ACTA N°9-2006

CONSEJO DIRECTIVO DE LA ESCUELA JUDICIAL, San José, a las ocho horas con cuarenta  minutos del  trece de junio del año dos mil seis. Se inicia la presente sesión ordinaria con la asistencia de la Magistrada Ana Virginia Calzada Miranda, quien preside; Dr. Alfredo Chirino Sánchez, Director de la Escuela Judicial; Lic. Francisco Dall’Anese Ruiz Fiscal General de la República; Lic. Horacio González Quiroga, Juez Tribunal Superior Contencioso Administrativo;  Licda. Marta Iris Muñoz Cascante,   Jefa de la Defensa Pública;  Dr. Víctor Ardón Acosta, Juez Tribunal Superior de Trabajo, el MBA. Francisco Arroyo Meléndez, Jefe Departamento de Personal y la Licda. Odalia Campos, Secretaria  de la Escuela Judicial. El Lic. Francisco Segura Subdirector del Organismo de Investigación Judicial y se excusó.

ESCUELA JUDICIAL

ARTICULO I

Se aprueba el  acta N°8-2006 del 5 junio  de 2006.

ARTICULO II

El Dr. Alfredo Chirino Sánchez, le explica brevemente al Lic. Francisco Dall’Anese Ruiz 
el  documento “ Anteproyecto de Nueva Ley de la Escuela Judicial” que se entregó en la sesión N°8-2006, artículo III del 5 de junio de 2006.  

Manifiesta que el informe fue elaborado con gran esfuerzo  por el Lic. Otto González Vílchez, abogado de la Escuela, tomando como insumos diversos proyectos que ya se conocían previamente, así como legislación comparada.  Sin embargo, indica Don Alfredo que el proyecto, tal y como está, reglamenta demasiado las relaciones entre los órganos de la Escuela, y esto podría convertirlo en un modelo que no sería deseable como propuesta de legislación para la Escuela.  Indica que tanto la Dirección como la Sub Dirección trabajarán un diagrama de los principales temas que la Ley debería contener, manteniendo el ideal de concreción que una normativa como esta debe tener, así como la suficiente flexibilidad para adelantarse a coyunturas y dificultades que podrían dificultar el trabajo futuro de esta dependencia.  En especial, subraya el Director, debe dársele especial interés a las competencias que se le han de otorgar al Consejo Directivo y a la Dirección de la Escuela, con el fin de que puedan cumplir su trabajo de la mejor manera posible.  Menciona don Alfredo, que en la reflexión que se ha dado a lo interno sobre la posible normativa a proponer, se ha tratado  de  no perder la línea, que en su momento, propuso el  Lic. Dall’Anese en el diseño propuesto en su trabajo de consultoría.  Obviamente han cambiado algunas circunstancias desde que se hizo la primera definición en 1998, por lo que resulta indispensable redefinir algunos temas.

En cuanto al modelo seguido por el proyecto realizado por el Lic. González, indica don Alfredo que tiene como parámetro importante el modelo español, el cual se caracteriza por una reglamentación al detalle de muchos temas del trabajo cotidiano de la Escuela Judicial, en sus relaciones con los órganos del Consejo General del Poder Judicial de ese país.  Quizá es por ello que la línea seguida en la propuesta pretenda clarificar en gran detalle las relaciones entre los diversos entes involucrados en la capacitación judicial, lo que podría llevar a una acción demasiado delimitada y poco flexible. El Director apunta que a él le parece que lejos de buscar una limitación tan profunda en nuestras tareas, deberíamos buscar una mayor autonomía en las decisiones.  Esto último, además, concuerda con las decisiones tomadas, en su momento, por Corte Plena en las diversas reuniones que se realizaron para repensar el papel de la Escuela Judicial, su organización y su papel a lo interno del Poder Judicial.  Estos documentos indican que la Escuela debe tener mayor autonomía, desarrollar una labor de ente rector de la capacitación, y establecer nuevos canales de comunicación y organización con las unidades de capacitación.

El MBA. Francisco Arroyo indica que, así las cosas, puede considerar  este documento como un insumo que eventualmente será modificado.  Sin embargo, manifiesta que tiene algunas observaciones al mismo que podría aportar para su análisis.

El Lic. Francisco Dall’Anese afirma que en 1998,  cuando trabajó con el Proyecto del BID en el Programa de Reestructuración de la Escuela, la recomendación que daba el director de la Escuela Judicial de Francia, era que el Consejo Directivo fuera  un ente muy fuerte, pero además interinstitucional,  ya que eso le daría más autonomía.  Agrega que del año 1998 para atrás,  muchas veces el Consejo Directivo aprobaba un programa y luego los magistrados ordenaban hacer otras labores sobre la marcha, lo que causaba grandes problemas y se trató de buscar una solución.  No obstante,  considera que esto depende mucho de la personalidad del magistrado que esté frente al Consejo,  porque así defenderá la autonomía de la Escuela o se plegará a las peticiones que le hagan.  El problema es que esto institucionalmente no conviene que sea un asunto personalista,  sino que debe ser un asunto institucional, la recomendación de ellos era que el Consejo Directivo estuviera integrado por jerarcas de otras instituciones que tuvieran que ver con la función judicial.  Así se evitaría que una vez aprobados los programas de trabajo, la  Corte los cambiará ya que debería darle explicaciones al Consejo, y esto le daba un poco de autonomía.  Además, se consideró que el Director de la Escuela no podía ser parte del Consejo Directivo por ser el ejecutor de las políticas del consejo y  es este el que decide y controla esa ejecución posteriormente, y no es  conveniente que se ejerza un control  sobre un órgano que es parte del que controla.  Se trataba de concebir un Consejo muy fuerte, en cuanto a decisiones de política institucional y un Director muy fuerte con facultades de ejecución, de manera que el Consejo no tuviera que sesionar muy seguido, sino solo para  definir políticas y evaluar la ejecución de esas políticas.  Coincide con el Dr. Chirino de  que estas reuniones son muy caras, ya que los miembros que lo conforman, tienen  grandes salarios y  podrían dedicar este tiempo a otros asuntos.  Agrega que muchas veces hay que tomar decisiones sobre asuntos muy puntuales que podría decidir el Director. La idea,  en aquel momento,  era tener un Consejo interinstitucional  para que le diera más autonomía a la Escuela. 

Indica que se podría contar con una ley más simple y no como la planteada, ya que lo que hace es limitar y,  cuando sea necesario modificar puntos,  habría que ir a una reforma legal y eso atrasaría los procesos.  Piensa que si la voluntad es modificar la ley, se debería garantizar la autonomía con un consejo interinstitucional, ya que le parece que esa sería la mejor forma. 

El  MBA. Francisco Arroyo se refiere al documento conocido en la sesión pasada sobre “Síntesis de las políticas emitidas por el Consejo Directivo en materia de actividades académicas y otros temas de interés”, y manifiesta que ellos están analizando el documento y le remitirá las observaciones al   Lic. Otto  González para que las analicen y las incluyan en el informe.

SE ACUERDA:  Tomar nota de las manifestaciones realizadas.

ARTICULO III

El señor Vicente Martínez Oporto, Administrador de la Escuela Judicial, en oficio  EJ-ADM-036-2006 de fecha 28 de febrero de 2006, dice:

“Para que a través de su digno medio sea conocido por el Consejo Directivo de la Escuela Judicial, me permito exponer lo siguiente:

Con instrucciones de la Dirección y Subdirección, la Administración de la Escuela y Auxiliares Judiciales hemos venido asumiendo las labores de Coordinación de actividades académicas así como un nuevo proceso de “Administración de Cursos” que hasta hace poco tiempo se encontraban en manos de los compañeros Profesionales en Derecho 2.

Al revisar y analizar los procesos de algunas de esas actividades así como las inversión de tiempo, recursos humanos y materiales; en el Caso de los Ciclos de Conferencias 2005 que normalmente se realizan los días viernes en el Auditorio Judicial, obtenemos el siguiente cuadro:

Certificados emitidos	San José
1.444	Otras regiones
325	Total emitidos
1769	
Certificados retirados	953 (66%)
¢227.767	289 (88%)
¢69.071	
100%
¢422.791	
Certificados no retirados	491 (34%)
¢117.349	36 (12%)
¢ 8.604		

	Al cuadro anterior se debe agregar la revisión “grafoscópica” de 168 registros de firmas para un total de 2520 asistentes de los cuales 751 (30%) no cumplieron con el requisito de asistencia para obtener el certificado pero que de igual manera demandan toda nuestra atención. Una vez ubicados en San Joaquín de Flores la variable tiempo-recurso humano aumentaría en razón de tener que desplazar a San José al menos a tres Auxiliares Judiciales durante las segundas audiencias de los días viernes.

Por otra parte la Escuela no cuenta con mecanismos para “medir” el impacto (relación costo/ beneficio) que dichas Conferencias tienen sobre la población civil y judicial.

De la información anterior se desprende que:

1.	La “estrategia de certificar” nos está provocando una altísima inversión en tiempo (horas hombre), procesos y actividades con una efectividad final menor a un 50%; ya que solo el 49,25% de los asistentes (1242 personas) cumplen con el requisito para certificar mientras que un 50,75% (527 personas que no retiran certificados más 751 que no cumplen con el requisito para certificar) no lo cumplen.
2.	Dado lo anterior y de acuerdo a lo establecido en la Ley de Control Interno, punto 1.2 Objetivos del Control Interno relacionado con la Eficacia y eficiencia de las operaciones para el logro de los objetivos al menor costo así como la Valoración del Riesgo, solicito de la manera más respetuosa al Consejo Directivo de la Escuela Judicial: A) Mantener el espacio de los días viernes para desarrollar una nueva estrategia de divulgación y mercadeo de la Escuela Judicial. B) Eliminar la certificación de los Ciclos de Conferencias por las razones expuestas en el punto 1. C) Pasar de una estrategia basada en “certificar información” a una estrategia basada en la promoción de “Foros de discusión y análisis de temas punta” que promuevan la educación y la formación y no solamente la participación para obtener un certificado.

Respecto de las actividades académicas del Ministerio Público, Defensa Pública y los Cursos de Control Interno, una vez revisados los procesos y actividades en que participa la Escuela a través de la Administración y Auxiliares Judiciales; con todo respeto me permito solicitar: A) Que una vez aprobadas por parte del Consejo Directivo las actividades académicas tanto del Ministerio Público como de la Defensa Pública y su posterior envío al Consejo Superior; sean esos Centros de Responsabilidad los encargados de llevar el expediente de curso y todo lo que ello implica (documentación relacionada con inclusiones y exclusiones de participantes, cambio de fechas, registros de firmas, cotejar firmas, informe al Departamento de Personal para lo que corresponda, tramite de certificados ante Departamento de Artes Graficas, etc) de tal manera que la participación de la Escuela se limite a recibir el informe final para ser incluido en la base de datos y pasar a firma los certificados.

Lo anterior con el propósito de eliminar la practica de llevar expedientes de cursos en la Escuela o que se dupliquen procesos y actividades que son resorte de las Unidades de Capacitación del MP y Defensa Pública. 
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El Consejo Directivo en la sesión  N°3 del 1 de marzo de 2006, artículo V acordó acoger las siguientes recomendaciones: A) Mantener el espacio de los días viernes para desarrollar una nueva estrategia de divulgación y mercadeo de la Escuela Judicial y B) Eliminar la certificación de los Ciclos de Conferencias por las razones expuestas y respecto a los demás puntos, previo a resolver en la próxima sesión, se traslada para estudio de los miembros de este Consejo. 
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Se analiza  el punto sobre la propuesta que plantea el señor Martínez para que las  unidades de capacitación  sean las encargadas de llevar el  expediente de curso y todo lo que ello implica, para que la participación de la escuela se limite a recibir el informe final para ser incluido en la base de datos y se proceda a firmar los certificados.    

El Lic. Francisco Dall’Anese  indica que ellos no están en capacidad de asumir labores que la escuela viene descargando,  debido a que cuentan con muy poco personal en capacitación y no tienen la capacidad técnica ni humana para asumir esas obligaciones.  Agrega que si la escuela sigue descargando asuntos, se va a convertir  en una superintendencia y no en una escuela.

La Mag. Calzada menciona que se había dicho que la escuela tendría una persona encargada de cada unidad de capacitación, por lo que le parece que esa persona es la que debería llevar ese control.

El Dr. Chirino acota que no siempre es la misma persona y, por otro lado, tiene el problema que solo hay una metodóloga, quien le da apoyo a todas las unidades de capacitación.  Por lo tanto,  el problema no es quien coordina, sino quién administra el curso desde el inicio hasta el final.

La Licda. Marta Iris Muñoz argumenta que llevar la  lista de los participantes, no es tanto el problema, ya que la persona que supervisa el curso tiene que controlar la asistencia y en cuanto a eso, ellos siempre se han encargado con ayuda de un auxiliar.  Explica además  que la Defensa Pública no tiene personal dedicado tiempo completo a  la unidad de capacitación; los defensores que colaboran lo tienen como recargo y ellos no pueden asumir lo indicado, ya  que  la escuela es la encargada de remitir informes a Personal y otros.

El Lic. Horacio González indica que si el problema es de duplicación de tareas, el Consejo debería disponer que no se dupliquen y eso se resolvería, si las unidades desconcentradas hacen  lo que ellos están en capacidad de hacer  y,  lo que no pueden  realizar,  que lo realice la escuela.

El Dr. Chirino manifiesta que lo que se pretende es que no haya duplicidad de tareas y se ordenen las tareas.  La escuela cuenta con infraestructura para apoyar tareas administrativas de gran magnitud; pero necesitamos que nos apoyen un poco debido a que ha habido cambios importantes en la forma de administrar y ejecutar los asuntos.  En cuanto al cambio de tareas de los abogados, sigue insistiendo que es necesario hacerlo porque el perfil de ellos debe ser cada vez menos administrativo y más técnico jurídico.  Considera que se han dado pasos muy positivos en esa dirección y vale la pena mantenerla.  El señor Vicente Martínez y la Licda. Kattia Escalante han realizado una excelente labor, en cuanto a la coordinación de cursos y no hay necesidad en este momento, de hacer ningún cambio hasta tanto no se evalúe el resultado y no se debe tomar una decisión tan grande respecto a la orientación que se le ha dado al trabajo de ellos.  Considera que es importante proponerles a ellos que, en coordinación con las unidades de capacitación, analicen  cuáles tareas pueden ellos asumir sin que eso cause gran impacto en las tareas que  tienen a cargo sobre otras áreas y que determinen las tareas que la escuela asumiría con el objeto de evitar la  duplicidad de funciones. 

El MBA. Francisco Arroyo manifiesta que el tema tiene que ver mucho con las políticas de desconcentración;  pero no puede ser una simple reacción ante una situación específica.  Está consciente de que la escuela tiene problemas con eso y debería plantear una alternativa de solución.  Le parece que lo razonable sería hacer procedimientos para determinar los cuellos de botella para tomar una decisión.  Cree conveniente verificar qué es lo que hace cada una  de las áreas y cuáles son esas tareas que se están  duplicando.   Propone que se defina un procedimiento con la participación de las diferentes unidades de capacitación,  y que se establezcan los pasos  por seguir y  los responsables de su ejecución.

El Dr. Chirino considera que es importante la propuesta del  MBA. Arroyo y que se debería  realizar.
 
SE ACUERDA:  Sugerir a la Licda. Kattia Escalante Barboza y al señor Vicente Martínez Oporto que coordinen una reunión con las oficinas que se encargan de la  capacitación  en cada uno de los centros de interés que dependen de la escuela, y que se realice  un estudio sobre los procesos de administración de los cursos y se observen las tareas que se realizan a lo interno de las unidades, en relación con la administración y  gestión de la capacitación.  Determinar  cuántas de esas áreas están asumidas también por la escuela para efectos de ver la duplicidad y, en los casos donde sea posible determinar las áreas donde este Consejo podría decidir, si las deja en manos de la unidad de capacitación y cuáles deben seguir siendo materia de la escuela.  En relación con el Departamento de Personal, se acogen  las sugerencias planteadas por el MBA. Francisco Arroyo Meléndez en el sentido de establecer  procesos para depurar la tramitación y coordinación de los cursos y así evitar filtros, con el objetivo de mejorar  dicha tarea y lograr un mejor servicio público.

ARTÍCULO IV

La Licda. Leslie Solano Calderón Jefe del Departamento de Medicina Legal, en oficio J.D.M.L. 2006-0075 del 15 de febrero de 2006, manifiesta que con relación al acuerdo tomado por el Consejo Superior en la sesión N°3-06 del 24 de enero de 2006, artículo LIII en el cual se acordó oficializar la XX Jornadas de Medicina Legal “Justicia en la Valoración” a realizarse el 1,2 y 3 de setiembre de 2006, solicita se le indique el trámite a seguir con el fin de coordinar la preparación de las mismas.

El Dr. Alfredo Chirino Sánchez, Director de la Escuela en oficio EJ-DIR-031-06 del 3 de febrero de 2006  comunica al Consejo Superior que la Escuela Judicial no podría aportar ningún tipo de contribución material a estas jornadas y que  debería contar con un presupuesto especial, asignado específicamente para estas labores.

El Consejo Superior en la sesión N°13-06 del 28 de febrero de 2006, artículo XCI conoció el oficio anterior y acordó. “Señalar a la Escuela Judicial, que en virtud de que se trata de una actividad de capacitación, debe brindar la asistencia necesaria para la realización y preparación de las “XX Jornadas de Medicina Legal”, …”.

Agrega el Dr. Chirino que la Dra. Leslie Solano Calderón en reunión sostenida el viernes 19 de mayo del año en curso con  el Lic. Mateo Ivankovich Fonseca, Subdirección de la Escuela le solicitó la confección de folders, libretas, certificados y papel para el programa el cual adjunta.
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SE ACUERDA: Denegar la solicitud por cuanto (i) la Asociación de Medicina Legal cobra, por la participación en las Jornadas de Medicina Legal, una suma de inscripción razonable y sin subsidio aparente, con relación a otras actividades académicas que se realizan en el país, de donde resulta evidente que no necesita una contribución en papelería para llevar a buen término el evento. (ii) Ante una cuota de inscripción acorde a las necesidades de inversión, no se vería bien la participación de la Escuela Judicial, pues pareciera patrocinar una actividad que dejaría excedentes. Y (iii) en las Jornadas de Medicina Legal anteriores, se ha facilitado reiteradamente la posibilidad de participaciones irrespetuosas contra el Director de la Escuela Judicial, que no son propiamente críticas a la función pública sino ataques personales velados, que por decoro no pueden ser respondidos por el jerarca de la institución en los términos y en la forma como se han dado, y, no es lógico ni razonable un patrocinio a una actividad que permite esta forma de participación y no la crítica abierta para ser respondida con la verticalidad que demanda la posición del Director de la Escuela Judicial.  ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO V

El Lic. Martín Matamoros Mora, Jefe de la Unidad de Capacitación del O.I.J. en oficio  EJ-CAP-107-2006 de fecha 30 de junio de 2006 dice:

“De conformidad con el Plan Anual de la Escuela Judicial, aprobado por el Consejo Superior en Sesión 05-06 del 31 de enero del año en curso, bajo el artículo XLIV, la Unidad de Capacitación para el OIJ de la Escuela Judicial impartiría  del 05 al 09 de junio del presente año el “Curso Actualización para Conductores de Detenidos” dirigido al personal encargado del traslado y custodia de detenidos en el OIJ. 

A solicitud del Lic. Enrique Arias Muñóz jefe de la Sección de Cárceles y Transportes mediante correo electrónico de fecha 29 de mayo del presente año indicando, “que en virtud   de que tanto en el Primer  como en el Segundo Circuito Judicial de San José, se están realizando juicios en los que tanto la cantidad de justiciables como su peligrosidad provoca un impacto importante en lo que a asignación de personal se refiere, lo que nos ha obligado a solicitar colaboración a la Guardia Civil.”, se suspenderá la ejecución de este curso.  

Además de lo señalado por el Lic. Arias, se debe tomar en cuenta que tanto  los facilitadores como los participantes al curso son servidores de la Sección de Cárceles y Transportes del OIJ, por lo que en este momento no es conveniente brindar el curso en las condiciones actuales, pues de hacerlo se ocasionaría un  detrimento en el servicio  público que presta la Sección de Cárceles. “
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SE ACUERDA:  Tomar nota de la suspensión del curso de “Actualización para Conductores de Detenidos”,  por las razones indicadas.

ARTÍCULO VI

El Lic. Martín Matamoros Mora, Jefe Unidad de Capacitación del O.I.J. en oficio EJ-CAP-112-2006 de fecha 1 de junio dice:

“De conformidad con el Plan Anual de la Escuela Judicial, aprobado por el Consejo Superior en Sesión 05-06 del 31 de enero del año en curso, bajo el artículo XLIV, la Unidad de Capacitación para el OIJ de la Escuela Judicial impartiría  del 05 al 09 de junio del presente año el “Curso de Investigación de Robo de Ganado” dirigido a los agentes de investigación de todo el país. 

          En razón de que no se contó con el transporte solicitado para estudiantes y facilitadores, imprescindible para la realización de este curso, que se ofrecería en la Escuela Nacional de Ganadería, sita en Atenas, Alajuela, me veo obligado a solicitar muy respetuosamente la cancelación del Curso de Investigación de Robo de Ganado.

Espero la comprensión por lo anterior, cuya solución escapa de mi control.
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SE ACUERDA: Autorizar la cancelación del curso de “Investigación de Robo de Ganado” por la razón indicada.

ARTICULO VII

El señor Herbert Zamora Rodríguez, Coordinador de Administración de la Sede Occidental de la Universidad de Costa Rica en oficio S.O.CA-38-2006 de fecha 17 de mayo de 2006 dice:

“Me permito solicitarles su colaboración en la formación de nuestro personal de seguridad, especialmente en las siguientes áreas:

-	Defensa personal
-	Uso de la vara policial
-	Uso de los grilletes
-	Seguridad de instalaciones
-	Suituaciones legales propias del personal de seguridad

La sede de Occidente cuenta con 16 guardas, los cuales han manifestado su necesidad de mejorar y actualizar sus conocimientos.”

El  Lic. Martín Matamoros Mora, Jefe de la Unidad de Capacitación del O.I.J., en oficio  EJ-CAP-116-2006 de fecha 2 de junio de 2006 dice:

“Referente al oficio S.O.C.A-38-3006, recibido vía fax, correspondiente a la solicitud del señor Herberth Zamora Rodríguez, Coordinador de Administración de la sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica, San Ramón de Alajuela, para que la Escuela Judicial capacite a 16 oficiales de seguridad de ese centro universitario, en los temas de Defensa Personal, Uso de la vara policial, Uso de las esposas, Seguridad de Instralaciones, Situaciones legales propias del personal de seguridad, me permito expresar lo siguiente.

     Resulta muy satisfactorio para la Unidad de Capacitación del OIJ, adscrita a la Escuela Judicial, el hecho de que se hayan venido recibiendo solicitudes de entidades estatales para que brindemos capacitación a su personal de seguridad, lo que demuestra que la labor de la Unidad está siendo reconocida aún más allá del plano institucional.

     Sin embargo, la atención de necesidades propias del Poder Judicial nos limitan para poder atender todas las solicitudes que reciba ese honorable Consejo, ya que tenemos pendiente la ejecución de un diagnóstico de necesidades de capacitación para el sector Seguridad del Poder Judicial, la elaboración de un protocolo de intervención de las actuaciones que deben seguir los Oficiales de Seguridad y Oficiales de Localización, tareas que fueron  ordenadas por el Consejo Directivo y que demandan que en este segundo semestre los Instructores asignados a suplir la capacitación a esa población, dediquen más tiempo a esos proyectos, además de la capacitación que también se brindará a Oficiales de Seguridad y Oficiales de Localización.

       En este momento contamos solamente con un Instructor 1, por lo que  estamos a la espera de que la plaza vacante temporal que dejó el señor Guillermo Mata, Instructor 1, por permiso sin goce de salario durante seis meses a partir del 17 de abril de este año, sea ocupada lo más pronto posible, una vez concluido el concurso de ese pusto, para asignarle al sustituto algunas tareas relacionadas también con los proyectos ya citados, además de tareas propias de capacitación.

         En el caso que nos ocupa, la capacitación que se solicita es prácticamente un programa de capacitación, cuya amplitud exigiría que el o los Instructores tengan que desplazarse por períodos prolongados a San Ramón  y  eso afectaría los proyectos que tenemos pendientes de ejecución.

     Por lo tanto, por los motivos señalados y muy a nuestro pesar, no podremos brindar  colaboración a la sede Occidente de la Universidad de Costa Rica, esperando la comprensión tanto del solicitante como de ese honorable Consejo.
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SE ACUERDA: Comunicar al señor Herbert Zamora Rodríguez que por las razones indicadas por el Lic. Martín Matamoros Mora, Jefe de la Unidad de Capacitación, no es posible brindarle la capacitación  solicitada.

ARTICULO VIII

El Lic. Mario E. Campos Sandoval, Director General Asociación Compositores y Autores Musicales ACAM y Consultor OMPI en asuntos de Documentación para Centroamérica y República Dominicana en materia de gestión de Derechos de Autor, en oficio de fecha 25 de mayo de 2006 dice:

“Sirva la oportunidad para saludarles en nombre de la Junta Directiva de la Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica.

Recientemente, participe en un evento de Propiedad Intelectual en la ciudad de Lima donde coincidí con el Dr. Marcelo Di Pietro, destacado funcionario de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, quien me solicitó coordinar con representantes de la Escuela Judicial de Costa rica, la posibilidad de llevar a cabo un seminario para jueces, fiscales en materia de Propiedad Intelectual que abarque sus dos derivaciones:  Derechos de Autor y Derechos Conexos, así como Propiedad Industrial.

De ahí el motivo de mi acercamiento a ustedes con el fin de solicitarles tengan a bien, dar la aprobación para que dicho evento pueda llevarse a cabo en Costa rica de acuerdo con los datos que a continuación se sugieren:

a) Fecha: a definir entre el 10 de agosto y el 15 de setiembre de 2006.
b) Lugar: Preferiblemente en la provincia de Guanacaste (sugerido por el señor Di Pietro).
c) Dirigido a jueces, magistrados, letrados y fiscales, con opción a extenderlo a otros participantes.
d) Conferenciantes: algunos sugeridos por OMPI, otros por la Escuela Judicial
e) Organiza: OMPI y la Escuela Judicial
f) Con el apoyo de organismos costarricenses como ACAM, CAMTIC, FEDEFARMA, BSA, entre otras.  Ya se habló con sus representantes y se mostraron muy interesados en participar.

Esperamos que la propuesta cumpla con los objetivos de calidad y excelencia que caracterizan a la Escuela Judicial y quedamos a la espera de su amable respuesta para  comunicarlo de inmediato al representante de OMPI e iniciar la coordinación que una actividad como esta requiere.”
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SE ACUERDO:  Aprobar el seminario de Propiedad Intelectual: Derechos de Autor, Derechos Conexos y Propiedad Industrial,  se propone que se realice  del 4 al 8 de setiembre de 2006 en San José y sea dirigido a jueces, fiscales, defensores, letrados  y empresarios.  Se comisiona a la Licda. Kattia Escalante Barboza, Coordinadora de la Unidad del RAC de la Escuela Judicial para que coordine lo que corresponda.  ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO IX

La Mag. Ana Virginia Calzada Miranda agradece al Dr. Alfredo Chirino Sánchez, la excelente labor que ha llevado a cabo en la Escuela Judicial, durante el tiempo que se ha desempeñado como Director,  como miembro del Consejo Directivo de la Escuela Judicial y la confianza que siempre les brindó, y le desea muchos éxitos profesionales para su futuro.

El Dr. Chirino les agradece  a todos los miembros de este Consejo Directivo, el apoyo que siempre le brindaron para realizar su labor dentro de la Escuela, a pesar de las circunstancias y coyunturas que se han vivido institucionalmente y que dichosamente se han venido superando.  Manifiesta que los cambios que se han hecho en las labores de la Escuela, así como la orientación que se ha dado a las políticas de capacitación, darán sus frutos, solo hace falta continuar el camino que se ha trazado.

Indica Don Alfredo que se va con la Escuela en el corazón.  Han sido siete años muy satisfactorios, tanto en el plano humano como profesional.  Fue un periodo muy rico de trabajo, de experiencias profesionales e institucionales, pero también de encuentro con un equipo profesional de alto nivel, con gran mística y cariño por el Poder Judicial, y que cree profundamente en el papel de la Escuela en el futuro de este Poder de la República.  Subraya el señor Director que la Escuela Judicial es un  lugar precioso para trabajar y que  se va con los mejores recuerdos, dejando amigos y amigas, así como muchos sueños, los cuales quedan como una semilla, cuyos frutos ya no verá en su condición de Director pero sí como funcionario judicial.  El poder de esos sueños radica en que son posibles, porque son sueños compartidos por todo el equipo de la Escuela Judicial, un equipo humano valioso y un ingrediente indispensable para los cambios que sobrevendrán.  

Menciona, finalmente, que contarán siempre con él, con un amigo y un compañero, que estará dispuesto a prestar su ayuda y colaboración en aquellos proyectos que la Escuela Judicial considere que su concurso puede ser de utilidad.

SE ACUERDA:  Comunicar al Dr. Alfredo Chirino Sánchez, las manifestaciones anteriores.  ACUERDO FIRME.”

Se levanta la sesión a las diez horas con treinta  minutos.

Mag. Ana Virginia Calzada Miranda                 Dr. Alfredo Chirino Sánchez
                  PRESIDENTA                              DIRECTOR ESCUELA JUDICIAL