ACTA N° 8-2006

CONSEJO DIRECTIVO DE LA ESCUELA JUDICIAL, San José, a las ocho horas con cuarenta  minutos del  cinco de junio del año dos mil seis. Se inicia la presente sesión ordinaria con la asistencia de la Magistrada Ana Virginia Calzada Miranda, quien preside; Dr. Alfredo Chirino Sánchez, Director de la Escuela Judicial; Licda. Lilliam Gómez Mora en representación del Ministerio Público; Lic. Horacio González Quiroga, Juez Tribunal Superior Contencioso Administrativo;  Licda. Marta Iris Muñoz Cascante,   Jefa de la Defensa Pública y la Licda. Odalia Campos, Secretaria  de la Escuela Judicial. El Dr. Víctor Ardón Acosta, Juez Tribunal Superior de Trabajo y el MBA. Francisco Arroyo Meléndez, Jefe Departamento de Personal se excusaron.

ESCUELA JUDICIAL

ARTICULO I

Se aprueba el  acta N°6-2006 del 25 de abril  de 2006 y N° 7 del 16 de mayo de 2006.

ARTICULO II

La Licda. Marta Iris Muñoz Cascante, Jefa de la Defensa Pública, manifiesta que en la sesión N°7-2006 del 16 de mayo de 2006, artículo XVI se aprobó la propuesta presentada por el señor Lic. Dario Gómez G., del Proyecto Justicia Penal Juvenil de la Defensa de Niñas y Niños Internacional (DNI), para realizar un taller sobre “La nueva Ley de Ejecución de Sanciones Penales Juveniles”,  dirigido para jueces.  Considera importante que en esa actividad participen fiscales y defensores, por lo que solicita se les conceda algunos espacios.

SE ACUERDA:  Solicitar a la Licda. Kattia Escalante Barboza que se incluya Fiscales y defensores en la actividad mencionada siempre y cuando queden espacios disponibles.  ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO III

El Lic. Otto González Vílchez, Abogado de la Escuela Judicial, atendiendo solicitud realizado por este Consejo Directivo en la sesión N°7 del 16 de mayo de 2006, en oficio EJ-UJ-068-2006 del 24 de mayo de 2006 remite el “Anteproyecto de Nueva Ley de la Escuela Judicial” y que forma parte del documento denominado “Estudio sobre el actual marco normativo de la Escuela Judicial y propuesta de un nuevo modelo legal y reglamentario para la selección, formación inicial y capacitación de jueces que dice:

“ANTEPROYECTO DE NUEVA LEY DE LA ESCUELA JUDICIAL

TÍTULO I

De la denominación,  atribuciones y régimen jurídico de la Escuela Judicial

CAPÍTULO I

Naturaleza jurídica, competencias y atribuciones de la Escuela Judicial

Artículo 1. 

La Escuela Judicial es un órgano técnico del Poder Judicial, que con arreglo a las atribuciones que le confiere la presente ley, tiene como objeto proporcionar una preparación integral, especializada y de alta calidad de todos los servidores judiciales, así como de los aspirantes a ingresar a esta institución.   

Artículo 2. 

Son funciones de la Escuela Judicial:

a)	La selección y formación inicial de los aspirantes a ingresar en la Carrera Judicial, así como la realización de actividades encaminadas a facilitar el acceso a la propia Escuela.

b)	La formación permanente de todos los integrantes de la Carrera Judicial y de todos los servidores judiciales. A tal fin, la Escuela promoverá la realización de estudios, investigaciones, publicaciones, seminarios, cursos, sesiones jurídicas y otras actividades análogas. 

c)	El mantenimiento de relaciones de cooperación y el intercambio de información con organismos e instituciones públicas y privadas para la realización de actividades relacionadas con la función judicial. 

d)	El desarrollo de otras actividades formativas que le encomiende la Corte Suprema de Justicia. 

TÍTULO II

De los órganos rectores de la Escuela Judicial

CAPÍTULO I

Disposiciones Generales

Artículo 3. 

Son órganos rectores de la Escuela Judicial: 

a)	El Consejo Directivo.
 
b)	La Dirección.

c)	La Subdirección.

 
CAPÍTULO II 

El Consejo Directivo
Artículo 4. 

El Consejo Directivo de la Escuela Judicial está integrado por los siguientes miembros:
 
a)	Un magistrado, quien fungirá como presidente.  

b)	El Director de la Escuela Judicial.

c)	Dos jueces de distintas materias.

d)	El jefe o en su caso el subjefe del Ministerio Público, Defensa Pública, Organismo de Investigación Judicial y Departamento de Personal.  
 
El Magistrado y los dos jueces serán nombrados por la Corte Plena por un periodo de cuatro años. Todos podrán ser reelectos en sus cargos.

Los miembros del Consejo Directivo serán juramentados por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia o por el funcionario que él designe. 

Artículo 5. 

El Consejo Directivo se reunirá ordinariamente dos veces cada mes y extraordinariamente cuando sea convocado por el Presidente o el Director por medio de la secretaría de la Escuela Judicial.
 
Se convocará igualmente al Consejo Directivo cuando lo soliciten dos o más de sus miembros en escrito dirigido a su Presidente. La solicitud deberá ir acompañada de una propuesta de orden del día, aportándose los documentos relacionados con las materias a tratar. Igualmente se convocará al Consejo Directivo cuando así lo acuerde la Corte Plena.
 
El orden del día será fijado por el Presidente, previo informe del Director de la Escuela Judicial. En los casos indicados en el apartado anterior, el orden del día incluirá necesariamente el examen de las cuestiones que hayan motivado la convocatoria. 

Artículo 6. 

El Consejo Directivo quedará válidamente constituido cuando se hallaren presentes cinco de sus miembros. Si no asistiere el Presidente será sustituido por el Magistrado que designe la Corte Plena y en su defecto por el miembro que desempeñe el puesto de mayor jerarquía o que tenga más tiempo de servicio en el Poder Judicial.  Si no se consigue quórum, el Consejo Directivo será convocado nuevamente en un plazo de ocho días naturales, en cuyo caso será suficiente la presencia de un tercio de sus miembros. 

Las decisiones serán adoptadas por mayoría de miembros presentes, siendo de calidad el voto del Presidente en caso de empate. 

Las reuniones del Consejo Directivo serán en la sede de la Escuela Judicial, el día y hora que se señale en la primera sesión que se celebre.

Artículo 7. 

Son competencias del Consejo Directivo:
 
a)	Actuar como órgano superior de la Escuela Judicial.

b)	Aprobar los Planes e informes Anuales de Labores, planes estratégicos y operativos y los anteproyectos de presupuesto de la Escuela Judicial.

c)	Aprobar la realización de cualquier actividad académica extraordinaria que no se encuentre ya aprobada en los planes anuales de labores.

d)	Proponer a la Corte Plena las políticas generales y específicas que deben guiar el desarrollo de los programas de selección, formación Inicial y continua de Jueces en sus diferentes fases.

e)	Aprobar la publicación y difusión de la Revista de la Escuela Judicial y las  investigaciones jurídicas, procurando que el contenido de estas obras se ajuste a las necesidades de capacitación de los servidores judiciales.
 
f)	Supervisar y aprobar los planes e informes anuales de labores de las unidades de capacitación del Ministerio Público, Defensa Pública, Organismo de Investigación Judicial y Departamento de Personal y Gestión Humana.

g)	Proponer a la Corte Plena los proyectos de reformas legislativas y reglamentarias relacionadas con la materia de capacitación.

h)	Proponer a la Corte Plena la creación de las unidades o áreas de actividad, así como los centros regionales que estime necesarios.

i)	Evacuar y aprobar las consultas que presenten los jueces, fiscales, defensores y personal profesional del sector administrativo del Poder Judicial sobre aspectos procesales o de tramitación administrativa. 

j)	Las demás funciones que señalen las leyes, reglamentos y acuerdos de Corte Plena.

  
CAPÍTULO III 

El Director

Artículo 8.
 
El Director de la Escuela Judicial será nombrado y removido por la Corte Plena por mayoría absoluta de sus miembros. 

Para ser Director de la Escuela Judicial se debe contar con el título de licenciado en Derecho y tener cuando menos cinco años de experiencia judicial y docente.  

El Director desarrollará su actividad con dedicación absoluta, siendo su cargo incompatible con cualquier puesto, profesión o actividad pública o privada, por cuenta propia o ajena, retribuida o no, a excepción de la mera administración del patrimonio personal y familiar. Le serán de aplicación, además, las prohibiciones establecidas en los artículos 8 y 9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

Artículo 9. 

Corresponden al Director de la Escuela Judicial las siguientes atribuciones: 

a)	La representación de la Escuela en su relación con todos los organismos públicos y privados y en todos los actos oficiales.

b)	Dirigir, coordinar y controlar el desarrollo de todas las actividades de la Escuela, velando por el cumplimiento de sus fines.

c)	Cumplir y hacer cumplir las leyes y reglamentos que rigen a la Escuela Judicial y los acuerdos de la Corte Plena y el Consejo Directivo.

d)	Preparar y someter a aprobación del Consejo Directivo el informe anual de labores, el anteproyecto de presupuesto, los planes estratégicos y operativos y el plan anual de labores de la Escuela Judicial.

e)	Ejercer la dirección de los programas y dependencias y fungir como el superior jerárquico de los servidores de la Escuela Judicial, así como dirigir las funciones administrativas y financieras.

f)	Proponer al Consejo Directivo los programas de formación inicial de cada una de las promociones que ingresen en la Escuela así como los programas anuales de formación continua.

g)	Proponer al Consejo Directivo y a la Corte Plena la aprobación de convenios de capacitación con entidades internacionales y organismos públicos y privados, así como firmar los mismos por delegación expresa del Presidente de la Corte. 

h)	Expedir los certificados, títulos y diplomas acreditativos de la asistencia y aprovechamiento a los cursos y estudios realizados en la Escuela Judicial, de conformidad con las reglas establecidas en la presente ley y en los acuerdos del Consejo Directivo.

i)	Nombrar a los coordinadores de centros regionales, encargados de programas de capacitación y unidades de apoyo técnico, así como al personal que considere que sea necesario en la Escuela Judicial. 

j)	Seleccionar a los especialistas en contenido y en investigación, facilitadores y conferencistas que participen en las actividades académicas que se desarrollen en la Escuela Judicial.

k)	Proponer al Consejo Directivo, de acuerdo con los contenidos de los programas de los cursos de selección y formación inicial de jueces, las convocatorias de los concursos que sean precisos para la designación de los facilitadores y jueces tutores de la Escuela Judicial. 

l)	Seleccionar a los asistentes a las diversas actividades académicas de la Escuela Judicial, según los procedimientos y criterios fijados por el Consejo Directivo y proponer al Consejo Superior la concesión a los seleccionados, en su caso, de las correspondientes licencias de estudios que sean necesarias para asistir al desarrollo de las actividades.

m)	Ser miembro y participar en las sesiones del Consejo de la Judicatura.

n)	Aplicar el procedimiento y las faltas disciplinarias académicas establecidas en la presente ley a los participantes y facilitadores de la Escuela Judicial. Asimismo, aplicar el régimen disciplinario a los funcionarios de la Escuela Judicial de conformidad con lo establecido en el título VIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

o)	Ejercer las demás funciones que le sean conferidas por las leyes, reglamentos y los acuerdos del Consejo Directivo y Corte Plena.

Artículo 10. 

Corresponde al subdirector realizar funciones de apoyo al Director, llevar a cabo las tareas específicas que éste le encomiende y sustituirle en los casos de enfermedad y ausencia. 

TÍTULO III

De la organización general de la Escuela Judicial

CAPÍTULO I

Disposiciones Generales 

Artículo 11.

La organización de la Escuela Judicial es la siguiente:

a)	Programas de capacitación.
b)	Unidades de apoyo técnico. 
c)	Unidades de capacitación.

La Dirección puede crear o modificar la organización de la Escuela Judicial cuando sea necesario para el adecuado desarrollo y ejecución de sus objetivos.

Artículo 12.
 
Son programas de la Escuela Judicial:

a)	El Programa de Selección de Jueces.
b)	El Programa de Formación Inicial de Jueces.
c)	El Programa de  Formación Continua de Jueces.
d)	El Programa de Extensión Institucional y Relaciones Externas. 
e)	El Programa de Investigación y Publicaciones.

Los coordinadores de los programas de capacitación deberán ser licenciados en Derecho, con experiencia en la tramitación de asuntos judiciales y contar con cursos de capacitación en materia pedagógica.

Artículo 13.

Son unidades técnicas de apoyo de la Escuela Judicial las siguientes:

a)	Apoyo pedagógico.
b)	Apoyo administrativo.
c)	Producción multimedial y audiovisual.
d)	Materiales escritos.
e)	Documental y de archivo.

El personal encargado de las unidades de apoyo técnico de la Escuela Judicial, deberá ser profesional y especializado en el servicio que brinde.

Las labores específicas de cada una de las unidades técnicas de apoyo de la Escuela Judicial, serán reguladas por directrices internas emitidas por el Consejo Directivo de la Escuela Judicial. 

CAPÍTULO II

De las Unidades de Capacitación 

Artículo 14. 

Son unidades de capacitación las siguientes:

a)	Del Ministerio Público.
b)	De la Defensa Pública.
c)	Del Organismo de Investigación Judicial.
d)	Del Departamento de Personal y Gestión Humana.

Los encargados de las unidades de capacitación deberán contar con los requisitos que las leyes y reglamentos de cada dependencia establezca.

Artículo 15. 

Las unidades de capacitación operarán adscritas estructural, operativa y presupuestariamente a sus respectivas dependencias y ejecutarán las actividades de formación y capacitación por si mismas, contando con la asesoría técnica de la Escuela Judicial.

Artículo 16.

La Escuela Judicial tendrá respecto a las unidades de capacitación, las siguientes competencias:

a) Ser el órgano rector de las políticas educativas de las unidades de capacitación.

b) Aprobar, por medio del Consejo Directivo, sus planes anuales de formación y capacitación, así como los resultados obtenidos de las evaluaciones finales de las actividades que realicen.

d)	Asesorar y dar seguimiento de las actividades de formación y capacitación que ejecuten.

e)	Otras que el Consejo Directivo determine.

Las unidades de capacitación no podrán ejecutar actividades académicas sin contar con la aprobación previa del Consejo Directivo.

CAPÍTULO III

De los Programas de Capacitación 

Sección primera

El Programa de Selección de Jueces

Artículo 17.

El Programa de Selección de Jueces tiene como objetivo colaborar y asesorar a los órganos encargados de los procesos de ingreso a la Carrera Judicial en aspectos académicos, así como coordinar actividades de formación y capacitación a los aspirantes a ingresar a la judicatura. 

Artículo 18. 
 
El Programa de Selección de Jueces desarrollará las siguientes funciones:

a)	Dar la asesoría, seguimiento, coordinación y control desde la perspectiva académica de los procesos de selección de los aspirantes a ingresar a la judicatura.

b)	Elaborar, organizar y ejecutar las pruebas específicas de los distintos concursos de acceso a la judicatura.

c)	Elaborar los temarios de las pruebas específicas de los distintos concursos de acceso a la carrera judicial en conjunto con los Tribunales Evaluadores. 

d)	Coordinar las actividades académicas que se organicen para la preparación previa de los participantes a los distintos concursos de acceso a la judicatura.

e)	Elaborar los proyectos y planes de estudios, supervisión y control del desarrollo de las actividades de capacitación especializadas que deban realizar los aspirantes admitidos a participar en los concursos internos especializados por materia para ascender a los puestos de juez 2, 3, 4 y 5.

f)	Otras que las leyes y reglamentos establezcan. 

Todas las funciones indicadas, deberán realizarse en coordinación con el Consejo de la Judicatura, Unidad de Selección de Jueces y Tribunales Evaluadores de conformidad con lo que establezca la Ley de Carrera Judicial. 

Artículo 19. 

Corresponden al coordinador del Programa de Selección de Jueces las siguientes funciones: 

a)	Velar por el cumplimiento de las previsiones presupuestarias, los programas y las disposiciones relativas a las funciones del Programa de Selección  de Jueces.

b)	Supervisar y controlar el desarrollo de los procesos de selección de los aspirantes a ingresar a la judicatura, la elaboración de las pruebas específicas de los distintos concursos de acceso a la carrera judicial y la organización de cursos de preparación para los participantes a dichos concursos. 

c)	Elevar a la Dirección de la Escuela Judicial las propuestas de planes anuales de trabajo, estratégicos y operativos, así como los informes anuales de labores del Programa de Selección de Jueces.

d)	Aquellas otras funciones que le sean delegadas por el Director de la Escuela Judicial.

Sección segunda

El Programa de Formación Inicial de Jueces

Artículo 20.

El Programa de Formación Inicial de Jueces se encargará de la enseñanza inicial de los aspirantes a ingresar a la Carrera Judicial.

Artículo 21.

Podrán ingresar al Programa de Formación Inicial de Jueces los aspirantes que superen los exámenes del concurso libre para acceder al puesto de juez 1 genérico regulado en la Ley de Carrera Judicial.

Artículo 22. 

El Programa de Formación Inicial de Jueces se desarrollará en una primera fase  de formación teórica y una segunda consistente en una práctica en órganos jurisdiccionales.

La duración, contenidos, evaluación y otras particularidades técnicas del Programa de Formación Inicial de Jueces serán definidas por el Consejo Directivo de conformidad con las políticas que establezca al respecto la Corte Plena.     

Artículo 23. 

El Programa de Formación Inicial de Jueces desarrollará las siguientes funciones:

a) Elaborar los proyectos de planes y programas de estudios de formación inicial de jueces tanto en su fase teórica como práctica y, una vez aprobados, su ejecución.

b) Elaborar las propuestas para la selección de los coordinadores regionales de la fase práctica, especialistas en contenido y en investigación y conferencistas que vayan a participar en el programa de formación inicial de jueces y el seguimiento de los concursos que se convoquen para la designación de facilitadores y tutores que vayan a prestar servicios en este programa de capacitación. 

c) Elaborar los proyectos y planes de estudios, supervisión y control del desarrollo de la actividad de formación inicial introductoria que deban realizar los participantes de los concursos externos especializados por materia para acceder a los puestos de juez 4 y 5.

d) Elevar a la Dirección de la Escuela Judicial y a la Corte Plena las propuestas de convenios de capacitación que se elaboren en el Programa de Formación Inicial de Jueces.

e) El seguimiento, coordinación y control de todas las actividades que se desarrollen en el  Programa de Formación Inicial de Jueces.

f) Otras que las leyes y reglamentos establezcan. 

Artículo 24.       

Corresponden al coordinador del Programa de Formación Inicial de Jueces las siguientes funciones:

a)	Velar por el cumplimiento de las previsiones presupuestarias, y las disposiciones relativas a las funciones del Programa de Formación Inicial de Jueces.

b)	Coordinar, organizar, supervisar, ejecutar y evaluar el desarrollo de la formación inicial de jueces en su fase teórica y práctica, así como los otros cursos de formación de jueces que deban realizarse.

c)	Elevar a la Dirección de la Escuela Judicial las propuestas de planes anuales de trabajo, estratégicos y operativos, así como los informes anuales de labores del Programa de Formación Inicial de Jueces.

d)	Preparar los convenios de capacitación con centros análogos e instituciones para la colaboración en materia de formación inicial, de acuerdo con las instrucciones del Director y, una vez aprobados por la Corte Suprema de Justicia, su ejecución.

e)	Preparar y dar seguimiento de los concursos que se convoquen para la selección de facilitadores y tutores que deban prestar servicios en el Programa de Formación Inicial de Jueces. 

f)	Aquellas otras funciones que le sean delegadas por el Director de la Escuela Judicial.

Sección tercera

El Programa de Formación Continua de Jueces

Artículo 25.
 
El Programa de Formación Continua de Jueces desarrollará los planes y actividades de capacitación que procuren la formación permanente, actualizada, especializada y de alta calidad, así como el adecuado perfeccionamiento profesional y sensibilización, de todos los integrantes de la Carrera Judicial. 

Artículo 26.
 
La asistencia a las actividades de formación continua será voluntaria, salvo que la Corte Plena, Consejo Directivo o la Dirección de la Escuela Judicial dispongan lo contrario. 

Podrán participar en las actividades del formación continua todos los jueces que lo soliciten cuando ello sea posible dentro de las limitaciones objetivas y presupuestarias de cada tipo de actividad académica y con sujeción a los requisitos generales establecidos. 

Artículo 27.
 
El Programa de Formación Continua de Jueces desarrollará las siguientes funciones: 

a)	La planificación, organización y ejecución de las actividades de formación permanente de los integrantes de la Carrera Judicial y demás personas que, sin pertenecer a la misma, desarrollan funciones jurisdiccionales. Igualmente, le corresponderá la realización de actividades destinadas a otros profesionales relacionados con la Administración de Justicia. 

b)	La preparación de convenios de colaboración en materia de formación continua de jueces con instituciones públicas y privadas, tanto nacionales como internacionales.

c)	La propuesta de selección de los especialistas de contenido, facilitadores  y conferencistas de las distintas actividades de formación continua, así como de los jueces y otros participantes que vayan a asistir a las mismas. 

d)	Colaborar con la elaboración del plan anual de publicaciones derivadas de las actividades de formación continua realizadas cada año, a cuyo efecto el Programa de Formación Continua de Jueces remitirá al Programa de Investigación y Publicaciones los materiales derivados de estas actividades para su revisión, edición y difusión.

e)	Diseñar y ejecutar actividades de capacitación con la finalidad de actualizar los conocimientos de los jueces con especial atención a las modificaciones legislativas que se presenten, así como a la evolución jurisprudencial.  

f)	Organizar pasantías en instituciones públicas o privadas, nacionales o internacionales con el objetivo de poner en contacto a los jueces con el entorno social en el que deben administrar justicia. 

g)	Otras que las leyes y reglamentos establezcan.

Artículo 28. 

Corresponden al coordinador del Programa de Formación Continua de Jueces las siguientes funciones:

a)	Supervisar el cumplimiento de las previsiones presupuestarias y las disposiciones relativas al Programa de Formación Continua de Jueces. 

b)	Coordinar, organizar, supervisar, ejecutar y evaluar el desarrollo de las diversas actividades de formación continua de jueces. 

c)	Elevar a la Dirección de la Escuela Judicial las propuestas de planes anuales de trabajo, estratégicos y operativos, así como los informes anuales de labores del Programa de Formación Continua de Jueces.

d)	Preparar los convenios de capacitación con instituciones públicas y privadas, nacionales o internacionales para la colaboración en materia de formación continua de administradores de justicia.

e)	Preparar y dar seguimiento de los concursos que se convoquen para la selección de especialistas en contenido y facilitadores que deban prestar servicios en el Programa de Formación Continua de Jueces. 

f)	Aquellas otras funciones que le sean delegadas por el Director de la Escuela Judicial. 

Sección cuarta

El Programa de Extensión Institucional y Relaciones Externas

Artículo 29. 

El Programa de Extensión Institucional y Relaciones Externas tendrá como finalidades difundir, informar e incentivar la realización de actividades de capacitación en conjunto con otras instituciones públicas o privadas, nacionales e internacionales, así como compartir con la ciudadanía, en general, las diversas labores que realiza la Escuela Judicial. 

Asimismo, debe colaborar con el Departamento de Personal en la recopilación y administración de las becas de estudios provenientes de instituciones de educación superior nacionales como internacionales.

Artículo 30. 

El Programa de Extensión Institucional y Relaciones Externas desarrollará las siguientes funciones: 

a)	Difundir e Informar sobre la naturaleza, objetivos, fines, funciones y actividades de la Escuela Judicial a las instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, como a la ciudadanía, en general, para el mejor conocimiento de sus objetivos y metas.

b)	Establecer y mantener relaciones con los medios de comunicación en directa conexión y coordinación con el Departamento de Relaciones Públicas.

c)	Mantener relaciones de intercambio con instituciones nacionales e internacionales para la elaboración de proyectos y actividades de formación y capacitación que tengan por objeto la cooperación científica o cultural destinadas a la formación de jueces.

d)	Colaborar con el Departamento de Personal en la recopilación y administración de becas de estudios de conformidad con lo estipulado en el reglamento de becas emitido por la Corte Plena.

h)	Otras que las leyes y reglamentos establezcan.

 Artículo 31. 

Corresponden al coordinador del Programa de Extensión Institucional y Relaciones Externas las siguientes funciones:

a)	Supervisar el cumplimiento de las previsiones presupuestarias y las disposiciones relativas al Programa de Extensión Institucional y Relaciones Externas.

b)	Elevar a la Dirección de la Escuela Judicial las propuestas de planes anuales de trabajo, estratégicos y operativos, así como los informes anuales de labores del Programa de Extensión Institucional y Relaciones Externas.

c)	Preparar y negociar los convenios de capacitación con instituciones públicas y privadas, nacionales o internacionales.

d)	Colaborar y coordinar con el Departamento de Relaciones Públicas la información relativa a las funciones y actividades de la Escuela Judicial.

e)	Colaborar en la recopilación y administración de becas de estudios con el Departamento de Personal

f)	Aquellas otras funciones que le sean delegadas por el Director de la Escuela Judicial. 

Sección quinta

El Programa de Investigación y Publicaciones

Artículo 32. 

El Programa de Investigación y Publicaciones tiene como finalidades incentivar, planificar y ejecutar actividades de investigación orientadas a satisfacer las necesidades de la judicatura y apoyar el funcionamiento de la Escuela Judicial. Asimismo, administrar las publicaciones con el objetivo de difundir todas las labores de investigación que se produzcan en la Escuela Judicial.  

Artículo 33.

El Programa de Investigación y Publicaciones tendrá las siguientes funciones: 

a)	Planificar y organizar actividades de investigación con la finalidad de apoyar el funcionamiento de la Escuela Judicial, mejorar la elaboración del material didáctico de los distintos programas de capacitación y colaborar con los jueces en el desarrollo de sus actividades jurisdiccionales.

b)	Ofrecer documentación jurídica permanentemente actualizada a los miembros de la judicatura, facilitándoles información legislativa, jurisprudencial y doctrinal.
 
c)	Publicar boletines informativos periódicos sobre materias jurídicas de actualidad cuya difusión pueda ser útil para el trabajo de los Jueces. 

d)	Administrar la publicación de la Revista de la Escuela Judicial.

e)	Elaborar el plan anual de publicaciones de la Escuela Judicial. 

f)	Mantener relaciones de cooperación e intercambios con centros de investigación y con las universidades publicas y privadas, nacionales e internacionales.  

g)	Supervisar el funcionamiento de la biblioteca de la Escuela Judicial, proponer al Director la aprobación de sus normas internas y establecer la adecuada coordinación con la biblioteca judicial. 

h)	Proponer al Director los criterios sobre adquisiciones para la biblioteca de la Escuela Judicial.

i)	Otras que las leyes y reglamentos establezcan.

Artículo 34. 

Corresponden al coordinador del Programa de Investigación y Publicaciones las siguientes funciones: 

a)	Supervisar el cumplimiento de las previsiones presupuestarias y las disposiciones relativas al Programa de Investigación y Publicaciones.

b)	Elevar a la Dirección de la Escuela Judicial las propuestas de planes anuales de trabajo, estratégicos y operativos, así como los informes anuales de labores del Programa de Investigación y Publicaciones.

c)	Elaborar y proponer al Director el plan anual de publicaciones de la Escuela Judicial.

d)	Coordinar la publicación de la Revista de la Escuela Judicial.

e)	Preparar y negociar los convenios de cooperación con centros de investigación y universidades públicas y privadas, nacionales o internacionales.

f)	Coordinar con la Biblioteca Judicial.

g)	Supervisar los procedimientos de contratación para la adquisición de material bibliográfico y legislación actualizada para la biblioteca de la Escuela Judicial.   

h)	Aquellas otras funciones que le sean delegadas por el Director de la Escuela Judicial. 

TÍTULO IV 

De los profesores, jueces tutores y coordinadores regionales 
de la Escuela Judicial 

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 35. 

La selección de los profesores de la Escuela Judicial se realizará de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad. 

Artículo 36. 

Son profesores de la Escuela Judicial los siguientes:

a)	Los funcionarios judiciales que cumplan con los requisitos de experiencia laboral y académica que establezca el Consejo Directivo, y que sean seleccionados por los coordinadores de los distintos programas de capacitación y nombrados por el Director. Estos funcionarios judiciales pueden servir como profesores en la Escuela Judicial por tiempo determinado, o colaborar sin dejar la atención de sus despachos. Todo de conformidad con lo que acuerde el Consejo Superior a petición del Director de la Escuela Judicial.

b)	Personas externas al Poder Judicial que sean contratadas para realizar labores docentes en la Escuela Judicial. En estos casos, se deberán convocar los concursos respectivos de conformidad con las regulaciones establecidas en la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento. 

c)	Profesores externos de instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales que sean invitados a impartir capacitación en actividades de la Escuela Judicial.  

Artículo 37. 

Son funciones de los profesores de la Escuela Judicial las siguientes:

a)	Impartir capacitación en las actividades académicas que se le asignen, cumpliendo con los estándares pedagógicos exigidos por la Escuela Judicial.

b)	Evaluar el aprovechamiento de los alumnos e informar sobre el rendimiento de estos a los encargados de los programas de capacitación y al Director de la Escuela Judicial. 

c)	Diseñar las actividades de formación y capacitación de conformidad con los requisitos pedagógicos y de contenido que establezca la Escuela Judicial.

d)	Elaborar investigaciones y material didáctico necesario para el desarrollo de las actividades de capacitación.

e)	Diseñar y calificar los instrumentos de evaluación que se utilicen en las actividades de capacitación. 

f)	Otras que les sean asignadas por los coordinadores de los programas de capacitación, el Director y el Consejo Directivo de la Escuela Judicial.

Artículo 38. 

A propuesta del Consejo Directivo, la Corte Plena reglamentará los incentivos económicos y de otra índole para lo funcionarios judiciales que realicen labores docentes en la Escuela Judicial.

Artículo 39. 

Los profesores de la Escuela Judicial quedarán sujetos al régimen disciplinario establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

CAPÍTULO II

De los Jueces Tutores y Coordinadores Regionales 

Artículo 40.

Se denominan tutores a los jueces que colaboran con la Escuela Judicial en la formación y evaluación de los practicantes judiciales del Programa de Formación Inicial de jueces durante su fase de práctica jurisdiccional, con arreglo a lo previsto en los planes anuales de labores de la Escuela Judicial y en la forma establecida en la presente ley.

Artículo 41.      

Los jueces tutores serán nombrados y sustituidos por acuerdo del Consejo Directivo a propuesta del Director de la Escuela Judicial y previo informe del coordinador del Programa de Formación Inicial de Jueces. El acuerdo de designación de jueces tutores titulares y sustitutos deberá ser ratificado, en cuanto aspectos administrativos, por el Consejo Superior.

El acuerdo de nombramiento contendrá, asimismo, una lista de jueces tutores suplentes, cuyo número no será inferior al diez por ciento de jueces tutores originariamente designados, debiendo reunir aquellos y éstos los mismos requisitos.

En el acuerdo mencionado se expresarán los criterios que regirán la asignación de jueces tutores a los practicantes judiciales de la formación inicial de jueces en su fase práctica. Asimismo, el acuerdo deberá contemplar los criterios que determinen el orden de preferencia en el nombramiento de jueces tutores suplentes.

Artículo 42.

Para el nombramiento de jueces tutores titulares y sustitutos, la Dirección de la Escuela Judicial, en colaboración con el coordinador del Programa de Formación Inicial de Jueces, invitará a todos los jueces propietarios de los despachos  judiciales en los que se deban desarrollar las prácticas jurisdiccionales y procederá a elaborar la propuesta de designación de tutores entre los jueces solicitantes de conformidad con criterios objetivos de mérito y capacidad.

Artículo 43.

Se nombraran de manera preferente como tutores a los jueces que cumplan las siguientes condiciones:

a)	Propietarios de órganos jurisdiccionales en los que la competencia territorial y por materia correspondan con la realización de las prácticas jurisdiccionales.

b)	Aprobar los cursos de capacitación que la Escuela Judicial organice para la formación de jueces tutores.

c)	Cumplir con la carga de trabajo asignada al órgano jurisdiccional.

d)	Otras condiciones que acredite al juez solicitante contar con experiencia en labores similares.

Artículo 44.

Cuando el juez tutor titular no pudiere desarrollar durante un breve plazo sus funciones, los participantes de la formación inicial de jueces en su fase práctica,  seguirán ejerciendo las funciones de auxilio y colaboración bajo las indicaciones del juez que temporalmente sustituya al tutor durante ese período.

Si el juez suplente no asumiere la tutoría, y la ausencia del tutor fuera por breve plazo, el Director de la Escuela Judicial, en acuerdo motivado, podrá  nombrar  provisionalmente al practicante judicial, mientras dure dicha ausencia, al juez que corresponda de entre los incluidos en la lista de tutores suplentes a que se refiere el artículo 41. 

Cuando la prolongación de la ausencia del tutor o la concurrencia de cualquier otra causa pudiera afectar negativamente a la adecuada realización de las prácticas por el practicante judicial, se acordará el nombramiento mencionado en el párrafo anterior con carácter definitivo.

Salvo en el supuesto previsto en el párrafo primero del apartado anterior, los cambios de tutor se realizarán mediante la sustitución del inicialmente nombrado por aquél de los incluidos en la lista de tutores suplentes a quien corresponda según el orden de preferencia establecido en virtud de los criterios a que se refiere el artículo 41. El cambio de tutor deberá notificarse en los mismos términos que el nombramiento primitivo.

Artículo 45. 

Corresponden a los jueces tutores las siguientes funciones: 

a)	Colaborar con la Escuela Judicial en la formación y selección de los practicantes judiciales, conforme a los planes anuales de labores aprobados por el Consejo Directivo. 

b)	Cumplir las funciones docentes que se le encomienden y remitir a la Escuela Judicial los informes relativos al aprovechamiento y rendimiento de los practicantes judiciales durante la práctica jurisdiccional.

c)	 Los tutores pondrán en conocimiento inmediato del Consejo Directivo y del Director de la Escuela Judicial la concurrencia de aquellas circunstancias excepcionales de que tuvieren noticia que pudieran incidir negativamente en el aprovechamiento o rendimiento del practicante judicial.

Artículo 46.

Se denominan coordinadores regionales a los jueces que colaboran con la Escuela Judicial en la organización, ejecución y evaluación de actividades de formación y capacitación en una determinada circunscripción territorial. 

Artículo 47.

Los coordinadores regionales serán nombrados y sustituidos por el Consejo Directivo a solicitud del Director de la Escuela Judicial.

Únicamente se podrán nombrar como coordinadores regionales a los jueces que cumplan los siguientes requisitos:

a)	Ser juez en propiedad en una determinada circunscripción territorial.

b)	Aprobar los cursos de capacitación que la Escuela Judicial organice para los coordinadores regionales.

e)	Cumplir con la carga de trabajo asignada al órgano jurisdiccional.

Artículo 48.

Corresponden a los coordinadores regionales realizar las siguientes funciones:

a)	Colaborar en la organización y ejecución de actividades de formación y capacitación  que desarrollen los distintos programas de capacitación de la Escuela Judicial en su ámbito territorial.

b)	Informar a la Dirección de la Escuela Judicial las necesidades de capacitación que se presenten en los funcionarios judiciales de su respectiva región.

c)	Colaborar con el Director de la Escuela Judicial en la designación de jueces tutores y en la evaluación del desempeño de estos últimos.

d)	Procurar la adecuada coordinación entre la Escuela Judicial y los Jueces tutores, en relación con la tarea que éstos tienen encomendada de colaborar con la Escuela en la formación y selección de los practicantes judiciales. 

e)	Otras que la Dirección de la Escuela Judicial les asigne.

Artículo 49.

La actividad de los jueces tutores y coordinadores regionales será remunerada de conformidad con la reglamentación que emita la Corte Plena de conformidad con las recomendaciones que indique el Consejo Directivo de la Escuela Judicial.

TÍTULO V

De los alumnos

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 50.

Podrán ser alumnos de la Escuela Judicial:

a)	Los jueces que voluntariamente participen en actividades de capacitación continua y cumplan con los requisitos que establezca la Escuela Judicial para cada tipo de actividad.

b)	Los Jueces que sean convocados a participar en actividades de capacitación obligatorias de conformidad con los lineamientos que establezca la Corte Plena y el Consejo Directivo.

c)	Los servidores judiciales, funcionarios de otras instituciones públicas o privadas, nacionales e internacionales y particulares que sean convocados a actividades académicas que el Consejo Directivo hubiere aprobado en el plan anual de labores como parte del Programa de Extensión Institucional y Relaciones Externas.

d)	Los participantes de los distintos concursos de selección para el ingreso a la judicatura, cuando sean convocados a actividades de capacitación organizadas por el Programa de Selección de Jueces y el Consejo de la Judicatura.  

e)	Los aspirantes al ingreso a la judicatura que hubiesen superado el concurso libre para acceder al puesto de juez 1 genérico regulado en la Ley de Carrera Judicial. A estos se les denominarán practicantes judiciales y tendrán los deberes y derechos que se establezcan en la presente ley.

Artículo 51.

Los alumnos de la Escuela Judicial están obligados a cumplir con la asistencia, evaluaciones y en general con todas las condiciones establecidas para las actividades de formación y capacitación en las que participen. Asimismo, deben cumplir con las obligaciones que establezca esta ley, los profesores, coordinadores de programas de capacitación, así como con las disposiciones que indiquen el Director y el Consejo Directivo.   

Artículo 52.

Los jefes de oficina están obligados a estimular, facilitar, permitir y vigilar que los funcionarios a su cargo participen y asistan a actividades de formación y capacitación organizadas por la Escuela Judicial.

Artículo 53.

Se admitirán como causas justificadas de ausencia para que un alumno de la Escuela Judicial no se presente, o se ausente, a una actividad de formación y capacitación, así como a la realización de pruebas evaluativas, las siguientes 

a)	Incapacidad del alumno, debidamente certificada mediante dictamen médico emitido por la Caja Costarricense del Seguro Social o bien de médico particular certificado por el Servicio Médico de Empleados del Poder Judicial.

b)	Fallecimiento o enfermedad grave comprobada del padre o la madre, un hijo, el cónyuge, el compañero o la compañera con por lo menos un año de convivencia, o un hermano del alumno.

c)	Matrimonio del alumno.

d)	Nacimiento de un hijo del alumno.

e)	Otras razones de fuerza mayor, siempre que la Escuela Judicial las acepte y estén debidamente documentadas. 

La justificación de ausencia debe presentarse por escrito, dentro del plazo de tres días hábiles después de acontecida la causa ante el coordinador del programa de capacitación, quién resolverá lo pertinente en un plazo máximo de ocho días hábiles. En la justificación deberá especificarse la causa de la ausencia y adjuntarse la prueba respectiva.

Artículo 54.

Los alumnos de la Escuela Judicial están sujetos al régimen disciplinario académico de la Escuela Judicial, que estará a cargo del Director. Solamente podrán imponerse sanciones disciplinarias académicas, previo debido proceso y siguiendo el procedimiento disciplinario regulado en la Ley Orgánica del Poder Judicial. La imposición de una sanción disciplinaria académica tendrá recurso de apelación ante el Consejo Directivo, que podrá ser interpuesto por el alumno afectado dentro del tercero día a partir de la comunicación escrita que impone la sanción respectiva.

Artículo 55.

Las faltas académicas en que incurran los alumnos de la Escuela Judicial, se clasificarán en: leves, graves y muy graves.

1.	Se consideran faltas académicas leves:

a)	Perturbar la necesaria tranquilidad o el normal desarrollo de una prueba evaluativa o de actividades académicas.

b)	Ausencia o abandono injustificado de una prueba evaluativa o actividad académica.

c)	Desobedecer las directrices de uso y aseo de las aulas e instalaciones de la Escuela Judicial.

2.	Se consideran faltas académicas graves:

a)	Presentarse a la realización de una actividad académica o prueba bajo los efectos de drogas, estupefacientes o bebidas alcohólicas.

b)	Observar una conducta inmoral o escandalosa durante la realización de una prueba, en una lección o dentro de las instalaciones de la Escuela Judicial.

c)	Utilizar los recursos tecnológicos de la Escuela Judicial para fines ajenos a los académicos o de investigación. 

d)	La comisión de tres faltas leves de cualquier tipo en un año.

3. Se consideran faltas académicas muy graves:

a)	Agredir, insultar o amenazar de palabra o de hecho a un participante, a un profesor o a un funcionario de la Escuela Judicial durante una actividad académica de la Escuela.

b)	Falsificar firmas o documentos propios de la Escuela Judicial.

c)	Cometer fraude en pruebas de evaluación, presentación de tareas e informes de investigación en actividades académicas de la Escuela Judicial, en beneficio propio o de otros participantes. 

d)	Utilizar algún método fraudulento con el objeto de alterar una calificación o  de conocer, antes de su administración, el contenido de cualquier instrumento de evaluación de los aprendizajes.

e)	Sustraer fórmulas o cuestionarios de exámenes, así como notas o calificaciones.

f)	La comisión de dos faltas graves de cualquier tipo.

Artículo 56.

Las faltas serán sancionadas según la gravedad del hecho con las siguientes sanciones:

a)	Las faltas leves con advertencia. 

b)	Las faltas graves con amonestación escrita.

c)	Las faltas muy graves con suspensión temporal de las actividades académicas de la Escuela, que no podrá ser superior a un mes.

La reiteración en la comisión de una falta académica muy grave se sancionará con la suspensión de las actividades académicas de la Escuela Judicial por un plazo no superior a cinco años. 

Artículo 57.

La imposición de una sanción académica no afecta la relación laboral del sancionado con el Poder Judicial, pero será comunicada a la Corte Plena, a la Inspección Judicial o al Departamento de Personal, según corresponda, para que éstos inicien los procedimientos pertinentes. 

CAPÍTULO II

Los Practicantes Judiciales

Artículo 58.

Los aspirantes al ingreso a la judicatura que hubiesen superado los exámenes del concurso libre para acceder al puesto de juez 1 genérico regulado en la Ley  de Carrera Judicial, se denominarán practicantes judiciales. 

La condición de practicante judicial se adquiere por nombramiento realizado por el Consejo Directivo, a propuesta del Consejo de la Judicatura y ratificado, en cuantos aspectos administrativos, por el Consejo Superior. Se mantendrá  esta condición durante el transcurso del plazo de participación en el Programa de Formación Inicial de Jueces y se perderá cuando el aspirante no supere esta actividad de formación o se le imponga una suspensión disciplinaria en las condiciones establecidas en el artículo 56 de esta ley.
 
La condición de practicante judicial no confiere los derechos propios de la Carrera Judicial. 

Artículo 59.

Los practicantes judiciales dependerán jerárquicamente, en el ámbito de sus funciones respectivas, del Director de la Escuela o del coordinador del Programa de  Formación Inicial de Jueces, de los profesores y de los jueces tutores titulares del despacho judicial en que se desarrolle la fase de práctica jurisdiccional. 

Artículo 60.

Son derechos de los practicantes judiciales los siguientes:

a)	A los permisos y licencias previstos con carácter general para los funcionarios judiciales, pero su otorgamiento no eximirá en ningún caso de la asistencia mínima establecida por los planes docentes y siempre debe ser compatible y no perjudicar la actividad formativa programada por la Escuela Judicial.

b)	Las remuneraciones salariales fijadas por la Corte Plena.

c)	Reconocimiento del tiempo de permanencia en la Escuela Judicial a nivel salarial y en el sistema de carrera judicial.

Artículo 61.

Son obligaciones de los practicantes judiciales las siguientes:

a)	Asistir a las actividades de formación de la fase teórica en la Escuela Judicial con sujeción al calendario y horario establecidos.

b)	Cumplir con las tareas de investigación y evaluaciones que les soliciten los profesores durante la fase teórica de la formación inicial de jueces.

c)	Participar de forma obligatoria o voluntaria, en las prácticas extrajurisdiccionales que la Escuela Judicial organice de conformidad con los planes anuales de labores aprobados previamente.

d)	Asistir a la sede del órgano jurisdiccional en el que realice la fase  práctica jurisdiccional en el horario que se fije en los planes aprobados por la Escuela Judicial o, en su defecto, dentro del horario de funcionamiento ordinario de dicho órgano jurisdiccional. 

e)	Ejercer las funciones de auxilio y colaboración en el órgano jurisdiccional donde realice la fase práctica y seguir las indicaciones de sus respectivos jueces tutores 

f)	Elaborar las providencias, autos y sentencias cuya redacción se les encomiende y que tendrán la consideración de borradores o proyectos de resolución, y podrán ser asumidos por el juez tutor con las modificaciones que éste estime pertinentes. 

g)	Dirigir verbalmente, por disposición del juez tutor y bajo su control directo y no existiendo objeción alguna de las partes que intervienen en la causa, los actos procesales que el tutor estime necesarios, responsabilizándose este último de las decisiones adoptadas por el practicante judicial. En tales casos, en las actas en que se documenten los referidos actos procesales se hará constar expresamente el consentimiento de las partes asistentes a la intervención del practicante judicial y la participación de éste bajo la supervisión del juez tutor.

Artículo 62.

Los practicantes judiciales que se encuentren realizando la fase práctica de la formación inicial de jueces, podrán desempeñar excepcionalmente funciones jurisdiccionales, si así lo acordase el Consejo de la Judicatura, actuando como jueces suplentes interinos.

En los casos que un practicante judicial sea nombrado juez suplente interino por tiempo superior a ocho días se requerirá el informe previo del Director de la Escuela Judicial.  

Los practicantes judiciales que se encuentren en la fase de práctica jurisdiccional tendrán preferencia para ser nombrados jueces suplentes interinos. 

Artículo 63.

Cuando un practicante judicial, durante su práctica jurisdiccional sea nombrado juez suplente interino, quedará sujeto al régimen jurídico previsto para los jueces en la Ley Orgánica del Poder Judicial, percibiendo las retribuciones salariales que le correspondan en tanto desempeñe tal función.

Asimismo, el practicante judicial nombrado juez suplente interino se le aplicará el régimen de responsabilidad disciplinaria de la Ley Orgánica del Poder Judicial durante el periodo que dure su nombramiento.    

TÍTULO V

Las actividades de formación y capacitación 

CAPÍTULO I

Planificación de Actividades de Formación y Capacitación

Artículo 64.

Las actividades de formación y capacitación se planificarán en los planes anuales de labores de la Escuela Judicial, los cuales se diseñarán tomando en cuenta las necesidades de capacitación detectadas, las políticas y objetivos institucionales sobre la capacitación judicial y la asignación presupuestaria. 

El plan anual de labores, que debe ejecutarse al año siguiente, deberá enviarse al Consejo Directivo para su aprobación durante la primera quincena del mes de junio de cada año. El Consejo Superior deberá refrendar los planes anuales de labores, únicamente en aspectos administrativos, dentro de los quince días posteriores a su comunicación por parte de la secretaría de la Escuela Judicial. Transcurrido el plazo indicado, sin contar con el pronunciamiento del Consejo Superior, se tendrá por aprobado el plan anual respectivo.  

Los planes anuales de labores serán de carácter general y flexible, a fin de que permitan incorporar eventuales acciones de capacitación para resolver necesidades contingenciales o aprovechar oportunidades que surjan durante el año.    

 Artículo 65.

Las actividades de formación y capacitación que deban realizarse fuera de los planes anuales de labores deberán ser aprobadas por el Consejo Directivo, para ello deberá justificarse ante dicho órgano con suficiente antelación a su realización y con base en las necesidades de capacitación detectadas que dieron origen a su programación extemporánea. 

Artículo 66.

Con el propósito de garantizar el adecuado aprovechamiento de los recursos disponibles para la capacitación judicial, el Consejo Directivo velará porque los programas y las unidades de capacitación cumplan con los planes de capacitación proyectados anualmente. Para ello solicitará los informes de labores que se consideren oportunos y efectuará las evaluaciones necesarias para determinar el grado de cumplimiento y de eficacia de dichos planes y ofrecer las recomendaciones o medidas correctivas que juzgue convenientes para rectificar o subsanar las irregularidades detectadas.  

CAPÍTULO II

De los tipos, evaluación y aprobación de las actividades 
de formación y capacitación

Artículo 67.

La Escuela Judicial llevará a cabo dos tipos de actividades, que son las siguientes:

a)	Actividades de formación: son aquellas diseñadas para aspirantes a ingresar o ascender en la Carrera Judicial y en las que se realizan  evaluaciones de los aprendizajes.

b)	Actividades de capacitación: son aquellas diseñadas para  capacitar de manera continua y especializada a los funcionarios judiciales que ya ocupen un puesto y otros participantes externos al Poder Judicial. En estas pueden o no existir evaluaciones de los aprendizajes, de conformidad con lo que indique el diseño curricular de cada actividad.

Las actividades de formación y capacitación comprenden los conceptos metodológicos de curso, taller, seminario, conferencia entre otros, que se definirán en el diseño curricular de la actividad específica.

Artículo 68.

En los planes anuales de labores se deberán definir los lineamientos generales de las actividades de formación y capacitación de la Escuela Judicial.

Los lineamientos específicos de las actividades de formación y capacitación, como los objetivos, contenidos, estrategias metodológicas, recursos didácticos y materiales, evaluación de aprendizajes y tiempo de duración serán determinados en el diseño curricular respectivo.

Toda actividad de formación y capacitación deberá cumplir con los siguientes requisitos; aprobación del Consejo Directivo de la Escuela Judicial sea dentro de un plan anual de labores o de manera extraordinaria, diseño curricular que corresponda con las necesidades de capacitación detectadas y la asignación presupuestaria respectiva.

Artículo 69.

Los procedimientos para evaluar el rendimiento de los alumnos en las actividades de formación y capacitación serán: tareas,  pruebas presenciales, orales, escritas o prácticas, informes de investigación, trabajos grupales e individuales, participación, entre otros, que deberán ser determinados en el diseño curricular específico de cada actividad.

No obstante, en actividades de formación y capacitación en las que existan evaluación de los aprendizajes deberán programarse pruebas ordinarias, y en los casos que corresponda, pruebas de reposición y extraordinarias. Prueba ordinaria es aquella que se aplica durante el desarrollo normal de la actividad; de reposición es la que se podrá aplicar en caso de que el participante faltare justificadamente a la prueba ordinaria y prueba extraordinaria es la que se aplica a quien no aprobó la actividad mediante las evaluaciones ordinarias y cumpla con los requisitos establecidos al efecto en la presente ley.

Artículo 70.

En toda actividad que incorpore la evaluación de los aprendizajes deberá programarse al menos una prueba ordinaria. 

Los participantes tendrán derecho a presentar pruebas de reposición, cuando no asistan justificadamente a una prueba ordinaria, siempre y cuando la justificación presentada se ajuste a lo establecido en el artículo 53 de esta ley.

Los participantes que no aprueben una actividad de formación y capacitación pueden realizar únicamente una sola prueba extraordinaria cuando su promedio final sea igual o superior al sesenta y cinco por ciento. La aprobación de esta prueba corresponderá a una calificación final del ochenta por ciento, en todos los casos. 

Artículo 71.

Tanto los distintos instrumentos de evaluación como las calificaciones finales obtenidas por los participantes podrán ser impugnados mediante los recursos de revocatoria y apelación.

Ambos recursos deberán interponerse dentro del término de tres días a partir de la entrega al participante del instrumento de evaluación debidamente calificado por el profesor o de la comunicación del promedio final. Deberán ser debidamente sustentados y ofrecer la prueba respectiva.

Es potestativo usar ambos recursos o uno de ellos, siempre que se respeten los términos estipulados en el párrafo anterior. Si se interpusiesen ambos recursos, se tramitará de oficio la apelación una vez declarada sin lugar la revocatoria.

Los recursos se interpondrán ante el profesor que calificó la prueba impugnada. Para tal efecto, éstos se tendrán por interpuestos el día de su presentación en la Escuela Judicial. En el caso del recurso de revocatoria, el docente deberá resolverlo dentro de los tres días hábiles posteriores a su interposición. En el caso del recurso de apelación, el profesor se limitará a emplazar al recurrente ante el  Director  de la Escuela Judicial y remitirá la documentación correspondiente así como un informe sobre la fundamentación del acto impugnado.

El Director deberá resolver el recurso de apelación en el plazo de ocho días posteriores al recibo de la documentación a la que se refiere el artículo anterior. Contra lo resuelto por el Director no cabrá recurso alguno.

Artículo 72.

Todas las actividades de formación y las de capacitación, en las que se realicen evaluaciones de los aprendizajes, deberán ser aprobadas con una nota mínima del ochenta por ciento.

Las actividades de capacitación, en las que no se realicen evaluaciones de los aprendizajes, serán aprobadas por los participantes cuando asistan a la totalidad de las horas que la componen.

En caso de presentarse ausencias justificadas a las actividades de capacitación presenciales, estas no podrán superar el 10% del total de horas de la actividad académica.  El control de la asistencia se llevará mediante un registro de firmas por sesión. 

CAPÍTULO III

De los certificados 

Artículo 73.

Al concluir una actividad de formación y de capacitación, tanto los alumnos como los profesores, tendrán derecho a recibir un certificado. Estos podrán ser los siguientes:
	
a)	Certificado de aprovechamiento: se otorgará en todas las actividades de formación y en las de capacitación en las cuales exista evaluación de los aprendizajes. 
	
b)	Certificado de participación: se otorgará en las actividades de capacitación  en las que no exista evaluación de los aprendizajes.

c)	Certificado académico: se otorgará a los profesores de la Escuela Judicial, tanto en actividades de formación como de capacitación.

El Consejo Directivo podrá crear otros tipos de certificados, además de los indicados en esta artículo, así como establecer las disposiciones y los requisitos de los certificados que se otorgarán.  

Artículo 74.

A los participantes con derecho a certificado, se les entregará éste dentro de los quince días hábiles siguientes a la conclusión de la  actividad o cuando la Escuela Judicial lo indique. Los certificados no retirados serán archivados en la Escuela Judicial por un  plazo de tres meses calendario desde su emisión, vencido ese plazo, serán destruidos.

Artículo 75.

El participante perderá el derecho a obtener el certificado de aprovechamiento cuando: 
	
a)	Repruebe la actividad académica por no alcanzar la nota mínima establecida.
	
b)	Se ausente injustificadamente de las lecciones.

c)	Incurra en falta grave durante el desarrollo de la actividad de conformidad con las disposiciones disciplinarias establecidas en la presente ley.

 Artículo 76.

Los participantes no tendrán derecho a obtener certificado de participación, si incurren en los supuestos b) y c) del artículo anterior.

Artículo 77.

Los certificados emitidos por la Escuela Judicial, serán firmados por el Director o el Presidente del Consejo Directivo de la Escuela Judicial, para tener validez tanto dentro como fuera del Poder Judicial. 

Artículo 78.

La Escuela Judicial, a solicitud del estudiante, extenderá certificaciones relativas a las notas obtenidas, aprobación de actividades académicas, matrícula, tiempo efectivo de asistencia y otros extremos de similar naturaleza. Dichas certificaciones se extenderán dentro de los ocho días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud que incluya los timbres de ley. 

Artículo 79.

Los estudiantes podrán solicitar a la Escuela Judicial la reposición de certificado cuando éste fuere extraviado, deteriorado o no haya sido retirado en tiempo, siempre y cuando el participante asuma los costos de la emisión del nuevo certificado y no haga uso abusivo de este derecho. 

TÍTULO VI

Del régimen financiero

Artículo 80.
 
La Escuela Judicial, como órgano técnico al servicio del Poder Judicial, estará sujeta al mismo régimen presupuestario y control financiero que los restantes órganos que componen a este poder de la República.

Artículo 81.
 
El presupuesto de la Escuela Judicial se integrará con el del Poder Judicial como un centro de responsabilidad específico. 

Artículo 82.

Se considerarán recursos de la Escuela Judicial y se incorporarán a su programa presupuestario los que puedan generarse como consecuencia de alguno de los siguientes conceptos: 

a)	Las tasas o derechos generados por la prestación de servicios.
 
b)	El producto de la venta e intercambio de publicaciones de la Escuela o de la prestación de servicios.

c)	Las subvenciones o donaciones que se realicen a favor de la Escuela.

d)	Cualesquiera otros recursos que le sean atribuidos. 

Bibliografía utilizada para la elaboración del Anteproyecto de Ley de la Escuela Judicial

Libros, artículos y folletos nacionales 

Normativa del SUCADES (2003). Centro de Capacitación y Desarrollo. Dirección General del Servicio Civil. San José, Costa Rica. 

Origen, organización y funcionamiento de la Escuela Judicial (1986). Poder Judicial. San José, Costa Rica.

Picado Odio Hugo (2002). Ponencia Carrera Judicial y Capacitación 1997-2002. Escuela Judicial. 
 
Solano Carrera Luis Fernando (2003). Los Jueces y la Reforma de la Justicia. Departamento de Publicaciones e Impresos del Poder Judicial. San José.

Taller “Escuela Judicial y Carrera Judicial” (2003). El Rol de la Escuela Judicial en el impulso de la capacitación y la carrera judicial en Costa Rica. Perspectivas y oportunidades para una justicia del siglo XXI. Escuela Judicial. 

Tristán Sánchez Ana (2003). Elementos de Educación de Adultos: Su aplicación en el ámbito judicial. Segunda edición. Escuela Judicial. Poder Judicial, San José C.R. 

Libros, artículos y folletos extranjeros  

Díez-Picazo Luis María (2001). El sistema francés de acceso a la judicatura: selección y formación inicial, Manual de Formación Continua El acceso a la función judicial. Estudio comparado. Consejo General del Poder Judicial. Madrid. 

El Acceso a la Función Judicial. Estudio Comparado (2001). Manual de Formación Continua número 13. Coordinación Rafael Jiménez Asensio. Consejo General del Poder Judicial. Madrid. 

Gómez Martínez Carlos (2001). Las Razones de la Formación Inicial del Juez. Revista del Poder Judicial Nº 64. Cuarto Trimestre. Consejo General del Poder Judicial. Madrid.

Jiménez Asensio Rafael (2001). El acceso a la judicatura en España: evolución histórica, situación actual y propuestas de cambio. Manual de Formación Continua. El acceso a la función judicial. Estudio comparado. Consejo General del Poder Judicial. Madrid.  

La Escuela Nacional de la Magistratura de Francia (2002). Revista del Poder Judicial de España Nº 68. Consejo General del Poder Judicial. cuarto trimestre. Madrid.

Plan Estatal de Formación para Jueces y Magistrados (2004). Formación Continua. Escuela Judicial. Consejo General del Poder Judicial de España.

Plan Docente de Formación Inicial. Curso 2003-2005. 55° Promoción. Escuela Judicial. Consejo General del Poder Judicial de España.  

Protocolo para el período de jueces adjuntos. Cursos 2002-2004 (54° promoción). Escuela Judicial de España.

Estudios e informes de la Escuela Judicial de Costa Rica 

Bermúdez Vindas Ingrid y Tristán Sánchez Ana; Directrices Generales para la Certificación de Programas y Cursos en la Escuela Judicial; estudio aprobado por el Consejo Directivo de la Escuela Judicial en sesión Nº 8 del 5 de noviembre de 2003, artículo II.

Estudio para adaptar técnica y legalmente las nuevas políticas de certificación de programas y cursos en la Escuela Judicial, elaborado por los profesionales en Derecho de la Escuela Judicial. 2004.

González Vílchez Otto (enero 2002). Estudio sobre el Régimen Disciplinario Académico aplicable en la Escuela Judicial. Escuela Judicial.

González Vílchez Otto (febrero 2004). Estudio sobre la actual aplicación de los factores de carrera profesional: participación como instructor y experiencia docente y su necesaria reforma. Escuela Judicial. 

González Vílchez Otto (mayo 2004). Estudio sobre la aplicación a la Escuela Judicial costarricense de los aspectos más relevantes del funcionamiento del Servicio de Formación Continua y de la fase práctica de la Formación Inicial de Jueces de España. Escuela Judicial.

González Vílchez Otto (enero 2001). Estudio sobre los conceptos de docencia, coordinación y actividad académica de la Escuela Judicial en el marco del Reglamento para el reconocimiento de la carrera profesional en el Poder Judicial. Escuela Judicial.

González Vílchez Otto (marzo 2003). Informe preliminar sobre la propuesta de un nuevo sistema de otorgamiento de becas en el Poder Judicial. Escuela Judicial. 

Programa de reestructuración de la Escuela Judicial (1998). Escuela Judicial. 

Leyes y reglamentos nacionales 

Ley de Creación de la Escuela Judicial Nº 6593 y su reglamento, publicada en la Gaceta Nº 161 del 24 de agosto de 1981.

Ley Orgánica del Poder Judicial Nº 7333 del 5 de mayo de 1993, publicada en el Alcance Nº 24 de La Gaceta 124 del 1º de julio de 1993.  

Ley de Reorganización Judicial Nº 7728 del 15 de diciembre de 1997, publicada en el Alcance Nº 61-A de La Gaceta Nº 249 del 26 de diciembre de 1997.

Ley Orgánica del Ministerio Público modificada por Ley de Reorganización Judicial N° 7728 del 15 de diciembre de 1997, publicada en el Alcance Nº 61-A de La Gaceta Nº 249 del 26 de diciembre de 1997.

Ley Orgánica del Organismo de Investigación Judicial de abril de 1974.

Estatuto de Servicio Judicial de febrero de 1973. 

Estatuto de Servicio Judicial reformado por Ley de Carrera Judicial Nº 7338 del 5 de mayo de 1993.

Ley de Salarios del Poder Judicial de agosto de 1982.

Código de Ética Judicial, aprobado por la Corte Plena en sesión Nº 16-99, Artículo III del 12 de abril de 1999 y sesión Nº 9-2000, Artículo XXXIV del 28 de febrero de 2000.

Reglamento de las Tutorías de la Escuela Judicial de abril de 1983.

Reglamento de Estudio Independiente por Tutoría del 26 de setiembre de 1990.

Reglamento de Evaluación del Rendimiento Académico y Aprovechamiento Escolar del 26 de setiembre de 1990.

Reglamento Interno del Sistema de Carrera Judicial del 7 de julio de 1994.    

Reglamento de la Oficina de Personal de enero de 1965.

Reglamento de Defensores Públicos de 1970.

Reglamento para el reconocimiento de la carrera profesional en el Poder Judicial del 23 de abril de 1999.

Reglamento para el incremento de sueldos por cursos de capacitación judicial de mayo de 1984. 

Reglamento de becas y permisos de estudios para el personal del Poder Judicial de febrero de 1991.

Reglamento de becas y licencias de estudios para el personal de la Asamblea Legislativa, Nº 018-2001 del 31 de julio de 2001.

Reglamento de becas y facilidades de capacitación y desarrollo del recurso humano del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, Nº 29916-MEIC.

 Leyes y reglamentos extranjeros

Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, del Poder Judicial de España.

Reglamento número 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial de España.

Reglamento número 2/1995, del 7 de junio, de la Escuela Judicial de España.

Reglamento 2/2000, del 25 de octubre, de jueces adjuntos de España.

Anteproyecto del nuevo reglamento de la Escuela Judicial de España, versión de abril del 2004.

Acuerdo número 1392 del 21 de marzo de 2002, de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura de Colombia.

Actas de Corte Plena 

Corte Plena sesión Nº 41-2000 del 30 de octubre de 2000, artículo XIII.

Corte Plena sesión Nº 08-04 del 8 de marzo de 2004, artículo V.

Corte Plena sesión Nº 09-04 del 15 de marzo de 2004, artículo VI. 

Corte Plena sesión Nº 11-04 del 22 de marzo de 2004, artículo XX. 

Actas de Consejo Directivo

Consejo Directivo sesión Nº 06-00 del 6 de abril de 2000, Artículo V, Proyecto de Reglamento de Evaluación de la Escuela Judicial.

Jurisprudencia constitucional 

Sala Constitucional, voto 2580-98 de las diez horas con tres minutos del diecisiete de abril de mil novecientos noventa y ocho.

Sala Constitucional, voto 5927-2001 de las once horas del cuatro de julio del dos mil uno.  

Sala Constitucional, voto 5059-2005 de las catorce horas con doce minutos del veintisiete de abril del dos mil cinco. “ 

SE ACUERDA:  Tomar nota del informe y se le  entrega a los miembros del Consejo Directivo para su estudio.

ARTÍCULO IV

El Lic. Otto González Vílchez, Abogado de la Escuela Judicial, en oficio EJ-UJ-071-2006 del 25 de  mayo del 2006 remite y explica ampliamente el documento “Sintesis de las políticas emitidas por el Consejo Directivo en materia de actividades académicas y otros temas de interés” que dice

“Alcances 

El presente documento tiene la finalidad de sistematizar las políticas que el Consejo Directivo ha emitido con respecto a los siguientes temas:

•	Diversas modalidades de actividades académicas de la Escuela Judicial.
•	Requisitos y procedimientos que se deben cumplir para considerar a una actividad académica perteneciente a la Escuela Judicial.
•	Requisitos para la emisión de certificados en sus diversas modalidades.
•	Consideraciones respecto a los participantes en las actividades de la Escuela Judicial.
•	Obligatoriedad de asistencia a las actividades académicas de la Escuela Judicial.
•	Trámite para la resolución de apelaciones de exámenes de la Escuela Judicial.
•	Requisitos y procedimientos de aprobación de las actividades académicas de las unidades de capacitación.
•	Obligaciones de los becarios para con la Escuela Judicial.

Asimismo, la metodología que se utilizará para realizar este estudio, tendrá como parámetros los que a continuación se exponen:

•	Se analizarán diez años (1996 al 2006) de precedentes administrativos emitidos por el Consejo Directivo respecto a diversos aspectos relacionados con las actividades de formación y capacitación que desarrolla la Escuela Judicial.

•	La gran mayoría de acuerdos del Consejo Directivo, en materia de actividades académicas y otros temas, fueron tomados para casos particulares, por lo que es indispensable realizar una labor de generalización, a efectos de extraer por interpretación la política que se podría aplicar a todos los casos en el futuro (extraer la regla general de los casos particulares).

Para finalizar esta breve introducción, se debe indicar que el Consejo Directivo se ha pronunciado en los últimos diez años en diversos temas como los citados en los párrafos anteriores. Sin embargo, hay tópicos en los que dicho órgano colegido no ha emitido criterio, en virtud de esto es necesario dejar expuestos algunos aspectos relevantes en los que se requiere el pronunciamiento del Consejo Directivo. Estos temas se enlistarán en el último apartado de este trabajo.  

1. Síntesis de las políticas emitidas por el Consejo Directivo en relación a actividades académicas y otros temas de interés de 1996 al 2006

Durante estos últimos diez años el Consejo Directivo ha emitido una serie de pronunciamientos sobre diversos temas de interés para orientar el trabajo de la Escuela Judicial. En consecuencia, se exponen a continuación las políticas que se pueden extraer de los acuerdos tomados por este órgano colegiado sobre temas relevantes para el quehacer de la Escuela Judicial.

1.1.	Políticas sobre las diversas modalidades de actividades académicas de la Escuela Judicial

1) POLÍTICA: La Escuela Judicial tiene las siguientes modalidades de actividades académicas:

•	Programas de formación y capacitación: se componen de varios cursos y se caracterizan por la unidad e interdependencia entre ellos para provocar un cambio integral en aquellos quienes lo aprueben. Son normalmente aprobados en los Planes Anuales de Labores.

•	Cursos independientes: son aquellos que no pertenecen a ningún programa; son cursos específicos que pueden ser aprobados en el Plan Anual de Labores o de manera extraordinaria.

•	Conferencia: consiste en una charla expositiva, o un conjunto de estas, y exige la presencia en el lugar en que se ofrece o en los sitios remotos (en caso de las videoconferencias).

•	Taller: este tipo de actividad académica se caracteriza por tratar de obtener del conocimiento y experiencia de los(as) participantes un producto en particular, orientados por el(la) facilitador(a) o un grupo de ellos. El taller tiene como característica fundamental, que los(as) participantes son quienes aportan su conocimiento para el logro de algún producto.  Generalmente en un taller quienes aportan sus conocimientos y experiencia son los(as) participantes y en menor medida el coordinador del taller (el facilitador).

•	Seminario: es una técnica de trabajo en grupo para el estudio intensivo por parte de los(as) participantes de un tema en sesiones planificadas, utilizando para ello diversas fuentes de información: libros, sentencias, audiovisuales, estadísticas, etc. Su característica esencial es que los(as) participantes deben investigar los temas asignados por el facilitador, los cuales abarcan los contenidos del curso, utilizando diversos recursos puestos a su disposición o que deben ser localizados por los(as) participantes.  Al finalizar su investigación, deben presentar los resultados ante el resto del grupo.  En esta forma de capacitación, el facilitador tiene poca participación exponiendo los contenidos; su labor se centra en dar asesoría durante el proceso y al finalizar la tarea investigativa.

•	Curso: conjunto de contenidos temáticos que se imparten en una determinada materia.  Los cursos teórico-prácticos son aquellos que combinan teoría y práctica; están bajo la responsabilidad del facilitador quien se encarga de exponer los contenidos y realizar diversas actividades para el logro del aprendizaje deseado. 

Fundamento de la política indicada:

Estudio sobre los conceptos de docencia, coordinación y actividad académica de la Escuela Judicial, en el marco del reglamento para el reconocimiento de la carrera profesional en el Poder Judicial, elaborado por Otto González Vílchez (aprobado)
CONSEJO DIRECTIVO DE LA ESCUELA JUDICIAL, Sesión N° 10-2001; artículo III

Propuesta de certificación de programas y cursos, elaborada por Ingrid Bermúdez Vindas y  Otto González Vílchez (aprobado)
CONSEJO DIRECTIVO DE LA ESCUELA JUDICIAL, Sesión N° 17-2005 de las ocho horas con cuarenta y cinco minutos del trece de julio de 2005, artículo VI

1.2.	Políticas respecto a requisitos y procedimientos que se deben cumplir para considerar a una actividad académica perteneciente a la Escuela Judicial

2) POLÍTICA: De acuerdo con la Ley de Creación de la Escuela Judicial, a las prácticas internas para la elaboración y organización de cursos y los acuerdos del Consejo Directivo de la Escuela Judicial, se pueden extraer dos tipos de requisitos que debe tener toda actividad académica para ser considerada perteneciente a la Escuela Judicial, estos son:  

a)	Requisitos de fondo
b)	Requisitos de forma

3) POLÍTICA: Las actividades académicas de la Escuela Judicial deben cumplir con los requisitos sustantivos o de fondo que se pueden enumerar en los siguientes:

a)	Requisitos de fondo sobre la constitución de una actividad académica: se refieren a los fundamentos básicos que originan una actividad académica que les da sustento y en los cuales se encuentra toda la información necesaria para el planeamiento y ejecución del curso o programa de capacitación, son los siguientes:

Requisitos para el programa de formación y capacitación: debe contener como mínimo los siguientes requisitos de fondo que lo constituyen (macroprogramación):

-	Fundamentación del Programa de Capacitación: aquí se hace referencia a los antecedentes y motivos que dieron origen al programa de capacitación, así como las necesidades de capacitación que se requiere satisfacer.

-	Objetivos del programa: se exponen las metas generales que se quieren alcanzar con el Programa de Capacitación.

-	Perfil de salida: lo que se espera aprendan los participantes cuando termine el programa de capacitación.

-	Plan de estudios: este aspecto hace referencia tanto al desglose de los contenidos temáticos por cada curso, como al listado de cada uno de los cursos que conforman el programa de capacitación.

-	Propósito general de los cursos: aquí se indica cada una de las finalidades por alcanzar, de cada curso que compone el programa de capacitación.

-	Aspectos administrativos: en este requisito se deben establecer los recursos materiales y humanos necesarios, así como la forma de implementar logísticamente el  Programa de Capacitación.

Requisitos de fondo sobre la constitución de un Curso de Capacitación: para un curso de capacitación de la Escuela Judicial, se deben elaborar dos documentos, el programa del curso y el diseño curricular, los cuales deben llenar una serie de requisitos de fondo, que a continuación desglosamos:

Programa de Curso: el programa de curso es el documento que debe ser aprobado por los órganos correspondientes, consta de:

-	Introducción: se exponen los antecedentes del curso.

-	Propósito del curso: se expone la finalidad que se pretende alcanzar con la realización del curso.

-	Objetivos del curso: se dan las metas que se deben lograr con la realización del curso.

-	Contenidos del curso: se desglosan los temas a tratar en el curso.

-	Metodología del curso: se determina qué tipo de estrategia educativa se va a utilizar, por ejemplo a distancia o presencial.

-	Fecha y lugar de realización del curso: se indica la hora, la fecha y el lugar donde se realizará el curso.

-	Evaluación del curso:  se exponen los criterios de evaluación del curso.

-	Lista de docentes o facilitadores: se indica quiénes serán los profesores o capacitadores.

-	Lista de participantes: se indica quiénes serán los participantes y el lugar donde laboran.

-	Aspectos administrativos: se solicitan los permisos y el pago de ayuda económica a los docentes y participantes. También se solicita colaboración en aspectos logísticos como el transporte, uso de aulas y materiales didácticos necesarios.

Diseño Curricular: es mucho más específico que el anterior, los requisitos que lo componen son:
 
-	Nombre del curso.

-	Propósito general: aquí se indica qué se le va a ofrecer al participante y qué tipo de habilidades, destrezas y actitudes va a desarrollar.

-	Introducción: se indica a quiénes va dirigido el curso y la importancia que esta actividad tiene para los participantes.

-	Aspectos metodológicos: se determina qué tipo de estrategia educativa se va utilizar. Por ejemplo, educación a distancia o presencial.

-	Recursos materiales: como equipo audiovisual, aulas, entre otros.

-	Material didáctico: que se utilizará por parte de los participantes.

-	Evaluación: determinación de los criterios de evaluación del curso.

-	Bibliografía recomendada: se refiere a libros y material bibliográfico que se puede utilizar como apoyo para la realización del curso.

-	Objetivos de aprendizaje para el estudiante: hace referencia a los logros que el participante debe alcanzar y que constituyen el criterio central que emplea el docente para evaluar el aprendizaje.

-	Contenidos: aquí se realiza un desglose detallado de todos los contenidos del curso.

-	Metodología: en este punto se explican en forma detallada las actividades que se van a realizar en relación con cada uno de los objetivos y contenidos propuestos.

-	Observaciones: se debe indicar en este punto la bibliografía que debe estudiar el participante, los recursos materiales que se requieren para concretar cada una de las actividades y los criterios de evaluación.

-	Distribución temática en horas: aquí se debe indicar el número de horas que le consumirá cada tema o subtema. 

b)	Requisitos de fondo sobre la ejecución de una actividad académica: estos requisitos aluden a la forma en que se puede ejecutar y supervisar una  actividad académica y que es mediante la existencia, en los archivos de la Escuela Judicial, del expediente de la actividad, que es el documento mediante el cual se hace constar todo el desarrollo del curso o programa de capacitación. Los requisitos mínimos que debe llenar un expediente para una actividad académica de la Escuela Judicial son:

-	Nombre del curso.

-	Nombre del auxiliar judicial encargado así como del coordinador asignado por parte de la Escuela judicial.

-	Programa de curso.

-	Listas oficiales tanto de los participantes como de los facilitadores.

-	Convocatorias al curso de los facilitadores y participantes.

-	Comunicaciones al Consejo Superior y otras de diferente índole (como por 
ejemplo oficios para  reservar aulas, material audiovisual, entre otros).

-	Los formularios sobre el pago de viáticos a los participantes o facilitadores.

-	Controles de asistencia de los participantes o los profesores.

-	Diseño de los certificados con las respectivas listas de entrega.

-	Datos sobre la evaluación del curso.

-	Informes de notas y comunicaciones a la secretaría de la Escuela Judicial y al Departamento de Personal acerca de los participantes y profesores.

Es valioso indicar que los expedientes de una actividad académica de la Escuela Judicial deben estar archivados en la Unidad de Archivo Documental de la Escuela.

c)	Requisitos de fondo sobre el reporte y evaluación de resultados de una actividad académica: hace referencia a la obligación que existe, por parte de la Escuela Judicial, de comunicar la conclusión de los cursos al Departamento de Personal, y el deber de informar a las instancias correspondientes tales como Consejo Superior, Departamento de Planificación y Presidencia de la Corte los resultados obtenidos por los cursos de capacitación, para que estas últimas instancias determinen si los resultados de la capacitación efectuada por la Escuela se amoldan a las políticas institucionales y presupuestarias del Poder Judicial. En consecuencia, toda actividad académica de la Escuela Judicial, una vez concluida, debe ser reportada inmediatamente, por la secretaría de la Escuela Judicial, al Departamento de Personal, de conformidad con el artículo 15 del Reglamento de Reconocimiento de Carrera Profesional, por escrito, en un plazo no mayor a 7 días hábiles contados a partir del término de la actividad, la respectiva lista de los profesionales asistentes a la actividad, así como de los docentes. Por otra parte, la Escuela Judicial debe comunicar por medio de su informe de labores anual, los resultados de la realización de las actividades académicas, a efectos de que las autoridades del Poder Judicial valoren si se están cumpliendo las políticas de capacitación y presupuestarias propuestas por la institución.

d)	Existencia de contenido presupuestario: toda actividad académica de la Escuela Judicial, debe contar previamente a su ejecución con el respectivo contenido presupuestario. 

4) POLÍTICA: Las actividades académicas de la Escuela Judicial deben cumplir con los requisitos de forma, o los procedimientos establecidos para que puedan ser consideradas pertenecientes a la Escuela Judicial y por consiguiente cuenten con la respectiva validez jurídica.

Asimismo, se deben cumplir con estos requisitos de forma antes de ejecutar la actividad respectiva, presentando previamente todos los requisitos de fondo.

Los requisitos de forma o procedimiento que se debe seguir para la valida aprobación de actividades académicas de la Escuela Judicial, son los siguientes:

a)	Análisis y consideración de actividades académicas por parte de la Dirección de la Escuela Judicial: se refiere a la gestación de las actividades académicas. Esta gestación de las actividades académicas se realiza a nivel interno, cuando el personal de la Escuela comienza el planeamiento de una actividad académica que necesariamente la Dirección debe aprobar y someter a consideración y aprobación del Consejo Directivo. Es importante resaltar que la función de la Dirección de la Escuela respecto de la aprobación de actividades académicas está determinada por los artículos 8 de la Ley de Creación y 7 del Reglamento de la Escuela Judicial. La Dirección de la Escuela Judicial tiene la labor, dentro de los procedimientos de aprobación de una actividad académica, de preparar, proponer y ejecutar los programas y cursos de capacitación. Toda actividad académica que se quiera llevar a cabo en la Escuela Judicial debe ser sometida y consultada previamente a la Dirección, debido a que legalmente solo ésta puede proponer ante Consejo Directivo la realización de actividades académicas de conformidad con la normativa citada anteriormente. Cabe aclarar, de que la Dirección de la Escuela Judicial tiene la facultad de someter a Consejo Directivo para su aprobación las actividades académicas que considere más adecuadas, de conformidad con las políticas institucionales y presupuestarias, pero la Dirección no es el órgano que aprueba la ejecución de una actividad académica, sino únicamente el Consejo Directivo y el Consejo Superior.

b)	Aprobación de las actividades académicas por parte del Consejo Directivo de la Escuela Judicial: el Consejo Directivo es el órgano encargado de aprobar la realización de una actividad académica y esta función está asignada en los artículos 30 y 33 de la Ley de Creación y 21 del Reglamento de la Escuela Judicial. 
El Consejo Directivo es el órgano encargado de aprobar la realización de una actividad académica, este es un importante requisito que se debe cumplir a efecto de que los cursos y los programas de capacitación puedan ser considerados como actividades académicas de la Escuela Judicial. 
La aprobación por parte del Consejo Directivo de las actividades académicas de la Escuela Judicial, se realiza de dos formas:

-	La aprobación de un Plan de Trabajo Anual: esto significa que el Consejo Directivo puede aprobar las actividades académicas mediante un Plan de Trabajo Anual, que es un documento donde se indican los principales programas y cursos que se realizarán durante un año (macroprogramación), y que normalmente es aprobado por este órgano a principios de cada año.

-	La aprobación de cursos específicos: esto significa que el Consejo Directivo podrá aprobar actividades académicas que no estén incluidas en el respectivo Plan de Trabajo Anual en forma particular.

Es importante diferenciar ambas formas de aprobación de las actividades académicas, debido a que un curso o programa que está incluido y aprobado por el Consejo Directivo en un Plan de Trabajo Anual al iniciar el año, no es necesario que en al momento de su realización se someta a aprobación de este órgano en vista de que ya se encuentra admitido, distinta es la situación de cursos específicos que no están dentro de un Plan Anual de Trabajo, ya que estos deben necesariamente ser aprobados por el Consejo Directivo para que tengan validez.

Se debe aclarar que la aprobación realizada por el Consejo Directivo no basta para legitimar el que una actividad académica pertenezca a la Escuela Judicial, si no que también, no se debe variar lo que originalmente el Consejo Directivo aprobó. Lo anterior se debe al citado artículo 21 del Reglamento de la Escuela Judicial que señala, claramente, que las actividades académicas aprobadas por Consejo Directivo no pueden ser variadas, lo que significa que debe existir concordancia entre lo aprobado por el Consejo Directivo y lo ejecutado por la Escuela Judicial, si se varía lo previamente aprobado o se ejecutan actividades que no corresponden con las aprobadas previamente por este órgano colegiado, no se puede considerar a éstas como actividades académicas pertenecientes a la Escuela Judicial.       
 
c)	Aprobación final de la actividad académica por parte del Consejo Superior del Poder Judicial: la actividad académica que haya sido admitida por el Consejo Directivo, debe ser finalmente aprobada por el Consejo Superior del Poder Judicial, con fundamento en el artículo 84 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Este artículo nos da la pauta para indicar que el último paso o etapa para que una actividad académica pueda ejecutarse, es que sea aprobada por el Consejo Superior, que es el órgano del que depende la Escuela Judicial a nivel administrativo.

Fundamento de las políticas indicadas:

Estudio sobre los conceptos de docencia, coordinación y actividad académica de la Escuela Judicial, en el marco del reglamento para el reconocimiento de la carrera profesional en el Poder Judicial, elaborado por Otto González Vílchez (aprobado)
CONSEJO DIRECTIVO DE LA ESCUELA JUDICIAL, Sesión N° 10-2001; artículo III

SE ACUERDA…se les recuerda a los organizadores de esta actividad académica, que deben seguir el procedimiento que ha establecido la Escuela, en el sentido de remitir con suficiente antelación al Consejo Directivo, el programa, participantes y demás requisitos que es indispensable conocer para su aprobación. 
CONSEJO DIRECTIVO DE LA ESCUELA JUDICIAL, Sesión N° 17-96 de las once horas del ocho de octubre de 1996, artículo VIII.

SE ACUERDA: comunicarle que por el momento no es factible acceder a su proposición, ya que el Plan de Trabajo de la Escuela Judicial para este año, aprobado desde el mes de diciembre del año pasado, ya está en proceso de ejecución; por ello, no disponemos de espacio para realizar esta actividad académica. Además, no se accede a la solicitud ya que el procedimiento utilizado no es el correcto, la Escuela Judicial, debe con antelación tener conocimiento de la organización de este tipo de actividades académicas.
CONSEJO DIRECTIVO DE LA ESCUELA JUDICIAL, Sesión N° 5-97 de las once horas del cuatro de marzo de 1997, artículo VI.

SE ACUERDA: No acceder a la petición de la Licda. R.L.M. Jueza de Instrucción de Puriscal, referente a que la Escuela Judicial, otorgue un certificado a los participantes, en la actividad a celebrarse el día 21 de junio próximo. Se le indica que el procedimiento seguido no fue el apropiado. Se debe presentar la solicitud del curso, y el programa con sus contenidos, para su respectiva aprobación de este consejo, de previo a su ejecución.
CONSEJO DIRECTIVO DE LA ESCUELA JUDICIAL, Sesión N° 10-97 de las once horas del tres de junio de 1997, artículo XX.

SE ACUERDA: De previo a resolver sobre este asunto, solicitar al señor G.J.S. Jefe de la Sección de Capacitación del O.I.J. brindar a este Consejo Directivo, más información sobre la actividad mencionada (contenidos, programa, lista de participantes, etc.).
CONSEJO DIRECTIVO DE LA ESCUELA JUDICIAL, Sesión N°12-97 de las once horas del veintitrés de julio de 1997, artículo XX.

SE ACUERDA: … De previo a resolver la petición que formula el Dr. W.R.C. Jefe del Departamento de Medicina Legal, solicítesele a este funcionario un informe sobre la curricula de los temas a tratar en dichas jornadas así como respecto de los conferencistas invitados a la misma, como también un detalle de los costos en que se incurrirá en la ejecución de la actividad.
CONSEJO DIRECTIVO DE LA ESCUELA JUDICIAL, Sesión N° 8-98 de las once horas quince minutos del siete de mayo de 1998, artículo IX.

SE ACUERDA: Solicitar al Consejo Superior que les recuerde a todos los órganos y funcionarios judiciales que toda actividad de capacitación o adiestramiento que se pretenda realizar debe ser avalada por la Escuela Judicial, por medio de su Consejo Directivo, el que dará el trámite que corresponda.
CONSEJO DIRECTIVO DE LA ESCUELA JUDICIAL, Sesión N° 9-98 de las once horas del veintiuno de mayo de 1998, artículo XI.

SE ACUERDA: Instar a la Corte Plena para que toda actividad de capacitación y académica se realice siempre a través de la Escuela Judicial y se ponga en conocimiento de la Corte los requisitos recomendados para considerar una actividad académica dentro del plan de trabajo de este órgano de capacitación.
CONSEJO DIRECTIVO DE LA ESCUELA JUDICIAL, Sesión N° 10-2001 de las ocho horas con quince minutos del diez de mayo de dos mil uno, artículo IV.

Recibida la votación correspondiente, se dispuso: Aprobar la recomendación del Consejo Directivo de la Escuela Judicial y poner el presente acuerdo en conocimiento del Consejo Superior. Así se resolvió con el voto de los señores Magistrados presentes.
CORTE PLENA, Sesión N° 21-01 del 25 de junio de 2001, artículo XVII 

 Se acordó: Tomar nota de la comunicación anterior, en razón de que la Corte Plena en sesión celebrada el 25 de junio en curso, artículo XVII, dispuso acoger la recomendación del Consejo Directivo de la Escuela Judicial, en el sentido de que toda actividad y capacitación académica se realice siempre a través de la Escuela Judicial y se haga del conocimiento de la Corte, los requisitos recomendados para considerar una actividad académica dentro del plan de trabajo de ese órgano de capacitación.
CONSEJO SUPERIOR, Sesión N° 50-01 del 26 de junio de 2001, artículo XXXII 

SE ACUERDA: Poner en conocimiento de la Corte Plena la manifestación de la Mag. Ana Virginia Calzada, con el propósito de que se acate lo dispuesto por Corte Plena  y se envíen los cursos con suficiente antelación para su aprobación.
CONSEJO DIRECTIVO DE LA ESCUELA JUDICIAL, Sesión N° 02-2002 de las ocho horas con quince minutos del once de febrero de 2002, artículo IV

SE ACUERDA:(...) se recuerda que toda actividad de capacitación donde se requiere que la Escuela Judicial intervenga debe ser planteada de acuerdo al cronograma de actividades de la Escuela y deben ser presentadas para aprobación del Consejo Directivo con bastante antelación.
CONSEJO DIRECTIVO DE LA ESCUELA JUDICIAL, Sesión N° 02-2002 de las ocho horas con quince minutos del once de febrero de 2002, artículo IV

SE ACUERDA: Denegar la solicitud anterior ya que toda actividad académica debe ser autorizada por el Consejo Directivo de la Escuela Judicial antes de su inicio de acuerdo con lo dispuesto por Corte Plena, en sesión N° 14-02, celebrada el 1° de abril del 2002, artículo XXXII, Circular N° 44-2002 publicada en Boletín Judicial N° 103 del 30 de mayo del 2002.
CONSEJO DIRECTIVO DE LA ESCUELA JUDICIAL, Sesión N° 11-2002 de las nueve horas con quince minutos del doce de setiembre de 2002, artículo XVI
 
SE ACUERDA: Comunicar a la Presidencia de la Corte la inconformidad de este Consejo Directivo con respecto a la gestión que se ha venido realizando en el tema de la Oralidad recientemente, y la necesidad de que estas y otras iniciativas sean canalizadas y programadas desde un inicio con la Escuela Judicial. 
CONSEJO DIRECTIVO DE LA ESCUELA JUDICIAL, Sesión N° 05-2005 de las ocho horas con cuarenta minutos del dos de marzo del 2005, artículo III

SE ACUERDA: Comunicar al Lic. Abel Jiménez Obando, Presidente de la Asociación Costarricense de la Judicatura que toda actividad académica que se realice en el Poder Judicial debe ser aprobada por el Consejo Directivo de la Escuela Judicial para efectos de autorizar la confección de certificados aunque cuente previamente con el permiso del Consejo Superior.  Por lo anterior, se deniega la confección de certificados y se le informa que para futuras actividades debe someter el diseño curricular de la actividad o su programa para su aprobación por parte de este  Consejo para determinar si se autoriza la certificación de la actividad, ya que para ello existen políticas establecidas.
CONSEJO DIRECTIVO DE LA ESCUELA JUDICIAL, Sesión N° 01-2006 de las nueve horas con quince minutos del diecinueve de enero del 2006, artículo XLVIII

5) POLÍTICA: En las actividades académicas incluidas en los Planes Anuales de Labores, que se encuentren debidamente aprobados por el Consejo Directivo y Superior, le corresponderá a la Dirección la revisión y visto bueno de los requisitos de fondo respectivos y gestionar los permisos correspondientes ante el Consejo Superior.

Esta política se sustenta en el siguiente acuerdo:

La Mag. Ana Virginia Calzada propone que en relación con los cursos aprobados por este Consejo y el Consejo Superior que se encuentran incluidos en el Plan de Trabajo de la Escuela Judicial del 2003, sea el Director de la Escuela Judicial quien propiamente asuma toda la gestión para revisar los diseños de curso, programas pendientes, listas de participantes y trámite de permisos que correspondan ante el Consejo Superior.
SE ACUERDA: Acoger la propuesta de la Mag. Ana Virginia Calzada y se comisiona al Director de la Escuela Judicial para que tramite lo que corresponda sobre los cursos incluidos dentro del Plan de la Escuela Judicial que hayan sido debidamente aprobado por este Consejo Directivo y por el Consejo Superior.
CONSEJO DIRECTIVO DE LA ESCUELA JUDICIAL, Sesión N° 16-2003 de las nueve horas con cinco minutos del nueve de octubre de 2003, artículo VI

6) POLÍTICA: La Dirección tramitará directamente las solicitudes para la aprobación de actividades académicas y rendirá un informe mensual al Consejo Directivo sobre las solicitudes remitidas al Consejo Superior.

Esta política se sustenta en los siguientes acuerdos:

La Mag. Ana Virginia Calzada, propone que todas las solicitudes para la aprobación de cursos sean tramitas directamente por la Dirección de la Escuela e informe en cada sesión sobre los cursos que remitió a aprobación al Consejo Superior para ser avalados.
Lo propone con el fin de que el Consejo Directivo de la Escuela se dedique a analizar varios asuntos  de fondo y dirección de la Escuela, así como tecnológicas, políticas generales etc., y aprovechar ese tiempo al máximo.
Solicita se replantee  el tema  con el Dr. Chirino y se piense si eso es posible para tomar un acuerdo en la próxima sesión.
SE ACUERDA:  Solicitar  a los miembros del Consejo Directivo de la Escuela Judicial que se analice la posibilidad de que la Dirección de la Escuela tramite directamente las aprobaciones de cursos e informe en cada sesión sobre los cursos que aprobó para se avalados por este Consejo Directivo.  
CONSEJO DIRECTIVO DE LA ESCUELA JUDICIAL, Sesión N° 8-2005 de las nueve horas del dieciséis de marzo de 2005, artículo VIII

El Dr. Alfredo Chirino Sánchez, Director de la Escuela Judicial  se refiere al acuerdo tomado por  el  Consejo Directivo de la Escuela Judicial en la sesión N°8 celebrada el 16 de marzo del 2005, artículo VIII sobre la proposición para que todas las solicitudes para la aprobación de cursos sean tramitadas directamente por la Dirección de la Escuela e informe en cada sesión sobre los cursos que remitió a  aprobación al Consejo Superior para ser avalados.
El Dr. Chirino y demás miembros manifestaron estar de acuerdo que la Dirección de la Escuela tramite  las solicitudes de cursos y rinda un  informe mensualmente al Consejo Directivo sobre las solicitudes remitidas a Consejo Superior. 
SE ACUERDA:  Acoger la propuesta realizada por la Mag. Ana Virginia Calzada en la sesión N°8 celebrada el 16 de marzo de 2005, artículo VIII para que el Director de la Escuela tramite las solicitudes de cursos e informe mensualmente al Consejo Directivo. ACUERDO FIRME.
CONSEJO DIRECTIVO DE LA ESCUELA JUDICIAL, Sesión N° 09-2005 de las ocho horas con cuarenta minutos del treinta de marzo del 2005, artículo VIII

7) POLÍTICA: En la elaboración de Planes Anuales de Labores, no podrán incluirse actividades académicas duplicadas (significa que coincidan temas y poblaciones con otras actividades) y las que no cuenten con un sustento presupuestario para su respectiva ejecución.

Esta política se sustenta en el siguiente acuerdo:

SE ACUERDA: (...) que de acuerdo con los criterios de ordenación y depuración del Plan Anual de Labores de la Escuela Judicial de 2005 que a continuación se indican: 
1) Actividades académicas duplicadas 
Este criterio responde a que existen propuestas de capacitación que coinciden en los temas y en las poblaciones, por lo que son actividades académicas que duplican los esfuerzos y recursos.
3) Actividades académicas que no cuentan con un sustento presupuestario para su ejecución 
Este criterio hace referencia a que no es recomendable programar actividades académicas que no cuenten con contenido presupuestario. 
CONSEJO DIRECTIVO DE LA ESCUELA JUDICIAL, Sesión N° 21-2004 de las nueve horas con cinco minutos del dos de diciembre del 2004, artículo V

1.3.	Políticas respecto a requisitos y la emisión de certificados en sus diversas modalidades  

8) POLÍTICA: De conformidad con la normativa interna del Poder Judicial, la Escuela Judicial únicamente puede emitir los siguientes tipos de certificados:

•	Certificado de participación
•	Certificado de aprovechamiento
•	Certificado académico
•	Certificado de agradecimiento

9) POLÍTICA: La Escuela Judicial únicamente podrá otorgar certificados de acuerdo con las reglas indicadas en el siguiente cuadro:

Tipo de certificado	Modalidad de actividad académica	Requisitos	Duración mínima	
CERTIFICACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES:	

Participación
	
- Conferencia	Sin diseño curricular, ni evaluación de los aprendizajes	8 horas mínimo de horas presenciales. 	
	
- Taller

- Seminario

- Curso	
Con diseño curricular

Sin evaluación sumativa de los aprendizajes.
	16 horas mínimo, promediadas entre horas intra y extraclase. 

Aprovechamiento
	- Taller

- Seminario

- Curso	Con diseño curricular 

Con evaluación sumativa de los aprendizajes

Se toman en cuenta las horas de planeamiento y trabajo intra y extraclase.

	32 horas mínimo, promediadas entre horas intra y extraclase. 

Nota de aprobación mínima de 70. 	
CERTIFICACIÓN PARA LOS(AS) FACILITADORES(AS):	

Académico	

- Conferencia
	Se incluyen tanto las horas de duración de la charla, así como el tiempo dedicado al proceso de planificación. 	

8 horas mínimo 	
	
- Taller

- Seminario

- Curso
	
Igualmente se cuantifican las horas de planeamiento y el tiempo extra e intraclase invertido. 		

Agradecimiento
	
- Conferencia

- Taller

- Seminario

- Curso
	Facilitadores externos del Poder Judicial	No se indica número de horas 	

10) POLÍTICA: La Escuela Judicial aplicará las reglas de certificación de actividades académicas indicadas en la política número 9) siguiendo las siguientes pautas:

a)	Los docentes que pertenecen al Poder Judicial, podrán solicitar la certificación de agradecimiento a la Secretaría de la Escuela, siempre y cuando corresponda a un número inferior de ocho horas y si es superior, se les otorgará el certificado académico en el cual se indicará las actividades en que participó y el total de horas de docencia.

b)	Los diseños curriculares, sistema de evaluación, criterios de cuantificación de horas intra y extraclase, tareas y pruebas evaluativas deberán ser aprobados por el coordinador de la actividad académica y con el visto bueno de la especialista en educación; en caso de presentarse desaveniencia se acudirá a la Dirección de la Escuela.

c)	Los participantes que no aprueben una actividad académica de aprovechamiento no podrán recibir ningún tipo de certificado. Si su promedio es superior de 60 y menor de 70 tendrá derecho a una sola prueba extraordinaria. 

d)	Para obtener un certificado de aprovechamiento de un programa se deben haber aprobado todos los cursos que este incluye, a no ser de que en la macroprogramación se establezca lo contrario y esta salvedad sea avalada por el Consejo Directivo, con la debida fundamentación del coordinador y de la especialista en educación asignada.

e)	Los participantes de una actividad académica de aprovechamiento o participación que no asistan a las clases presenciales, en el porcentaje mínimo permitido, no tendrán derecho a certificado y se reportará como reprobada. 

11) POLÍTICA: La Escuela Judicial reconocerá, a efectos de certificación, tanto a participantes como a docentes, horas intra y extra clase, de conformidad con los siguientes criterios:

a)	Para el cálculo de las horas a los participantes, tanto en actividades a distancia o presenciales se aplicarán los siguientes criterios:

•	Tiempo presencial (cantidad de lecciones impartidas en sesiones presenciales o tutorías, en el caso de la modalidad a distancia).

•	Elaboración de tareas o proyectos extraclase: el profesor asigna un tiempo aproximado de acuerdo con el tipo de tareas, trabajos, entre otros, y la especialista en Educación verifica que sea el adecuado.

•	Tiempo destinado para la lectura: también dependerá de la cantidad de lecturas que obligatoriamente se asignen. Para calcular este tiempo existen tablas que determinan el promedio del tiempo que una persona adulta puede destinar para x cantidad de palabras o páginas (lo que se hace es un cálculo, una aproximación).

•	Tiempo de estudio para exámenes, pruebas cortas, etc.

•	Otros que se estimen pertinentes.

Tabla para el cálculo total de las horas 
por ser reconocidas al participante

CRITERIOS	
Número horas sesiones presenciales	Número horas tareas y proyectos extraclase	Número horas lectura obligatoria de textos	Número horas preparación para exámenes	Otros
(indicar)	TOTAL	

b)	Para el cálculo de las horas a los docentes o tutores, tanto en actividades académicas presenciales o a distancia se aplicarán los siguientes criterios:

•	Tiempo presencial impartido.

•	Preparación de las lecciones.

•	Revisión de pruebas cortas, exámenes, trabajos extraclase (tareas, proyectos de investigación, etc.).  Para ello debe considerarse la cantidad de participantes previstos en el curso.

•	Tiempo para tutorías telefónicas o electrónicas (solo en el caso de la modalidad a distancia). También debe considerarse el número de participantes previsto.

•	Otros que se estime pertinentes.

Tabla para el cálculo total de las horas
por ser reconocidas al facilitador 
(curso presencial)

CRITERIOS	
Número horas impartidas	Número horas preparación de lecciones	Número horas revisión de tareas, exámenes, etc.	Otros
(indicar)	TOTAL	

Tabla para el cálculo total de las horas
por ser reconocidas al tutor
(curso a distancia)

CRITERIOS	
Número horas tutoría presencial	Número horas preparación de lecciones	Número horas revisión de tareas, exámenes, etc.	Número horas tutoría telefónica y electrónica	Otros
(indicar)	TOTAL	

c)	El coordinador y la especialista en educación propondrán conjuntamente, y en consulta con el docente las horas que se reconocerán, de acuerdo con los criterios indicados anteriormente.

12) POLÍTICA: Los funcionarios judiciales que ocupen un puesto en el que capacitar sea parte de sus funciones o que se encuentren disfrutando de un permiso con goce de salario para dedicarse tiempo completo a diseñar cursos, impartir capacitación y producir material didáctico en la Escuela Judicial, no se les puede reconocer salarialmente el certificado académico de conformidad con el artículo 31 del Reglamento para el Reconocimiento de la Carrera Profesional. En estos casos, se  emitirá el respectivo certificado académico y se le informará al Departamento de Personal, por medio de la comunicación que la Escuela Judicial debe efectuar a esta dependencia de conformidad con lo establecido en el artículo 15 del Reglamento para el Reconocimiento de la Carrera Profesional, de que el facilitador o docente de una determinada actividad de capacitación se encuentra en alguno de los dos supuestos regulados en el artículo 31 del citado reglamento.

13) POLÍTICA:  Los funcionarios judiciales que ocupen un puesto en el que capacitar sea parte de sus funciones o que se encuentren disfrutando de un permiso con goce de salario para dedicarse tiempo completo a diseñar cursos, impartir capacitación y producir material didáctico en la Escuela Judicial, se les puede reconocer el certificado académico, por las horas de experiencia docente dentro del sistema de carrera judicial. Sin embargo, este reconocimiento únicamente lo puede hacer el Consejo de la Judicatura, al ser este órgano colegiado el competente para aprobar aspectos relacionados con el sistema de calificación de la Carrera Judicial.  

Estas políticas se sustenta en el siguiente acuerdo:

Informe sobre políticas de certificación elaborado por la Máster Ingrid Bermúdez Vindas y el Lic. Otto González Vílchez. (aprobado)
Oficio EJ-ACAD-005-05 suscrito por la Máster Ingrid Bermúdez Vindas, Dra. Ana Tristán Sánchez y M.Sc. Sonia Méndez González, especialistas en educación de la Escuela Judicial. (aprobado)
Análisis legal sobre el otorgamiento del certificado académico a los funcionarios judiciales que cuentan con permiso con goce de salario para dar servicio en la Escuela Judicial como profesores, elaborado por los licenciados Gustavo Céspedes Chinchilla, Román Bresciani Quirós, Yadira Brizuela Guadamuz y Otto González Vílchez, abogados de la Escuela Judicial. (aprobado)
CONSEJO DIRECTIVO DE LA ESCUELA JUDICIAL, Sesión N° 17-2005 de las ocho horas con cuarenta y cinco minutos del trece de julio de 2005, artículo VI

14) POLÍTICA: Los certificados emitidos por la Escuela Judicial deben contener el nombre y logos de este órgano de capacitación judicial. Asimismo, se debe incluir la siguiente advertencia:

La actividad objeto de este certificado no se puede equiparar para ningún efecto con cursos a nivel universitario, parauniversitario o similar, por tratarse de una capacitación interna del Poder Judicial. 

Esta política se sustenta en los siguientes acuerdos:

SE ACUERDA: (...) Se llama la atención a los interesados para que, en una próxima oportunidad que se realice este tipo de actividad académica, se incluya a la Escuela Judicial dentro del título que se les ha otorgado.
CONSEJO DIRECTIVO DE LA ESCUELA JUDICIAL, Sesión N° 13-96 de las once horas del trece de agosto de 1996, artículo XIII.

Con base en lo anterior, los próximos certificados de la Escuela llevarán esta frase impresa:
ADVERTENCIA
“La actividad objeto de este certificado no se puede equiparar para ningún efecto con cursos a nivel universitario, parauniversitario o similar, por tratarse de una capacitación interna del Poder Judicial de carácter administrativo”

Previa deliberación, SE ACUERDA: Comunicar al Dr. Paul Rueda Leal, que se aprueba su gestión, pero que se elimine de la ADVERTENCIA donde dice: “... de carácter administrativo” 
CONSEJO DIRECTIVO DE LA ESCUELA JUDICIAL, Sesión N° 13-99 de las ocho horas con diez minutos del dos de diciembre de 1999, artículo VIII.

15) POLÍTICA: Los participantes a actividades académicas de la Escuela Judicial tendrán derecho al certificado de aprovechamiento o participación, si cumplen con las reglas académicas y legales propias de cada actividad.

Esta política se sustenta en el siguiente acuerdo:

SE ACUERDA: Comunicar a la (...) que dadas las circunstancias de su caso específico, y que hay reglas claras al respecto de la participación en este tipo de actividades que no se pueden obviar, no se podrá proceder a entregar el certificado que pretende, toda vez que hay constancia de que no ha cumplido con todos los requisitos necesarios al efecto.
CONSEJO DIRECTIVO DE LA ESCUELA JUDICIAL, Sesión N° 18-2000 de las ocho horas con cuarenta minutos del diecinueve de diciembre del 2000, artículo VIII.

16) POLÍTICA: El plazo de caducidad para que los participantes retiren el certificado respectivo será de 3 meses contados a partir de la fecha en que se realice la entrega oficial de los mismos. Asimismo, se debe dejar constancia en los expedientes de cada actividad la fecha oficial de entrega de los certificados respectivos.

Esta política se sustenta en el siguiente acuerdo:

SE ACUERDA: (...) Se establece un plazo de caducidad, para futuros casos, del derecho del interesado a solicitar la confección y entrega del certificado en el caso de no habérsele entregado. El plazo de caducidad es de tres meses y correrá a partir de la fecha en que se realice la entrega oficial de los mismos, correspondientes a la actividad en que participó. Para esos efectos, la secretaría de la Escuela deberá dejar constancia, en los expedientes de cada curso, de la fecha oficial de entrega de los certificados.
CONSEJO DIRECTIVO DE LA ESCUELA JUDICIAL, Sesión N° 11-97 de las once horas del primero de julio de 1997, artículo VII.

17) POLÍTICA: Los certificados de la Escuela Judicial certifican la acreditación académica y no otros aspectos como la experiencia.

Esta política se sustenta en el siguiente acuerdo:

SE ACUERDA: Denegar la solicitud planteada por el señor (...) ya que por impedimento de ley no tenemos la facultad de certificar experiencia como forma de acreditación académica.
CONSEJO DIRECTIVO DE LA ESCUELA JUDICIAL, Sesión N° 12-2000 de las ocho horas con veinticinco minutos del ocho de agosto del 2000, artículo XVIII.

18) POLÍTICA: Solo se pueden certificar actividades académicas que hayan sido previamente aprobadas por el Consejo Directivo.

Esta política se sustenta en los siguientes acuerdos:

En vista de que la Escuela Judicial no tuvo ninguna participación ni conocimiento de esta actividad académica. SE ACUERDA: denegar la solicitud del Msc. M.B. en cuanto al otorgamiento de certificados de aprovechamiento y recomendarle que dirija su gestión ante el Consejo Superior del Poder Judicial, ya que fue esta última instancia quien avaló la realización del curso.
CONSEJO DIRECTIVO DE LA ESCUELA JUDICIAL, Sesión N° 23-96 de las once horas del diez de diciembre de 1996, artículo X.

SE ACUERDA: Mantener lo resuelto en la Sesión N° 23-96 de fecha diez de diciembre de mil novecientos noventa y seis en su artículo X en cuanto a denegar la solicitud de los microbiólogos del departamento de laboratorio de ciencias forenses, sobre el otorgamiento de certificados de aprovechamiento, por cuanto la Escuela Judicial no tuvo ninguna participación ni conocimiento de la actividad académica mencionada.
CONSEJO DIRECTIVO DE LA ESCUELA JUDICIAL, Sesión N° 7-97 de las once horas del nueve de abril de 1997, artículo VIII.

19) POLÍTICA: Los asistentes a actividades de capacitación en su modalidad de conferencias, podrán recibir certificados de participación si asisten a todo el ciclo de conferencias programado. Para tener derecho al certificado respectivo, en este tipo de actividades, se deberá llevar un registro de asistencia. Únicamente, se podrán certificar conferencias con una duración mínima de 8 horas presenciales.

Esta política se sustenta en el siguiente acuerdo:

SE ACUERDA: (...) Al mismo tiempo, debe decirse que los participantes asistirán a todo el ciclo de conferencias para adquirir el derecho al mismo, por lo que debe entregarse el registro de asistencia al finalizar la actividad, a la Escuela Judicial para autorizar su confección.
CONSEJO DIRECTIVO DE LA ESCUELA JUDICIAL, Sesión N° 2-99 de las ocho horas del ocho de marzo de 1999, artículo XXIV

SE ACUERDA: (...) la confección de certificados de participación por 8 horas para lo cual deben presentar a la Escuela Judicial el reporte de asistencia de los participantes a todas las audiencias, ya que si no cumplen con todas las audiencias no tendrá derecho a certificado.
CONSEJO DIRECTIVO DE LA ESCUELA JUDICIAL, Sesión N° 08-2002 de las catorce horas con treinta minutos del once de julio de 2002, artículo XVII

20) POLÍTICA: En los talleres cuyo objetivo no se encuentre relacionado  directamente con el aprendizaje, no se consideran como actividades académicas, por lo que no se deben certificar. 

Esta política se sustenta en el siguiente acuerdo:

SE ACUERDA: Aprobar los talleres “Pizarras Informativas”, pero por no ser una actividad de orden académico no se autoriza la entrega de certificados de participación.
CONSEJO DIRECTIVO DE LA ESCUELA JUDICIAL, Sesión N° 10-2002 de las nueve horas con quince minutos del veintidós de agosto de 2002, artículo XIV

21) POLÍTICA: Es obligación del Director firmar con su puño y letra y no con el sello de la firma, los certificados que vayan a ser entregados a los participantes extranjeros en las diferentes actividades académicas de la Escuela Judicial.

Esta política se sustenta en el siguiente acuerdo:

SE ACUERDA: Comunicar al Director de la Escuela Judicial que todos los certificados que vayan destinados a participantes extranjeros en las diferentes actividades académicas de la Escuela Judicial deben ser firmados con su puño y letra y no con el sello de la firma. Asimismo se le solicita poner en conocimiento de lo anterior  a los Coordinadores de cursos de la Escuela Judicial.
CONSEJO DIRECTIVO DE LA ESCUELA JUDICIAL, Sesión N° 14-2002 de las nueve horas con cinco minutos del siete de noviembre de 2002, artículo XI

22) POLÍTICA: La Escuela Judicial únicamente puede certificar actividades académicas cuya duración mínima sea de 8 horas.

Esta política se sustenta en los siguientes acuerdos:

SE ACUERDA: (...) Se deniega la autorización para la confección de certificados de participación ya que según el programa la duración es de seis horas y solo se autorizan en actividades con un mínimo de ocho horas (...)
 CONSEJO DIRECTIVO DE LA ESCUELA JUDICIAL, Sesión N° 17-2003 de las nueve horas con cinco minutos del treinta de octubre de 2003, artículo II

SE ACUERDA: 1) Aprobar la charla sobre el Sistema de Control Interno para los Fiscales Adjuntos y Fiscales Auxiliares a realizar el 18 de marzo del 2005 de 7:30 a.m. a las 12:00 md., con una duración de 4 horas y 30 minutos,  no se autoriza la confección de certificados para los participantes por tratarse de un curso que no cumple con el mínimo de las horas establecidas.
CONSEJO DIRECTIVO DE LA ESCUELA JUDICIAL, Sesión N° 07-2005 de las ocho horas con cuarenta minutos del nueve de marzo de 2005, artículo V

23) POLÍTICA: Se podrán otorgar certificados de aprovechamiento o participación a los coordinadores de las actividades académicas que ellos mismos coordinen, siempre y cuando su participación haya sido autorizada por el Director de la Escuela Judicial. En el caso de los coordinadores de las unidades de capacitación, la autorización de participación en actividades que ellos mismos coordinen, deberá ser otorgada por el Fiscal General de la República, Jefa de la Defensa Pública o el Director del Organismo de Investigación Judicial, según corresponda. La autorización realizada por los jerarcas indicados, deberá hacerse de manera discrecional y considerando que la participación de los coordinadores no afectará gravemente las tareas que se les han confiado y el buen servicio público que se presta.
   
Esta política se sustenta en los siguientes acuerdos:

SE ACUERDA: (...) 1. No extender certificados de participación a los Coordinadores de Curso, salvo que por acuerdo del Consejo Superior su participación haya sido aprobada.
CONSEJO DIRECTIVO DE LA ESCUELA JUDICIAL, Sesión N° 7-99 de las ocho horas con diez minutos del 24 de junio de 1999, artículo IX.

SE ACUERDA: Aprobar los certificados de participación y académicos de acuerdo con la duración de la exposición. Los certificados para los funcionarios que colaboraron como coordinadores de la actividad se autoriza solo para aquellas personas que estuvieron dedicadas tiempo completo a la preparación de la actividad y será responsabilidad de la Jefa de la Defensa Pública quien determine el o los coordinadores que fueron asignados como actividad única a tiempo completo. No tiene derecho a certificado como coordinador cuando se considere la capacitación como parte de sus funciones. Se autoriza certificados por la colaboración prestada, pero no contempla horas.
CONSEJO DIRECTIVO DE LA ESCUELA JUDICIAL, Sesión N° 09-2002 de las catorce horas con diez minutos del ocho de agosto de 2002, artículo XVIII

SE ACUERDA: Modificar el acuerdo del Consejo Directivo de la Escuela Judicial de la sesión N° 7-99 celebrada el 24 de junio de 1999, artículo IX debiendo leerse de la siguiente forma: “1) “No extender certificados de participación a los Coordinadores de Curso, salvo que por acuerdo de Consejo Superior su participación haya sido aprobada o que por decisión del Director de la Escuela Judicial; Fiscal General de la República; Jefa de la Defensa Pública; Director del Organismo de Investigación Judicial; según corresponda; el coordinador haya sido autorizado.
CONSEJO DIRECTIVO DE LA ESCUELA JUDICIAL, Sesión N° 05-2003 de las nueve horas con cinco minutos del tres de abril de 2003, artículo XVII

SE ACUERDA: Informar al Consejo Superior que este Consejo considera conveniente que el Director de la Escuela tenga un ámbito de decisión sobre las posibilidades de capacitación de los funcionarios y funcionarias de la Escuela Judicial. Es por esta misma razón, que se ha considerado cambiar una política sentada en épocas anteriores acerca de prohibir la posibilidad de que un funcionario de la Escuela pueda participar en los cursos en los que funge como coordinador o coordinadora. Al respecto, es opinión de este Consejo que la capacitación de los funcionarios de la Escuela Judicial es una tarea permanente, no sólo por los importantes servicios que prestan, sino porque el éxito de muchas de nuestras actividades depende de que nuestros funcionarios estén al tanto de los cambios que se producen en la jurisprudencia, en la legislación y en la doctrina, y qué mejor forma de mantener al día a nuestro funcionariado que permitirles que asistan a los eventos de capacitación que muchas veces coordinan. Esta discrecionalidad que se está acordando para el Director de la Escuela Judicial, por supuesto, no puede ir en contra del servicio público que se presta. Por lo anterior, es que la facultad correspondiente puede ser ejercida, siempre y cuando se pondere si la participación de los funcionarios o funcionarias no afectará gravemente las tareas que se les han confiado. (...)
CONSEJO DIRECTIVO DE LA ESCUELA JUDICIAL, Sesión N° 08-2003 de las nueve horas con cinco minutos del veintidós de mayo de 2003, artículo XXXIX

1.4.	Políticas respecto a los participantes de las actividades académicas de la Escuela Judicial

24) POLÍTICA: Pueden ser participantes en actividades académicas de la Escuela Judicial, tanto funcionarios judiciales interinos como propietarios.

Esta política se sustenta en el siguiente acuerdo:

SE ACUERDA: (...) la Escuela Judicial está en la obligación de brindar capacitación a todos los servidores judiciales, independientemente de su condición de interinos o propietarios. (...) Por lo consiguiente los servidores judiciales interinos, tienen derecho al reconocimiento salarial, por haber aprobado cursos de capacitación en la Escuela Judicial ... 
CONSEJO DIRECTIVO DE LA ESCUELA JUDICIAL, Sesión N° 20-96 de las once horas del seis de noviembre de 1996, artículo XVII

25) POLÍTICA: Como regla general, los funcionarios judiciales deben ser capacitados en las materias propias del puesto en los que están nombrados.

Esta política se sustenta en los siguientes acuerdos:

SE ACUERDA: denegar la solicitud de las señoras (...) ambas funcionarias del Juzgado Segundo de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, de capacitarse en los cursos sobre el Nuevo Código Procesal Penal, por no ser esta materia competencia de los Juzgados Contencioso Administrativos (...)
CONSEJO DIRECTIVO DE LA ESCUELA JUDICIAL, Sesión N° 5-97 de las once horas del cuatro de marzo de 1997, artículo XVIII

SE ACUERDA: Que es prioridad de la Escuela Judicial, durante el presente año, brindar capacitación al personal profesional y de apoyo que administra justicia en el área penal, en los Cursos sobre el Nuevo Código Procesal Penal, por lo que las anteriores solicitudes de los Deptos. de Informática y Personal, se tomarán en cuenta una vez que se cumpla con las prioridades específicas que están centradas en los funcionarios directamente relacionados con la aplicación del Código Procesal Penal.
CONSEJO DIRECTIVO DE LA ESCUELA JUDICIAL, Sesión N° 12-97 de las once horas del veintitrés de julio de 1997, artículo V

26) POLÍTICA: Tienen prioridad para ser capacitados por la Escuela Judicial los funcionarios judiciales sobre personas externas al Poder Judicial.

Esta política se sustenta en los siguientes acuerdos:

SE ACUERDA: Denegar la solicitud del señor (...) Perito Grafocrítico, de recibir el curso sobre el Nuevo Código Procesal Penal, porque la prioridad es capacitar primero a los funcionarios del Poder Judicial.
CONSEJO DIRECTIVO DE LA ESCUELA JUDICIAL, Sesión N° 8-97 de las once horas del siete de mayo de 1997, artículo VII

SE ACUERDA: 1) Trasladar la solicitud planteada al Lic. Martín Matamoros Mora, Jefe de la Unidad de Capacitación para que se tome en cuenta a los funcionarios del Ministerio de Hacienda en los cursos mencionados, siempre y cuando existan cupos disponibles ya que se debe dar prioridad a los funcionarios y servidores judiciales (...)
CONSEJO DIRECTIVO DE LA ESCUELA JUDICIAL, Sesión N° 02-2005 de las ocho horas con treinta minutos del dos de febrero de 2005, artículo XIII

1.5.	Políticas respecto a la obligatoriedad de asistir a las actividades académicas de la Escuela Judicial

27) POLÍTICA: Los funcionarios judiciales que oficialmente hayan sido convocados a actividades académicas de la Escuela Judicial tienen la obligación de asistir y concluir satisfactoriamente a éstas. El incumplimiento de lo indicado por parte de los participantes, podrá ser trasladado a la inspección judicial para que tome las medidas correspondientes.

Esta política se sustenta en los siguientes acuerdos:

SE ACUERDA: (...) 2. Reiterar a los servidores y funcionarios del Poder Judicial que son convocados a cursos de la Escuela Judicial, su obligación de asistir a los mismos y concluirlos satisfactoriamente. 
CONSEJO DIRECTIVO DE LA ESCUELA JUDICIAL, Sesión N° 10-98 de las once horas del cuatro de junio de 1998, artículo IX

SE ACUERDA: Trasladar a la Inspección Judicial para que tome las medidas correspondientes.
CONSEJO DIRECTIVO DE LA ESCUELA JUDICIAL, Sesión N° 14-2000 de las ocho horas con veinte minutos del veintiocho de setiembre del 2000, artículo II

1.6.	Políticas en la resolución de apelaciones de exámenes de la Escuela Judicial

28) POLÍTICA: Cuando se presenten apelaciones a exámenes dentro de actividades académicas de la Escuela Judicial, éstas deben ser resueltas en primera instancia por el Director y en segunda instancia ante el Consejo Directivo de la Escuela Judicial.
Esta política se sustenta en el siguiente acuerdo:

SE ACUERDA: Comisionar al Director de la Escuela Judicial para que asuma la resolución de las apelaciones del curso de Jueces Emergentes como primera instancia y en segunda instancia el Consejo Directivo de la Escuela Judicial.
 CONSEJO DIRECTIVO DE LA ESCUELA JUDICIAL, Sesión N° 7-2000 de las ocho horas con quince minutos del dos de junio del 2000, artículo XII

1.7.	Políticas en cuanto a la aprobación de actividades académicas de las unidades de capacitación

29) POLÍTICA: Las actividades académicas de las unidades de capacitación del Ministerio Público, Defensa Pública y Departamento de Personal y Gestión Humana deben ser aprobadas por el Consejo Directivo cumpliendo los requisitos de fondo y forma aprobados por este órgano colegiado.

Esta política se sustenta en los siguientes acuerdos:

SE ACUERDA: (...) Instar al Ministerio Público a que no gestionen la aprobación de cursos con un trámite diferente al que está estipulado.
CONSEJO DIRECTIVO DE LA ESCUELA JUDICIAL, Sesión N° 03-2002 de las nueve horas con quince minutos del catorce de marzo de 2002, artículo XV

SE ACUERDA: Comunicar al MBA. Mauricio Quirós Álvarez, Jefe de Desarrollo Humano y MBA. Francisco Arroyo Meléndez, Jefe del Departamento de Personal que no se autoriza la emisión de certificados del “Taller sobre Ética Judicial” impartido los días 27 de setiembre, 4, 11 y 25 de octubre de 2004 por no encontrarse dentro del Plan de trabajo de la Escuela Judicial del 2004 y no haberse gestionado la respectiva autorización ante el Consejo Directivo para replicarlo. Se adjunta el acuerdo tomado por la Corte Plena en la sesión N°21-01 del 25 de junio de 2001, artículo XVII.
CONSEJO DIRECTIVO DE LA ESCUELA JUDICIAL, Sesión N° 21-2004 de las nueve horas con cinco minutos del dos de diciembre de 2004, artículo VII

30) POLÍTICA:  Las unidades de capacitación deberán elaborar las listas de los participantes a sus actividades académicas, así como efectuar la convocatoria a cada participante. Posteriormente, deben comunicar a la Escuela Judicial las listas oficiales de sus actividades académicas.

Esta política se sustenta en el siguiente acuerdo:

SE ACUERDA: Comunicar al Ministerio Público y a la Defensa Pública que las listas de los participantes para los diferentes cursos, así como la convocatoria a cada participante debe ser realizada por ellos y posteriormente comunicar la lista oficial a la Escuela Judicial.
CONSEJO DIRECTIVO DE LA ESCUELA JUDICIAL, Sesión N° 05-2002 de las catorce horas con quince minutos del dieciocho de abril de 2002, artículo VII

31) POLÍTICA:  En los casos de solicitudes efectuadas por las unidades de capacitación para sustituir o incluir participantes en actividades académicas debidamente aprobadas por el Consejo Directivo y Superior, éstas deberán ser comunicadas a la Dirección de la Escuela Judicial a efectos de que éste se encargue de tramitar los permisos ante el Consejo Superior, siempre y cuando se cuente con el visto bueno del respectivo jefe.

Esta política se sustenta en el siguiente acuerdo:

SE ACUERDA: (...) Se recuerda a los jefes del Ministerio Público y la Defensa Pública que cuando por circunstancias propias de sus funciones necesiten sustituir e incluir un participante a un curso y éstos no cuentan con la autorización del Consejo Superior, deben de comunicarlo de forma inmediata a la Dirección de la Escuela Judicial para que se tramite el permiso correspondiente, el cual debe contar con el visto bueno del respectivo jefe. (...)
CONSEJO DIRECTIVO DE LA ESCUELA JUDICIAL, Sesión N° 15-2003 de las nueve horas con cinco minutos del dos de octubre de 2003, artículo IX

1.8.	Políticas sobre las obligaciones de los becarios para con la Escuela Judicial

32) POLÍTICA:  Los funcionarios judiciales que hayan concluido una beca de estudios otorgada por el Poder Judicial, tendrán la obligación de elaborar un artículo sobre el aprendizaje obtenido para ser publicado en la Revista de la Escuela Judicial. Asimismo, estarán obligados a brindar servicios como docentes en las actividades académicas de la Escuela Judicial.

Esta política se sustenta en los siguientes acuerdos:

SE ACUERDA: Solicitar al Consejo Superior que cuando el Poder Judicial otorgue una beca a sus funcionarios, una vez concluido el estudio, elabore un artículo sobre el aprendizaje obtenido y lo remita a la Escuela Judicial para que sea publicado en la Revista de la Escuela Judicial.
CONSEJO DIRECTIVO DE LA ESCUELA JUDICIAL, Sesión N° 06-2003 de las nueve horas con cinco minutos del ocho de abril de 2003, artículo III

SE ACUERDA: 1) Comisionar al Lic. Horacio González Quiroga, para que ponga en conocimiento al Consejo de la Judicatura de que la Escuela se pondrá en contacto con los Becados por el Poder Judicial y que no han cumplido con la cláusula de contrato de ofrecer servicios como docentes en las capacitaciones que imparte la Escuela Judicial para que brinden dicho servicio y así realizar lo solicitado y además que se considere que no estamos de acuerdo en que se descalifique como miembro del Tribunal Examinador a un docente cuando imparte una charla. (...)
 CONSEJO DIRECTIVO DE LA ESCUELA JUDICIAL, Sesión N° 11-2004 de las nueve horas con cinco minutos del primero de julio de 2004, artículo V

2. Temas relevantes en los que no ha existido pronunciamiento del Consejo Directivo y aclaración de otras políticas 

En este segundo apartado, se expondrán  dos aspectos importantes; el primero se relaciona con la necesidad de precisar algunas de las políticas indicadas anteriormente, el segundo se refiere a enlistar o citar ciertos temas relevantes en los que el Consejo Directivo no se ha pronunciado, y si lo ha hecho no ha quedado muy claro, por lo que se recomienda emitir un criterio al respecto.

Debe aclararse que los temas que se indicaran en los siguientes apartados, no son los únicos en lo que se necesita un pronunciamiento o definición de política por parte del Consejo Directivo, no obstante, para efectos de este trabajo, se consideran los más destacados en el contexto actual de la Escuela Judicial.

2.1. Precisión y aclaración de políticas del Consejo Directivo

Se considera que es recomendable que el Consejo Directivo aclare o precise las siguientes políticas:

6) POLÍTICA: La Dirección tramitará directamente las solicitudes para la aprobación de actividades académicas y rendirá un informe mensual al Consejo Directivo sobre las solicitudes remitidas al Consejo Superior.

Se considera que esta política debería aclararse por los siguientes motivos:

-	No se precisa que tipos de actividades académicas puede aprobar el Director.

-	Se omite indicar si las actividades académicas que aprueba el Director, ya se encuentran debidamente aprobadas por el Consejo Directivo en los planes de trabajo o de manera extraordinaria.

-	Si el Director aprueba actividades académicas que el Consejo Directivo no ha aprobado previamente, se estará delegando una competencia originaria de este órgano colegiado a la dirección que de conformidad con la Ley y Reglamento de la Escuela Judicial, así como los precedentes administrativos emitidos por ese mismo órgano colegiado, devendría en ilegal.
  
27) POLÍTICA: Los funcionarios judiciales que oficialmente hayan sido convocados a actividades académicas de la Escuela Judicial tiene la obligación de asistir y concluir satisfactoriamente a éstas. El incumplimiento de lo indicado por parte de los participantes, podrá ser trasladado a la inspección judicial para que tome las medidas correspondientes.

Se considera que esta política debería aclararse por lo siguiente:

-	Esta política se encuentra totalmente conforme a la normativa de la Escuela Judicial. Sin embargo, se considera que es necesario indicar de forma clara y precisa en qué casos sería o no recomendable el comunicado a la inspección judicial, (es necesario indicar las circunstancias de excepción, ya que la política es muy dura y no todos los casos de ausencias son iguales).
  
2.2. Temas relevantes en que el Consejo Directivo no se ha pronunciado

A continuación, se citan una serie de temas que en opinión del suscrito es recomendable que el Consejo Directivo vaya emitiendo una política al respecto. 

Es relevante indicar, que en algunos de los temas que se citarán, se darán algunas recomendaciones que colaboren con el Consejo Directivo para tomar una política sobre el tema.

a)	Causas de justificación para ausentarse a actividades académicas de la Escuela Judicial

En este tema se le recomienda al Consejo Directivo, que considere las siguientes causas de justificación de ausencias, extraídas del Proyecto de Reglamento de Evaluación, aprobado por  ese órgano colegiado en sesión N° 06-00, del 6 de abril del 2000, Artículo V que indican:

Los facilitadores de la Escuela Judicial deberán llevar un registro de asistencia de los estudiantes donde conste la presentación de estos, tanto a la realización de pruebas evaluativas como a las actividades académicas de la Escuela Judicial. 
 
El participante que no se presente a las evaluaciones o que se retire de la actividad académica sin comunicación previa, será calificado con "NSP" (No se presentó). El NSP equivaldrá a la nota de “cero”.

Se admitirán como causas de justificación para no presentarse a una prueba o actividad académica las siguientes:

a) Incapacidad del estudiante, debidamente certificada mediante dictamen médico emitido por la Caja Costarricense del Seguro Social o bien de médico particular certificado por el Servicio Médico de Empleados del Poder Judicial.

b) Fallecimiento o enfermedad grave comprobada del padre o la madre, un hijo, el cónyuge, el compañero o la compañera con por lo menos un año de convivencia, o un hermano.

	c) Matrimonio del estudiante.

	d) Nacimiento de un hijo del estudiante.

f) Otras razones de fuerza mayor, siempre que la Escuela Judicial las acepte y estén debidamente documentadas. 

La justificación de ausencia debe presentarse por escrito, dentro del plazo de tres días hábiles después de la realización de la prueba o de iniciada la actividad académica ante la Escuela Judicial, quién resolverá lo pertinente en un plazo máximo de ocho días hábiles. En la justificación deberá especificarse la causa de la ausencia y adjuntarse la prueba respectiva.

b)	Definición de la política cuando un funcionario es convocado obligatoriamente a dos actividades académicas al mismo tiempo

Este tema trata de un problema que la Escuela Judicial no ha podido resolver y se presenta cuando a un mismo funcionario se le convoca obligatoriamente a dos actividades académicas en el mismo horario. En este aspecto, es importante definir los criterios para determinar que actividad tiene prioridad e indicarle al funcionario a cual debe asistir. 

c)	Obligatoriedad de consultar previamente al Consejo Directivo el otorgamiento de becas de estudios de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley de Creación de la Escuela Judicial

En años anteriores al Consejo Directivo se le consultaba previamente su criterio antes de otorgar una beca de estudios. En la actualidad, no queda claro el procedimiento a seguir en el caso de otorgamiento de becas. Por consiguiente, es recomendable que el Consejo Directivo considere definir una política en cuanto a lo indicado en el artículo 14 de la Ley de Creación de la Escuela Judicial que establece lo siguiente:

Artículo  14.-Antes de otorgar una beca para estudios de posgrado se pedirá informe al Consejo Directivo sobre las necesidades de profesores que tenga la Escuela, debiéndose dar  preferencia al estudio de aquellas materias en que haya inopia de profesionales al servicio del Poder Judicial o de la Escuela.
  
d)	Definición de los  criterios objetivos para la selección de los profesores de la Escuela Judicial

Este es un aspecto que Consejo Directivo no ha considerado al momento de emitir criterios orientadores en el quehacer de la Escuela Judicial. Es opinión del suscrito, que es recomendable ir definiendo los criterios objetivos para seleccionar a los profesores de la Escuela Judicial, ya que en los últimos años se han hecho criticas respecto a la falta de objetividad al momento de seleccionar a los facilitadores.

e)	Criterios objetivos generales de selección de participantes

Este tema al igual que el anterior ha sido objeto de criticas, por lo que es recomendable una definición de criterios generales para la selección objetiva de participantes a las actividades académicas de la Escuela Judicial.

f)	Control del tiempo de capacitación de los funcionarios del Poder Judicial

 Este tópico se refiere al control que debe llevar la Escuela Judicial en cuanto al tiempo de capacitación de los funcionarios judiciales. En otras palabras, significa la definición de cuantas actividades o cuanto tiempo debe otorgársele permiso a un servidor para asistir a actividades de capacitación.

Precisamente, en este tema el Consejo Superior emitió una política en la circular N° 72-2006,  al indicar lo siguiente: 

La aprobación de los cursos de capacitación se realiza acorde al plan anual de capacitación, y a los lineamientos específicos que para cada curso en particular se establecen, por lo que, de conformidad con lo que establece el artículo 8 de la Ley de Creación de la Escuela Judicial, aprobado dicho plan, su ejecución corresponde directamente a su Director, con la coordinación de las jefaturas y despachos involucrados. 

Para implementar esta directriz la Dirección de la Escuela y las jefaturas deben respetar los lineamientos establecidos por este Consejo, no afectar la prestación del servicio, no suspender ningún tipo de diligencia señalada y llevar control de las personas que se capacitan de forma que reciban un máximo de dos cursos por año.   Sin embargo, en los casos de modificaciones futuras, o en los que implique sustituciones de personal, o que no exista contenido presupuestario, se someterá el asunto en particular a conocimiento de este Consejo, previa aprobación y recomendación del Consejo Directivo.- (el subrayado no es del original)
   
Respecto a lo anterior, es recomendable que Consejo Directivo defina una política más acorde a la realidad de la Escuela Judicial y a los criterios técnicos establecidos en esta materia. En ese sentido, se le puede solicitar al Consejo Superior una reconsideración de la política indicada, sustituyendo el parámetro de dos cursos por año por el de número de horas por año. La definición del número de horas por año la puede realizar el Consejo Directivo con base en un previo estudio técnico, con la finalidad de emitir una política objetiva basada en criterios de la ciencia y de la técnica y una adecuada razonabilidad y proporcionalidad de las circunstancias.  

g)	Definición de las políticas respecto a las relaciones del Consejo Directivo y el Consejo Superior

Este tema es muy amplio y requiere un estudio detallado que colabore con el Consejo Directivo a definir mejor sus relaciones con el Consejo Superior para evitar interferencias entre las competencias asignadas a ambos órganos por el ordenamiento jurídico interno del Poder Judicial.

Justamente, durante este año se espera terminar una investigación sobre este tema que se ha denominado Estudio sobre los procedimientos administrativos de aprobación de actos cuyo contenido sea la materia de formación y capacitación. 

h)	 Definición de las políticas respecto a las relaciones entre la Escuela Judicial y las unidades de capacitación

Al igual que en el anterior asunto, este es un tema muy amplio que requiere un estudio previo que ayude a ir definiendo las relaciones de la Escuela Judicial, como órgano rector de la formación y capacitación judicial, con las distintas unidades de capacitación, así como con las comisiones del Poder Judicial. Por consiguiente, se está trabajando en una investigación denominada Análisis y propuesta para regular de manera uniforme las relaciones interorgánicas en materia de capacitación y formación judicial con las unidades de capacitación del Poder Judicial,  con la finalidad de colaborar con el Consejo Directivo con la toma de decisiones en esta importante área. 
 
i)	Convalidación de actividades académicas provenientes de otros centros de estudios

Este tema se refiere a la necesidad de definir una política en cuanto a la convalidación de actividades académicas que provengan de otras instituciones educativas. Por lo tanto, es recomendable que el Consejo Directivo defina los criterios para poder convalidar actividades de capacitación de otros centros de estudios.

Recomendaciones 

Por lo expuesto en el presente documento se recomienda al Consejo Directivo lo siguiente:

1.  Aprobar la redacción final de las 32 políticas expuestas en el presente estudio.

1.	Precisar y aclarar las políticas 6 y 7 por las razones indicadas.

2.	Pronunciarse sobre los nueve temas expuestos en este documento.

Definidas de manera concisa, clara y precisa las políticas indicadas, autorizar que se publiquen en la página WEB de la Escuela Judicial.”
-0-

Respecto a las diferentes políticas, se realizaron las siguientes observaciones:

Política N°3 punto c: debe decir  “(…) En consecuencia, toda actividad académica de la Escuela Judicial, una vez concluida, debe ser reportada inmediatamente por los gestores de capacitación  a la Secretaría de la Escuela y al Departamento de Personal, por escrito de conformidad con el artículo 15 del Reglamento de Reconocimiento de Carrera Profesional,  en un plazo no mayor de 7 días hábiles,  contados a partir del término de la actividad (…)”
Política N°6:   Debe decir: “ La Dirección tramitará directamente las solicitudes urgentes para que  servidores del Poder  Judicial participen en las actividades académicas no organizadas por la Escuela Judicial y rendirá  su informe mensual al Consejo Directivo sobre las solicitudes remitidas al Consejo Superior.  Los servidores del Ministerio Público, Organismo de Investigación Judicial y Defensa Pública deben necesariamente estar recomendados por las respectivas jefaturas.”
Política N°16:  La Licda. Marta Iris indica que en cuanto al tiempo para retirar los certificados, esto debe analizarse, ya que si bien es cierto, hay muchos certificados que no se retiran,  pero no es por  falta de interés de los participantes, sino por la dificultad que se les presenta para venir a recogerlo.  Además considera que debería  comunicarse, al concluir el curso, la fecha exacta de la entrega, ya que actualmente no se realiza y la entrega es demasiado tardía.  Por otra parte, agrega que se invierten muchos recursos para luego votarlos. Propone que la política general, debe estipular que los certificados sean entregados después de concluir el curso.
Política N°19:  En sesión N°3-2006 del 1 de marzo de 2006, artículo V, el Consejo Directivo dispuso eliminar los certificados de los ciclos de conferencias.
Política N°21:  Se debe analizar más el punto sobre la firma de los certificados,  ya que con la nueva Ley de la Firma Digital  y las directrices del Consejo Superior,  donde se dispone la política de usar cero papel, esta política tendría que cambiar totalmente.  
Política N°23: Se debe indicar primero la prohibición y después la excepción.
Política N°24:  Se debe indicar que los propietarios tendrán prioridad .
Política N°27:   Se había conversado en una oportunidad que cuando un participante incumple con la asistencia a un curso, el Director de la Escuela, debería traer la justificación presentada para ser valorada en este Consejo,  antes de ser remitida a la Inspección.
Política N°28: Las apelaciones son resueltas en primera instancia por el Director de la Escuela  quien le solicita a la Comisión de Evaluación su estudio y valoración antes de resolver.
Política N°29:   Se deben incluir además  otras unidades futuras de capacitación.
Política N°31:  Se debe analizar considerando las políticas acordadas por el Consejo Superior en la sesión N°18-06 del 14 de marzo de 2006, artículo II.

TEMAS RELEVANTES:
1)	Analizar y definir una política de justificaciones.
2)	Si se convoca a dos actividades académicas al mismo tiempo, ¿cuál será el criterio para escoger?  No se define, se debe analizar..
3)	Reactivar la aplicación del artículo 14 de la Ley de Creación de la Escuela Judicial haciendo instancia al Consejo de Personal.
4)	No se define ya que se debe analizar.
5)	No se define
6)	Control del tiempo de capacitación de los funcionarios judiciales, se habla de la circular N°72-2006 del Consejo Superior.   Se  le comunicó al  Consejo Superior la preocupación en cuanto a la limitación que implica ofrecer únicamente dos capacitaciones como máximo a los  funcionarios judiciales  y esperamos su pronunciamiento, ya que ellos no tienen competencia para definir ese punto.
7)	Se está realizando un estudio
8)	Se está realizando un estudio.  La Lic. Muñoz manifiesta que la Defensa Pública está realizando un  proyecto para la  formación inicial de Defensores Públicos y le gustaría saber quién va a validar los caminos por los cuales ellos están encausando la formación inicial y si  la Escuela les dará total independencia.
9)	Convalidación de actividades académicas: se definiran criterios.

SE ACUERDA:  Enviarle al Lic. Otto González Vílchez, las observaciones que se le realizaron a algunas políticas planteadas  para que sean incorporadas en el informe y,  posteriormente, se analizarán con más detenimiento los puntos y,  por el momento, no se emite criterio.  

ARTÍCULO V

El Dr. Alfredo Chirino Sánchez, Director de la Escuela Judicial informa sobre el  Aviso N°09-2006 donde comunican  el “Planteamiento de actividades con motivo de la promulgación del Código Procesal Contencioso Administrativo”  que aprobó la Corte Plena en la sesión celebrada el  31 de mayo de 2006.   

Manifiesta que para realizar este plan, requieren la colaboración de la Escuela Judicial  y le preocupa mucho porque esto va incidir en el presupuesto y en las tareas del personal.  Indica que actualmente  solo cuenta con una metodóloga para que realice los diseños curriculares y tiene problemas para la estructuración de los cursos, porque no cuenta con más personal para coordinar las actividades.  Entiende que son actividades urgentes, pero desea poner en conocimiento de este Consejo, que esta situación tendrá un gran impacto para la Escuela y eso no es sostenible.

La Mag. Calzada  sugiere que se comunique a la Corte Plena lo que eso representa en el plan de la Escuela y se les manifieste  que debido a la importancia del tema,  estamos en la mejor disponibilidad de colaborar; pero necesitamos  apoyo y recursos extras para cumplir con esas actividades.

SE ACUERDA:  1) Comunicar a la Corte Plena que conocedores de la importancia del tema  sobre la promulgación del Código Procesal Contencioso Administrativo,  la Escuela Judicial está en  la mejor disposición de brindar el apoyo y la colaboración necesaria; pero  pone a su conocimiento que la programación de dichas actividades, fuera del Plan de Trabajo que debe cumplir la  Escuela, causará un gran impacto en el presupuesto,  así como en el recurso humano debido a que actualmente contamos con solo una metodóloga y poco personal para  la coordinación.  Por lo anterior, solicitamos apoyo y recursos extras para cumplir satisfactoriamente en las actividades programadas.  2) Trasladar a la Licda. Kattia Escalante Barboza, Coordinadora de Programas de Capacitación,  el  planteamiento de actividades mencionado para que se contemple dentro de la programación  de la Escuela.  ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO VI

Se recibe a la Licda. Kattia Escalante Barboza y al Sr. Vicente Martínez Oporto, encargados de  coordinar los diferentes  programas de capacitación  de la Escuela Judicial y exponen ampliamente el “Plan de Gerenciamiento de cursos”,  que han elaborado con el objeto de cumplir con el  Plan de Trabajo  de este año,  e indican que los cursos programados serán sin réplica.

Asimismo, manifiestan que este Consejo Directivo recibe muchas propuestas de capacitación para ser analizadas y muchos de los temas son considerados de gran importancia, y se  trasladan para que sean incluidas en el cronograma.   Comenta que ellos han realizado un análisis, sobre todo, de la parte administrativa y materialmente,  es imposible incluir una actividad más.  Sin embargo,  propone que con el fin de seguir gerenciando bien todo el plan de capacitación, cuando se reciban nuevas propuesta de capacitación que consideran importantes,  indispensables y relevante que deban incluir dentro del plan de trabajo, que se les autorice a ellos para eliminar alguna de las actividades que ya está programada para incluir la que proponen.  Esto con el objeto de establecer una mejor coordinación entre lo que ya está programado y las nuevas actividades.

Informa que todo el sistema está, en este momento, en el  cien por ciento de producción y todas las  unidades de la Escuela están saturadas de trabajo, por lo que materialmente es imposible ejecutar algo más de lo que está programado.

El señor Vicente Martínez comenta que  además tienen que dar apoyo a todas las actividades que son paralelas al plan de trabajo, y que deben suplir los recursos necesarios, por lo que se han presentado problemas porque no se cuenta  con suficientes recursos.

SE ACUERDA:  Comunicar a la Licda. Kattia Escalante Barboza y al señor Vicente Martínez Oporto que este Consejo espera valorar en cada caso concreto, las posibles incidencias de la capacitación recientemente solicitada en el Programa de la Escuela Judicial con el fin de tomar una decisión definitiva, acorde con los aspectos planteados de metodología y gerencia.  Se les solicita que se informe al Consejo las posibles implicaciones que la  adopción del nuevo curso o programa podría tener en el plan de trabajo, con indicación expresa de los requerimientos técnicos y presupuestarios que acaree, con el  objeto de que el Consejo tome una decisión al respecto.

ARTÍCULO VII

El señor Edgar Vargas González, Investigador de Asaltos en oficio de fecha 30 de mayo de 2006 afirma:

“Por medio de la presente les solicito de la manera más atenta interpongan sus buenos oficios, a fin de que se me convalide el curso  de armas de fuego tipo pistola con duración de 16 horas este me fue impartido por parte de el Mayor Luis Carlos Calvo instructor de la Unidad de Intervención Especial del Ministerio de la Presidencia, y reconocido por la Combative Arts Association y su director señor Oldemar Echandi.

Esto por el efecto que me sea asignada un arma tipo pistola por parte de la Secretaria General de este Organismo.

Cabe mencionar que estoy en la mayor disposición de que se me efectué cualquier prueba o examen para que sean evaluados por su parte los conocimientos adquiridos en dicho curso.

Es importante indicar que por la especialidad de la sección de Asaltos donde desempeño funciones como investigador, se enfrentan situaciones de riesgo y se tiene que lidiar con delincuentes muy bien armados.  Y al portar un arma de fuego tipo revolver se enfrenta una situación de desventaja ante ellos.”
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El Lic. Martín Matamoros Mora, Jefe de la Unidad de Capacitación del O.I.J. en oficio  EJ-CAP-115-2006 de fecha 2 de junio de 2006 indica:

“De conformidad con lo solicitado por la Dirección de la Escuela Judicial, me permito emitir criterio en relación a la nota de fecha 30 de mayo del año en curso, en la que el  señor Edgar Vargas González, investigador de la Sección de Delitos Contra la Propiedad del Organismo de Investigación Judicial solicita la convalidación de un Curso Básico de Pistola, impartido por la Combative Arts Association, con una duración 16 horas.

     Al respecto,  la Ley de Creación de la Escuela Judicial y su Reglamento, no contemplan como una facultad de la Escuela Judicial convalidar certificados de capacitación, aunque tampoco se señala alguna prohibición para ello.

     No obstante lo anterior, es importante considerar que la Constitución Política limita las facultades de los funcionarios públicos a cumplir los deberes que la ley le impone, no pudiendo arrogarse facultades no concedidas en ella, toda vez que son simples depositarios de la ley.

      En ese contexto, el inciso ch) del artículo 6 de la Ley de Creación de la Escuela Judicial, amplia las atribuciones del Consejo Directivo a las demás que le señalen las leyes, reglamentos y acuerdos de Corte Plena.

      En la normativa interna del Poder Judicial, se encuentran el REGLAMENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE CAPACITACIÓN A PERSONAL DE INVESTIGACIÓN DEL O.I.J., y el REGLAMENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA CARRERA PROFESIONAL EN EL PODER JUDICIAL , los cuales  hacen referencia al procedimiento de reconocimiento de certificados no emitidos por la Escuela Judicial, pero solamente el Reglamento para Reconocimiento de Carrera Profesional en el Poder Judicial hace referencia del Consejo Directivo de la Escuela Judicial como un órgano al cual podrá echar mano el Departamento de Personal, para que le ayude en la evaluación de los cursos recibidos por profesionales del Poder Judicial, impartidos por entidades extranjeras o nacionales ajenas a la Escuela Judicial y que los interesados hayan solicitado que les sean reconocidos como carrera profesional; asistencia que consiste en revisar aspectos como validez, duración, catalogación en cursos de participación y aprovechamiento. Esa evaluación.   Esa evaluación, llega a ser una convalidación, ya que el criterio del Consejo Directivo, sirve  de fundamento para que el Departamento de Personal decida si procede reconocer o no un determinado certificado.

      En consecuencia, salvo mejor criterio,  el Consejo Directivo si tiene la facultad para convalidar un certificado de capacitación, previa evaluación de los contenidos del curso, duración, clasificación del curso (Participación o Aprovechamiento), entre otros factores a considerar.

      El diccionario Pequeño Larousse Ilustrado, 1994, define la palabra Convalidar como: “Hacer válido, confirmar: hacer válidos unos estudios por otros” , por lo que la ayuda que podrá dar el Consejo Directivo al Departamento de Personal a la que se refiere el artículo 13 del Reglamento para el Reconocimiento de la Carrera Profesional en el Poder Judicial, se puede interpretar como una convalidación, para esos fines específicos, pues se trata de otorgar un visto bueno al certificado ya existente y que fue emitido por otro ente distinto a la Escuela Judicial.

      La definición que nos provee el Diccionario citado, utiliza como ejemplo de una convalidación: “hacer válidos unos estudios por otros”, de donde se desprende que la convalidación requiere haber  realizado  la comparación de los contenidos de unos estudios con los contenidos de otros similares, a efecto tener elementos  de valoración que permitan determinar si procede o no confirmarlos en relación a un tema específico, como sucedería en el caso de análisis cuyo tema es el uso y manejo básico del arma tipo pistola.

      Mediante el oficio EJ-CAP-111-2006, solicité la información adicional que detallo a continuación, sobre el curso que recibió el señor Edgar Vargas González al señor Luis Carlos Calvo Calvo, firmante del certificado y además conversé con él, el día de hoy sobre el tema, pero me indicó que la respuesta podría suministrarla hasta el lunes 5 de junio, debido a que tenía que trasladarse a Guápiles con motivo de la investigación que se realiza sobre la desaparición de armas de la Fuerza Pública. 

1.	Un detalle de los contenidos, ejercicios y prácticas realizadas en Curso Básico de Pistola, impartido por Combative Arts Association, con una duración de 16 horas, cuyo certificado aparece firmado por  el señor Oldemar Echandi y Luis Carlos Clavo Calvo. (Adjunto copia fotostática del certificado)
2.	Cantidad de munición disparada por cada participante durante el curso.
3.	Tipo de arma utilizada para la instrucción.
4.	Nota obtenida por el señor Edgar Vargas González en dicho curso.
5.	Información sobre la sede, teléfonos, números de fax, correo electrónico, página web o cualquier otra información referente a Combative Arts Association, de la que según se registra en el certificado, el señor Oldemar Echandi es Director de América Central. Asimismo, indicarme si dicha Asociación está registrada en el país.

     Debido a que aún no se cuenta con esa información adicional, si comparamos la información que contiene el certificado de Curso Básico de Pistola presentado por el señor Edgar Vargas González,  con el Curso Básico de Pistola que imparte la Unidad de Capacitación del OIJ, de la Escuela Judicial, encontramos diferencias importantes que, en mi criterio, no permiten conceder la convalidación que en este caso en particular se solicita.

COMPARACIÓN DE CURSO BASICO DE PISTOLA
Institución que impartió la capacitación	Combative Arts Association	Unidad de Capacitación OIJ
Escuela Judicial	
Duración en horas	16 horas (dos días)	40 horas (5 días)	
Cantidad de munición por participante	Se desconoce	450 tiros	
Contenidos	Se desconocen	Ver anexo	
Antecedentes de la Organización que impartió el curso.	Se desconocen	Escuela Judicial	
Acreditación del Instructor en la Escuela Nacional de Policía	Se desconoce	Sí	
Clasificación de acuerdo a las horas de duración, según políticas de certificación de la Escuela Judicial.	Participación
(menos de 32 horas de duración)	Aprovechamiento
(Mínimo 32 horas de duración)	

     Es  relevante analizar el motivo que genera la petición del señor Edgar Vargas González, consistente en su interés de que la Secretaría General del Organismo de Investigación Judicial le asigne un arma tipo pistola, por el riesgo de su trabajo en la Unidad de Asaltos de ese Organismo, en donde eventualmente podría verse envuelto en  un enfrentamiento con delincuentes peligrosos, quedando en posición de desventaja por tener asignado un revólver.

      Solventar la necesidad que tiene el señor Edgar Vargas González, escapa de la competencia de la Escuela Judicial y corresponde estrictamente al Organismo de Investigación Judicial .

      Consultado el Lic. Marlon Schlotterhausen Rojas, Secretario General del O.I.J., en cuanto a si es requisito que el Curso de Pistola sea impartido por la Escuela o convalidado por ella para que el OIJ asigne dicha arma, mediante correo electrónico respondió lo siguiente: En respuesta a su consulta me permito indicarle que NO existe una directriz específica que obligue para asignar un arma, que el curso haya sido impartido por la Escuela Judicial. Si debo mencionarle, que ello es preferible y también, que en tratándose de revólver .38 spl, solo asignamos ese tipo de arma cuando la Escuela Judicial ha impartido el curso. Tratándose de pistola, hemos convalidado algunos otros cursos ( no necesariamente los de la Escuela Judicial) siempre y cuando éstos hayan sido impartidos por el MSP ( tratándose de Costa Rica ) o de otras policías, academias policiales o militares de otros países. En ningún caso hemos avalado cursos impartidos por empresas privadas.
Pregunta dos: En este momento no tenemos armas tipo pistola para asignar, pues apenas estamos en el proceso de licitación.
Pregunta tres: Una ves adjudicada la licitación, tendremos claro la cantidad de armas tipo pistola que serán asignadas, en cuyo momento, se podría incluir, aunque no necesariamente.-Ello dependerá de la prioridad de asignación.

      Por lo anterior, la disposición del interesado para que se le someta a una evaluación sobre el uso y manejo de pistola  (acreditar la capacitación mediante un examen por suficiencia),  no resolvería la necesidad que plantea ya que la Secretaría General  no le asignará en este momento un arma tipo pistola aún aprobando esa evaluación, tal y como lo señaló el Lic. Schlotterhausen.

      Además, es necesario que el Consejo Directivo se pronuncie sobre el tema de exámenes por suficiencia, de lo que no se tienen reglas o directrices en este momento.

       En conclusión, lo que procede en este caso es que el señor Edgar Vargas González o sus superiores, gestionen ante la Dirección General del Organismo, con las justificaciones que estimen pertinentes, que en cuanto el  O.I.J., adquiera armas tipo pistola para ser asignadas, tome en consideración al solicitante y si lo consideran oportuno, lo incluyan en la lista de investigadores que se convoquen para recibir el Curso de Pistola que eventualmente deba ofrecerse antes de la asignación de este tipo de arma”
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SE ACUERDA: Trasladar la solicitud anterior al Lic. Francisco Segura Montero, Subdirector del Organismo de Investigación Judicial para que emita su criterio al respecto. 

ARTÍCULO VIII

El Dr. Alfredo Chirino Sánchez, Director de la Escuela Judicial, informa que la Junta Directiva de la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales ha seleccionado a Costa Rica como sede para realizar el 29 y 30 de junio 2006  su próxima reunión, a la cual asistirán todos los miembros de la Junta Directiva.

Debido a que él representa a la Escuela Judicial de Costa Rica en dicha actividad y ya no estará como Director, solicita a la Mag. Ana Virginia Calzada que represente a la Escuela en este evento, que reviste mucha importancia de cara a los compromisos internacionales asumidos dentro de la Red.

Indica que está reunión tiene como objetivo  discutir los avances que se han tenido en la programación de actividades de capacitación conjunta, así como revisar las estrategias de cooperación que fueron acordadas en la última reunión de República Dominicana.  Don Alfredo informará acerca de estos extremos a la Mag. Calzada, con el fin de que pueda dar seguimiento a estas actividades.

SE ACUERDA: Comisionar a la Mag. Ana Virginia Calzada Miranda, Presidenta del Consejo Directivo de la  Escuela Judicial para que represente a la Escuela Judicial en la próxima reunión de la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales que se realizará el 29 y 30 de junio de 2006. Asimismo, solicitar que la Mag. Calzada cuente con sustitución para poder participar en la reunión antes señalada, por lo que se acuerda comunicar esto a la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia para lo de su cargo. 

Se levanta la sesión a las once horas con  cincuenta minutos.

Mag. Ana Virginia Calzada Miranda                 Dr. Alfredo Chirino Sánchez
                  PRESIDENTA                              DIRECTOR ESCUELA JUDICIAL