Introducción
La codificación francesa preparó el panorama
del Derecho privado en el siglo XIX y XX. El desarrollo del derecho civil
a partir del código francés (1804) ha sido el modelo a seguir
por parte de nuestros legisladores. Si aunamos a esta historia el legado romano
de derecho civil, podríamos llegar a la conclusión general de
que nuestro código civil tiene más de dos mil años de
existencia en la mayoría de materias que lo gobiernan.
Las circunstancias variaron con el transcurso del tiempo. La expansión
mercantil de las naciones obligó a la búsqueda de formas contractuales
que permitieran adecuar sus necesidades a los nuevos modelos, de está
manera el desarrollo del derecho comercial regido por las reglas regionales
y la costumbre, dejó en abandono a un derecho civil normativo muchas
veces disímil entre los países y en algunos casos anquilosado
para la resolución de conflictos con carácter internacional.
Hoy como consecuencia del vasto patrimonio normativo dejado por nuestros predecesores
en estas materias y en un sistema de comercio globalizado, cada vez resulta
más compleja la interpretación de las reglas que intervienen
en el contrato. En este contexto, es conveniente buscar el equilibrio en la
resolución de los conflictos derivados de las relaciones contractuales.
No es reciente el interés de organismos internacionales por unificar
u uniformar la legislación en materia de derecho privado y de esta
manera lograr esa aquiescencia en el ámbito del derecho internacional
que proporcione seguridad jurídica a las negociaciones comerciales
y a los diferentes actores que intervienen en el mercado internacional.
La idea unificadora tiene importantes antecedentes. Por ejemplo el Código
suizo de las obligaciones -a partir del año 1881- incorporado por Argentina
en el Código Civil de 1912, aceptado por Túnez (1906), Marruecos
(1912), Turquía (1926), Líbano (1934), Polonia (1934), Madagascar
(1966), Senegal (1967) y, comprendiendo materia civil y comercial, por los
códigos civiles de Italia (1942), Unión Soviética (1964),
Perú (1984), Paraguay (1987), Cuba (1988), Holanda (1992), Mongolia
(1994), Vietnam (1995), Federación Rusa (1994), así como por
los Códigos únicos en lo civil y comercial de China (Taiwán)
y del reino de Tailandia, y por Los Principios Generales del Derecho Civil
de la República Popular China, de 1987. El Código Civil de Québec
de 1992 transita un camino semejante, cuanto introduce normas propias del
Derecho de consumo. En el sistema anglosajón la unificación
rige desde el siglo XVIII, con dos características particulares: las
reglas comerciales predominan por sobre las civiles, y subsisten normas especiales
para ciertas figuras mercantiles.
Por su parte, la Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Mercantil Internacional (UNCITRAL) elaboró en 1980 la Convención
de Viena sobre Compraventa Internacional de Mercaderías, introduciendo
diversas soluciones ajustadas al Derecho de los países más desarrollados,
reflejadas también en los Principios de UNIDROIT, en el Anteproyecto
de Código Europeo de Contratos y en los Principios del Derecho Europeo
de Contratos.
1
La unificación no busca la desaparición del Derecho Civil y
Comercial, sino busca construir criterios homogéneos de interpretación
que proporcionen una mayor seguridad jurídica a escala internacional.
Cabe destacar que unificar criterios reviste especial interés cuando
se acude a medios alternativos de resolución de conflictos, es por
eso que en Costa Rica, Centros de Conciliación y Arbitraje como la
Cámara de Comercio son pioneros en la aplicación de instrumentos
como los previstos por el Instituto para la Unificación del Derecho
Privado, los cuales se han venido utilizando como fuente de derecho vivo en
nuestro país.
La materia de propiedad intelectual no escapa ha estos intentos unificadores,
por el alto valor que reviste en la nueva sociedad de la información.
Juega un papel económico importante en las estructuras de desarrollo
de los países más avanzados, quienes son los mayoritariamente
interesados en la tutela para este tipo de bienes inmateriales.
Organismos internacionales como la Organización Mundial para la Protección
de la Propiedad Intelectual perteneciente a la Organización Mundial
de Comercio (OMC) y su antecesor el Acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros
y Comercio (GATT), principalmente han planteado la necesidad de una regulación
en esta materia y de proporcionar modelos tipo para la creación de
legislación interna en aquellos países que no la poseen.
En el desarrollo de este artículo, nuestro interés será
analizar principalmente la rama de la Propiedad Intelectual que conocemos
como Propiedad Industrial y dentro de ésta el tema del secreto industrial
(“know how”) a la luz de la legislación nacional existente
en esa materia y los Principios de UNIDROIT (Instituto Internacional para
la Unificación del Derecho Privado). Muchos de estos principios están
ya contenidos en nuestra legislación, esto nos lleva a comentar aquellos
que demuestran alguna particularidad importante para la solución de
conflictos internacionales en materia de “know how”.
1. Principios de Contratos Comerciales
Internacionales
El sistema de globalización mundial, obliga a las naciones a la búsqueda
de mecanismos contractuales que no se opongan entre sí y proporcionen
certeza a las relaciones de Derecho Internacional Privado. Con el surgimiento
de nuevos mercados controlados por las grandes potencias económicas
se exige a los países subdesarrollados unificar sus legislaciones para
adaptarse a las nuevas tendencias mundiales.
El desarrollo de la industria y del comercio requieren de modalidades contractuales
ágiles y seguras, de ello se desprende que el Derecho Comercial y la
legislación nacional muchas veces resultan insuficientes, lo que hace
necesario consolidar criterios que permitan integrar e interpretar los contratos
y convenios, para que así su aceptación sea válida en
la mayor cantidad de naciones.
Los principios de Contratos Comerciales Internacionales (UNIDROIT) pretenden
alcanzar un acuerdo entre las tradiciones legales y las condiciones económicas
y políticas de los países en los que ellos serán utilizados,
y de esta manera convertirse en marco de referencia para las comunidades comerciales
y legales internacionales. Estos principios parten de criterios generales
para los contratos comerciales internacionales aplicados a través de
los años. Son utilizados cuando las partes acuerdan su uso dentro de
un contrato. Empero no son un instrumento de protección, en consecuencia
su aceptación dependerá de lo persuasivo que resulte para las
partes su aplicación. .
“...el objetivo de los Principios de UNIDROIT es establecer
un conjunto equilibrado de reglas destinadas a ser utilizadas en todo el mundo,
inde-pendientemente de las específicas condiciones económicas
y políticas de los países en que vengan aplicados”.2
Los Principios de UNIDROIT, tienen como uno de sus objetivos interpretar e
incluso sustituir los textos legales nacionales en los cuales no exista acuerdo
unánime en su razonamiento.
1.1 Surgimiento de los Principios
de UNIDROIT
El Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado
(UNIDROIT), es una organización no gubernamental con sede en Roma,
Italia, es el encargado de reproducir y publicar los Principios de Contratos
Comerciales Internacionales. Para el año de 1994 da a conocer un compendio
de principios elaborados por un grupo de trabajo integrado por profesores,
magistrados, juristas connotados de los cinco continentes y delegados de alto
rango, pertenecientes a los principales sistemas jurídicos del mundo
dándole así su carácter internacional.
El objetivo de los Principios de UNIDROIT es establecer un conjunto equilibrado
de reglas destinadas a ser utilizadas en todo el mundo, independientemente
de las condiciones económicas y políticas de los países
en que se aplican. Aspiran establecer reglas generales aplicables a contratos
mercantiles internacionales y actuar como “principios generales del
Derecho” o como “Lex Mercatoria”, y así, servir de
modelo para la legislación nacional e internacional o para ser utilizados
por los particulares.
La Convención de UNIDROIT sobre “leasing”, entre muchos
otros proyectos internacionales; y la XVI Jornadas Nacionales de Derecho Civil
(Buenos Aires, 1997) consideraron que:“...a los contratos internacionales
resultan aplicables, como criterios de interpretación, los Principios
de UNIDROIT sobre contratación internacional”3.
Estos principios proporcionan una solución a los problemas surgidos
cuando se demuestra que es imposible establecer la regla pertinente de ley
aplicable, o para interpretar o comple-mentar instrumentos de derecho internacional.
No obstante, los principios no pueden restringir la aplicación de reglas
obligatorias nacionales, internacionales o de origen supranacional que sean
aplicables de acuerdo con las reglas pertinentes del Derecho Internacional
Privado.
El Convenio enuncia los derechos y obligaciones de las partes teniendo en
cuenta las prácticas contractuales leales más frecuentes que
se han desarrollado en los diferentes campos de la contratación. La
aplicación del convenio está sometida a tres condiciones: en
primer lugar, que las partes tengan su sede en países diferentes (condición
de internacionalidad); en segundo lugar, que los países sean partes
del Convenio (situación ésta aún bastante improbable
en virtud del escaso número de adhesiones hasta ahora logradas), o
que el contrato este regido por la legislación de uno de los Estados
contratante (es el que se presenta con más frecuencia) y como tercera
opción que las partes contratantes elijan en forma libre su aplicación.
En todo caso existe la posibilidad de evitar, en el marco de sus relaciones
particulares la aplicación de algunas disposiciones.
2. Secreto Industrial
Nuestro país bajo presiones internacionales se vio en la obligación
de crear una ley que tutelara la protección y defensa del secreto industrial,
y aprobó la Ley 7975 el 4 de enero del 2000 Ley de Información
no divulgada, dirigida a proteger la información relacionada con secretos
comerciales o industriales de particulares, y tendiente a tutelar la transferencia
y divulgación no autorizada de datos, que consten incluso en formato
electrónico. Esta legislación aún no ha sido sometida
a consultas o acciones de inconstitucionalidad y los escasos pronun-ciamientos
realizados por la Procuraduría General de la República no abordan
ade-cuadamente el tema, por esta razón no ha surgido jurisprudencia
alguna en el ámbito nacional que aborde la materia.
El tema es novedoso y desconocido incluso para los legisladores quienes se
limitan a tomar modelos tipo establecidos por la Organización Mundial
para la Protección de la Propiedad Intelectual, (organización
perte-neciente a la OMC y encargada de unificar las normas que regulan esta
materia), prueba de esto es el nombre impreciso dado a la ley, técnicamente
la ley debería llamarse Ley de Protección al Secreto industrial
y no referirse a temas tan variados como los contenidos en el concepto de
información.
2.1 El “know how”
y los contratos atípicos
El “know how” es sinónimo de secreto industrial, de trasferencia
de tecnología; es un saber hacer, un conocimiento aplicable a cualquier
rama de la tecnología o la industria que posea un valor económico
importante. Se refiere al manejo de técnicas, combinación de
experiencias, información y comprensión de las técnicas
requeridas en un proceso industrial que son secretos para terceros.
Comprende la totalidad de las experiencias propias de fabricación y
de explotación, los conocimientos y experiencias comerciales con prescindencia
de sí éstas están escritas o no, y sean conocidas solamente
por un círculo estrictamente limitado de personas, cuando por voluntad
manifiesta o reconocible del dueño del establecimiento, ha de ser mantenido
en secreto en virtud de un interés justificado (caracterizado por la
naturaleza comercial del objeto)4.
El “know how” puede constituir un elemento accesorio a otros contratos.
En el caso del franchising es ostensible en la utilización de marcas
de fábrica y en la trasferencia de distintivos y enseñas propias,
asistencia técnica, publicidad y forma de comercialización del
producto. Generalmente los arreglos de franquicia están sujetos a un
número considerable de leyes adicionales y separadas. La primera categoría
incluye las leyes y regulaciones que son en general aplicables todo tipo de
contratos, la segunda aquéllas que son ajustables al contrato específico,
en el caso de aquel país que lo regule positivamente. Se hace evidente
que el convenio de franquicia comercial no puede funcionar adecuadamente en
una legislación general de contratos sin una ley ordenada, en donde
los derechos de propiedad intelectual preserven la confianza en la utilización
del secreto industrial objeto del contrato, de ahí la necesidad de
unificar criterios que regulen convenientemente la materia.
El contrato de “factoring” es otro de los contratos comerciales
internacionales donde el “know how” se encuentra presente. Está
inmerso en una relación de confianza y seguridad, debido a que tanto
el factor como su cliente deben recíprocamente brindarse información
que facilite la relación, en este caso el cliente muchas veces tendrá
que proporcionar al factor información no pública (secreta)
haciéndose necesario que el factor se comprometa a no divulgarla. Esta
información puede incluir listas de clientes, formas de ventas, mercadeo,
etc. consideradas secretos objeto de tutela jurídica. La convención
UNIDROIT sobre Factoring Internacional (Ottawa, 28 de mayo 1988) reconoció
la importancia de esta modalidad contractual y promueve la adopción
de reglas uniformes que proporcionen un armazón legal que mantenga
un equilibrio de intereses entre las partes, suscitando la uniformidad en
su aplicación y la observancia de la buena fe en el comercio internacional.
Por último encontramos manifestaciones de “know how” en
las aventuras compartidas (“joint venture”) que se usan frecuentemente
en la expansión internacional de sistemas de franquicia, particularmente
en situaciones donde las compañías locales carecen de medios
financieros, por lo que deben recurrir a compartir su “know how”
y medios con otras compañías.
La convención UNIDROIT sobre Arren-damiento Financiero Internacional
(Ottawa, 28 el 1988 de mayo), reconoce la conveniencia de formular reglas
uniformes que relacionen el derecho civil con aspectos del derecho comercial,
como idea unificadora de este tipo de contrato La importancia que reviste
el “know how” es patente cuando la tecnología es la contribución
por excelencia. La forma de utilización de esta tecnología en
el caso del “leasing” posibilita adquirir tecnología de
punta y hace evolucionar modelos de empréstito más dinámicos
y seguros para quienes desean obtenerlos.
2.2 Normativa costarricense
La poca legislación específica en tema de “know how”,
además de su semejanza con otras figuras, permite la aplicación
de reglas analógicas. Las normas generales sobre negocios jurídicos,
contratos y contratos sinalagmáticos, suplen los vacíos que
existen en la legislación y son fuente informadora de este contrato,
sin olvidar los principios UNIDROIT a los cuales puede recurrir él
interprete del convenio.
La Ley 7975 regula las disposiciones de datos, pruebas u otros hechos no divulgados
como condición para aprobar la comer-cialización de productos
farmacéuticos o agroquímicos, dichos datos se protegerán
contra todo uso comercial desleal y toda divulgación; salvo cuando
el uso de tales datos se requieran para proteger al público o cuando
se adopten medidas para garantizar la protección contra todo uso comercial
desleal. Esta ley busca contribuir y promover la innovación tecnológica
y la transferencia y difusión de tecnología, en beneficio recíproco
de productores y usuarios, de modo que se favorezca el bienestar socioeconómico,
así como el equilibrio de derechos y obligaciones.
En materia de secreto industrial, en nuestro país solamente existían
disposiciones aisladas; contempladas en algunos artículos del Código
Penal, y el Código de Trabajo, en este último está estipulado
como obligación de los trabajadores, guardar rigurosamente los secretos
técnicos, comerciales o de fabricación de los productos a cuya
elaboración concurran directa o indirectamente, o de los cuales tengan
conocimiento por razón del trabajo que ejecuten; así como de
los asuntos admi-nistrativos reservados, cuya divulgación pueda causar
perjuicios al patrono) 5.
Otra norma la encontramos en la Ley de Promoción de la Competencia
y Defensa Efectiva del Consumidor 7472,6
a través de la prohibición de la competencia desleal. Esta regulación
era insuficiente por encontrarse en una ley que abarcaba materias muy diversas
.
Encontramos normas aisladas en materia de secretos comerciales, en la Ley
de Biodi-versidad 7778 de 1998, donde el Estado está obligado a otorgar
la protección a las formas de conocimiento e innovación, mediante
patentes, secretos comerciales, derechos de autor, derechos intelectuales
comunitarios sui generis, etc 7.
Como puede observarse no existía un concepto ni una regulación
integral sobre secreto industrial hasta la aprobación de la Ley de
Información no Divulgada. Cuando se promulga la Ley 7975 del 18 de
enero del 2000, se disponen normas para determinar el ámbito de protección
y la información excluida de la misma; y se establecen las condiciones
para autorizar su uso a terceros, las formas de adquisición o divulgación
sin consentimiento del titular; se regula la responsabilidad y confidencialidad
en las relaciones laborales o comerciales; y se protege los datos sumi-nistrados
para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos
o agroquímicos y la información no divulgada por parte de las
autoridades administrativas y judiciales en los respectivos procedimientos.
El ordenamiento concede protección a todo tipo de información
que constituye para su titular una ventaja competitiva frente a terceros y
brinda la protección al poseedor del secreto cuando éste le
es arrebatado de una forma contraria a la ley y a las buenas costumbres por
un tercero8.
2.3 Protección Internacional
En el ámbito internacional uno de los instrumentos que hace referencia
al tema del secreto industrial es la Convención de Derecho Internacional
Privado (Código de Bustamante). En su artículo 108 indica que
los derechos de propiedad intelectual, industrial y análogos a estos,
que posean un valor económico, se consideran situados donde se hayan
registrado oficialmente. Por su parte el artículo 115 de ese cuerpo
normativo remite a los convenios internacionales presentes y futuros, a falta
de ellos indica que su obtención y disfrute, así como su registro
quedarán sometidos al derecho local9.
El 1 de junio de 1968, los países centro-americanos suscribieron el
Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial
que entró en vigor para Costa Rica el 27 de mayo de 1975. Más
adelante, el 30 de noviembre de 1994 los países de la región
suscribieron un Protocolo de modificación al Convenio referido en el
párrafo anterior, el cual sufrió una enmienda mediante un Protocolo
suscrito el 19 de noviembre de 1997 y el 26 de marzo de 1998.
El Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial,
contenía disposiciones inconsistentes con el Acuerdo sobre los Aspectos
de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC,
siglas en ingles) de la Organización Mundial del Comercio (OMC), por
lo cual los Estados de la región interesados en cumplir con los compromisos
derivados del ADPIC en materia de propiedad intelectual y en adecuar sus legislaciones
nacionales en esta materia se comprometieron a introducir las modificaciones
correspondientes en sus legislaciones a más tardar el 1 de enero del
año 2000.
Los Estados de la Región Centro-americana con la finalidad de adoptar
un régimen común en materia de protección de la propiedad
intelectual, derogan a partir del 1 de enero del año 2000 el Convenio
Centro-americano para la Protección de la Propiedad Industrial suscrito
el 1 de junio de 1968, de conformidad con lo establecido en los artículos
54, 65 y 70 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.
Asimismo, acuerdan que una vez adoptada la nueva legislación los Estados
contratantes iniciarán las gestiones para establecer un régimen
común de propiedad intelectual.
En Costa Rica recientemente se han tomado medidas para asegurar el efectivo
cumplimiento de la normativa en materia de propiedad intelectual, con el fin
de excluirse de la Lista de Observación Prioritaria de la Oficina del
Representante Comercial de los Estados Unidos. El 26 de febrero del 2002 el
Gobierno de la República anunció la creación de una comisión
interinstitucional que se encargará de definir los mecanismos de protección
y promoción de los derechos de propiedad intelectual. Esta comisión
estaría integrada además, por funcionarios judiciales y tendría
el apoyo del sector privado. Con la creación de esta comisión
el Gobierno pretende promover acciones preventivas y represivas contra los
que violan la propiedad intelectual, así como desarrollar campañas
educativas masivas para informar sobre los alcances de la normativa y sus
sanciones. Adicionalmente, se anunció que ya está listo el reglamento
de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de la Propiedad
Intelectual, junto con el correspondiente a la Ley de Marcas, mientras que
el reglamento a la Ley de Información no Divulgada ya está próximo.
Actualmente, la materia del secreto industrial está normada internacionalmente
por medio de los convenios de la OMPI sobre propiedad intelectual e industrial
los cuales en su mayoría han sido aprobados por nuestro país.
3. Los Principios de UNIDROIT
en la resolución
de conflictos de know how
Como se pudo observar, nuestro país tiene poca trayectoria legal en
materia de propiedad industrial, hasta hace poco tiempo el tema estaba disperso
en varias leyes y sólo recientemente Costa Rica se ha ajustado a los
requerimientos internacionales.
Sobre la nueva normativa aprobada no existe jurisprudencia orientadora que
venga a solventar los vacíos legales y sirva como criterio interpretativo
de la ley. En esta coyuntura los principios de UNIDROIT proporcionan un marco
de referencia para la elaboración de contratos de know how los cuales
la mayoría de las veces, tienen implicaciones en el ámbito internacional
y sus actores son personas físicas o jurídicas de diferentes
países. Asimismo, orientan al juzgador que resuelve los conflictos
que acaecen con ocasión de este tipo de contrato.
Los Principios de UNIDROIT sientan un punto esencial de referencia al diseñar
provisiones pertinentes de instrumentos internacionales. Desde su aparición
en 1994 ha sido inmediata su aplicación por los tribunales y árbitros
cuando han debido adoptar decisiones relativas a contratos interna-cionales,
constituyéndose en una gran herramienta de ayuda.
La utilización de estos principios en la solución de controversias
producidas en contratos evitaría un proceso largo y complejo por lo
congestionado el sistema judicial de la mayoría de los países.
Las partes que adopten este procedimiento por la vía del arbitraje
encontrarían como beneficio la confi-dencialidad que proporcionan las
instituciones encargadas de resolver estos conflictos, con la garantía
de conservación de la información contenida en ellos.
El compendio de UNIDROIT facilita la solución de conflictos ocurridos
con ocasión de un contrato de know how, prevé que las partes
contratantes van a estar limitadas por los usos y costumbres conocidos ampliamente,
y regularmente observados en comercio internacional, excepto cuando la aplicación
de tal uso sea irrazonable. Como ya se indicó, la mayoría de
estos contratos nacen en el ámbito del comercio internacional donde
las reglas imperantes se transforman constantemente atendiendo a las necesidades
de los mercados, es por ello que los usos y prácticas comerciales son
exigencias impuestas por la justicia y la equidad en la solución de
éstos y otros conflictos legales internacionales.
El deber de conducirse de buena fe y la lealtad en el cumplimiento de un contrato
de know how constituye un principio de gran importancia. Del acatamiento de
estas reglas de conducta va a depender la conservación de los secretos
industriales que sean objeto del contrato. Las partes contratantes están
obligadas a conducirse de acuerdo a estas reglas, limitar o excluir este deber
implicaría desconocer uno los ejes fundamentales por los cuales debe
regirse el comercio internacional.
Los principios UNIDROIT se refieren al carácter imperativo de conducirse
conforme al deber de buena fe y enfatizan en que las partes no pueden excluirlo.
Es decir, imponen estándares mínimos a la libertad contractual,
pero nada impide a las partes establecer en su contrato parámetros
más rígidos de comportamiento.
Una de las disposiciones de UNIDROIT que más se aplica a los contratos
de know how es el deber de confidencialidad, éste deber existe incluso
en la etapa pre -contractual es decir antes de que el contrato se celebre.
Es evidente que cuando la información se da como confidencial por una
de las partes en el curso de las negociaciones para la celebración
de un contrato, la otra parte está bajo un deber de no descubrir esa
información o usarla inade-cuadamente para sus propios propósitos
si el contrato no llega a formalizarse. El compendio UNIDROIT incluye una
obligación de compensación como remedio para paliar la brecha
surgida por el incumplimiento de ese deber, la cual puede fijarse con base
en el beneficio recibido por la otra parte.
UNIDROIT distingue las obligaciones contrac-tuales de las partes, las cuales
pueden ser expresas o implícitas. Las obligaciones implícitas
provienen de la naturaleza y propósito del contrato; los usos y las
prácticas que se establecieron entre las partes; la fe buena y el trato
justo; y la racionalidad. Estas obliga-ciones en un contrato de “know
how “ van dirigidas a regular y limitar la utilización del secreto
industrial por la parte contratante y están estrechamente ligadas al
deber de confidencialidad antes referido.
Como lo hemos visto, los contratos de “know how” revisten un carácter
de internacionalidad. Es usual acordar que el convenio tenga dos o más
versiones oficiales en idiomas diferentes cuando las partes contra-tantes
provienen de países diversos, por ello en ocasiones surgen conflictos
de interpretación del contenido debido a las variaciones lingüísticas,
para resolver este tipo de controversia UNIDROIT da preferencia para la interpretación
a la versión en la cual el contrato era originalmente impulsado.
El compendio UNIDROIT no exige concluir un contrato escrito, permite que pueda
ser demostrado por cualquier medio, incluyendo la prueba testimonial. En este
sentido es más abierto que criterios seguidos por la normativa costarricense,
ejemplo de ello es el Artículo 351CPC donde no es admitida la prueba
testimonial para demostrar aquellos contratos cuyo objeto tengan un valor
mayor al 10% de la suma mínima que se haya fijado para la procedencia
del recurso de casación. Además facilita la posibilidad a las
partes de excluir su aplicación, derogarlos o variar el efecto de cualquiera
de sus disposiciones, excepto que se pacte de otra forma en una cláusula
contractual elaborada con apego a los principios.
Como pudo observarse, algunas de las disposiciones de UNIDROIT introducen
criterios innovadores de interpretación de los contratos comerciales,
que facilitan la solución de los conflictos surgidos en desenvolvimiento
de contratos de “know how”.
Conclusiones
Como fenómeno biológico la necesidad crea nuevas estructuras,
ésta hace que los organismos sufran las mutaciones necesarias que les
permitan seguir compitiendo con los más fuertes y evolucionados. El
derecho comercial al igual que un organismo biológico se mueve hacia
la creación de modelos más desarrollados de contratación
comercial, buscando la armonía con las circunstancias socio-económicas
actuales, muta hacia la unificación del Derecho Civil y el Derecho
comercial, esto no significa, la absorción de uno en el otro, sino
tan solo la unión sustancial de ambos, exigida por la vida negocial
moderna.
Los Códigos Civil y de Comercio han soportado reformas significativas
a lo largo del tiempo por una multitud de leyes especiales, empero han quedado
indemnes algunos sectores, que prevén soluciones muchas veces anticuadas
para la coyuntura vigente.
El derecho es una actividad del hombre, por consiguiente sigue el camino que
determinan los acontecimientos que lo rodean. La globalización produce
a cada momento, algún hecho nuevo que repercute en el comportamiento
humano, el principal reflejo de esto lo encontramos en la forma de contra-tación,
que conjuntamente con el derecho de propiedad constituyen la base fundamental
de un sistema de derecho.
La necesidad de modernización de la materia contractual no requiere
explicación, hay clara conciencia de ello entre los juristas y las
personas que intervienen en el comercio internacional. Si las formas de comercio
cambian, la ley debe ser interpretada bajo las actuales circunstancias siendo
conveniente sentar principios de validez universal que rompa la barrera nacional
de aceptación.
El contrato de “know how” es uno de los contratos donde es más
notoria la necesidad de avanzar hacia criterios uniformes de inter-pretación
por la trascendencia económica de su objeto. En materia de “know
how” no se ha creado jurisprudencia por parte de los tribunales, ni
ha surgido abundante doctrina de autores nacionales, por lo cual la utilización
de criterios orientadores como los principios de UNIDROIT, empleados en Centros
de Conci-liación y Arbitraje, permitiría una solución
más pronta y efectiva de los conflictos que la que podríamos
obtener en sede judicial.
Desgraciadamente la poca cultura que poseemos en cuanto a la resolución
alternativa de conflictos, hace que las partes muchas veces no acepten como
valedera los laudos otorgados por los árbitros y recurran a la acción
de nulidad como ultima instancia, desvirtuando el objetivo primordial de la
figura. Otra de las dificultades en la aplicación de institutos como
los que proporciona UNIDROIT, radica en el hecho de que el país no
se ha adherido al tratado internacional que lo instaura. Paralelamente es
evidente un desconocimiento por parte de nuestros juristas no sólo
de las disposiciones de los principios de contratos comerciales interna-cionales
sino en general de los temas de propiedad intelectual e industrial.
