
debe ser citada la declaración de Panamá, adoptada por los Jefes de Estado
y de Gobierno de 21 países iberoamericanos en la ciudad de Panamá los días
17 y 18 de noviembre de 2000.
Se
menciona entre otros aspectos:
“8. Reconocemos
la importancia fundamental de los niños, niñas y adolescentes como sujetos
de derecho en nuestras sociedades y el papel rector y normativo del Estado
en el diseño y ejecución de políticas sociales en beneficio de ellos y como
garante de sus derechos y reiteramos nuestro compromiso en construir las bases
para el desarrollo pleno de sus potencialidades y de su integración social,
ante las oportunidades y retos que ofrece el mundo globalizado hoy”.
Se admite en
la declaración:
“(...) La pobreza
y extrema pobreza, la desigual distribución del ingreso, la exclusión social
y la violencia intrafamiliar, son las principales causas de que los niños
niñas y adolescentes ingresen prematuramente al mercado laboral, permanezcan
en las calles, sean objeto de explotación económica o sexual, migran, infrinjan
la ley y estén expuestos a situaciones de riesgo (...)”.
En la declaración
se hace una extensa enumeración de acciones tendientes a lograr la equidad
y la justicia social, lo mismo que con respecto a la prevención de la delincuencia,
tanto de la cometida en contra de los niños y adolescentes, como de la llevada
a cabo por ellos
7.
2.
EL GASTO SOCIAL ESTATAL EN LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN CENTROAMÉRICA
Como una forma
de combatir la pobreza y los problemas que ella implica para el desarrollo
de una vida digna por parte de todos los que la sufren y en particular los
niños y los adolescentes, tiene gran importancia lo que se ha denominado el
gasto social, el que implica el ofrecimiento de bienes y servicios, por ejemplo
la educación básica y los servicios de salud, lo mismo que suministrando transferencias
monetarias para que las familias adquieran bienes y servicios en beneficio
de los niños y los adolescentes
8.
Debe resaltarse que gran parte del gasto social no se dirige directamente
a los niños y a los adolescentes, sino en general a la totalidad de la población,
pero en la medida en que benefician la situación de la familia llega a actuar
también a favor de los niños y adolescentes
9.
Debe tenerse
en cuenta que se reconoce que existe una relación estrecha entre el gasto
social y el grado de desarrollo humano, entendiendo por éste “un proceso mediante
el cual se amplían las oportunidades de los individuos, entre estas, las más
importantes son una vida prolongada y saludable, acceso a la educación y disfrute
de un nivel de vida decente”
10.
Se dice que los países con un menor desarrollo humano son aquellos países
que invierten menos en gasto público social
11.
Se señala que
en Centroamérica el gasto público social sigue siendo insuficiente
12,
lo que se refleja en los índices de pobreza centroamericanos. En un estudio
entre 17 países latinoamericanos realizado en 1998-1999 el promedio regional
fue de 540 dólares per cápita. Panamá y Costa Rica aparecieron entre los países
con un mayor gasto social, siendo en el primero de dichos países de 644 y
en el segundo de 622, mientras los demás países centroamericanos no alcanzaron
los 100 dólares en 1997 y ocupan los últimos cuatro lugares entre los 17 países
considerados. Así Guatemala apareció con un gasto de 107, El Salvador de 82,
Honduras de 57 y Nicaragua de 57
13.
El promedio regional alcanzó 187 dólares, lo que es considerado como sumamente
bajo dentro del contexto latinoamericano
14.
Sin embargo,
en lo relativo a Costa Rica debe resaltarse que desgraciadamente se ha producido
una disminución del gasto social durante los dos últimos años, según se expresó
en el Informe del Estado de la Nación de 2004
15.
Lo increíble es que según denuncia de la Contraloría General de la República,
no obstante las múltiples necesidades existentes en materia social, las instituciones
encargadas de programas sociales mostraron un superávit de 17,500 millones
16.
El porcentaje
del gasto social representó en Centroamérica el 10.7% del producto interno
bruto, suma también muy baja
17.
En 1998-1999 el porcentaje de Panamá fue del 19.4%, de Costa Rica 16.8%, de
Nicaragua 12.7%, de Honduras 7.4%, de Guatemala 6.2% y de El Salvador 4.3%.
18.
En lo relativo
al gasto social, se señala que la educación tiene la mayor importancia en
el gasto social en Guatemala, Honduras y Nicaragua. Guatemala gastó 40 dólares
per cápita en educación, 22 en salud, 16 en seguridad social y 30 en vivienda,
agua, saneamiento y otros. Honduras gastó 32 en educación, 16 en salud y nutrición
y 10 en vivienda, agua, saneamiento y otros. Nicaragua gastó 26 en educación,
20 en salud y nutrición y 12 en vivienda, agua, saneamiento y otros. En Costa
Rica la mayor relevancia lo tiene la seguridad social, salud y nutrición.
Así gastó en educación 163 dólares, en salud y nutrición 181, en seguridad
social 216 y en vivienda, agua, saneamiento y otros 63. En Panamá resalta
la salud y la nutrición. Gastó 198 en educación, 223 en salud y nutrición,
179 en seguridad social y 42 en vivienda, agua, saneamiento y otros. En lo
relativo a la seguridad social se dice que no hay gasto en Honduras y Nicaragua,
siendo muy bajo en Guatemala
19.
Debe resaltarse
lo bajo del gasto en salud en Centroamérica, resultando que menos de una cuarta
parte de los centroamericanos están protegidos por un seguro social, siendo
la mitad de los beneficiarios de Costa Rica y Panamá. En dichos países respectivamente
están cubiertos el 60% y el 70% de la población, mientras que en países como
El Salvador, Honduras y Guatemala el porcentaje es de menos del 15%. En Nicaragua
es inferior al 10%.
20.
3.
LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES DEL NIÑO
Y DEL ADOLESCENTE COMO DERECHOS EXIGIBLES
La posición
tradicional, imperante en un pasado, destacaba el menor grado de protección
que reciben los derechos económicos, sociales y culturales, que los derechos
civiles y políticos.
Ello se veía
de la comparación entre el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobados
ambos en el ámbito de la ONU en 1966. Así el artículo 2 inciso 2) del primero
de ellos dice:
“Cada Estado
Parte se compromete a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales
y a las disposiciones del presente Pacto, las medidas oportunas para dictar
las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para
hacer efectivos los derechos reconocidos en el presente Pacto y que no estuviesen
ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter”.
Por su parte
el artículo 2 inciso 1) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales establece:
“Cada uno de
los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto
por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales,
especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que
disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, incluso
en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de
los derechos aquí reconocidos”.
La Convención
de Derechos del Niño se caracteriza por haber contemplado tanto derechos civiles
y políticos, como derechos económicos, sociales y culturales. Se señala en
el artículo 4:
“Los Estados
Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra
índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención.
En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados
adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y,
cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional”.
La concepción
tradicional de los derechos económicos, sociales y culturales le asignaba
un carácter meramente programático a dichas disposiciones, de modo que se
consideraban como meras directivas, que eran ajenas a un derecho subjetivo,
siendo en definitiva principios meramente políticos, abandonados para su reconocimiento
a la discrecionalidad del legislador
21.
Otra posición, no muy distante a ésta, califica los derechos económicos, sociales
y culturales como normas de principio, que el legislador está obligado a desarrollarlas,
pero que sirven a configurar la estructura del Estado y a la interpretación
de las normas jurídicas
22.
Ninguna de estas posiciones llega a reconocer un instrumento jurídico por
el que se pudiera, por ejemplo, obligar al legislador a adoptar determinadas
normas
23.
La tendencia
actual es a reconocer la interdependencia que existe entre los derechos civiles
y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales, de modo que
estos últimos tienen relevancia para hacer efectivos los primeros, estando
todos relacionados con la garantía del principio de dignidad de la persona
humana. En este sentido la Declaración de Teherán de 1968, proclamada por
la Primera Conferencia Internacional de Derechos Humanos de la ONU dijo:
“Como los derechos
humanos y libertades fundamentales son indivisibles, la realización de los
derechos civiles y políticos sin el goce de los derechos económicos, sociales
y culturales resulta imposible. La consecución de un progreso duradero en
la aplicación de los derechos humanos depende de unas buenas y eficaces políticas
nacionales e internacionales de desarrollo económico y social”
24.
Sobre ello indica
Carlos Villán Durán con acierto: “En cuanto a la indivisibilidad, es otro
principio de interpretación y de realización de los derechos humanos, pues
no cabe establecer una separación entre las diversas categorías de derechos,
toda vez que ‘el ser humano los necesita todos’ para conseguir su realización
personal y social en dignidad.
De ahí que la
extrema pobreza constituya una negación de los derechos humanos más elementales,
pues genera una exclusión social que impide el acceso al disfrute de los derechos
que son básicos para asegurar la subsistencia humana en dignidad, tanto civiles
y políticos como económicos, sociales y culturales y el derecho al desarrollo”
25.
Agrega más adelante: “Forzoso es concluir que el disfrute de las libertades
individuales debe ir acompañado del disfrute de los derechos económicos, sociales
y culturales, incluido el derecho al desarrollo. Dicho en términos más gráficos;
de poco le sirve al ser humano tener reconocido el derecho de asociación si
no dispone de recursos para cubrir sus necesidades básicas de subsistencia
que le permitan ejercer simultáneamente sus derechos a la alimentación, salud,
educación y vivienda”
26.
La diferenciación
entre derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales
no es fácil de hacer
27,
existiendo derechos de muy difícil clasificación, por ejemplo el derecho de
propiedad, libertad de enseñanza y la libertad de trabajo
28.
Por otro lado, ya no puede admitirse la diferenciación que se hacía tradicionalmente
entre ellos, en cuanto se indicaba que frente a los primeros el Estado desempeña
primordialmente una función pasiva, de no interferir violentándolos, mientras
que en los segundos la obligación del Estado es principalmente positiva, de
hacer, brindando prestaciones a los administrados
29.
Así hoy día se ha indicado que con relación a los derechos civiles y políticos
la obligación del Estado es también la de evitar violaciones a los derechos
por parte de los mismos particulares, lo mismo que en caso de que se den,
debe realizar una tutela judicial, de modo que, por ejemplo, con respecto
a los hechos delictivos tiene el deber de llevar a cabo una investigación
seria y eficiente
30.
Igualmente con respecto a los hechos delictivos debe tener una legislación
que respete el debido proceso y debe dotarse de los medios económicos a la
Administración de Justicia, de modo que cumpla adecuadamente su función
31.
Se tiende hoy
a defender la juridicidad de los derechos económicos, sociales y culturales
32.
Se dice así por Ferrajoli que ninguna mayoría puede dejar de decidir las medidas
necesarias para que a una persona le sea asegurada la subsistencia y la supervivencia.
Indica así que son vitales el derecho a la vivienda, al trabajo, a la enseñanza
y similares
33.
Debe llegarse
a adoptar la concepción del enfoque de derechos con respecto a los derechos
de los niños y los adolescentes. Sobre dicha concepción: Esta concepción implica:
1) la acción es obligatoria, 2) las personas gozan de derechos establecidos,
3) La gente pobre tiene derecho a la ayuda como sujeto de derechos, 4) todas
las personas tienen el mismo derecho a la plena realización de su potencial:
se les debe ayudar para que lo logren, 5) las personas con quienes se realiza
el trabajo de desarrollo son participantes activos por derecho, 6) los derechos
son universales e inalienables, no se les puede diluir ni negar, 7) se deben
cambiar eficazmente las estructuras de poder que obstaculizan el progreso
en el cumplimiento de los derechos humanos, 8) los agentes de desarrollo deben
empoderar a los sujetos de derechos para que reclamen sus derechos y participen
en forma activa en la toma pública de decisiones y 9) los derechos son invisibles
e interdependientes, aunque en cualquier situación se requiera priorizar desde
un aspecto práctico
34.
Tanto el Comité
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, como el Comité de
Derechos del Niño de la ONU, admiten la juridicidad de los derechos económicos,
sociales y culturales. Se ha dicho por el primero de ellos que el Estado al
ratificar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adquiere
una serie de obligaciones que se dividen en “estratos”, debiendo: a) respetar,
b) proteger, c) promover y d) hacer efectivo cada uno de los derechos. Así
se requiere en primer lugar que el Estado adopte las medidas legislativas
y de otro carácter (administrativas, judiciales, políticas, económicas, sociales,
educacionales), que sean necesarias para el pleno goce de los derechos contemplados
en el Pacto. Se dice por el Comité que conforme al Pacto debe lograrse en
forma progresiva la plena efectividad de los derechos, pero que ello en ocasiones
ha sido mal interpretado, ya que no se trata que deben hacerse efectivos los
derechos del Pacto, sólo una vez que un Estado haya alcanzado un nivel de
desarrollo económico, sino “al contrario, el deber en cuestión obliga a todos
los Estados Partes, independientemente de cuál sea su nivel de riqueza nacional,
a avanzar de inmediato y lo más rápidamente posible hacia la efectividad de
los derechos económicos, sociales y culturales”. Agrega: “La interpretación
de esta cláusula nunca debe conducir a pensar que permite a los Estados aplazar
indefinidamente sus esfuerzos para asegurar el goce de los derechos proclamados
en el Pacto”
35.
Indica que aunque ciertos derechos deben prestarse para hacerse efectivos
a una obligación progresiva, otros, por ejemplo la prohibición de discriminación,
deben cumplirse inmediatamente
36.
Señala además el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que
la mención de que debe tratarse de hacerse efectivos los derechos hasta el
máximo de los recursos de que se disponga, ha llevado con frecuencia para
justificar la falta de disfrute de los derechos
37.
Sin embargo, indica- este requisito obliga a los Estados a garantizar al menos
el mínimo de los derechos de subsistencia para todos, independientemente del
desarrollo económico de un país determinado
38.
El Comité de
Derechos del Niño de la ONU ha asumido lo indicado por el Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales de dicha organización
39.
Ha señalado que cuando un Estado ratifica la Convención de Derechos del Niño
adquiere la obligación de aplicarla
40,
debiendo traducir en realidad los derechos humanos de los niños. Ha enfatizado
que el Estado debe reconocer el derecho a invocar ante los tribunales no solamente
los derechos civiles y políticos, sino también los derechos económicos, sociales
y culturales
41.
Ha agregado: “Para que los derechos cobren sentido, se debe disponer de recursos
efectivos para reparar sus violaciones. Esta exigencia está implícita en la
Convención, y se hace referencia a ella sistemáticamente en los otros seis
principales instrumentos internacionales relativos a los derechos humanos.
La situación especial y dependiente de los niños les crea dificultades reales
cuando los niños quieren interponer recursos por la violación de sus derechos.
Por consiguiente, los Estados deben tratar particularmente de lograr que los
niños y sus representantes puedan recurrir a procedimientos eficaces que tengan
en cuenta las circunstancias de los niños. Ello debería incluir el suministro
de información adaptada a las necesidades del niño, el asesoramiento, la promoción,
incluido el apoyo a la autopromoción, y el acceso a procedimientos independientes
de denuncia y a los tribunales con la asistencia letrada y de otra índole
necesaria. Cuando se comprueba que se han violado los derechos, debería existir
una reparación apropiada, incluyendo una indemnización, y, cuando sea necesario,
la adopción de medidas para promover la recuperación física y psicológica,
la rehabilitación y la reintegración, según lo dispuesto en el artículo 39”.
Indica a continuación: “El Comité subraya que los derechos económicos, sociales
y culturales, así como los derechos civiles y políticos, deben poder invocarse
ante los tribunales. Es esencial que en la legislación nacional se establezcan
derechos lo suficientemente concretos como para que los recursos por su infracción
sean efectivos”
42.
Debe reconocerse
que la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales da un cierto
margen de apreciación a los Estados sobre la forma de implementarlos, ello
a través de las diversas políticas económicas y sociales, debiendo eso sí
reflejar una razonabilidad
43.
Este margen es propio del sistema democrático
44.
Es decir con respecto a los medios para la garantía de dichos derechos, se
permite con frecuencia un ámbito discrecional, aunque está reglado el fin
al que debe dirigirse la política estatal, esto es a la garantía de los derechos
económicos, sociales y culturales
45,
de modo que, como se dijo antes, se llegue a garantizar un nivel esencial
de los derechos
46,
debiéndose llegar en forma progresiva a la plena efectividad de los derechos
reconocidos
47.
Se agrega a ello que el principio del interés superior del niño lleva a la
prioridad que deben tener para el Estado los programas para la protección
de la niñez y la adolescencia, de modo que incluso podría llegarse a discutir
la insuficiencia del presupuesto nacional destinado a ello
48.
El Comité de Derechos del Niño de la ONU ha llegado a indicar que debe existir
una “visibilidad de los niños en los presupuestos”. Ha dicho que: “Ningún
Estado puede decir si para dar efectividad a los derechos económicos, sociales
y culturales está adoptando medidas ‘hasta el máximo de los recursos de que
disponga’, como lo dispone el artículo 4, a menos que pueda determinar la
proporción de los presupuestos nacionales y de otros presupuestos que se destinan
al sector social y, dentro de éste, a los niños, tanto directa como indirectamente”
49.
La Corte Interamericana
de Derechos Humanos al dar la opinión consultiva del 28 de agosto de 2002
sobre la condición y derechos de los niños partió de la exigibilidad de los
derechos económicos, sociales y culturales del niño, recogiendo los criterios
arriba indicados. Allí hizo mención a la obligación estatal de realizar todas
las medidas para la plena vigencia de los derechos de los niños (Nº 91),
señalando que el Estado para la garantía de los derechos económicos, sociales
y culturales debe realizar el mayor esfuerzo, ello “de manera constante y
deliberada”, “evitando retrocesos y demoras injustificadas” y “asignando a
este cumplimiento los mayores recursos disponibles” (Nº 81).
La redacción
de los Códigos y leyes de la niñez y la adolescencia en Centroamérica, debe
llevar a considerar que regulan deberes estatales de protección, que implican
a su vez derechos de los niños y adolescentes. Esto se aprecia, por ejemplo,
en el artículo 4 de la Ley de Guatemala, que hace mención al deber del Estado
de proteger a la familia, para que pueda cumplir con la garantía de los derechos
de los niños, las niñas y los y las adolescentes. Se agrega a ello el artículo
6, que indica que el Estado debe tutelar la niñez y la adolescencia,
estando obligado a desarrollar políticas públicas en ese sentido, asignándose
fondos públicos específicos para ello. Además el artículo 76 regula la obligación
estatal de intervenir ante cualquier violación o amenaza de los derechos de
los niños y adolescentes. El artículo 6 del Código de Honduras establece la
obligación estatal de desarrollar una política social de protección de la
niñez y la adolescencia, garantizándole sus derechos. Ello debe llevar a considerar
que se trata de derechos que pueden ser exigidos ante los tribunales.
En lo relativo
a la exigibilidad por vía judicial de los derechos económicos, sociales y
culturales de los niños y los adolescentes debe destacarse lo indicado en
el Código de la Niñez y la Adolescencia de Costa Rica, que señala en su artículo
4:
“Políticas estatales
Será obligación
general del Estado adoptar las medidas administrativas, legislativas, presupuestarias
y de cualquier índole, para garantizar la plena efectividad de los derechos
fundamentales de las personas menores de edad.
En la formulación
y ejecución de políticas, el acceso a los servicios públicos y su prestación
se mantendrá siempre presente el interés superior de estas personas. Toda
acción u omisión contraria a este principio constituye un acto discriminatorio
que viola los derechos fundamentales de esta población.
De conformidad
con el régimen de protección especial que la Constitución Política, la Convención
sobre los Derechos del Niño, este Código y leyes conexas garantizan a las
personas menores de edad, el Estado no podrá alegar limitaciones presupuestarias
para desatender las obligaciones aquí establecidas” (el subrayado no es del
original).
Se establece,
por otro lado, obligaciones concretas estatales con respecto en particular
a la educación y salud. Así con respecto a la primera se dice en el
artículo 59:
“Derecho a la
enseñanza gratuita y obligatoria
La educación
preescolar, la educación general básica y la educación diversificada serán
gratuitas, obligatorias y costeadas por el Estado.
El acceso a
la enseñanza obligatoria y gratuita será un derecho fundamental. La falta
de acciones gubernamentales para facilitarlo y garantizarlo constituirá una
violación del Derecho e importará responsabilidad de la autoridad competente”.
Por su parte
en lo relativo a la salud se dispone por el artículo 41:
“Derecho a la
atención médica
Las personas
menores de edad gozarán de atención médica directa y gratuita por parte del
Estado.
Los centros
o servicios públicos de prevención y atención de la salud quedarán obligados
a prestar, en forma inmediata, el servicio que esa población requiera sin
discriminación de raza, género, condición social ni nacionalidad. No podrá
aducirse ausencia de sus representantes legales, carencia de documentos de
identidad, falta de cupo ni otra circunstancia”.
Se prevé también
una ayuda estatal a los niños y adolescentes cuando los padres no pueden suministrarles
alimentos. Se establece en el artículo 38:
“Subsidio supletorio
Si el obligado
preferente se ausentare, presentare incapacidad temporal o imposibilidad de
hecho para cumplir con el deber de brindar alimentos a una persona menor de
edad o una embarazada, el Estado le brindará supletoriamente los alimentos
por medio de la incorporación de estas familias a procesos de promoción social
y desarrollo humano, mediante programas interinstitucionales en los que, de
acuerdo con su situación particular, intervendrán el Instituto Mixto de Ayuda
Social, el Patronato Nacional de la Infancia, la Caja Costarricense de Seguro
Social, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Salud
o cualquier otro necesario para garantizar un tratamiento integral a la familia
con el apoyo de las redes de la sociedad civil organizada, establecidas para
tal fin. Las embarazadas tendrán derecho al subsidio únicamente durante el
período prenatal y de lactancia. Cuando los alimentos son reclamados en sede
judicial y se constate que ocurre alguna de esas circunstancias, el juez gestionará
el subsidio ante el Instituto Mixto de Ayuda Social”.
Referencias
similares a la protección en particular de la atención médica en centros hospitalarios,
lo mismo que el derecho a la educación básica, se encuentran en los diversos
países centroamericanos
50.
4.
LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES
Y CULTURALES DEL NIÑO POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
La jurisdicción
consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede hacer referencia
a instrumentos internacionales suscritos fuera del ámbito americano, pero
con respecto a los cuales los Estados americanos forman parte
51.
En gran parte la opinión consultiva del 28 de agosto de 2002 es consecuencia
de ello, realizándose un desarrollo principalmente de la Convención de Derechos
del Niño
52.
Sin embargo de gran relevancia es que la Corte Interamericana ha admitido
que puede acudirse a la Convención de Derechos del Niño para llenar de contenido
el artículo 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que dice:
Todo niño tiene
derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por
parte de su familia, de la sociedad y del Estado”.
Sobre ello debe
destacarse lo dicho por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre
los deberes de protección del Estado con respecto a la niñez y la adolescencia,
evitando que se produzca la marginación social que lleva a muchos niños a
vivir en la calle. Dijo así en la sentencia de 19 de noviembre de 1999 (Caso
de los “Niños de la Calle”), dictada en contra de Guatemala:
“191. A la luz
del artículo 19 de la Convención Americana la Corte debe constatar la especial
gravedad que reviste el que pueda atribuirse a un Estado Parte en dicha Convención
el cargo de haber aplicado o tolerado en su territorio una práctica sistemática
de violencia contra niños en situación de riesgo. Cuando los Estados
violan, en esos términos, los derechos de los niños en situación de riesgo,
como los ‘niños de la calle', los hacen víctimas de una doble agresión. En
primer lugar, los Estados no evitan que sean lanzados a la miseria, privándolos
así de unas mínimas condiciones de vida digna e impidiéndoles el ‘pleno y
armonioso desarrollo de su personalidad', a pesar de que todo niño tiene derecho
a alentar un proyecto de vida que debe ser cuidado y fomentado por los poderes
públicos para que se desarrolle en su beneficio y en el de la sociedad a la
que pertenece. En segundo lugar, atentan contra su integridad física, psíquica
y moral, y hasta contra su propia vida”.
Se reiteró luego
en dicha resolución además la obligación estatal de garantizar las condiciones
mínimas de existencia a los niños, ello como consecuencia del principio de
dignidad de la persona humana. Para ello se hizo mención a los artículos 2,
3, 6, 20, 27 y 37 de la Convención de Derechos del Niño, en cuanto establecen
la prohibición de discriminación (Art. 2), el deber de protección y cuidado
de los niños (Art. 3), el derecho a la vida, la supervivencia y al desarrollo
del niño (Art. 6), al deber estatal de protección y asistencia de los niños
privados de su medio familiar (Art. 20), la obligación estatal de garantizar
un nivel de vida adecuado a los niños para su desarrollo físico, mental, espiritual,
moral y social y la obligación estatal de prestar asistencia material y programas
de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda
(Art. 27), la prohibición de la tortura y detenciones arbitrarias, unido al
trato digno que se le debe dar a los menores privados de libertad (Art. 37).
Se señaló a continuación:
“196. Las normas
transcritas permiten precisar, en variadas direcciones, los alcances de las
‘medidas de protección' a que alude el artículo 19 de la Convención Americana.
Entre ellas merecen ser destacadas las referentes a la no discriminación,
a la asistencia especial a los niños privados de su medio familiar, a la garantía
de la supervivencia y el desarrollo del niño, al derecho a un nivel de vida
adecuado y a la reinserción social de todo niño víctima de abandono o explotación
(…)”.
La resolución
de la Corte Interamericana tiene una especial importancia, ya que no solamente
declaró la responsabilidad del Estado por la tortura y muerte de los menores
de edad que fueron privados arbitrariamente de su libertad por fuerzas de
la policía, sino además hizo referencia a que el estado en desamparo en que
se encontraban las víctimas, por estar en situación de riesgo, implicó un
incumplimiento de los derechos económicos y sociales de ellas, al impedírseles
una mínimas condiciones de vida digna y el pleno y armonioso desarrollo de
la personalidad (Nº 191).
Sobre la importancia
de dicha resolución se ha dicho: “El fallo marca el inicio de una protección
más efectiva e integral en materia de niñez, no solo desde el aspecto jurídico,
sino también en las facetas social, política y económica. Desde el punto de
vista jurídico, por otro lado, establece nuevos parámetros para determinar
la violación de violación de diversos artículos de la CADH; por otro lado,
interpreta el artículo 19 de la CADH con la Convención Internacional de Derechos
del Niño de las Naciones Unidas. En la sentencia de fondo, la Corte resolvió
que el Estado guatemalteco había violado las obligaciones derivadas del artículo
19 de la CADH en perjuicio de tres adolescentes menores de edad, lo que expande
su jurisdicción (aunque sólo para menores de edad) a los casos sobre violaciones
de derechos económicos, sociales y culturales, los cuales son ignorados e
irrespetados. De este modo, la violación al artículo 19 de la CADH puede establecerse
mediante la evidencia que demuestre la situación de precariedad y riesgo de
los niños de la calle junto con la falta de medidas para subsanarla. Así la
Corte reconoció que ‘Tanto la Convención Americana como la Convención sobre
los Derechos del Niño forman parte de un muy comprensivo corpus iuris internacional
de protección de los niños que debe servir a esta Corte para fijar el contenido
y alcance de la disposición general definida en el artículo 19 de la CADH’”
53.
En la sentencia
del 26 de mayo de 2001, referente a las reparaciones del caso de los “Niños
de la calle”, la Corte Interamericana reiteró la necesidad de prevenir hechos
como los resueltos. Indicó allí:
“(…) Esta Corte
considera que Guatemala debe implementar en su derecho interno, de acuerdo
al artículo 2 de la Convención, las medidas legislativas, administrativas
y de cualquier otra índole que sean necesarias con el objeto de adecuar la
normativa guatemalteca al artículo 19 de la Convención, para prevenir que
se den en el futuro hechos como los examinados. Pese a lo dicho, la Corte
no está en posición de afirmar cuáles deben ser dichas medidas y si, en particular
deben consistir, como lo solicitan los representantes de los familiares de
las víctimas y la Comisión, en derogar el Código de la Niñez de 1979 o en
poner en vigencia el Código de la Niñez y la Juventud aprobado por el Congreso
de la República de Guatemala en 1996 y el Plan de Acción a Favor de Niños,
Niñas y Jóvenes de la Calle de 1997”.
Debe anotarse
que Mary Beloff ha criticado fuertemente lo resuelto por la Corte Interamericana
con respecto al artículo 19 de la Convención Americana, estimando que perdió
la oportunidad de determinar las medidas especiales de protección que el Estado
de Guatemala. Señaló que en definitiva la Corte partió de una concepción tutelar,
ya superada con la Convención de Derechos del Niño. Dijo que la Corte no aprovechó
la oportunidad para criticar las medidas de protección contempladas tradicionalmente
en Latinoamérica, de lo que era una expresión el Código de la Niñez guatemalteco
de 1979, que llevaban a que niños pobres e imputados de delitos fueran tratados
de igual manera
54.
Dicha crítica
es exagerada, siendo consecuencia de la pretensión de Mary Beloff de que la
Corte Interamericana desautorizara el sistema de la justicia juvenil conforme
a la doctrina de la situación irregular que existía en ese momento en Guatemala,
lo que no era propiamente lo que se discutía en el caso concreto. De todas
maneras la Corte Interamericana poco tiempo después, en la opinión consultiva
del 28 de agosto de 2002, referente a la condición jurídica y derechos del
niño, se pronunció expresamente en contra del sistema tutelar propio de la
situación irregular
55.
Debe agregarse que pretensiones como las que se habían sostenido por las víctimas
y por la Comisión Interamericana, de que se obligara a Guatemala a derogar
el Código de 1979 o a poner en vigencia el Código aprobado en 1996, son peticiones
concretas con respecto a las medidas a tomar, que en principio no corresponde
a la Corte disponerlas, debido al ámbito de apreciación que debe concederse
a los Estados para cumplir con las prescripciones de la Convención. Lo anterior
máxime que en el caso concreto no estaba propiamente en discusión la justicia
juvenil de Guatemala. La crítica de Mary Beloff la lleva en definitiva a no
reconocer el avance que supuso el reconocimiento del deber estatal de proteger
los derechos económicos, sociales y culturales de los niños y adolescentes,
tal y como se indicó arriba, que abrió la posibilidad de reclamar ante ella
violaciones de derechos económicos, sociales y culturales de los niños, ampliando
con ello el ámbito de su jurisdicción, tradicionalmente limitada a los derechos
individuales y políticos.
Con posterioridad
la Corte Interamericana en la sentencia de 2 de septiembre de 2004 (Caso “Instituto
de reeducación del menor” vs. Paraguay) reiteró la obligación estatal de tutelar
los derechos económicos, sociales y culturales de los menores de edad, como
consecuencia del artículo 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos,
interpretando el mismo en relación con la Convención de Derechos del Niño
y el Protocolo Adicional a la Convención sobre Derechos Humanos en materia
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador)
(Nº 148). Señaló:
“149.
En el análisis sobre el posible incumplimiento del Estado de sus obligaciones
derivadas del artículo 19 de la Convención Americana, debe tenerse en consideración
que las medidas de que habla esta disposición exceden el campo estricto de
los derechos civiles y políticos. Las acciones que el Estado debe emprender,
particularmente a la luz de las normas de la Convención sobre los Derechos
del Niño, abarcan aspectos económicos, sociales y culturales que forman parte
principalmente del derecho a la vida y del derecho a la integridad personal
de niños”.
La obligación
estatal de garantizar los derechos económicos, sociales y culturales de los
niños, como parte de las obligaciones contraídas al ratificar la Convención
Americana de Derechos Humanos, ha sido sostenida por la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos. Por ejemplo en el quinto informe sobre la situación de
los derechos humanos en Guatemala, dado el 6 de abril de 2001 señaló:
“17. El derecho
del niño a medidas especiales de protección exige que el Estado tome medidas
para evitar que los menores sean objeto de violaciones y para responder con
la debida diligencia a cualesquiera violaciones que tengan derecho que tengan
lugar a pesar de tales medidas. El deber de prevenir se extiende a los derechos
civiles y políticos, al igual que a los de orden económicos, social y cultural,
según se requiera”
56.
5.
LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
DE LOS NIÑOS Y LOS ADOLESCENTES POR LA JURISDICCIÓN NACIONAL
El reconocimiento
de la Corte Interamericana de la judicialidad ante ella de los derechos económicos,
sociales y culturales de los niños y adolescentes, ello como consecuencia
de lo establecido en el artículo 19 de la Convención Americana de Derechos
Humanos, debe llevar también a reconocer dicha judicialidad en los diversos
países latinoamericanos. En efecto en general un principio del que parten
los instrumentos internacionales sobre derechos humanos es la aplicación prioritaria
que debe hacerse de los mismos por la jurisdicción interna, de modo que los
mecanismos de control de la violación de dichos instrumentos establecidos
por la Comunidad Internacional, operan solamente con un carácter subsidiario
57.
Sobre la prioridad
de la aplicación interna la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo
en la sentencia del 29 de julio de 1988, relativa al caso Velásquez Rodríguez:
“61. La regla
del previo agotamiento de los recursos internos permite al Estado resolver
el problema según su derecho interno antes de verse enfrentado a un proceso
internacional, lo cual es especialmente válido en la jurisdicción internacional
de los derechos humanos, por ser ésta ‘coadyuvante o complementaria' de la
interna (Convención Americana, Preámbulo)”.
Ello lleva a
que en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos en general se establezca
la necesidad de que se hayan agotado los recursos internos, esto antes de
acudir a un órgano internacional de protección de los derechos humanos
58.
Así la CADH,
lo mismo que otros instrumentos internacionales de derechos humanos, debe
ser aplicada en primer término por los órganos internos del Estado, dentro
de los cuales tienen un papel relevante los órganos jurisdiccionales del mismo,
especialmente cuando ha ocurrido una violación de los derechos humanos. Sobre
ello es importante lo indicado por Juan Méndez:
“Una obligación
internacional puede cumplirse de varias maneras y por vía de diversos poderes
del Estado. Al derecho internacional le es indiferente que esa obligación
se cumpla por vía administrativa, judicial o del Poder Legislativo, de la
misma manera que la división de poderes sería inoponible a la comunidad como
causal de incumplimiento de una obligación solemnemente contraída por ella
(...). Sin embargo, ante un incumplimiento, ya sea total o parcial, es a la
justicia a quien corresponderá arbitrar los medios para garantizar el goce
del derecho, tanto porque en derecho interno el Poder Judicial es garante
final de los derechos de las personas, como porque es el estamento judicial
al que compete la responsabilidad por la incorporación de las normas internacionales
al derecho interno“
59.
Esto se refleja
en el Art. 46 inciso 1 a) de la CADH, que dispone que para que una petición
o comunicación sea admitida por la Comisión se requiere: “que se hayan interpuesto
y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios
del Derecho Internacional generalmente reconocidos”.
Por su parte
el inciso 2) del Art. 46 de la CADH indica que las disposiciones del inciso
1 no se aplicarán cuando:
“a) No exista
en la legislación interna del Estado de que se trata el debido proceso legal
para la protección del derecho o derechos que se alega han sido violados;
b) no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a
los recursos de la jurisdicción interna, o haya sido impedido de agotarlos,
y c) haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos”
60.
De acuerdo con
lo anterior, así como la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha admitido
la judicialidad de los derechos económicos, sociales y culturales de los niños
establecidos en la Convención de Derechos del Niño, ello a partir de la interpretación
del artículo 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos, debe llegarse
también a admitir dicha judicialidad en la jurisdicción interna, lo que no
es sino una consecuencia del agotamiento de la vía interna, como previo a
acudir ante la Comisión y la Corte Interamericana.
Es importante
anotar que muchos de los derechos económicos, sociales y culturales de los
niños son discutidos a diario en la jurisdicción ordinaria, primordialmente
la de familia o bien la relativa a la niñez y la adolescencia. Se resuelven
asuntos allí relacionados con el derecho a la familia, medidas de protección
a menores de edad
61
y a mantener contacto con los padres que estén separados del niño, el derecho
de guardia y crianza, el derecho a saber quiénes son los padres, la adopción
de los niños, igualmente se llegan a discutir problemas de abandono, explotación
económica, abusos sexuales y violencia doméstica, lo mismo que asuntos en
que se discute el suministro de drogas a los menores de edad
62.
Además en la jurisdicción penal se discuten muchos de estos problemas, lo
mismo que problemas de sustracción de menores
63
y de traslado ilegítimo de los mismos a otros países
64.
Se agrega a ello que en la jurisdicción nacional se resuelven también aspectos
relacionados con el derecho a la educación y la salud, por ejemplo en la jurisdicción
constitucional costarricense se ha discutido con mucha frecuencia disposiciones
tomadas en las escuelas y colegios con respecto a los estudiantes, por ejemplo
reclamos de adecuaciones curriculares
65,
de sanciones disciplinarias
66,
el rechazo de la admisión a una escuela o colegio
67
y la continuidad en un centro educativo privado a pesar del no pago de las
mensualidades
68.
Se ha exigido al Estado que nombre docentes para los grados cuarto, quinto
y sexto, ello en una escuela que gran parte del año ha estado cerrada por
falta de docentes
69.
Uno de los votos de mayor relevancia, en cuanto consagró el derecho a una
educación inclusiva de las personas con una discapacidad, es el 4904-06 de
la Sala Constitucional. Alegó el recurrente que en el Colegio privado se ha
negado la admisión a los menores amparados por el sólo hecho de ser portadores
de Síndrome de Down, lo cual es un acto discriminatorio y violatorio del derecho
a la educación. Indicó que a los menores no se les aplicaron exámenes de admisión
con las adecuaciones respectivas y fueron rechazados por no contar esa escuela
con un curriculum adecuado ni con personal calificado, lo que considera el
recurrente contrario a lo dispuesto en la ley número 7600 de igualdad de oportunidades
para las personas con discapacidad. Se declaró con lugar el recurso. Se ordenó
al Director General del Colegio recurrido, permitir el ingreso del menor amparado
al proceso de educación de ese Colegio, para quien debe establecer una adecuación
curricular conforme a sus condiciones personales. Se dispuso que el señor
Ministro de Educación Pública debe proceder a reglamentar debidamente, en
un plazo de hasta cuatro meses, contado a partir de la notificación de esta
resolución, las condiciones de ingreso y permanencia de personas con discapacidad
en los centros de enseñanzas públicos y privados, de manera que se garantice
su acceso a la Educación de conformidad a los parámetros internacionales y
nacionales fijados al efecto
70.
Además son frecuentes
los reclamos en relacionados con protección de la vida y salud de menores
de edad
71
y contra de los servicios de la seguridad social
72,
en particular puede resaltarse el no suministro de determinados medicamentos
a los pacientes, por ejemplo los enfermos de hepatitis C
73,
del SIDA
74
o los de cáncer
75,
o bien la práctica de determinado tratamiento
76.
Es importante mencionar el voto 8377-2003 del 8 de agosto de 2003, dispuesto
por la Sala Constitucional costarricense, que trató un caso de una menor de
edad, cuyo tratamiento la Caja Costarricense de Seguro Social se negó a costear,
que padecía una enfermedad de Gaucher tipo 1, que “es la más común de un grupo
conocido como enfermedades por depósito lisosomal que se caracterizan por
la acumulación de ciertas grasas o carbohidratos en compartimentos celulares
conocidos como lisosomas”. Se dijo por la Sala:
“Los representantes
de la Caja Costarricense de Seguro Social aducen que las resoluciones de este
Tribunal que la han obligado a suministrar tratamiento para diversas patologías,
como el SIDA, la Esclerosis Lateral Amiotrófica y Esclerosis Múltiple se alejan
de criterios científico-técnicos y amenazan la equidad, universalidad solidaridad
y accesibilidad del sistema de seguridad social. Lo anterior porque la atención
de un grupo de pacientes enfermos con estas patologías tiene un costo muy
elevado, que es prácticamente imposible de sufragar para un país en vías de
desarrollo, sin desatender a otros sectores vulnerables, que debe cubrir obligatoriamente
en acatamiento a las políticas institucionales. Este Tribunal es consciente
de que los recursos económicos del sistema de seguridad social son escasos,
sin embargo considera que el desafío principal que la Caja Costarricense de
Seguro Social enfrenta en esta etapa de su desarrollo institucional, en el
que se han logrado para Costa Rica estándares de calidad de vida y salud comparables
a los de los países desarrollados, radica en optimizar el manejo de los recursos
disponibles, disminuir costos administrativos, para que los recursos del sistema
de seguro de salud sean invertidos eficientemente. La Sala aprecia que el
medicamento prescrito a la amparada es ciertamente muy oneroso, sin embargo,
en atención a las características excepcionales de la enfermedad que sufre,
que es letal y dado que se ha descartado que sus padres tengan la posibilidad
de colaborar en la adquisición de los medicamentos mediante estudios de trabajo
social, con fundamento en los artículos 21 y 173 de la Constitución Política
y 24 y 26 de la Convención de los Derechos del Niño procede declarar con lugar
el recurso”.
Pueden ocurrir
también otros casos en que se afecta una colectividad de niños y adolescentes,
lo que ha llevado a Gilbert Armijo a hablar de la “Tutela constitucional del
interés difuso” de la niñez y la adolescencia
77.
Así indica él que algunos de los derechos establecidos en el Código de la
Niñez y la Adolescencia costarricense: “(…) están concebidos para ser reclamados
sólo individualmente. En otros casos, tal y como ocurre con la salud y la
educación, es factible distinguir una dimensión colectiva y una perspectiva
individual que es característica del interés difuso”
78.
Agrega: “Es comprensible que se le imponga al Estado la obligación de adoptar
las medidas administrativas, legislativas, presupuestarias y de cualquier
índole, para garantizar la plena efectividad de estos derechos. Su incumplimiento
es sancionado como un acto discriminatorio, que viola los derechos fundamentales
de esta población”. Indica además: “No desconocemos que la mayoría de
las constituciones o convenios internacionales sobre la protección de los
niños, convierten en operativos una serie de derechos (salud, cultura, medio
ambiente, etc.), que en sí mismos no son intereses difusos. Es decir, el texto
de derechos humanos, o la Constitución, en nuestro caso, no reconoce intereses
difusos, sino derechos que pueden originar dichos intereses. Se trata de derechos
derivados que pueden ser individuales o de naturaleza social, que es por donde
se define el interés difuso. Es así que podemos hablar de interés difuso en
cuanto la legitimación está inicialmente indeterminada”
79.
Se refiere en
definitiva él a cuando se toman determinadas disposiciones por el poder legislativo
o el Poder Ejecutivo que afectan en general por ejemplo el derecho a la educación
o a la salud de los niños y adolescentes. Realmente no debe afirmarse, de
acuerdo con mi criterio, la existencia de un “interés difuso”, terminología
que corresponde a los derechos de la tercera generación, como el derecho a
un medio ambiente sano, sino debe seguirse hablando de un derecho económico,
social o cultural, o sea lo que se ha conocido como derechos de la segunda
generación. Así como no puede hablarse de intereses difusos con respecto a
los derechos económicos, sociales y culturales de la totalidad de la población,
tampoco puede hacerse mención a intereses difusos con relación a los derechos
económicos, sociales y culturales de los niños. La discusión mía con Gilbert
Armijo aparentemente es meramente terminológica, puesto que él reconoce que
hay derechos económicos, sociales y culturales que son reclamables individualmente,
mientras hay otros que pueden ser reclamados por una colectividad de niños
y adolescentes. En eso comparto el criterio externado por él. La diferencia
con respecto a la posición de Gilbert Armijo es que él prefiere la tutela
de ello como del interés difuso, ello partiendo desde el punto de vista procesal
de la legitimación para presentar el reclamo, mientras mi criterio parte de
la naturaleza del derecho, admitiendo la legitimación para reclamarlo como
interés colectivo. Así admito que puedan accionarse judicialmente a favor
de los diversos niños o adolescentes perjudicados por la medida, que pueden
ser en definitiva la totalidad de dichos niños y adolescentes. Se ha señalado
al respecto por la doctrina como un ejemplo, el reclamo en contra de la escasa
asignación presupuestaria a la protección de los derechos de la niñez y la
adolescencia
80.
El reclamo en
defensa de los derechos de la niñez y la adolescencia, ya sea catalogándolos
como interés difuso o bien como colectivo, ha sido admitido por la Sala Constitucional
costarricense en diversas resoluciones
81,
estimando, por ejemplo, que debe dotarse de contenido presupuestario a la
garantía que debe dar el Estado de los derechos de la niñez y la adolescencia.
El voto que en su momento causó más polémica en Costa Rica fue el relativo
a la obligación del curso lectivo de doscientos días conforme al Convenio
Centroamericano de Unificación de la Educación Básica del 22 de junio de 1962,
que fue dispuesto por resolución 11515-02 del 6 de diciembre de 2002. En dicho
voto se ordenó a la Ministra de Educación a que procediera “(…) a realizar
las actuaciones necesarias, incluidas las relacionadas con las modificaciones
presupuestarias, a efecto de restablecer el ciclo lectivo en doscientos días
(…)”. Se dijo para ello que:
“El Derecho
a la Educación, en sus tres vertientes -derecho a educar, derecho a elegir
los educadores y derecho a aprender-, no puede, al igual que cualquier otro
derecho fundamental o humano, estar sujeto a restricciones, limitaciones o
condicionamientos de índole presupuestario”.
Se agregó:
“La Ministra
de Educación, con el aval del Consejo de Gobierno, justifica la reducción
del ciclo lectivo de 200 a 174 días y, por consiguiente, la inobservancia
del Convenio Centroamericano sobre Unificación Básica de la Educación y el
retorno a los términos del artículo 176 de la Ley de Carrera Docente, en razones
de orden presupuestario como lo son el acusado déficit fiscal y las restricciones
impuestas por el Ministerio de Hacienda a los anteproyectos de presupuesto.
Esos argumentos meramente crematísticos no tienen la virtud de enervar la
aplicación y respeto del Derecho a la Educación en su manifestación específica
de los educandos a aprender, dado que, éste es un derecho que se encuentra
consagrado en el texto constitucional y que, por ende, debe ser respetado
y fortalecido y no cercenado”.
Se dijo además
con respecto a la protección progresiva al derecho a la educación, como derecho
económico social cultural:
“Ciertamente,
el ciclo lectivo no es una cuestión meramente cuantitativa sino, también,
cualitativa, por lo que, resulta lógico y razonable que al ampliarse el lapso
en que los educandos están sometidos a los procesos educativos mejore la calidad
y la consistencia de su formación. Nótese, adicionalmente, que a tenor del
artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (aprobada por
la Ley Nº 4534 del 23 de febrero de 1970), los estados deben adoptar medidas
internas para ‘(...) lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos
que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia
y cultura (...)’, razón por la cual los poderes públicos deben mantener en
sus políticas de mejoramiento cuantitativo y cualitativo del sistema educacional
una tónica que revele un ritmo progresivo o, por lo menos, sostenido y no
adoptar políticas y realizar actuaciones que lejos de implicar un progreso
supongan un retroceso”.
Este criterio
ha sido reiterado en diversas resoluciones de la Sala Constitucional costarricense,
por ejemplo por el voto 11598 del 11 de diciembre de 2002, en el que se agregó
la relación que tiene otorgar los recursos presupuestarios a la educación
con el cumplimiento del derecho a la educación, establecido en la Convención
de Derechos del Niño y en el Código de la Niñez y Adolescencia costarricense.
Se dijo:
“III.- El derecho
a la educación analizado en la sentencia citada, ha sido contemplado además
en los Convenios Internacionales y Leyes que también hacen parte del Derecho
de la Constitución, como la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos
del Niño y el Código de la Niñez y la Adolescencia. La Convención sobre los
Derechos del niño, aprobada por Ley 7184 del 18 de julio de 1990, tutela a
todo ser humano menor de dieciocho años de edad –artículo 1- y consagra el
principio que debe regir todas las actuaciones de las autoridades públicas
y los particulares, al señalar, en su artículo 3.1 que en todas las medidas
concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas
de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los
órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será
el interés superior del niño. Por su parte el artículo 4 obliga a los Estados
Partes a adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de otra
índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la Convención, entre
los cuales está el derecho de educación (…)”.
Indicó:
“La falta de
inclusión en el ‘Proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario
para el Ejercicio Económico del 2003’ monto requerido para cumplir el
‘Convenio Centroamericano sobre Unificación Básica de la Educación’, en cuanto
establece que el curso lectivo debe ser de doscientos días, es inconstitucional
además porque obstaculiza el cumplimiento efectivo del derecho a la educación
consagrado en la Constitución Política, la Convención Americana sobre Derechos
Humanos y la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño”.
Se dijo en el
voto 2743-2003 del 3 de abril de 2003 por la Sala Constitucional que la utilización
de fondos asignados a programas sociales relacionados con el apoyo a la educación,
para financiar que se mantengan los doscientos días lectivos al año, es contrario
a la Constitución Política, ello con base en la progresividad que debe darse
en la protección de los derechos económicos, sociales y culturales. Se indicó:
“Precisamente
estarían siendo usados fondos ya presupuestados para la cobertura de programas
sociales, en el pago del incentivo por los doscientos días de clases. Además
de ser opuesta a lo ordenado en la referida resolución, la rebaja consultada
es contraria al Derecho de la Constitución. Ello es así por cuanto estaría
disminuyendo las posibilidades reales del Ministerio de Educación Pública
de atender sus obligaciones en campos tan sensibles como los cubiertos por
las partidas en cuestión, elementos todos del derecho a la educación, entendido
no solo como el derecho de la persona (y el correlativo deber del Estado de
prestar el servicio, sino además de hacerlo en forma integral, eficaz, de
forma que sea verdaderamente accesible a toda la población una educación de
calidad, que forme ciudadanos dotados de un adecuado bagaje cultural y de
las herramientas necesarias para hacer frente a un cada vez más competitivo
mercado laboral (…). Lo cierto es que desde el momento en que dichos fondos
fueron asignados a los programas sociales mencionados, según solicitud expresa
del Ministerio de Educación Pública presentada el once de octubre de dos mil
dos (cfr. folios 76, 120 y 132 del expediente legislativo), debido a la necesidad
(externada por el propio Ministerio) de reforzar tales programas, dichos recursos
pasaron a estar vinculados a un fin ineludible: permitir el mejoramiento del
servicio público educativo que presta el Estado a sus habitantes, por medio
del mejoramiento de su infraestructura; la compra de más materiales didácticos
e insumos para los comedores escolares; la ampliación de los programas de
becas, que permiten a los estudiantes de escasos recursos acceder al derecho
reconocido por los artículos 50, 77 y 78 de la Constitución Política; así
como el mejoramiento y actualización del programa de informática educativa.
En atención a la regla de progresividad de los derechos económicos, sociales
y culturales, reconocida en el artículo 26 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, el Estado costarricense se encuentra obligado a elaborar
y ejecutar políticas tendientes a lograr progresivamente la plena efectividad
del derecho fundamental a la educación. A la luz del Derecho de la Constitución,
solo son tolerables los progresos (y excepcionalmente el sostenimiento) en
la prestación del servicio de educación pública, y no su regresión”.
Se dijo también
por la Sala Constitucional costarricense en el voto 3825-2001 del 11 de mayo
de 2001, que era contraria a la Constitución la negativa del Ministro de Hacienda
de girar fondos asignados por vía de un impuesto cuya recaudación tiene un
destino específico a diversas instituciones de ayuda social, entre ellas algunas
relacionadas con la niñez y la adolescencia, no admitiéndose la argumentación
del Ministro de que los compromisos estatales son múltiples y los recursos
limitados. Señaló:
“El Consejo
Nacional de la Persona Adulta Mayor, los Patronatos Escolares, las Juntas
Administrativas de Institutos Técnicos, el Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia,
el Consejo Nacional de Rehabilitación, el Instituto Mixto de Ayuda Social,
el Patronato Nacional de la Infancia, el Fondo para la Niñez y la Adolescencia,
Fundación Mundo de Oportunidades, la Fundación Ayúdanos para Ayudar y el Fondo
de Pensiones del Régimen no contributivo de la Caja Costarricense de Seguro
Social cumplen funciones que posibilitan el cumplimiento, por parte del Estado,
de los derechos a la vida, a la salud, a la educación, a la protección del
menor, los ancianos y la familia, etc. todos ellos expresa o implícitamente
reconocidos en nuestra Constitución Política. La dotación de recursos prevista
por la Ley 7972, desarrollada en la Ley de Presupuesto para el ejercicio económico
de 2000, no hace sino posibilitar el cumplimiento de las obligaciones públicas
que conlleva la existencia (y el inexorable deber de satisfacción) de los
mencionados derechos fundamentales, al permitirle a las instituciones en cuestión
llevar a cabo los programas respectivos. Al negarse el Poder Ejecutivo, debido
a la decisión del Ministro de Hacienda, a girar los fondos presupuestados
de conformidad con la Ley número 7972, en forma refleja está lesionando (o
al menos poniendo en un inminente riesgo de lesión) los derechos fundamentales
prestacionales citados”.
En sentido similar,
pero específicamente con respecto a los recursos que se le deben dar al Patronato
Nacional de la Infancia para la atención de los menores de edad, debe destacarse
el voto 2075-2001 del 16 de marzo de 2001, que ante un recurso de amparo presentado
por Casa Alianza dijo:
“III.- Alegan
los recurrentes que el Patronato Nacional de la Infancia no está recibiendo
los fondos que anualmente le corresponden de conformidad con las leyes especiales
que se han encargado de asignarle un porcentaje específico de determinados
ingresos que percibe el Fisco. Por su parte, el Ministro de Hacienda al rendir
su informe, aduce que este tipo de leyes que establecen rentas con destino
específico le imprimen una rigidez inconveniente al presupuesto de la República,
toda vez que la Constitución otorga competencia al Poder Ejecutivo para distribuir
los ingresos de conformidad con las necesidades imperantes en el ejercicio
económico respectivo, de manera que se debe contar con la flexibilidad suficiente
como para distribuir los recursos de modo que puedan satisfacerse en la medida
de lo posible la totalidad de las necesidades de la colectividad. Con base
en ese razonamiento, estima el titular de Hacienda que hasta la fecha se han
venido asignando al PANI los recursos necesarios para que esa institución
desarrolle sus funciones. No obstante, los datos objetivos revelan que cada
vez más se dificulta brindar atención y apoyo a la gran cantidad de menores
que se encuentran en estado de abandono y riesgo social, situación que lamentablemente
suele desembocar en problemas de delincuencia, drogadicción y prostitución.
De cara a esta realidad, es evidente que la dotación de recursos en la medida
que lo prevén las leyes sobre la materia permitiría a esa institución desarrollar
una serie de programas y actividades que brinden soluciones efectivas para
los niños y adolescentes del país, y en esa medida las pretensiones de los
recurrentes merecen ser acogidas por parte del Tribunal (…)”
82.
La jurisprudencia
de la Sala Constitucional costarricense, sin embargo, desgraciadamente no
ha sido uniforme sobre ello. Así en el voto 2794-2003 del 8 de abril de 2003
se declaró con lugar un recurso de amparo en contra del Ministro de Hacienda
por no girar los fondos correspondientes a un impuesto específico al Patronato
Nacional de la Infancia y otras instituciones. Sin embargo, en el voto 4848-2002
del 22 de mayo de 2002, lo mismo que en algún voto adicional
83,
sostuvo un criterio diverso, considerando que no podían admitirse los impuestos
con destinos específicos de fondos, ya que se dijo que rompen con el principio
del equilibrio presupuestario, de modo que ha rechazado reclamos posteriores
que se han presentado para que se giren los fondos correspondientes a dichos
impuestos a instituciones como el Patronato Nacional de la Infancia.
Dentro de los
votos relevantes en Costa Rica con respecto a los menores de edad está la
declaratoria de inconstitucionalidad de las limitaciones de que los menores
de edad extranjeros en el sistema educativo fueran becados, ello como consecuencia
de un recurso presentado por el defensor de los habitantes. Se dijo en el
voto 7806-2003 del 30 de julio de 2003:
“La Sala estima
que el derecho al acceso al fondo de becas únicamente para costarricenses
constituye una medida discriminatoria en perjuicio de toda persona extranjera,
ya sea menor o mayor de edad porque el otorgamiento de becas si bien no es
per se un derecho fundamental, en el conjunto de otros apoyos integra el derecho
a la educación y éste no es privativo únicamente para costarricenses. El Estado
no puede hacer nugatorio este derecho a aquellas personas que no tienen los
medios económicos para poder obtenerlo basados únicamente en razones de nacionalidad,
al igual que no lo podría hacerlo basado en razones similares, como de raza,
sexo, etc. En este sentido, la nacionalidad se convierte en una condición
ilegítima de exclusión de la adjudicación de becas. Con las normas cuestionadas
se está negando irrazonablemente a los extranjeros de bajos recursos económicos
el acceso a la educación, por cuanto el Estado dispone, en virtud del principio
de solidaridad social, de mecanismos para facilitar la prosecución de estudios,
los que no pueden ser utilizados discriminatoriamente.
El derecho a
la educación, por pertenecer a los llamados derechos sociales, requiere para
su plena vigencia de la capacidad del Estado para garantizarlo. No obstante,
es imposible pretender que el Estado lo garantice más allá de su capacidad
real para financiarlo. El Estado se encuentra obligado en garantizar el acceso
a la educación, sin que ello implique en modo alguno, que se encuentre en
la obligación de becar a todos los habitantes, sino en el que sea factible
su ingreso y permanencia a los centros educativos públicos, conforme a las
posibilidades de cupo, rendimiento académico y no establecer limitaciones
sobre las condiciones personales del alumno que lo priven del sistema educativo
en general. De tal forma que no resulta válido que se limite irracionalmente
a los extranjeros, pues en aplicación del principio de solidaridad social,
el acceso a las aulas de los diferentes centros educativos, de una población
de bajos recursos, es general y la implementación del sistema de becas es
importante para el desarrollo de la educación nacional, por lo que no debe
de haber diversidad de trato basada en criterios como el de nacionalidad”
84.
Este voto tiene
como antecedente el voto 8857-98 de la Sala Constitucional del 15 de diciembre
de 1998, que consideró inconstitucional la exclusión de los niños extranjeros,
con independencia de su status migratorio, como beneficiarios del bono para
la educación básica
85.
6.
CONCLUSIONES
La Convención
de Derechos del Niño y la legislación ordinaria que la desarrolla a nivel
centroamericano establece no solamente derechos civiles a favor de los niños
y adolescentes, que lleva al reconocimiento de su carácter de sujetos de derecho
y a la admisión de las garantías propias que el Derecho Internacional de los
Derechos Humanos y el Derecho Constitucional habían establecido para todos
los seres humanos, aunque se les negaba a los niños y adolescentes. Se une
a ello la regulación de derechos económicos, sociales y culturales de los
niños y adolescentes, que deben ser reconocidos como verdaderos derechos,
de modo que pueden ser incluso reclamados judicialmente, ante la jurisdicción
nacional, e incluso acudirse en caso de no ser reconocidos, una vez agotados
los recursos internos a la Comisión y a la Corte Interamericana de Derechos
Humanos.
A pesar de ello
no puede dejar de reconocerse la diferencia que siempre existe entre teoría
y práctica, entre legislación y realidad, en Latinoamérica y en particular
en Centroamérica, en donde se es muy dado a reconocer normativamente los diversos
derechos, pero a que la práctica refleje una violación de facto de los mismos.
Ello se refleja en lo relativo a los derechos económicos, sociales y culturales,
puesto que a pesar de que deben ser reconocidos como derechos e incluso en
la práctica debe ello llevar al compromiso estatal en su garantía y a poder
accionar judicialmente reclamándolos, los indicadores sociales revelan un
incumplimiento, como se expresa en las bajas cantidades de gasto público social
en Centroamérica.
Abramovich,
Víctor/Courtis, Christian (2004). Los derechos sociales como derechos exigibles.
Madrid, Trotta.
Aláez Corral,
Benito (2003). Minoría de edad y derechos fundamentales. Madrid, Tecnos.
Abregú, Martín
(1998). La aplicación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos por
los tribunales locales: una introducción. En: Abregú, M./Courtis, C. (Editores).
La aplicación de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales.
Buenos Aires, Editores del Puerto, pp. 3-31.
Armijo, Gilbert
(1998). La tutela constitucional del interés difuso. Un estudio según el nuevo
Código de la Niñez y la Adolescencia de Costa Rica. San José, UNICEF.
Baldasarre,
Antonio (2001). Los derechos sociales (Traducción: Santiago Perea Latorre).
Bogotá, Universidad Externado de Colombia.
Bazán, Víctor
(2005). Los derechos económicos, sociales y culturales en acción: sus perspectivas
protectorias en los ámbitos interno e interamericano. En: Anuario de Derecho
Constitucional Latinoamericano 2005 (Uruguay), T. II, pp. 547-583.
Beloff, Mary
(2000). Los derechos del niño en el sistema interamericano de protección de
derechos humanos cuando un caso no es “el caso”. Comentario a la sentencia
Villagrán Morales y otros (caso de los “Niños de la calle”. En: ¿Más derecho?
(Argentina), I, pp. 395-416.
Cançado Trindade,
Antônio (2006). El Derecho Internacional de los Derechos Humanos en el siglo
XXI. Santiago de Chile, Editorial Jurídica de Chile.
Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (s.f). Folleto informativo Nº 16 (Rev. 1).
Comité de Derechos
del Niño (2003). Observación General No. 5 (2003). Medidas generales de aplicación
de la Convención sobre los Derechos del Niño (artículos 4 y 42 y párrafo 6
del artículo 44.
Estado de la
Nación (2005). Estado de la Nación en desarrollo humano sostenible. Un análisis
amplio y objetivo sobre la Costa Rica que tenemos a partir de los indicadores
actuales (2004). Informe 11. San José, Estado de la Nación.
Ferrajoli, Luigi (1995). Derecho
y razón (Traducción: Perfecto Andrés Ibáñez y otros). Madrid, Trotta.
Forsthoff, Ernst (1986). Problemas constitucionales del Estado
Social. En: Abendroth/Forsthoff/Doehring.
El Estado Social. Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, pp. 43-67.
Forsthoff, Ernst (1986a). Concepto y esencia del Estado Social
de Derecho. En: Abendroth/Forsthoff/Doehring.
El Estado Social. Madrid, Centro de Estudios Constitucionales,
pp. 69-106.
Gialdino, Rolando
(2002). Judicialidad de los Derechos Humanos, Económicos, Sociales y Culturales.
En: Derechos Humanos en situación de crisis en Uruguay. Montevideo, Konrad
Adenauer-Stiftung y otros, pp. 121-155.
Grosman, Cecilia
(2004). El interés superior del niño. En: Grosman (Directora). Los derechos
del niño en la familia. Discurso y realidad. Buenos Aires, Editorial Universidad,
pp. 23-75.
Hutter, Franz-Josef (2003). No rights. Menschenrechte als Fundament einer
funkionierenden Weltordnung. Berlín, Aufbau Taschenbuch Verlag.
Krsticevic/Nuño (Responsables del
informe) (2003). Construyendo los derechos del niño en las Américas. Lima, CEJIL/Save the Children.
Martínez, María
Elena (2000). Comentario académico. En: Iudicium et Vita (Costa Rica), No.
7, diciembre de 2000, pp. 366-374.
Méndez, Juan
(1998). Derecho a la verdad frente a las graves violaciones de los derechos
humanos. En: Abregú, Martín/Courtis, Christian (Editores). La aplicación de
los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales. Buenos Aires,
Editores del Puerto, pp. 517-540.
Navia, N. (1993).
Introducción al sistema interamericano de protección a los derechos humanos.
Bogotá, Temis.
Pedernera, Luis
(1997). “Las penas” de la infancia. El Uruguay de los 90: entre políticas
sociales y políticas criminales. Instituto de Estudios Legales y Sociales
de Uruguay, pp. 39-116.
Pedrowicz (Coordinadora
de la investigación) (2004). Descriminación y Derechos Humanos en Uruguay.
La voz de las niñas, niños y adolescentes. Montevideo, Comité de los derechos
del niño/Save the Children.
Piza Rocafort,
Rodolfo/Trejos Salas, Gerardo (1989). Derecho Internacional de los derechos
Humanos. La Convención Americana. San José, Juricentro.
PNUD (2003). Segundo informe sobre
desarrollo humano en Centroamérica y Panamá 2003. San José.
Polakiewics (2004). Infancia abandonada como una violación de sus derechos
humanos personalísios: el papel del Estado. En: Grosman (Directora). Los derechos
del niño en la familia. Discurso y realidad. Buenos Aires, Editorial Universidad,
pp. 77-104.
Prats, Martín
(1997). Estado, control social y políticas sociales: enfoque desde los derechos
humanos. En: El Uruguay de los 90: entre políticas sociales y políticas criminales.
Instituto de Estudios Legales y Sociales de Uruguay, pp. 39-116.
Save the Children (2005). Programación de los derechos del
niño. Lima.
Stiglitz, Joseph
(2005). Los felices 90. La semilla de la destrucción (Traductores: Victoria
Gordo del Rey/Moisés Ramírez). Madrid, Punto de Lectura.
UNICEF (2004).
IV Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia. San José, UNICEF
y otros.
Villán Durán,
Carlos (2002). Curso de Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Madrid,
Trotta.
Villapondo,
Waldo (2000). De los derechos humanos al Derecho Internacional Penal. Buenos
Aires, Abeledo-Perrot.
Zaffaroni, Eugenio
Raúl (2001). Los aportes y desarrollos del poder judicial en la lucha contra
la impunidad. En: Méndez/Abregú/Mariezcurrena (Editores) Verdad y justicia.
Homenaje a Emilio F. Mignone. San José, IIDH, pp. 47-64.
www.iin.org.uy/declaracion
de panama.htm.