LOS ÓRGANOS DE LA QUIEBRA
Lic. Ronald Hernández Hernández
INTRODUCCIÓN
El proceso de Quiebra se encuentra regulado de
manera dispersa en nuestro ordenamiento jurídico, así podemos encontrar normas
en los Códigos de Comercio, Civil y Procesal Civil, lo que ha provocado que
doctrinarios como los litigantes e incluso los jueces, rehuyan en cierta medida
al estudio sistematizado de esta materia.
Para estudiar el sistema de quiebras en Costa
Rica, tenemos que realizar un verdadero recorrido por dichos cuerpos normativos,
tratando de agrupar y discernir cuáles son las disposiciones aplicables al
caso concreto y cuáles no son excluyentes entre sí.
En este trabajo, se hará un breve recuento de
la quiebra en general, sus presupuestos y notas más caracterizantes. Luego,
veremos lo que menciona la doctrina con respecto a los diversos òrganos de
la quiebra para finalmente hacer alusión a los componentes, derechos y obligaciones
de lo que podemos llamar como órganos de la quiebra en el ordenamiento jurídico
costarricense y en especial en el Código de Comercio.
Como otro objetivo del trabajo se pretende informar
la forma de cómo se ha venido implementando su funcionamiento en nuestro ordenamiento
jurídico.
Otros objetivos de este estudio son los siguientes:
1. El rol del Juez de
la quiebra;
2. El rol del curador
en la quiebra y
3. El rol de la junta
de acreedores en nuestro país.
A continuación, el resultado de la investigación.
I.- DE LA QUIEBRA EN GENERAL
La crisis de la empresa es causa, por muchos aspectos,
de alarma social y esto porque múltiples intereses colectivos se ven gravemente
amenazados; un primer elemento de alarma es el eventual perjuicio a los acreedores,
dado que toda empresa, debidamente organizada vive ordinariamente del crédito
ajeno.
Otro elemento de alarma, es también la posible
desocupación de los trabajadores por las crisis económicas de las empresas,
convirtiéndose o traduciéndose, en algunas ocasiones, en agudos problemas
sociales. Finalmente, otro de los motivos que viene a implicar los dos primeros,
es la afectación, en alguna medida, al sistema económico en donde esta inmersa
la empresa y los desequilibrios que en él puede ocasionar.
Como indica Francesco Gálgano1,
el sistema jurídico esta orgánicamente equipado para hacerle frente a primer
orden de intereses colectivos perjudicados por la crisis de la empresa, pues
conoce un procedimiento específico, el de la quiebra, mediante el cual el
patrimonio del empresario insolvente se destina a satisfacer la masa de los
créditos en la medida más alta posible y según criterios de justicia distributiva
(llamada par condicio creditorum)
La regla denominada “par conditio creditorum”
o de la “igualdad de los acreedores”, no significa que haya nivelación o equiparación
entre todos los acreedores: a cada acreedor le corresponde la suerte personal
que su posición respectiva le asigna, así, por caso, los acreedores privilegiados.
Es decir que la regla respeta las causas legítimas
de prelación: ello forma parte de la misma regla.
Mientras en el derecho común subsiste la regla
prior in tempore potior in iure, en el derecho concursal (derecho especial)
rige la regla de la par conditio en forma absoluta.
Por lo tanto, el proceso de quiebra se caracteriza
como proceso colectivo tendiente a la reglamentación de relaciones intersubjetivas
sobre la base de una regla de justicia, que tiene el valor de ser realista
porque se adapta a una situación patrimonial de insuficiencia y mira a garantizar
un tratamiento igualitario a todos los acreedores.
Joaquín Garrigues2,
nos dice que el derecho de quiebras es el conjunto de las normas legales que
regulan las consecuencias jurídicas del hecho económico de la quiebra y en
sentido económico, quiebra significa la situación en que se encuentra un patrimonio
que no puede satisfacer las deudas que sobre él pesan, es por ello que quiebra
es no poder pagar íntegramente a todos los que tienen derecho a ser pagados,
es un estado de desequilibrio entre valores realizables y los créditos por
pagar.
Por lo señalado, el derecho de quiebras se sustenta
en un procedimiento de ejecución colectiva o universal que descansa en el
principio de la comunidad de pérdidas y como en todo procedimiento reejecución,
este procedimiento exige un título ejecutivo, y tal es el autor judicial declarativo
del estado de quiebra, especie de título en blanco que sirve para todos los
acreedores que asistan y concurran al procedimiento.
El procedimiento judicial de ejecución de créditos,
en donde está inmerso el de quiebras busca:
• Asegurar el ejercicio
del derecho, mediante el embargo del patrimonio del deudor (desapoderamiento).
• La declaración del derecho,
mediante su insinuación en la quiebra y su calificación (reconocimiento y
graduación de los créditos).
• La satisfacción del
derecho mediante la distribución del activo entre los acreedores (liquidación),
definiéndose en un embargo colectivo, de una declaración de derechos colectivos
y de una liquidación colectiva.-
Definimos la quiebra como un complejo orgánico
de normas, de carácter formal y sustancial de los actos jurídicos prevalentemente
procesales, que tienen por finalidad la liquidación del patrimonio del comerciante
insolvente y la repartición proporcional de lo recaudado entre todos sus acreedores,
organizados unitariamente, salvo aquellos munidos de causa legítima de preferencia.
Para Bonelli el esquema del instituto es prevalentemente
procesal. Para él, la falencia se encuentra adscripta en el derecho procesal,
aun debiéndose notar que el procedimiento, inicial y fundamental que se origina,
no entra estrictamente en el concepto de jurisdicción contenciosa ni en el
de voluntaria sino que participa de ambas.
La quiebra constituye un proceso muy especial,
un instituto sui generis, difícil de asimilar a figuras conocidas. Ante que
nada la quiebra es por excelencia un procedimiento concursal:
• implica que la consecuencia de la crisis económica
de un patrimonio, esto es, la insatisfacción de los acreedores, sea reparada
mediante una regulación de todas las relaciones, y no solamente ésto, sino
con una regulación igual para todas las relaciones (par conditio creditorum),
salvo naturalmente las causas legítimas de prelación, es decir, que las relaciones
se presenten ya al concurso como desiguales.
La acción individual, como medio de ejecución,
tiene en mira el incumplimiento, y su objeto es compeler al deudor a ejecutar
aquello a que se ha obligado (dar, hacer o no hacer). Los procedimientos concursales,
en cambio, tienen por mira la impotencia patrimonial del deudor, es decir,
el estado de cesación de pagos.
En líneas generales es necesario aclarar que el
concurso de acreedores no es suficiente para atribuir carácter colectivo al
procedimiento. Este es colectivo cuando es universal, es decir, cuando atiende
a la totalidad de los acreedores y de los bienes del deudor. Se liquida totalmente
el patrimonio, precisamente porque se trata de dar satisfacción a todos los
acreedores y recíprocamente.
La universalidad del patrimonio; la reconstrucción
y la indisponibilidad del mismo. Todos los bienes son afectados por el proceso.
Surge claro que el proceso de quiebra se presenta mucho más que el proceso
ejecutivo ordinario como un medio idóneo para incidir en la esfera del derecho
sustancial: los efectos del embargo se vuelven aquí universales, afectan relaciones
jurídicas pendientes, cubren situaciones futuras. Ello exige, por consiguiente,
una regulación compleja que comporta también instrumentar una actividad administrativa.
El patrimonio en su totalidad se vincula a la
satisfacción de los acreedores, sin distinción entre bienes destinados al
ejercicio del comercio o bienes extraños al mismo (por ejemplo, bienes suntuarios,
casas quintas, etc.), o bien en el caso de existir pluralidad de empresas.
Se ha dicho que las normas concursales perfilan
el carácter jurídico del patrimonio falencial porque se sostiene que el mismo
constituye una persona jurídica, provisoria o relativa, que tiene por objetó
el interés de un sujeto definitivo, ultimo destinatario de ese patrimonio.
El fallido perdería la propiedad de sus bienes, los cuales devienen pertenencia
del ente de la quiebra, a los fines de la liquidación judicial.
La doctrina moderna (Satta, De semo, Provinciali,
etcétera) no comparte esta postura y sostiene, con buen criterio, que: lo
que en realidad pierde el fallido es la Administracion y disponibilidad de
sus bienes y no la propiedad de los mismos; satisfechos los acreedores o concluido
el concordato, el fallido es reintegrado en la posesión y disponibilidad de
los bienes.
Agreguemos para más claridad que aunque se proceda
a la venta de todos los bienes como consecuencia de un liquidación en quiebra
(ya sea un proceso original o sobreviniente de una convocatoria), si en definitiva,
una vez cubiertos todos los gastos de la quiebra y de liquidación y abonados
todos los créditos, sobraran cosas o dinero, deberán ser entregados al deudor,
que está legitimado para ello en calidad de propietario y recupera la libre
disponibilidad por clausura del proceso que se le había retirado.
De Semo agrega que se trata de una universitas
iuris, complejo de relaciones jurídicas a las cuales la ley imprime formal
unidad.
El patrimonio falencial pertenece a la categoría
de los patrimonios separa dos, escindidos en dos masas: por un lado los bienes
afectados por el desapoderamiento y que administrara la quiebra a través de
sus órganos: bienes existentes a la fecha de declaración y los que pasan al
fallido durante el procedimiento (incluidos aquellos afectados por el período
de sospecha). Por otro lado, bienes de naturaleza estrictamente personal;
alimentos, gastos, etcétera.
Finalmente, para Satta3
(habla concretamente de ejecución, de proceso ejecutivo concursal en lugar
de proceso concursal), la única distinción entre ejecución colectiva y ejecución
individual estriba en el carácter más drástico de la intervención del estado,
en razón del mayor interés anexo a la materia. El interés público supera en
tal modo al interés privado que fija las características primarias de la institución:
organización típica del procedimiento, convenio mayoritario, etcétera.
NOTAS DIFERENCIADORAS
1. La quiebra comprende
todo el patrimonio del deudor abarcando los convenios pendientes;
2. La quiebra se instaura
y se desarrolla en el interés de todos los acreedores;
3. En la quiebra se establecen
todas las relaciones de los acreedores con todos los bienes del deudor, según
el principio de la distribución de las pérdidas en igual medida (par conditio
creditorum);
4. La quiebra se declara
mediante una sentencia de comprobación (certeza del derecho) de los presupuestos
de la ley
5. La declaración de quiebra
(o apertura de la convocatoria) excluye el ejercicio de la acción ejecutiva
ordinaria del acreedor;
6. El proceso de quiebra
es conducido por un especial órgano judicial, el cual se sustituye de modo
especial a los acreedores y al deudor;
7. En la quiebra se instaura
un procedimiento especial para la determinación y comprobación de la llamada
masa pasiva, es decir, singular y globalmente todos los acreedores;
8. Paralelamente, en la
quiebra se determinan todos los bienes del patrimonio que constituyen la denominada
masa activa, destinada, previa custodia y administración, a ser liquidada
y a satisfacer con el producido a los acreedores;
9. La masa activa puede
incrementarse en el curso del proceso por la incorporación de bienes sobrevinientes
(nunca empobrecerse), o también por el ejercicio de la revocatoria concursal
en base al principio combinado de la universalidad del patrimonio y de la
par conditio;
10. La quiebra exige una
clausura formal por sentencia. Puede terminar con un concordato aprobado por
los acreedores y homologado por el tribunal.
Nos inclinamos a sostener
que la quiebra o proceso de quiebra mas que una ejecución colectiva o concursal,
es un proceso concursal, es decir, un proceso especial con características
exclusivas y excluyentes, con matices que lo diferencian tanto en el mecanismo
como en las consecuencias, si bien participa en su esencia de la naturaleza
de la ejecución (liquidación y distribución de un patrimonio).
La quiebra no tiene por
mira solo la liquidación de un patrimonio (como si la tendría la ejecución
ordinaria sobre bienes determinados); tiene efectos y caracteres que le son
particularisimos y muy intensos: consecuencias penales, fuero de atracción
pasivo, sentencias paralelas sobre derechos litigiosos con efectos de cosa
juzgada, etcétera.
PRESUPUESTOS DE LA APERTURA DEL PROCESO DE QUIEBRA
Por influjo del derecho romano, en el antiguo
derecho común, la causa determinante del concurso es la insuficiencia patrimonial,
manifestada en el hecho de la ejecución infructuosa sobre los bienes del deudor.
En el derecho mercantil moderno, la quiebra encuentra su fundamento o su causa
determinante en la insolventa y bajo este supuesto objetivo, surgen cuatro
sistemas importantes que se enfocan de acuerdo a su criterio para suponer
el estado de insolvencia:
1. Cuando la ley enumera
los actos de quiebra, es decir, los hechos denotadotes de la insolvencia (sistema
inglés)
2. Cuando la ley atiende
al estado de déficit o desbalance, es decir, al hecho de que el pasivo supere
al activo (sistema alemán, portugués y mejicano).
3. Cuando la ley se fija
en la cesación de pago como manifestación de la insolvencia (sistema francés)
y
4. Cuando la ley
permite a los tribunales que formen libremente su convicción sobre los indicios
de la insolvencia (sistema alemán para la quiebra de sociedades de personas
individuales y personalistas)
De acuerdo a los sistemas detallados, podemos
decir, que el sistema francés, amén de ser inspiración de la gran mayoría
de las legislaciones latinas, es la fuente de nuestro procedimiento de quiebras,
así pues, para que se produzca la apertura del proceso de quiebra tenemos
que contar con los siguientes elementos:
a) Estado de Cesación
de Pagos: La cesación de pagos es un estado económico susceptible de ser demostrado
a través de ciertos hechos. Se trata de la impotencia con que se manifiesta
un patrimonio para hacer frente, de manera regular, al cumplimiento de las
obligaciones que lo gravan. Es un estado del patrimonio. Arts. 851.b, 853,
859 Com, 737 CPC.
b) Cualidad de comerciante
y deudor (sujeto pasivo): El requisito subjetivo de la quiebra mercantil,
es que el deudor ostente la condición de comerciante, pues solo puede ser
declarado en quiebra quien tenga el concepto legal de comerciante. Arts. 851, 852, 853 , 855, 856 C.Com.
c) Uno o varios sujetos
activos intervinientes en el proceso concursal: Arts. 851.b, 852, 861 C.Com.
d) Declaración judicial
hecha por juez competente4:
la declaración es la conditio iuris del estado legal de quiebra. Arts. 868
C.Com y 740 CPC.
II- LOS ÓRGANOS DE LA QUIEBRA EN LA DOCTRINA
La quiebra, no es una persona
jurídica, sino un consorcio de los interesados en la liquidación del patrimonio
del deudor común. Así, como eje fundamental, la quiebra lo que busca es liquidar
los bienes del deudor y pagar a los acreedores en la medida de lo posible.
El procedimiento de quiebra implica el desarrollo
de varias y complejas actividades, algunas de ellas dirigidas:
1. a la formación de la
masa pasiva, o sea a la reconstrucción de la situación global como deudor
del quebrado,
2. a la formación
de la masa activa, o sea el conjunto de bienes del quebrado y por lo tanto
dirigidas a la liquidación del activo.5
¿Cómo se logra?
La consecución de estos fines no puede ser encomendada
a la masa de acreedores, ellos necesitan órganos que exterioricen su voluntad
y que realicen actos encaminados a la materialización de los fines propuestos.
Es por ello, que para el desarrollo de estas actividades y por ser un proceso
complejo, la quiebra requiere:
• el impulso,
• el poder contralor y
• la vigilancia de las
distintas personas involucradas, incluso, el propio Estado.
Órgano y parte
En el proceso concursal , el concepto de órgano
(procesal) se contrapone al concepto de parte. “Las partes son los sujetos
del proceso (en la quiebra, el deudor quebrado y los acreedores); los órganos
(personas físicas al efecto nombradas) constituyen los instrumentos mediante
los cuales el proceso opera y se desenvuelve; las partes sufren su actividad.”6
La ley determina cuáles son los órganos de la
quiebra y sus funciones y además los somete al control y dirección de la autoridad
judicial, que es la que representa el interés público.
El complejo o conjunto de los órganos de la quiebra
forma el organismo de la quiebra, en el cual se totalizan las funciones que
la ley establece a los fines de la ejecución colectiva y que se distribuyen
entre las distintas personas físicas (que varían para cada procedimiento)
que tienen la titularidad de los órganos mismos.
Doctrinariamente, existen diversas denominaciones
en cuanto a la composición de los órganos por ello, siguiendo a Gálgano y
Garrigues, los órganos se clasifican en:
1. Órgano de jurisdicción:
el juez de la quiebra;
2. Órgano de Administración
y Representación: los síndicos;
3. Órganos deliberantes: las
juntas de acreedores y
4. Órgano de contralor:
la junta de Vigilancia.7
ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Y JURISDICCIÓN
Según Garrigués8
en esta clase de órganos tenemos al juez y al comisario de la quiebra.
A) El Juez
Al juez le corresponde:
• no sólo la declaración
de la quiebra,
• sino presidir y dirigir
todas las operaciones de la quiebra hasta su clausura.
• Desempeña una función
compleja, a veces predominantemente administrativa y otras veces exclusivamente
judicial.
Es el órgano de dirección es el Juez, tramita
todo el procedimiento y constituye sin duda, el órgano supremo del procedimiento,
personalmente o por delegación de algunas de sus facultades en el Comisario
En efecto de él depende, directa o indirectamente, el nombramiento e los demás
órganos y le corresponde adoptar las más importantes decisiones, no solo judiciales,
sino tambièn administrativas9.
Función Judicial y Función Administrativa
1.
La función es judicial, cuando se declara la quiebra y la resolución
del incidente sobre su reposición, la resolución de los agravios contra las
cuentas de la sindicatura, la resolución de los agravios en materia de examen
y reconocimiento de créditos, la calificación de la quiebra y la resolución
del incidente en su caso, la resolución sobre rehabilitación del quebrado
y la resolución de la oposición al convenio.
2.
Su función es administrativa, cuando junto a la declaratoria
de quiebra, el juez dispone la formación del balance general, la convocatoria
de las juntas de acreedores, la separación de los síndicos por providencia
que la misma ley llama administrativa, autorización para gastos extraordinarios,
autorización para transigir los litigios pendientes, las providencias convenientes
en beneficio de la masa y la aprobación del convenio.
Sus funciones son múltiples y diversas, su sentencia
es declarativa y constitutiva a la vez. En ciertas instancias del procedimiento
de quiebra hay rasgos propios de la jurisdicción voluntaria pues se realiza
una actividad administrativa, adoptando por ejemplo medidas para la seguridad
de los bienes que han sido ocupados, fiscalizando la actividad del síndico,
presidiendo las Juntas de acreedores, etc.
“El Tribunal de la quiebra tiene funciones propias
y exclusivas de disposición por cuanto respecto al procedimiento entero; domina
y controla todos los demás órganos de la quiebra; facultad ejercitable aun
de oficio, a más de por reclamación y, en general, iniciativa de parte, en
todos aquellos casos en que la intervención esté justificada por la observancia
de las normas del procedimiento y por los principios normativos de la institución,
no encontrando otro límite que el interés exclusivo de los particulares.”10
Único Proceso
Por ser la quiebra un juicio único, ya que persigue
la liquidación de todas las relaciones de los acreedores con el quebrado,
no puede ser confiada, pese a sus diversas fases, procedimientos e incidencias,
más que a un solo y único juzgado. De aquí que ni puedan seguirse dos juicios
de quiebra, dentro de un mismo territorio, contra un mismo sujeto, ni pueda
promoverse cuestión alguna de competencia, frente a la quiebra decretada y
en tramitación, basada en la naturaleza mueble o inmueble de los bienes afectados
por ella.
B) El Comisario de la quiebra
Es un órgano presente en el derecho italiano (juez
delegado) y el español, entre otros.
Surgió por la imposibilidad práctica de que el
propio juez llevara a cabo todos los actos encaminados a llevar hasta el fin
a los procesos de quiebra. Según Garrigues el Comisario es un órgano de enlace
entre el juez y los síndicos y el quebrado: “ Su misión consiste en inspeccionar
las operaciones de los síndicos y activar las operaciones de la quiebra, dando
cuenta al juez de sus incidencias y proponiéndole la solución.”11
Se le conoce también como “juez delegado” , su
existencia se justifica por la imposibilidad material de que el Juez pueda
realizar personalmente todos los actos de gestión que reclaman las operaciones
de la quiebra, de aquí que el Comisario ejerza, sobre el desenvolvimiento
de la quiebra, una acción inmanente.
Quien lo nombra
Su nombramiento corresponde al juez que declara
la quiebra y será él quien pueda removerlo y substituirlo, ya por libre iniciativa,
ya por denuncia del quebrado o de los acreedores, de concurrir alguna causa
justa.
Su actuación comienza con la comunicación de su
nombramiento y acaba con el juicio de quiebra.
En el derecho español dicho cargo era gratuito
y voluntario: “ La ley no establece retribución alguna para el Comisario,
pese a establecerla para el Depositario ( art. 1.184 L.E.C.) los Síndicos
(art. 1219 L.E.C.) y los peritos (arts 423 y 427 L.E.C.) Se trata, pues, de
un cargo gratuito. Lo que, a su vez, determina que el cargo sea voluntario,
en el sentido de que el designado puede declinar el nombramiento en cualquier
momento.”12
Funciones
Entre sus actividades jurisdiccionales el Juez
delegado comprueba el pasivo, forma y hace ejecutivo el correspondiente estado,
instruye oposiciones e impugnaciones, instancias de reivindicación, separación
y restitución de cosas muebles en posesión del quebrado; procede con la asistencia
del curador al examen preliminar de los créditos, de los derechos pretendidos
por terceros y de las correspondientes pruebas. En el derecho español de esa
época el comisario tenía funciones dobles unas delegadas del juez que conoce
de la quiebra; otras privativas (inspectoras y asesoras) como elemento informador
del juzgado.13
Como parte de sus actividades procesales, el juez
delegado es juez de la ejecución, tiene la forma de hacer que el proceso avance
y acudía al tribunal cuando era necesaria su intervención.
La forma que adoptaban las resoluciones del juez
delegado eran las del decreto. En el derecho español el comisario adoptaba
sus decisiones con el formato de providencia formal o interina, otra mediante
informes al juzgado, mediante propuestas o incluso mediante comprobación y
visado.
ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA QUIEBRA
Como se ha indicado juez y comisario tienen un
poder directivo y resolutivo en la gestión del patrimonio de la quiebra, pero
dicho conjunto de bienes y derechos necesita un administrador como resultado
de la inhabilitación de su titular.
El sistema de la legislación española tiene previsto
que la misión de administrar la masa de la quiebra y defender sus intereses
no está atribuida a ningún funcionario público, más bien le corresponde a
los mismos acreedores.
Serán ellos los que en la primera junta general
elegirán tres síndicos, que tendrán que ser acreedores por derecho propio
y comerciantes (art. 1346 de la Ley Procesal)
Estos síndicos serán representantes de la masa
de acreedores de la quiebra y administradores legales de su patrimonio. (art.
1366 de la Ley Procesal).
1.- Facultades de Administración:
Están encaminadas hacia la distribución del importe
líquido de la masa activa entre los acreedores, para ello los síndicos deben
enajenar bienes y cobrar créditos. Entre otras cosas deben preparar el inventario,
las acciones de reintegración de la masa, un estado general de los créditos
a cargo de la quiebra, solicitar autorización del juez para los actos de administración
que excedan la gestión ordinaria. Finalmente deben rendir cuentas de su gestión
y a ellos le serán aplicables todas las reglas de responsabilidad administrativa,
civil o penal en caso de anomalías en el ejercicio de sus funciones. (arts.
1355, 1357, 1364,1365, 1380, 1384 y 1333 de la Ley Procesal española entre
otros).
2.- Facultades de representación
de los Síndicos:
Tienen la representación de la quiebra dentro
del juicio y fuera de él, en el primer caso podríamos considerar las hipótesis
de incidentes sobre reconocimiento y graduación de créditos, así como el ejercicio
de las acciones de impugnación de los actos del quebrado en período sospechoso.
Fuera del juicio los síndicos representarán al quebrado tanto en los contratos
nuevos, como asumiendo la ejecución de los que el quebrado pactó. (arts. 1381,
1264, 1366 y ss, 1387).
3.- El Síndico:
Es quien ocupa y administra los bienes del fallido,
promueve acciones para atraer bienes a la masa, participa mediante sus informes,
en la determinación de la masa pasiva, gradúa los créditos verificados, interviene
activamente en la etapa de liquidación, vendiendo los bienes y distribuyendo
los importes percibidos de la venta entre los acreedores. Tiene además una
función informativa fundamental con la cual el Juez se asesora para resolver
incidentes diversos: el que tiene por fin fijar la fecha de la efectiva cesación
de pagos y el juicio de calificación de la conducta del fallido.
Responsabilidad:
Se le aplican las normas sancionatorias relativas
a su revocación. Por analogía podría aplicarse, además, las normas sobre responsabilidad
del mandatario.
Funciones del Síndico:
Funciones Administrativas:
Son las establecidas en las distintas normas relacionadas
con:
1. Ocupación de bienes.
2. Recaudación de frutos
de los bienes ocupados
3. Conservación de los
derechos y acciones de la masa
4. Depósito por mes de
lo resultante de ventas y cobros efectuados
5. Venta de bienes de
difícil conservación.
6. Aceptación de herencias
repudiadas por el fallido, previa autorización del Juez.
7. Pago de precio a vendedor
para evitar reivindicaciones.
8. Levantamiento de hipotecas
o prendas previa autorización del Juez
9. Formación de balance,
en quiebra de oficio
Para tales funciones el síndico puede nombrar
empleados: puede contratar empleados con la autorización de la junta de vigilancia
o del Juez en su defecto; puede designar un abogado con autorización del Juez.
También puede designar un procurador para hacer gestión judicial fuera de
domicilio del síndico; si nombra procurador para su comodidad personal será
de su cuenta el pago de sus honorarios.
Funciones Procesales:
El síndico es parte o actúa en diversos incidentes
Funciones informativas:
Debe informar sobre la calificación que le merezca
la quiebra y sobre la fecha de suspensión de pagos. Además debe hacer la verificación
de créditos, provisional, para su estudio por la Junta. Finalmente debe formar
el estado de graduación de créditos.
Naturaleza Jurídica del Síndico:
Algunos textos le asignan representación del deudor
fallido en otros juicios que se le inicien y de aceptar incluso la herencia
repudiada por el fallido. Otros autores sugieren que el síndico actúa en interés
de los acreedores.
Está claro que el síndico no puede ser catalogado
como representante convencional del fallido ni de los acreedores por la forma
en que se le designa: por el Juez, el provisorio y por la Junta o el Juez
el definitivo.
No es representante del fallido, aunque en ciertas
funciones actúa como tal y los efectos de sus actos recaen sobre el patrimonio
del fallido. Así cuando administra bienes o cuando los vende. Esos actos los
celebra por cuenta del fallido pero en interés de los acreedores. En muchos
casos actúa contra el fallido, en oposición a él. Por ejemplo cuando promueve
una acción revocatoria o cuando califica la quiebra o cuando fija la fecha
de efectiva cesación de pagos.
No es representante de los acreedores, pues con
sus actos no vincula a los acreedores. A veces puede actuar en oposición a
ellos como por ejemplo cuando verifica créditos o cuando participa en el incidente
posterior a la junta de verificación.
Tampoco puede ser conceptuado representante de
un ente quiebra, que no existe.
Para Mezzera el síndico actúa por derecho propio.
Es un particular a quien la ley impone función pública de auxiliar al Juez.14
Para Ripert es un “mandatario de la justicia”.
El Síndico es designado por el Juez o por la Junta; pero sus facultades son
las fijadas por la ley. Si representa al fallido es porque éste no puede administrar
sus bienes. Y lo hace en función del juicio concursal, para preparar la masa
de bienes que se ha de liquidar. Parece más acertado conceptuarlo como un
órgano que tiene el estatuto y disciplina establecida por la ley incluyendo
facultades de representación. Cumple función asignada por la ley, dentro de
un juicio concursal y bajo el contralor judicial.
ÓRGANO DELIBERANTE
Es la Junta General de Acreedores, su voluntad
se manifiesta en los acuerdos tomados por mayoría legal; es el órgano específico
de defensa de los intereses de la masa pasiva, cuya intervención se manifiesta
a los largo del procedimiento de quiebra siempre que sea necesario conocer
la voluntad de los acreedores sobre los actos más trascendentales de la liquidación,
en estos casos se convocará a una junta de las denominadas ordinarias; las
extraordinarias se convocan para decidir sobre asuntos inusuales.
Las juntas serán convocadas y presididas por el
comisario o por el juez. Todos los acreedores del quebrado podrán participar
y para demostrar dicha calidad se deberá acudir a los balances de la quiebra,
o a sus libros o papeles, así como a los justificantes que ofrezca el propio
acreedor.
El acreedor actúa o puede actuar en la quiebra
de diversas formas:
a) Individualmente. Actúa
de este modo cuando pide revocación y apela al auto de quiebra o cuando solicita
la verificación de su crédito o recurre de las resoluciones de la Junta en
materia de verificaciones de crédito;
b) Reunido en Juntas de
Acreedores:
Ripert: “ hasta el día de la declaración de la
quiebra los acreedores no se conocían y cada uno de ellos podía actuar contra
el deudor sin preocuparse de la acción o de la inacción de los demás. A raíz
de la declaración de quiebra los acreedores pierden su derecho de accionar
contra el deudor, individualmente, y se les impone la comparecencia en un
juicio conjunto en que recibirán un tratamiento igualitario.” 15
La junta decidirá sobre asuntos de interés común:
la verificación de créditos, la forma de liquidación de los bienes, la designación
del síndico definitivo, etc. Las resoluciones de la junta son obligatorias
para todos los acreedores, aún para disidentes y ausentes y obligan incluso
al síndico quien debe respetarlas.
Puede designarse una junta de vigilancia que impulsa
y controla la actividad del Síndico, quien debe requerir su expresa autorización
para la realización de determinados actos, según se verá. Se crea así, una
especie de estado de subordinación del Síndico respecto a la Junta de Verificación
y de Vigilancia.
La tendencia actual de las legislaciones es la
de dar a los acreedores una injerencia consultiva más que decisiva. Los acreedores
son desplazados, se reducen sus intervenciones, acentuando la actividad de
los órganos judiciales. Se ha cambiado también porque la experiencia ha demostrado
que los acreedores no concurren a las juntas o se confiaban de las opiniones
del síndico y la celebración de las juntas era una carga pesada que demoraba
la liquidación de las quiebras.
Participan de las juntas los acreedores, el fallido
y el síndico.
Los acreedores son sus integrantes naturales.
Concurren voluntariamente a la junta, les interesa asistir para poder participar
de las decisiones que se adopten.
Condición para que el acreedor pueda asistir a
la Junta de verificación: que su crédito haya sido verificado por el Síndico,
en la verificación administrativa y provisional que éste debe efectuar. El
acreedor puede concurrir personalmente o por apoderado. El fallido puede asistir
personalmente o por apoderado.-
El Síndico puede asistir, la ley no lo obliga,
pero parece elemental que lo haga, ya que él habrá producido informes que
se considerarán en la Junta.
Funcionamiento de la Junta:
La junta es convocada mediante edictos por el
juez en el momento oportuno, los temas serán los fijados por ley y el juez
la presidirá.
Se procede a tomar la votación de los acreedores.
En la mayoría de los casos se resolverá por mayoría simple de presentes, en
otros casos se requieren mayorías especiales o calificadas de personas y de
créditos.
1) Naturaleza jurídica de
la junta:
Siguiendo a Ripert , la Junta de acreedores, se
forma como una asociación sin personería jurídica. Para Ripert los acreedores
quedan unidos legal y obligatoriamente. Forman una masa cuya naturaleza jurídica
es discutida pero todos los autores reconocen que es una asociación de acreedores,
un consorcio de intereses si bien no una persona moral. Forman una masa y
se llaman acreedores en la masa. Si quieren ejercer sus derechos se presentarán
ante la quiebra pero esta presentación no es el acto constitutivo de la masa.
La unión es legal y obligatoria.16
Ripert considera el hecho del agrupamiento de
los acreedores en una masa, como una institución propia del derecho comercial.
La califica como obligatoria. Precisa que el acreedor que se presenta en los
procedimientos es un miembro activo; pero si no lo hace no deja de ser acreedor
en la masa, quedando afectado igualmente por todo lo que los acreedores resuelvan
en las juntas. La junta tiene una organización legal, todos sus aspectos están
regulados por ley. Se trata según Ripert de una unión legal cuyas condiciones
están determinadas por la ley. Según él esta masa no tiene personería jurídica
y no la tiene porque no tiene patrimonio y la personería jurídica no puede
existir si no hay patrimonio.
LA JUNTA DE VIGILANCIA
Es un órgano que puede o no existir y es la junta
de acreedores quien tiene la potestad de nombrarlo. Se compone de tres acreedores
de los presentes, elegidos por mayoría simple, que reúnan más de la mitad
de los créditos admitidos. Como funciones están: impulsa el proceso, colabora
con el Síndico, lo controla y eventualmente puede sustituirlo internamente.
Sus integrantes no devengan honorarios.
EL CURADOR
Es un órgano propio de la ejecución de la quiebra
y corresponde a las especiales exigencias características de la misma. Tiene
funciones a la vez de auxiliar al juez, de administrador, de depositario y
de custodio; desapoderado el quebrado del patrimonio por efecto de la sentencia
declarativa, se hacía indispensable que otro sujeto ocupase su sitio, lo que
no podía ser, por evidente y naturales incompatibilidades, por parte del mismo
órgano judicial investido de la ejecución y de sus normales auxiliares.
Tiene un estado de órgano subordinado y ejecutivo,
respecto al juez delegado. El nombramiento es hecho por el Tribunal y como
condición de operatividad es exigida la aceptación del interesado.
El curador debe ser persona distinta a la masa
de acreedores, para evitar que éste aproveche su cargo para beneficiarse a
sí mismo y tener vasto conocimiento legal y contable, siendo indispensable
que esta figura sea honesta, práctica, desinteresada y que no haga de ese
cargo una profesión.
La designación de un curador de la quiebra es
necesaria desde los primeros momentos del procedimiento, pero no es igualmente
fácil que la urgencia en dictar la sentencia declarativa permita ponderar
todas las circunstancias por las que puede ser conveniente elegir para el
cargo de curador a una persona u otra.
¿A quién representa el curador?
Algunos lo consideran como un representante del
fallido o de los acreedores ya como individuos o como masa, o de unos y otros
al mismo tiempo.
No se puede pasar por alto que el procedimiento
de quiebra, por ser un sustitutivo de la ejecución forzada, constituye el
desarrollo de una función estatal; tampoco puede desconocerse que las funciones
del curador no pueden ser separadas de las funciones que en el mismo procedimiento
ejercen los órganos del poder judicial, pero las mismas se realizan en beneficio
de intereses privados. En la quiebra la razón de la representación legal está
no en la incapacidad de los interesados, sino en el conflicto de sus intereses,
de ahí que se puede afirmar que el curador es llamado a cuidar los intereses
del uno y de los otros.
Él toma su poder del officium del que se le ha
investido.
EL DEPOSITARIO
Esta figura surge en el propio auto que se declaraba
la quiebra, pues se procedía a la designación del Depositario, él será el
guardián de los bienes, para que los ocupe, guarde, conserve y liquide.
Su naturaleza jurídica es más compleja que la
de un simple guardián, porque en algunas ocasiones tiene que vender bienes
en forma inmediata, en otras tendrá que tomar decisiones apremiantes o realizar
obras urgentes, debe agenciárselas para representar y defender la universalidad
de los bienes comprendidos en la quiebra.17
Es de libre elección del juez, lo que lo convierte
en un delegado suyo, pero al mismo tiempo le da una naturaleza híbrida: delegado
del juez y titular de funciones de gestión, él actuará hasta el nombramiento
de los síndicos, en otras palabras es un órgano temporal y provisional.
III- ÓRGANOS DE LA QUIEBRA EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO
COSTARRICENSE Normativa
Código de Comercio, libro IV, Título I, Capítulo
Primero: “De la Quiebra”, artículo 851 y siguientes se regulan todos los aspectos
relativos a la Quiebra en nuestro ordenamiento jurídico.
Artículo 851. Declaratoria de Quiebra
Hipótesis en que procede la declaratoria de quiebra
de un comerciante o una sociedad:
a) cuando el propio deudor
lo solicite. Si se trata de una sociedad18
cuando lo pida el Gerente o el Administrador.
b) Cuando un acreedor
compruebe que el comerciante o sociedad ha dejado de pagar una o varias obligaciones
vencidas, o que ha cesado en el pago de obligaciones a favor de otras personas;
c) Cuando el deudor se
oculte o ausente sin dejar al frente de sus empresa o negocio apoderado legalmente
instruido y con fondos suficientes para cumplir sus obligaciones;
d) Cuando injustificadamente
cierre el local de su empresa o negocio;
e) Cuando haga cesión
total de sus bienes en favor de uno o varios de sus acreedores;
f) Cuando se compruebe
que recurre a expedientes ruinosos, fraudulentos o ficticios para atender
o dejar de cumplir sus obligaciones; y
g) Cuando concurran otras
circunstancias que demuestren que se halla en estado de quiebra.
El concepto de “comerciante” lo encontramos definido
en el artículo 5 del Código de Comercio, incluyendo la excepción del artículo
7 que contempla el caso del ejercicio del comercio por parte de un menor y
las que establece el artículo 8.19
Son tres los órganos de la quiebra que se desarrollan
en el derecho comercial nacional.
A continuación veremos las principales funciones
de cada uno de ellos.
De conformidad con el artículo 959 del Código
de Comercio, en la tramitación de la quiebra los Tribunales deberán procurar
actuar en forma rápida, acelerando en lo posible el curso del expediente.
Se le exige al Curador, que deberá proceder también con la debida diligencia,
siendo motivo de destitución la demora injustificada en la tramitación y fenecimiento
del proceso.
Lo anterior quiere decir que, nacida la obligación
positiva por parte del Estado, surge un derecho del ciudadano para exigir
su cumplimiento existiendo los recursos procesales adecuados para ello. Esta
exigencia no solo puede darse en actividades prestacionales sino además en
actividades de fomento, actividad industrial o bien en actividades de limitación;
asimismo en otro tipo de acciones que la Administración ha ofrecido a cambio
de determinados comportamientos.
Lo anterior implica que actualmente la actividad
procesal no es solamente para impugnar acciones lesivas de la Administración
ante el ciudadano sino para solicitar una actuación de ésta última, es decir
se lesiona al individuo no por conducta activa que lesiona sus intereses sino
con la omisión de actividades que a la Administración le son debidas.
Existe inactividad cuando la Administración Pública
omite el cumplimiento de una obligación positiva y concreta, de carácter fáctico
o declarativo, nacida del ordenamiento jurídico dispuesta en favor de uno
o varios sujetos de derecho.
EL JUEZ: ÓRGANO JUDICIAL
Artículo 853. “El comerciante que cesare en el
pago de una obligación, deberá dentro de los diez días siguientes, ponerlo
en conocimiento del Juez Civil de su domicilio, para que se declare la quiebra.”
Se hace referencia en esta norma al derecho a
que un caso concreto sea conocido por un juez natural o legal y no por uno
especial,20
ello en contraposición al arbitrio de las partes o la imposición de un órgano
distinto al de los que integran la Jurisdicción.-
Cuando se afirma que el juez natural o legal es
aquel que determina la ley, debe entender por ley la Constitución Política
y luego en segundo lugar la Ley Orgánica del Poder Judicial, ya que es ésta
la que viene a regular la constitución, funcionamiento y gobierno de los Juzgados
y Tribunales del país, en tercer lugar tenemos el Código Procesal respectivo.
Juez legal y la Constitución:
Se quebraría el principio del juez natural, si
se creara cualquier órgano con funciones judiciales en el que estuviera ausente
alguna de las notas esenciales que conforman la Jurisdicción o de los principios
fundamentales que han de presidir la actuación de los Juzgados y Tribunales.
En todo órgano jurisdiccional ha de concurrir
una nota subjetiva u orgánica, la independencia judicial, y otra de carácter
objetivo: la resolución de los litigios y controversias, a la que están destinados
los órganos jurisdiccionales, debe realizarse mediante la aplicación del Derecho.
En principio del juez natural está previsto en
nuestra Constitución Política en los artículos 35, 152, 153 y 155, e interesa
destacar el artículo 153 que dispone:
“Corresponde al Poder Judicial, además de las
funciones que esta Constitución le señala, conocer de las causas civiles,
penales, comerciales, de trabajo y constencioso-administrativas, así como
de las otras que establezca la ley, cualquiera que sea su naturaleza y la
calidad de las personas que intervengan; resolver definitivamente sobre ellas
y ejecutar las resoluciones que pronuncie, con la ayuda de la fuerza pública
si fuere necesario.”
Consagran estas normas el contenido del principio
de Juez Natural y las garantías que el mismo conlleva para los administrados
de nuestro país. De esta normativa se desprende que toda Quiebra comercial
o penal debe ser conocida por los jueces ordinarios, establecidos con arreglo
a la Constitución y las leyes y no por jueces especiales o excepcionales.
El juez y la quiebra. Competencia
El proceso de quiebra es especial, que ha sido
encomendado por disposición legal al juez civil del domicilio del comerciante
(art. 853 Código de Comercio) o de la empresa o negocio (art. 856 Código de
Comercio), si se tienen varios negocios en distintas localidades, será competente
el juez del lugar donde la operación que da origen a la quiebra deba cumplirse.
Si el deudor, cuando se pida la quiebra ya no
tuviere negocios abiertos, será competente el de su domicilio actual, y si
no se conoce su paradero ni domicilio, será competente para declarar la quiebra
el juez del último domicilio o residencia conocidos. Otro caso especial de
competencia se da cuando se trata de la quiebra de una sucursal o agencia
de comerciante o sociedad domiciliada en el extranjero, será competente el
juez del lugar donde esté radicada la sucursal o agencia, pero si hubiere
varias en el país, los será uno de los jueces de la capital, si en ella hay
alguna de las sucursales o agencias, en caso contrario, será competente el
juez del lugar donde se halle cualquiera de ellas. (art. 867 Código de Comercio).
Esta complicada receta legal es exhaustiva, clara
y debe ser seguida al pie de la letra, dejando definido sin lugar a dudas
que en cualquier caso es el Juez Civil el que debe conocer de los procesos
de quiebra independientemente de su cuantía, es decir, se define cuál será
el juez que por razón de cuantía y territorio será el encargado de llevar
adelante el proceso de quiebra hasta su culminación.
Según Voto N ° 345, del TRIBUNAL SEGUNDO CIVIL,
SECCIÓN SEGUNDA., de las catorce horas diez minutos del ocho de setiembre
de mil novecientos noventa y nueve, en la QUIEBRA de ALMACEN AGRO-VERDE SOCIEDAD
ANÓNIMA, seguida ante el JUZGADO CUARTO CIVIL DE MAYOR CUANTÍA DE SAN JOSÉ,
se dijo con relación a este tema que: “III. Ahora bien, para los fines de
determinar la competencia en asuntos de materia concursal, se ha resuelto
de modo reiterado,..., que en aplicación del numeral 856 del Código de Comercio,
corresponde al Juez del domicilio de la empresa o negocio, esto en principio
porque la normativa establece otros supuestos, los cuales no se analizan por
cuanto para el caso no se requiere en virtud de que ... sí tiene domicilio
conocido. Pero el domicilio para el fin indicado, se ha entendido como aquel
donde la empresa explota el negocio, es decir, donde se encuentra su dirección
o administración y no propiamente el señalado como tal en la escritura constitutiva.
Se ha estimado de esa manera por dos razones fundamentales a saber: a) por
el hecho simple de que de ese modo se interpreta de lo dispuesto en el numeral
856 antes citado, y b) evitar de ese modo que un deudor proceda a actuar de
mala fe, modificando sus estatutos y cuando a bien lo tenga cambie el domicilio
obteniendo con ello la posibilidad de que el juzgador proceda a su vez a declarar
su incompetencia por resultar improrrogable. Esta situación no puede ser avalada
ni por el legislador ni por el Juez porque lejos de dar seguridad jurídica
se convertiría el proceso en una verdadera incertidumbre en cuanto al aspecto
de competencia porque en cualquier momento el expediente pasaría a ser conocido
por otro juzgador. Por tal también se ha resuelto que el domicilio del deudor
debe entenderse, por la situación del domicilio existente ab initio, relación
de hecho que existe al inicio del proceso, pero tomando en cuenta las razones
señaladas supra.” (de esta Sección y Tribunal, resolución
N ° 421 de las 9:20 horas del 27 de setiembre
de 1994, reiterado ese criterio en la número 393 de 9:15 horas del 25-11-98).
Pronunciamientos Relevantes del Juez en la Quiebra
Quiebra Voluntaria y Quiebra Fraudulenta
1) Declaratoria de quiebra
En los artículos 853 y 854 del Código de Comercio,
tenemos prevista la “quiebra voluntaria”, que consiste en aquella cuya declaración
es solicitada al juez por el propio comerciante que cesa en el pago de una
obligación, así esta será su primer función, declarar la quiebra, en el tanto
sea procedente, porque si la petición no cumple con los requisitos exigidos
en el artículo 854 la ley dispone que no se le dará trámite a la solicitud,
por el contrario si se brindan datos falsos o inexactos, ese será suficiente
motivo para declarar la quiebra fraudulenta.
La “quiebra fraudulenta” es una figura delictiva
propia del derecho penal21,
de ahí que el juez civil nunca podrá declararla en sentencia propia. Al respecto
testimoniará las piezas respectivas y se las hará llegar al Ministerio Público
para lo de su cargo, quien evaluará los hechos y circunstancias y calificará
las conductas respectivas.-
Así lo contempla el artículo 863 inciso f del
Código de Comercio, que en lo conducente dispone: “… f) Comunicación de la
declaratoria al Ministerio Público, a fin de que inicie proceso para determinar
si el quebrado ha incurrido en el delito de quiebra fraudulenta o culposa”.
El artículo 871 ídem, señala: “En la resolución
en la que se declare la quiebra se ordenará poner tal declaratoria en conocimiento
del Ministerio Público, para que inicie inmediatamente el proceso a fin de
establecer si la quiebra es culpable o fraudulenta, y para que se impongan,
si fuere del caso, las sanciones penales correspondientes”.
Además el artículo 817 del CPC que dispone: “Proceso
Penal: En cualquier momento en el que hubiere motivo para considerar que la
insolvencia puede ser fraudulenta, el juez lo comunicará al Ministerio Público
para lo que a éste le corresponda.” Norma aplicable también a la quiebra en
virtud del 818 ídem.
Calificación de la Quiebra. Sede Penal
El artículo 872 del Código de Comercio es el que
aclara lo relativo a la calificación de la quiebra al señalar: “Todo lo referente
a la calificación de la quiebra se tramitará y resolverá en el proceso seguido
en el tribunal penal correspondiente. De este proceso se comunicará en su
oportunidad, al juzgado civil donde radique la quiebra, la sentencia o auto
en el que se le ponga fin, una vez firmes tales resoluciones.”
De las normas anteriores podemos colegir que el
Ministerio Público y los Tribunales Penales, son órganos adventicios del proceso
de quiebra, aunque por la naturaleza tajante del mandato de remitir la comunicación
a las autoridades del Ministerio Público, podría llegar a considerarse que
en Costa Rica, tanto el órgano acusador como la jurisdicción penal son órganos
del proceso de quiebra, al igual que lo es el juez civil.
El Juez civil puede declarar la quiebra de un
fallecido, de una sucesión, y en caso de que un declarado quebrado fallezca,
los procedimientos continuarán con el albacea de la sucesión. (artículo 857
del Co. Com.).
Documento base22
El Juez civil podrá usar como fundamento para
declarar la quiebra, cualquier título al que la ley le haya dado el carácter
de ejecutivo, pero este juez también podrá declarar la quiebra teniendo como
fundamento un documento privado23
privado que no tenga carácter de título ejecutivo, siempre y cuando según
su juicio propio, la firma o firmas del obligado sean auténticas. (art. 860
Código de Comercio). En este sentido el Voto No 172, del TRIBUNAL SEGUNDO
CIVIL, SECCIÓN SEGUNDA, de las a las nueve horas veinticinco minutos del cuatro
de mayo del dos mil uno, dictado en proceso de QUIEBRA establecido en el JUZGADO
SEXTO CIVIL DE SAN JOSÉ, por CONGLOMERADO NWIT SOCIEDAD ANONIMA contra PANAFIN
MONYCARD SOCIEDAD ANONIMA hoy CORPORACIÓN MONYCARD SOCIEDAD ANÓNIMA, señaló
en su considerando VIII, que: “ Según se desprende de los agravios expresados
por la accionante, ésta admite que el documento privado protocolizado no constituye
título ejecutivo, pero que sin embargo sí es idóneo para fundar en él la declaratoria
de quiebra solicitada, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 860 del
Código de Comercio, porque se trata de un documento privado donde la firma
del obligado es auténtica, y además fue protocolizado. Sin embargo la accionante
olvida que lo aportado por ella no fue el original de ese contrato, sino una
certificación notarial de la escritura mediante la cual se le puso razón de
fecha cierta a ese contrato, y por eso no se puede analizar si en realidad
se trata de un documento privado que reúne los requisitos legales para fundar
en él la declaratoria de quiebra pretendida. Con su escrito de apelación presentó
una fotocopia certificada notarialmente del contrato aludido –visible a folios
107 a 112–, pero tampoco esa certificación es idónea para hacer el análisis
indicado, porque lo que se requiere para ese fin es el documento original,
al igual que cuando la petición de quiebra se funda en un título que se considera
es ejecutivo, según ya se explicó. En resumen: para que un acreedor tenga
derecho a pedir la quiebra, ya sea que la funde en un título ejecutivo o en
un documento privado, es indispensable que demuestre, entre otros requisitos,
su calidad de tal presentando el título respectivo, el cual debe ser el original
de éste y no otro. La aquí accionante no presentó el original del documento
en el cual según su dicho consta su calidad de acreedora de la accionada,
y por eso carece de derecho y de legitimación en su pretensión, tal y como
se resolvió en la resolución recurrida, y por eso ésta debe ser confirmada….”
Cumplimiento de Requisitos. Resolución Motivada
El Juez civil sin más trámite decretará la quiebra,
cuando se hayan cumplido los requisitos de los artículos 854 y 855, así se
lo impone el artículo 862 del Código de Comercio.
El siguiente numeral señala que dicha resolución
motivada, debe dictarse a la mayor brevedad y nunca fuera del plazo de 24
horas, cumpliendo además de los requisitos exigidos por el artículo 763 del
Código Procesal Civil.
No obstante este criterio formal y rígido, el
mismo ha sido ablandado jurisprudencialmente con el siguiente sentido:
Voto N° 235 del TRIBUNAL SEGUNDO CIVIL, SECCION
SEGUNDA, de las nueve horas cinco minutos del veintiuno de junio del dos mil
uno, en proceso de QUIEBRA DE ERMEN TORRES ALFARO promovida por ASOCIACION
SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE COOPEMONTECILLOS Y AFINES establecida en el JUZGADO
CIVIL DE CAÑAS. “En el Código de Comercio no se previó ninguna fase o etapa
contradictoria previa a la declaratoria de quiebra, siguiéndose en su oportunidad
un sistema materialista extremo, en el cual dicha declaratoria podía ser impugnada
luego, en caso de haber sido dictada erróneamente (ver, como referencia histórica,
lo dispuesto por el derogado Código de Procedimientos Civiles en cuanto al
“incidente de reposición” establecido por el artículo 579). Así, el artículo
863 del Código de Comercio dispone que si la solicitud estuviere arreglada
a derecho, el juzgado, dentro del plazo de veinticuatro horas, debe decretar
el estado de quiebra. Sin embargo, tal rigurosidad fue atenuada por nuestra
jurisprudencia, tomando en cuenta que la declaratoria de quiebra tiene efectos
personales y patrimoniales graves para el deudor, muchas veces de difícil
reparación, los cuales habría que evitar en aquellos casos donde en realidad
no se dieran los presupuestos respectivos para ésta. Ante el temor de que
las solicitudes de quiebra se convirtieran en instrumentos abusivos de coacción
contra los supuestos deudores, y con el fin de constatar que efectivamente
la solicitud estuviera arreglada a derecho, según lo dispuesto por el artículo
863 citado, se ha establecido que previo a la declaratoria se proceda a requerir
de pago al presunto deudor, aplicándose por analogía lo dispuesto por el artículo
760 del Código Procesal Civil. En estos casos, el requerimiento no puede ser
de presentación de bienes sino únicamente de pago, por cuanto la solicitud
de quiebra se funda en lo dispuesto por el artículo 851, inciso b, del Código
de Comercio y no en el 886 del Código Civil, que regula el estado de insolvencia
exigido para la apertura del concurso civil de acreedores. Asimismo, se ha
considerado también aplicable el articulo 762 del Código Procesal Civil, que
faculta al juez para realizar las averiguaciones y diligencias justificativas
que estime necesarias, antes de proceder a la declaratoria respectiva. Por
último, si bien no se dispuso en este tipo de procesos la posibilidad de oponer
excepciones a la solicitud de quiebra, como sí se hace expresamente en otros
como el sumario, el abreviado y el ordinario, se ha considerado, por una parte,
que de alegarse el pago o la prescripción de los créditos reclamados, se procederá
a darles el trámite de incidente, aplicando por analogía lo dispuesto por
el artículo 673 del Código Procesal Civil, referente al proceso ejecutivo
hipotecario que es de ejecución pura, pero lo atinente a la decisión del pago
o la prescripción deben resolverse en el pronunciamiento de fondo que decida
sobre la solicitud de quiebra, y no en forma independiente…”.
Con el anterior criterio, la declaratoria no se
dictaría dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación de
la solicitud de quiebra, sino hasta la firmeza de la prevención o requerimiento
de pago y presentación de bienes, según lo dispuesto en el citado artículo
760 del Código Procesal Civil.
Contenido de la Declaratoria
El Juez decretará la quiebra siempre que se cumplan
los presupuestos, el subjetivo y el objetivo, antes estudiados (arts. 851
y 852 del C. de Co).
Esta resolución deberá ser fundada y cumplir con
los requisitos previstos en el art. 863 del Código de Comercio, en relación
con el art. 763 del Código de Rito Civil.
Entre los requisitos a cumplir
se tiene:
• Prohibición de hacer
pago o entrega de efectos o bienes de cualquier clase al quebrado, bajo apercibimiento
de nulidad de tal pago o entrega.
• Orden al Registro Público,
al General de Prendas y a cualquier otra oficina que se estime conveniente
para que se abstenga de dar curso e inscribir cualquier documento emanado
del deudor.
• Comunicación a los bancos,
instituciones de crédito, almacenes generales de depósito y aduanas para que
se abstengan de entregar al deudor, apoderado o encargado, títulos-valores,
efectos de comercio, mercaderías y cualquier otro documento o efecto que tenga
algún valor económico.
• Comunicación a las oficinas
de correos, telégrafos y radio para que le entregue al curador toda la correspondencia
al curador.
• Comunicación a Migración,
Oficinas portuarias y demás para que se abstengan de extender pasaporte al
quebrado.
• Comunicación al Ministerio
Público para que inicie proceso y determine si el quebrado ha incurrido en
el delito de quiebra fraudulenta o culposa.
Asimismo, del art. 763 del Código
Procesal Civil, se extraen otros efectos, cuales son:
• Apertura o declaratoria
de la quiebra (art. 763, inciso a), del CPC).
• Señalamiento de la fecha
en que comenzó la cesación de pagos, la cual será tentativa por cuanto puede
ser variada a petición del curador o de cualquier acreedor (763, inciso b),
y 765 del CPC, y 868 del C. de Co).
• Nombramiento de un curador
propietario y uno suplente (art. 763, inciso c), CPC).
• Ocupación e inventario
de bienes del fallido (art. 763, inciso d), CPC).
• Concesión de un plazo
para que aquellos acreedores que no hubieran aún legalizado sus créditos puedan
hacerlo, plazo que no podrá ser menor a un mes, ni mayor de dos meses (art.
763, inciso g), del CPC).
• Prevención a todas las
personas en cuyo poder existan pertenencias del fallido, cualquiera que sea
su naturaleza, que dentro del plazo que el juez fije, hagan entrega de ellas
al curador o al juez bajo pena de ser tenidos como ocultadores de bienes y
responsables de daños y perjuicios (art. 763, inciso j), del CPC).
• Prevención al deudor
de lugar o medio para atender notificaciones (art. 763, inciso j), del CPC).
Interesan resaltar de estos efectos los incisos
c y d, que dicen textualmente:
“... c) El nombramiento de un curador propietario
y un suplente, que deberá recaer en abogados de los tribunales. El juez no
podrá nombrar en dichos cargos a parientes suyos o del concursado, dentro
del cuarto grado de consanguinidad o de afinidad, ni a quienes estén ligados
del propio modo con jueces del mismo lugar del que decreta el concurso. Procurará,
además, que los nombramientos recaigan en personas que representan, con imparcialidad,
los intereses de todos los acreedores y los del deudor.”
Nombramiento de Curador
El mecanismo a seguir antes de designar al curador
de la quiebra, tanto propietario como suplente sería solicitar a la Dirección
Ejecutiva que provea, de la lista de curadores inscritos, los nombres que
correspondan y seguidamente deberá verificarse que los mismos no estén incluidos
dentro de las limitaciones previstas en el inciso bajo análisis, a fin de
proceder a realizar el nombramiento, todo dentro de las 24 horas que como
máximo establece la ley, lo que es sumamente difícil por no decir imposible
de cumplir.
“...d) La ocupación, inventario y depósito de
los bienes del fallido, para lo cual el juez podrá comisionar a un notario.”
Nombramiento de Depositario
Parece contemplar la norma, la necesidad de la
existencia de la figura del depositario dentro de la quiebra como un órgano
independiente pero limitado, y este depositario será aquel a quien el juez
designe una vez realizada la ocupación y el inventario de los bienes del quebrado.
Además no tiene las atribuciones para vender alguno de los objetos depositados
bajo su custodia de ser necesario. La normativa aplicable a esta figura serían
los numerales 1360 y siguientes del Código Civil.-
El artículo 779 contempla que el curador es la
persona quien será designado como depositario de los bienes del quebrado,
una vez que sean ocupados e inventariados, sin embargo si el caso lo amerita
podrá nombrarse a un tercero (779 párrafo 2º), pero en esta hipótesis el juez
deberá nombrarlo de acuerdo con el curador y él a la terminación del depósito
deberá rendir cuenta de su administración a fin de que sea examinada por los
acreedores.
Con respecto a este punto el artículo 880 Co.
Com., manda que el curador se considerará depositario de los bienes del concurso
que queden bajo su custodia; y si en el momento oportuno no entrega alguno
de los bienes que estaban bajo su custodia podría cometer el delito de retención
indebida; a la misma sanción se expone el tercero que sea depositario que
no entregue el bien confiado a su custodia.
Recurribilidad
La anterior resolución judicial es revisable tanto
por el propio Juez que la dictó, ello en razón del recurso de revocatoria,
también por el Juez ad quem, quien conocería en alzada y finalmente en Casación
si la cuantía lo permite.
Veamos que dice el artículo 764 del Código Procesal
Civil: La resolución que decrete la apertura del concurso o la que lo deniegue,
tendrá recurso de revocatoria y de apelación con efecto devolutivo. La primera
admitirá, además, el recurso de casación, si lo permitiere la cuantía del
asunto. (Así reformado este párrafo por el artículo 2º de la ley No.7643 de
17 de octubre de 1996).
De previo a resolver la revocatoria, el juzgado
podrá ordenar y recibir las pruebas que estime indispensables. No obstante
que se admita la apelación contra el auto que el que se decrete la apertura,
y mientras el superior no resuelva la alzada, el juzgado deberá seguir conociendo
del proceso concursal, sin que se deba rendir garantía alguna. En la interposición
y trámite de los recursos podrán intervenir el deudor, el curador y los acreedores.
Revocada la declaratoria del concurso, volverán las cosas al estado que tenían
con anterioridad; sin embargo, deberán respetarse los actos de administración
legalmente realizados por el curador, lo mismo que los derechos adquiridos
por terceros de buena fe. La revocatoria se publicará de la misma manera que
la declaratoria del concurso.
Oportunidad para recurrir
La naturaleza de la declaratoria de quiebra es
de un auto con carácter de sentencia, así tanto la revocatoria como la apelación
deben interponerse dentro de quinto día. Si se presenta recurso de Casación,
de acuerdo al numeral 596 del CPC, el plazo es de quince días y se deberá
interponer ante la propia Sala.
Artículo 558.- Revocatoria y apelación conjunta.
En los casos en que, además del recurso de revocatoria,
sea procedente el de apelación, será potestativo usar ambos o uno sólo de
ellos, pero será inadmisible el que se interpusiere pasados tres días después
del de la notificación del auto que motivare el recurso. Si el juez denegare
la revocatoria, se pronunciará sobre la apelación, conforme con lo que se
dispone en el capítulo siguiente.
Artículo 559.- Procedencia, plazos y requisitos.
Los autos, las sentencias y los autos con carácter
de sentencia tendrán recurso de apelación; el plazo para interponerlo, en
cuanto a los autos, será de tres días, como se dispone en el artículo 558;
en cuanto a las sentencias y autos con carácter de sentencia, el plazo será
de cinco días, salvo que se establezca un plazo distinto. El recurso se interpondrá
ante el juez que hubiere dictado la resolución.
Tratándose de autos, el escrito en el que se formule
contendrá, necesariamente, los motivos en los que se fundamenta, sin lo cual
será rechazado de plano.
Artículo 596.- Recurso de Casación.
El recurso deberá interponerse directamente ante
la sala de casación correspondiente, dentro del plazo de quince días. Deberá
indicarse el tipo de proceso, el nombre de las partes, la hora y la fecha
de la resolución recurrida y la naturaleza de ésta.
Circunstancias relativas
a la Declaración.
Como se detalla a continuación, el Juez también
deberá dictar la declaración de la quiebra cuando concurran los siguientes
supuestos:
Artículo 852 CoCo
Procede la declaratoria de quiebra aun cuando
la obligación no esté vencida ni sea exigible, cuando el deudor se hallare
en uno de los casos figurados en los incisos b), c), d), e), f) y g) del artículo
anterior
Artículo 857 CoCo
La quiebra podrá declararse aún después del fallecimiento
del deudor, si se comprobare que éste había cesado en el pago de sus obligaciones.
También se podrá pedir la quiebra de la sucesión cuando habiéndose autorizado
la continuación del negocio del causante, la sucesión sobreseyere en el pago
de una o varias obligaciones. En este caso los acreedores comunes cuyo crédito
haya nacido dentro del período de ejercicio del comercio autorizado, tendrán
preferencia sobre los demás acreedores comunes de la sucesión para ser pagados.
En caso de fallecimiento de una persona declarada
en estado de quiebra, los procedimientos continuarán con el albacea de la
sucesión
Articulo 859 CoCo
También podrá declararse la quiebra de un comerciante
o sociedad que ha cerrado sus operaciones, si la declaratoria se demanda dentro
de los dos años siguientes al cierre de los negocios, y si la cesación de
pagos ha ocurrido durante el tráfico mercantil, o en el año siguiente por
consecuencia de obligaciones dependientes o derivadas del mismo tráfico.
Otras participaciones del Juez
La resolución más importante del Juez es la declaratoria
de quiebra, no obstante, por su función de director proceso se verá compelido
a resolver con carácter interlocutorio y hasta final diversos asuntos:
Artículo 861.- CoCo
El acreedor hipotecario o prendario no podrá pedir
la declaratoria de quiebra a no ser que compruebe que los bienes gravados
son o han resultado ser insuficientes para el pago de su crédito. Cuando el
acreedor pretenda hacer uso de la facultad que este artículo le concede, se
le dará previamente audiencia al deudor para que pague la obligación o presente
bienes que garanticen satisfactoriamente el pago de la obligación. Si el deudor
paga o garantiza debidamente el crédito, el Juez ordenará archivar el expediente
Artículo 903.- CoCo
Las Juntas que celebren los acredores tendrán
lugar en el juzgado respectivo, o en el local que el mismo juzgado indique,
bajo la presidencia del juez, quien dirigirá el debate y tomará nota de los
asistentes y de aquellos que se hagan representar, hará el cómputo de votos,
y dentro de los tres días siguientes dictará resolución en la que aprobarán
o improbarán los acuerdos tomados, con explicación de las razones de su decisión.
Artículo 914.- CoCo
De toda junta se levantará acta que firmará el
juez con los asistentes, el curador y el secretario.
Extinción de la Quiebra
Por Distribución del Activo
Artículo 927.-CoCo
Llenadas todas las formalidades legales y realizado
el haber, el curador procederá a formular una memoria explicativa, que resuma
toda la actuación y contenga su parecer acerca de la distribución del haber
entre los acreedores. Esa memoria, junto con el balance final, será presentada
al juzgado con la solicitud de que se señale el día para verificar la junta
que ha de conocer de ese proyecto de distribución.
Artículo 928.-
El juzgado, tomando en consideración lo acordado
en dicha junta, resolverá lo que en derecho corresponda, dentro de un plazo
no mayor de quince días. Esa resolución tendrá el carácter de sentencia, con
la autoridad y la eficacia de la cosa juzgada material.
Por convenio de acreedores y quebrado
Artículo 940.-
Aprobado el convenio por la junta, se publicará
por una vez en el Boletín Judicial y en un periódico de circulación nacional.
Si dentro de los quince días posteriores a la última publicación no se presentare
incidente alguno, el juzgado resolverá lo que en derecho corresponda, con
la aprobación o improbación del arreglo. Esa resolución tendrá el carácter
de sentencia, con la autoridad y eficacia de la cosa juzgada material.
Artículo 947.-
Si el convenio fuese improbado por el Juez, o
si después de aprobado fuese declarado nulo o resuelto por falta de cumplimiento,
o por cualquier otra causa, el procedimiento de la quiebra reasumirá su curso
y las concesiones otorgadas quedarán sin efecto
La rehabilitación
Artículo 950.- Hecha la distribución del patrimonio
total del concursado, se dará por terminado éste y se rehabilitará el quebrado
si se le hubiere absuelto por ser excusable
la quiebra…
Artículo 954.- La solicitud de rehabilitación
la presentará el quebrado ante el Juez que conoció la quiebra, acompañada
de los documentos que demuestren el pago realizado, el cumplimiento del convenio
o el haber purgado la pena
Artículo 956.- El Juzgado dará audiencia de la
solicitud a la Procuraduría y a los acreedores y vencido este plazo resolverá
conforme al mérito y al derecho que corresponda.
Artículo 957.- El Juez dictará la sentencia, sea
concediéndola o denegándola. Esta resolución será apelable en ambos efectos
y contra el fallo de segunda instancia cabrá recurso de Casación si el pasivo
de la quiebra alcanzare a la suma que lo permite.-
EL CURADOR. ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN
Y REPRESENTACIÓN EN LA QUIEBRA
La administración y representación de la quiebra
recaerá en el curador. Éste administrará los bienes de la fallida, con facultades
de mandatario general (art 879 del C. Co. y art 1255 del CC). La aceptación
del curador es inscribible en el Registro (art 776 del CPC y 879 del C. de
Co). En él se depositarán los bienes, en el tanto la fallida no puede disponer
de sus bienes, es lo que se conoce como el desapoderamiento (arts. 880 del
C. de Co. y 899 del CC).
En la misma resolución del artículo 863 del Co.
Com. el juez debe nombrar al curador propietario y a un suplente, tal y como
lo manda el artículo 873 ídem, en cuanto a los requisitos para dicho órgano,
la ley fija en lo que ahora nos interesa, los siguientes:
a.- Ser mayor de edad,
b.- Ser abogado de los
tribunales
c.- No ser empleado público;
d.- (derogado)
e.- No ser pariente
del Juez ni del quebrado dentro del cuarto grado de consanguinidad o afinidad.
En el Código Procesal Civil artículo 763 esta
prohibición se amplía al disponerse: “... El juez no podrá nombrar en dichos
cargos a parientes suyos o del concursado, dentro del cuarto grado de consanguinidad
o de afinidad, ni a quienes estén ligados del propio modo con jueces del mismo
lugar del que decreta el concurso. Procurará, además, que los nombramientos
recaigan en personas que representan, con imparcialidad, los intereses de
todos los acreedores y del deudor.”
Según lo previsto en el artículo 879 Co. Com.
el curador tendrá las facultades del artículo 1255 del Código Civil24,
y por ello luego de que acepte el cargo, deberá extenderse certificación e
inscribirse en la Sección Mercantil del Registro Público. Sin embargo ese
poder general quedará modificado en lo que expresamente dispone el Código
de Comercio. En cuanto a la inscripción del nombramiento y aceptación del
cargo, en igual sentido está previsto en el artículo 235 inciso k del Co.
Com.
Sobre el aspecto de a quién representa el curador
veamos lo siguiente. De conformidad con la regulación del artículo 899 del
Código Civil: “Desde la declaratoria de insolvencia (quiebra), el deudor queda
de derecho separado e inhibido de la facultad de administrar y disponer de
los bienes que le pertenezcan y sean legalmente embargables.
Esta facultad corresponde a su acreedor o acreedores,
quienes, en caso de concurso, han de ejercerla por medio de un curador nombrado
al efecto...” Entonces la pregunta salta a la vista: ¿Representa el curador
a los acreedores o su función debe desempeñarla en interés exclusivo de ellos?
Pensamos que el 899 CC está correcto y señala
que el curador es quien administrará los bienes incluso pudiendo disponer
de ellos y esto no significa que él representa a los acreedores, más bien
lo correcto es seguir la tesis que plantea el 763 inciso c) del CPC que afirma
que el curador debe representar con imparcialidad los intereses de todos los
acreedores y del deudor.
En acción de inconstitucionalidad promovida por
el Profesor Gastón Certad Maroto, contra los párrafos penúltimo y último del
artículo 762 del Código Procesal Civil (Ley N°7130 de 16 de agosto de 1989),
la SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA., en voto 6113-96,
de las quince horas doce minutos del doce de noviembre de mil novecientos
noventa y seis, clarificó la función del curador dentro de la quiebra así
como su remoción. Al efecto dijo:
III.- EL CURADOR DE LA QUIEBRA, SU FUNCIÓN Y REMOCIÓN:Doctrinariamente
se han dado dos posiciones en relación con la figura del curador: se le ha
considerado representante de los acreedores y del quebrado, porque sustituye
al quebrado en la legitimación negocial y procesal activa y pasiva, y ejerce
la misma sustitución en relación con determinados derechos y acciones de los
acreedores. Por otro lado, se ha entendido que mantiene una posición de órgano
del proceso de quiebra. Al considerársele un órgano de la quiebra se le priva
de la condición de ser parte en el proceso. Esta última posición también reconoce
su calidad de oficial público, dada la función pública de administración ejecutiva
que el Estado le confía. Sin intentar definir la figura del curador regulada
en el Código de Comercio a la luz de las anteriores teorías, resulta importante
indicar en concreto que el curador es un profesional que presta sus servicios
dentro del proceso de quiebra, y esa sola participación en un proceso jurisdiccional
además de la función de administración que realiza sobre los bienes falenciales,
lo coloca en una posición en la que no solo está satisfaciendo un interés
particular, con la remuneración que percibe por los servicios prestados, sino
un interés general que está en la base de los procesos de ejecución colectiva
y que consiste fundamentalmente en la satisfacción de los acreedores para
que impere la paz social. De ahí que la función del curador, vista desde una
perspectiva muy general, consiste en la administración del patrimonio de la
fallida con el fin de reconstituirlo en su función de garantía de los acreedores.
En ese sentido, corresponde al curador velar por una tramitación ágil y correcta
de la liquidación del patrimonio de la fallida. La realización de un fin general
dentro del proceso es lo que caracteriza el hecho de que el nombramiento del
curador lo haga el juez en la resolución que declara la quiebra; que para
el nombramiento se necesiten ciertos requisitos, dentro de los que destaca
la imposibilidad de ser designado en el cargo si tiene determinadas relaciones
de parentesco con el juez y el quebrado; que sus funciones –artículo 876 del
Código de Comercio– y su régimen de honorarios –883 del Código de Comercio–
se encuentren definidos por ley; que por faltas u omisiones en el ejercicio
del cargo se le impongan sanciones más drásticas que las que corresponden
a un profesional que presta sus servicios fuera de un proceso judicial, porque
la ley estima más reprochable la conducta irregular de quien está revestido
de cierta autoridad. Esa finalidad general que cumple el curador también determina
el que se requiera que conserve dentro del proceso una posición imparcial
y objetiva. De acuerdo con lo que dispone el artículo 879 del Código de Comercio
-en relación con el 1255 del Código Civil-, el curador tiene sobre el patrimonio
del quebrado las facultades que corresponden a un apoderado general. El poder
de administración general que la ley le atribuye, se limita, en cuanto requiere,
para realizar ciertos actos, de autorización judicial otorgada luego del acuerdo
de los acreedores -artículo 877 del Código de Comercio-; ese poder también
se ve ampliado cuando la ley le confiere una facultad de disposición sobre
los bienes sujetos a concurso, de la que carece el apoderado general. Lo anterior
ocurre cuando vende los bienes del concurso por una suma igual o mayor a la
del avalúo, porque en esos casos no requiere autorización previa de los acreedores
ni aprobación del juez -artículo 876 inciso j) del Código de Comercio-. De
lo expuesto se deduce que el curador es el órgano ejecutivo de la quiebra
que cumple funciones administrativas, procesales, informativas y de vigilancia.
Como parte de la función administrativa el curador se encarga de la recuperación,
ocupación, conservación –material y jurídica–, custodia, representación –negocial
y judicial–, y venta de los bienes y derechos que conforman el patrimonio
sometido al concurso. También está obligado a procurar que se dé una adecuada
y rápida sustanciación del proceso concursal, a ejercer funciones de vigilancia
y control, a rendir informes periódicos sobre su gestión, y a formular el
plan de distribución de los bienes. El curador debe cumplir con diligencia
los deberes de su cargo porque es responsable de su gestión, como corresponde
a todo administrador o mandatario. Esa responsabilidad puede acarrear, en
caso de incumplimiento o irregularidades en el ejercicio de la función, sanciones
administrativas, civiles o penales. La principal sanción administrativa es
la separación del cargo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 762
del Código Procesal Civil, la remoción del cargo de curador trae aparejados
la pérdida total de los honorarios y el impedimento para ser nombrado de nuevo
en el mismo proceso. El curador puede ser removido por el juez, de oficio,
o a petición de parte; en este último caso, se requiere la tramitación de
un incidente. Las causales de remoción, en términos generales, regulan casos
de negligencia, falta grave y mal desempeño de la función. El juez procede
de oficio a remover al curador cuando falte al cumplimiento de la obligación
que le impone el artículo 876 inciso l) del Código de Comercio, que establece
que toda suma de dinero que reciba el curador debe quedar depositada a la
orden del juez dentro del término de veinticuatro horas, o cuando rinda un
informe falso respecto a los créditos, o recomiende la aceptación de un crédito
sin haber sido debidamente comprobado, o simule o altere un crédito por colusión
con el deudor u otra persona –artículo 882 del Código de Comercio–. El juez
puede también revocar de oficio la designación del curador cuando compruebe
que no ha iniciado las diligencias establecidas en el artículo 876 del Código
de Comercio dentro de los ocho días posteriores a la aceptación del cargo,
o cuando constate que no activa debidamente las diligencias a efecto de acelerar
la tramitación del juicio. Procede la remoción del curador a petición de parte,
cuando se está en alguno de los supuestos anteriores, cuando el curador no
ha presentado su informe mensual de administración, o no se ha hecho presente
en la causa penal en la que se examina la calificación de la quiebra artículos
876 inciso m) y 878 del Código de Comercio.
Curador Institución
El artículo 874 Co. Com. le permite al juez que
cuando lo estime conveniente para los intereses de los acreedores, “... podrá
nombrar como curador a una institución bancaria o una sociedad comercial,
en cuyo caso las funciones del curador serán ejercidas por el administrador
bajo la dirección de un abogado.”
Curador Específico
En el artículo 875 Co. Com se estipula lo concerniente
al curador específico y será nombrado para que supla al propietario y al suplente
cuando ellos estuvieren inhabilitados o impedidos para determinado caso. Éste
debe reunir las condiciones requeridas para ser curador.
Obligaciones del Curador
El artículo 876 Co. Com., contempla las obligaciones
del curador las cuales están enunciadas en 16 incisos, siendo las más importantes
las siguientes:
“...b) Procurar que se aseguren e inventaríen,
sin pérdida de tiempo los bienes del quebrado; ...” Se busca evitar que se
produzcan menoscabos adicionales en el haber del quebrado, el cual deber ser
protegido y afianzado, para que responda por los créditos del deudor. Este
inciso está íntimamente relacionado con el d) que impone el deber de cobrar
judicial y extrajudicialmente los créditos a favor de la quiebra, obtener
la devolución de los bienes de ésta que se hallen en manos de terceros...,
el inciso i) contempla una excepción a esta hipótesis al señalar que el curador
debe “recibir todos los bienes que componen el acervo común. Aquellos bienes
que por no hallarse en el domicilio del concurso, estén depositados en terceras
personas, se mantendrán en depósito ya sea en manos de los mismos depositarios
o en otras, si así conviene a los intereses del concurso.
“...c) ... activar la tramitación de la quiebra...En
este caso se establece la obligación para el curador de mantener activo el
proceso de quiebra, gestionando su avance correcto hasta el final.
k) Una vez reconocidos los créditos y cada vez
que el concurso tenga una suma que represente por lo menos el 25 por ciento
del pasivo, el curador formulará un plan de distribución que someterá a la
Junta de Acreedores que al efecto se convoque. Esta obligación implica la
necesidad de que se lleven a cabo distribuciones de dinero a fin de que se
vayan cancelando en forma equitativa y paulatina los pasivos del deudor.
El inciso l) contiene un obligación cuyo incumplimiento
acarrea la destitución y consiste en que el curador cada vez que reciba dinero,
debe depositarlo a la orden del Juez, dentro del implacable término de 24
horas.
El párrafo final del artículo 876 es más específico
al señalar que: “Estas diligencias (refiriéndose a las indicadas en todos
los incisos) debe iniciarlas el curador dentro de los ocho días siguientes
a su aceptación; de no hacerlo, se revocará su nombramiento aún de oficio,
perdiendo todo derecho a percibir honorario alguno. En igual sanción incurrirá
el curador que habiendo iniciado las diligencias dentro del plazo indicado,
no las active debidamente a efecto de acelerar la tramitación del proceso.
El artículo 877 del Co. Com. dispone que el curador
propietario será independiente para el ejercicio de sus funciones de administración,
con cinco excepciones, que son:
1) Transigir o comprometer en árbitros
un negocio cuyo valor exceda de diez mil colones.
2) Vender extrajudicialmente bienes
inmuebles.
3) Reconocer la reivindicación de
bienes que valgan más de diez mil colones.
4) Renunciar a una prescripción u
otro derecho adquirido cuyo valor exceda de diez mil colones.
5) Continuar el negocio del quebrado.25
Cuando el curador quiera realizar alguna de esas
acciones el juez dará audiencia de la solicitud por tres días al deudor y
a los acreedores, y luego resolverá lo que corresponda.
El artículo 878 señala: “ Es obligación del curador
apersonarse, sin necesidad de autorización judicial, en la causa penal como
acusador (actualmente actor civil) con sus deberes y derechos y hasta poder
transar y conciliar) y al efecto aducirá la prueba pertinente; hará uso de
todos los recursos y defenderá el interés del concurso. Cualquier acreedor
o grupo de acreedores podrán apersonarse en cualquier tiempo en la causa penal,
y dentro de los términos legales, aportar prueba y hacer uso de los recursos
ordinarios o extraordinarios contra las resoluciones que consideren les causan
perjuicio. La inobservancia de parte del curador de la obligación que le impone
este artículo, da mérito para removerlo a solicitud de cualquier acreedor.”
Artículo 785 CPC, Incidente de Remoción
La remoción de que se habla en dicho numeral se
ve reforzada por la previsión del artículo 785 del CPC que al efecto señala:
“La remoción del curador se decretará de oficio o a solicitud de parte si:
... 2) A juicio del juez no cumpliere los deberes de su cargo con la corrección
y diligencia debidas... La remoción implicará la pérdida de los honorarios
y el impedimento para ser nombrado de nuevo en el mismo proceso.26
Sobre el incidente de remoción de albacea la jurisprudencia
ha señalado: “La resolución que acoge el incidente de remoción de albacea
de conformidad con la relación de los artículos 913 y 762 del CPC (hoy 936
y 785, por corrimiento de la numeración según lo dispuso la ley 7643) carece
de recurso de apelación, pues sólo admite revocatoria. Sin embargo debe tenerse
presente que esta jurisprudencia es anterior a la sentencia de la Sala Constitucional
ya indicada que declaró inconstitucional el párrafo final del artículo 785
que disponía: “Contra el auto en el que se decrete la remoción no habrá más
recurso que el de revocatoria.”
Curador contador
El artículo 881 Co. Com. dispone: “El curador
continuará la contabilidad, para los efectos de la liquidación de la quiebra.”
Debe asociarse esta norma con el 876 inciso a) que señala que el curador debe
recibir los libros de contabilidad. Este deber es esencial toda vez que las
obligaciones mercantiles y sus excepciones se prueban con la contabilidad
mercantil, según lo tiene previsto el artículo 431 inciso e) Co. Com. La duda
que salta a la vista es que siendo el curador primordialmente abogado, tal
y como ya lo hemos analizado, será necesario la contratación de personal especializado
que se encargue de esta labor con el consiguiente gasto adicional para el
concurso.27
Rendición exacta de cuentas
El artículo 882 Co. Com. dispone que si el curador
incurre en falsedad al momento de rendir sus informes, será destituido inmediatamente
por el juez y perderá sus honorarios a título de indemnización fija por daños
y perjuicios, aparte de las responsabilidades penales en que pueda haber incurrido.
También insiste en la rendición de cuentas el
artículo 784 del CPC que en lo conducente señala: “Cuando un curador cesare
en su cargo deberá rendir cuenta de su gestión en los ocho días siguientes,...
Si la cuenta fuere impugnada oportunamente, se tramitará dicha oposición con
el curador, por la vía incidental.”
Honorarios de Curador
El artículo 883 Co. Com. es el que establece los
honorarios del curador, fijándolos en un 5% de la cantidad que efectivamente
produzca el concurso. En cuanto a los curadores específicos que funcionan
como ya hemos visto en determinados casos, el juez les señalará su honorario,
que será pagado cuando hayan terminado su labor. Diferente sistema en cuanto
a este último extremo establece el Código Civil cuando el artículo 926 prescribe
que del 5% del total de los activos del concurso se extraerán los honorarios
para el curador propietario, el suplente y los específicos que lleguen a nombrarse.
JUNTA DE ACREEDORES. EL ÓRGANO DELIBERATIVO
La junta de acreedores está constituida por un
grupo de personas que persiguen un solo objetivo, cual es la liquidación del
patrimonio del deudor fallido y así satisfacer sus propios intereses económicos,
ésta delibera sobre ciertos asuntos y de ahí que no es un órgano de presencia
continua en el procedimiento de quiebra.
Se debe tener muy presente que en quiebra debe
prevalecer el principio de igualdad en la desigualdad en lo que al trato a
los acreedores se refiere.
Nuestro Código de Comercio, en su artículo 903
define a la Junta de Acreedores de la siguiente manera: “Las Juntas que celebren
los acreedores tendrán lugar en el juzgado respectivo, o en el local que el
mismo juzgado indique, bajo la presidencia del juez, quien dirigirá el debate
y tomará nota de los asistentes y de aquellos que se hagan representar, hará
el cómputo de los votos, y dentro de los tres días siguientes dictará resolución
en la que aprobarán o improbarán los acuerdos tomados, con explicación de
las razones de su decisión.”
De esta norma se desprende que dicha junta es
un órgano altamente dependiente de la autoridad del juez, ya que requiere
de su presencia para poder funcionar y será él quien deberá dictar la resolución
fundada donde se aprueban o no los acuerdos que en ella se tomen, lo que nos
parece correcto.
Dispone el 904 Co. Com.: para que este órgano
se constituya debe ser convocado al efecto tal y como lo describe el artículo
792 C:P.C., la convocatoria se hará por edicto que se publicará en el Boletín
Judicial, con no menos de ocho días de anticipación. Además la convocatoria
debe indicar las cuestiones que serán objeto de resolución. (Art. 905 Co.
Com.), esto a fin de evitar sorpresas y con el propósito de trazar una especie
de asuntos a tratar. Un caso concreto de esta situación lo representa el artículo
876 inciso ñ que señala: “… Son obligaciones del curador… ñ) Poner en conocimiento
del juez para que convoque a una Junta, cualquier proyecto de arreglo que
se proponga; …” y en igual sentido el 907 Co. Com. Dispone: “También se convocará
a los acreedores cuando el deudor, un acreedor o un tercero quieran proponer
un arreglo. En ese caso debe acompañarse el proyecto de arreglo para que lo
conozcan los acreedores antes de celebrar la junta.”
Lo que se busca con estas disposiciones es que
los acreedores tengan la oportunidad de conocer lo que se tratará en la junta
con suficiente anticipación a fin de que puedan prepararse y fundamentar una
posición determinada sobre los extremos a tratar.
El artículo 908 Co. Com. nos señala cuáles serán
las principales funciones de la Junta. “ Vencido el plazo para legalizar,
procederá:
a) Conocer y calificar
los créditos;
b) Autorizar cuando fuere
el caso al curador para llevar a cabo alguno o algunos de los actos comprendidos
en el artículo 877,28
El curador no necesita autorización para apersonarse en el juicio de calificación
de la quiebra. (Por el contrario como vimos líneas atrás ello constituye en
una obligación de su parte, impuesta por el 878 Co. Com.)
c) Acordar la continuación
de algún negocio del quebrado para facilitar la liquidación. Este acuerdo
no se ejecutará en tanto no esté firme el auto que lo autorice, (esto tiene
relación con el 877.5 Co. Com.) y
d) Conocer y resolver
las consultas o cuestiones que proponga el curador. (771 y 763 inc. g del
CPC)
Como se puede observar los temas a tratar por
una Junta de Acreedores pueden ser muy amplios y variados, de ahí la importancia
de la convocatoria previa a fin de que se conozca lo que será el orden del
día.
La Junta puede apartarse de la opinión del curador
sobre algún crédito, por otro lado si aquella llega a realizar una calificación
favorable con respecto a un crédito, el juez puede rechazarlo si no está debidamente
comprobado el derecho del acreedor, además el voto del crédito
rechazado no se computará.
(art. 909 Co. Com.)
Con respecto a la votación en la Junta, todo acreedor
cuyo crédito haya sido debidamente legalizado tendrá un voto, independientemente
del monto. En lo demás, los acuerdos se tomarán por voto personal y de capital.
El voto personal corresponderá a todo acreedor admitido; y el voto de capital
se formará dividiendo el capital representado, por el número de acreedores
admitidos. El cociente será el voto de capital. (art. 910 Co. Com.) Este sistema de votación parece ser justo e incluso
fue introducido por reforma llevada a cabo en 1989.
La junta convocada legalmente se llevará a cabo
si concurren dos o más acreedores, y las resoluciones que por mayoría adopten
serán obligatorias para los acreedores de la minoría, lo mismo que para los
que no concurrieron a la junta, salvo que se trate de un acuerdo ilegal. (art.
911 Co. Com.)
A la junta podrán concurrir los acreedores con
sus abogados. También los acreedores podrán hacerse representar por medio
de carta-poder otorgada a otro acreedor o a un abogado. La carta-poder es
un mandato especial para cada junta, se extiende en papel simple con los timbres
correspondientes firmada por el mandante y refrendada por dos testigos, o
por un abogado o notario. (art. 912 Co. Com.) Esta norma tiene relación
con el 118 CPC y el 1289 CC)
Luego de la Junta de calificación de créditos
puede realizarse otra en la que se conozca del arreglo o convenio con el deudor,
ya que sólo los créditos admitidos y aprobados por auto firme pueden concurrir
a esa junta con la exclusión referida en el artículo 938 Co. Com. y el acuerdo
que imponga el arreglo debe ser tomado por el voto de capital que represente
por los menos las tres cuartas partes del pasivo. No se tomarán en cuenta
el voto de capital para el cómputo respectivo, de los acreedores cuyo crédito
no alcance el cociente de capital necesario para tomar parte en la votación.
(art. 913 Co.
Com.).
La junta quedará registrada en un acta (art. 914
Co. Com.) donde se recogerán las firmas de los presentes, así como del curador
y el secretario. La denominación de este funcionario fue cambiada recientemente,
lo que sin embargo no significa ningún tropiezo para la confección del acta
respectiva.
Cuando un acreedor ha sido impugnado, mientras
se tramita su demanda dentro de la quiebra, no tendrá voz, voto, ni intervención
alguna, pero el curador, al distribuir el activo, lo tomará en cuenta al reservar
el dividendo respectivo a fin de que el juzgado lo entregue a quien corresponda,
conforme lo que se resuelva en sentencia definitiva. (art. 915 Co. Com. relacionado
con el 752 párrafo 3, 753 párrafo 1° y 775 del CPC)
CONCLUSIONES
Del estudio realizado se desprende que el órgano
más importante de la quiebra lo es el Juez, ya que es él quien dirige y finalmente
aprueba las actuaciones y acuerdos de los otros órganos, tales como el curador
y la junta de acreedores. Esto es lógico, porque el juez representa la imparcialidad,
sobre todo en un proceso donde tantos intereses están mezclados y muchos se
contraponen entre sí, de ahí que es necesario que exista una figura de autoridad
que sea quien decide finalmente lo más conveniente para la masa de acreedores
y para el deudor, sin perjuicio de que los involucrados puedan recurrir de
sus decisiones.
Es importante resaltar, que este procedimiento
es sumamente importante para mantener la buena salud y el dinamismo de la
economía de una nación de ahí que su tramitación y regulación sea un asunto
de sumo cuidado.
Lo que se desea al final de cuentas, es que se
llegue a una solución de una situación sumamente delicada y que las partes
obtengan la mejor tutela posible de sus intereses, tanto por parte del Estado
como por parte de ellos mismos.
En la legislación costarricense el curador viene
a ser un órgano fundamental y realmente estimamos que el hecho de que se señale
que debe ser abogado no es positivo, porque en muchas ocasiones para el proceso
de quiebra es más favorable la designación de un Contador Público Autorizado
o un Economista que un profesional en derecho, el cual siempre puede estar
presente ya sea como director o como asesor legal del curador. Esto sobre
todo teniendo presente que el curador debe llevar libros de contabilidad,
recibir y rendir informes económicos y obtener cuentas, réditos y asignar
partidas lo que no es fácil para la mayoría de los abogados, lo que motiva
que tengan que contratar personal auxiliar y ello al final representa una
carga adicional para el haber en la Quiebra.
Una vez llevado a cabo el análisis de los órganos
de la Quiebra, podemos concluir que la regulación de este proceso está dispersa
en el Código de Comercio, el Código Civil y el Procesal Civil, lo que no deja
de ser un inconveniente práctico para el buen funcionamiento de este proceso.
Lo ideal sería que dicha normativa estuviera concentrada
en un solo cuerpo legal, por lo menos la parte sustantiva y que de ésta se
excluyeran todas las normas procesales que quedarían incorporadas al código
de rito.
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