ACTA N° 7-2006

CONSEJO DIRECTIVO DE LA ESCUELA JUDICIAL, San José, a las ocho horas con cuarenta  minutos del  dieciséis de mayo del año dos mil seis. Se inicia la presente sesión ordinaria con la asistencia de la Magistrada Ana Virginia Calzada Miranda, quien preside; Dr. Alfredo Chirino Sánchez, Director de la Escuela Judicial; Lic. Jorge Chavarría Guzmán en representación del Ministerio Público; Lic. Horacio González Quiroga, Juez Tribunal Superior Contencioso Administrativo;  Licda. Marta Iris Muñoz Cascante,   Jefa de la Defensa Pública; y la Licda. Odalia Campos, Secretaria  de la Escuela Judicial. El Dr. Víctor Ardón Acosta, Juez Tribunal Superior de Trabajo, el Lic. Francisco Segura Subdirector del Organismo de Investigación Judicial y el MBA. Francisco Arroyo Meléndez, Jefe Departamento de Personal se excusaron.

ESCUELA JUDICIAL

ARTICULO I

El Dr. Alfredo Chirino Sánchez, Director de la Escuela Judicial informa que recibió de la  señora María Amalia Babadilla, Analista Comunidad Jurídica  de la Escuela Nacional de la Judicatura de la República Dominicana, una invitación para que un juez o jueza en Derecho Procesal Civil y Familia, participen en “La temporada del Derecho Francés y la Justicia 2006”, que se realizará del 1 al 14 de junio de 2006 en República Dominicana.   Ofrecen  cubrir los gastos de estadía y alojamiento para una persona, quedando bajo la responsabilidad del participante cubrir el pasaje.

Los temas a tratar son sobre derecho de Familia el  1 y 2 de junio de 2006 y Derecho Procesal Civil el 8 y  9 de junio de 2006.  

Debido al poco tiempo con que se cuenta,  se decidió, divulgar por medio de la intranet la invitación  y que el juez o jueza que participe en  el seminario de Derecho  Civil la Escuela Nacional de la Judicatura de la República Dominicana cubriría los gastos de hospedaje y alimentación  y  el  gasto de pasaje debe ser cubierto por el participante.   

Menciona los nombres de las personas que se han inscrito al día de hoy  e indica que el  plazo para  participar vence el 19 de mayo de 2005.

La Magistrada Calzada propone que se solicite al Consejo Superior  que autorice el pago de estadía y alimentación del juez o jueza que participe en el seminario de Derecho de Familia  con cargo al Presupuesto del Poder  Judicial y que el participante cubra solamente el gasto del pasaje.
 
SE ACUERDA:  Aprobar la invitación y solicitar al Consejo Superior que financie con presupuesto del Poder Judicial el hospedaje y alimentación  para el  juez o jueza que participe en el seminario de Derecho de Familia. La Escuela Nacional de la Judicatura de la República Dominicana cubrirá los gastos del juez que participe  en Derecho Procesal Civil y los gastos de pasajes deben ser cubiertos por los participantes.  También conceder permiso con goce de salario sin sustitución a los dos jueces que se  seleccionen  para las  siguientes fechas:  Juez en Derecho Procesal Civil del 7 al 10 de junio de 2006 y al  Juez en Derecho  de  Familia del  31 de mayo al 3 de junio 2006, así como la aprobación de pasaporte de servicio.   ACUERDO FIRME.

ARTICULO II

La Licda. Alejandra Monge  Arias, Coordinadora  Equipo de Contraparte Unidad de  Ejecutora Proyecto Corte BID, de la Secretaría Técnica de Género, en oficio GP-044-2006 de fecha 15 de mayo de 2006 dice:

“Por este medio en forma muy respetuosa le solicito, elevar a conocimiento del Consejo Directivo de la Escuela Judicial para su aprobación, el diseño curricular adjunto. Este documento forma parte de la Consultoría para elaborar y ejecutar un Programa de capacitación en no discriminación por razones, entre otras, de género, etnia, nacionalidad, credo u opción sexual, para abogados litigantes, jueces (zas), fiscales, defensores (as) públicos (as) y empleados de otras dependencias del Poder Judicial en todo el país, en coordinación con la Comisión de Género del Poder Judicial, la Secretaría Técnica de Género y la Unidad Ejecutora del Proyecto Corte-Bid.

El programa en cuestión y para respetar los plazos establecidos en la Carta de Negociación y que se complementan con la Oferta Técnica y los Términos de Referencia, requiere ser iniciado el 23 de mayo mediante la ejecución de 16 talleres piloto, cuyo objetivo es obtener insumos a través de las observaciones y conclusiones a las que lleguen los (as) participantes, para en una etapa posterior enriquecer el diseño curricular y los materiales didácticos, que se seguirán empleando en el desarrollo de los siguientes 70 talleres, con el fin de que la población meta sea sensibilizada y capacitada en materia de no discriminación. Posteriormente este material sería entregado a la Escuela Judicial. 

Dado que la Secretaría Técnica de Género no cuenta con una Especialista en Educación, se solicitó colaboración para la revisión del diseño a la M.Sc. Sonia Méndez González, quien  fuera de su horario laboral procedió a efectuar dicha revisión, contando de esta manera con su aprobación técnica. De ello puede dar fe la Licda. Yorleny Clark, Gerente de Proyectos del BID, por parte de la Defensa Pública. No está de más indicar que la contraparte está integrada por las Licdas. Yuli López del Ministerio Público y Olga Fallas de la Defensa Pública y queen ausencia de la Licda. Fallas, es sustituida por la Licda. Clark.

Adjunto el cronograma de los 16 talleres piloto y el paquete instruccional.”
-0-

DISEÑO CURRICULAR
	
TALLER EN NO DISCRIMINACIÓN DE NINGÚN TIPO	
Fecha primera oferta: según agenda adjunta
Lugar: según agenda adjunta			
Taller sobre no discriminación por ningún tipo	Horario: 8:00 – 16:00 hrs.
Duración de la actividad: 8 hrs.	
PROPÓSITO U OBJETIVO GENERAL:  
Sensibilizar y capacitar al personal del Poder Judicial así como a profesionales litigantes,  en el abordaje de la NO discriminación por ningún motivo.	FACILITADOR(A): 
Dos personas del equipo consultor	
	ASESORÍA CURRICULAR:
M.Sc. Sonia Méndez González	
1.	INTRODUCCIÓN 

Esta actividad está diseñada para sensibilizar y concienciar tanto al personal del Poder Judicial como a profesionales litigantes en el abordaje de la discriminación por ningún motivo; con el fin de que se asuma que, la discriminación es una actitud aprendida y cultural y, es necesario que las personas se “vean” en su cotidianidad para que se “descubran” discriminando de manera inconsciente.  Es decir, lleven a lo conciente prácticas discriminatorias, condición que permitirá variar comportamientos, así como el entender que discriminar es una condición asimilada, por lo que puede modificarse.

Esta actividad se plantea en el marco del Proyecto Corte -  BID. El 10 de marzo de 2005, se publica en La Gaceta la Licitación Pública Nacional 69 – 05, que define la Contratación de una consultoría para elaborar y ejecutar un programa de capacitación en no discriminación por razones, entre otras, de género, etnia, nacionalidad, credo, u opción sexual, para abogados (as) litigantes, jueces/zas, fiscales, defensores/as públicos/as y empleados/as de otras dependencias del Poder Judicial en todo el país. La misma contribuirá a brindar un mejor servicio de atención al público y de trabajo interno en la institución.

La actividad está dirigida a los y las funcionarias del Poder Judicial y a un número significativo de abogadas y abogados litigantes, ya que en cada actividad de formación se pretende tener un 30% de asistencia de estos profesionales.		

TALLER EN NO DISCRIMINACIÓN DE NINGÚN TIPO	
2.	ASPECTOS METODOLÓGICOS
El enfoque que guiará la conducción de los talleres será participativo y vivencial. 
Las dinámicas estarán orientadas a comprender la naturaleza de las relaciones entre las personas, considerando aspectos como el aprendizaje, la socialización y los prejuicios, aprendizaje establecido en el marco cultural y social en que nos desarrollamos.  
Para ello se requiere de un alto grado de participación, que se verá reflejado en el intercambio y retroalimentación de ideas y conceptos entre las personas facilitadoras y las y los participantes.  La participación será individual y colectiva; esta última considerando los momentos de trabajo en grupos creativo por el aporte de manera lúdica en la comprensión del concepto de no discriminación, así como de estudio de casos.
La característica de vivencial se plantea ya que el tema trastoca principios, valores y percepciones de las y los participantes.  De igual manera se verán enfrentados a su cotidianidad en relación a la aplicación de los conceptos aprendidos.
Las técnicas utilizadas en las actividades de sensibilización serán: exposición magistral, charla dialogada, experiencia emotiva y trabajos en grupo. 

3. RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 
Se dará a las y los participantes un documento de trabajo que contiene el desarrollo conceptual de la temática así como su abordaje en el marco legal, este documento tendrá un formato muy amigable, permitiéndoles desarrollar sus propios conceptos y aprendizajes.  De igual forma, dispondrán de guías de trabajo y jurisprudencia. 
Se desarrollarán las sesiones contando con presentaciones en power point, video beam, papelógrafos, marcadores, etc.  También se documentará fotográficamente las sesiones de trabajo.

4.	EVALUACIÓN 
Esta actividad no es de aprovechamiento académico, sin embargo se hará la evaluación en dos momentos, por medio de cuestionarios.  El primero, se pasará previo el inicio el taller y tiene por objetivo conocer el grado de acercamiento al tema.  El segundo será al final de la jornada, y permitirá medir el grado de asimilación de los conceptos, así como aspectos logísticos  y la participación  de las personas facilitadoras.  Es de destacar que la sistematización de los resultados obtenidos por la aplicación de ambos instrumentos, está orientada a conocer el grado de asimilación de conceptos, así como la percepción del desarrollo del taller. 
Es de destacar que, al no tratarse de   una evaluación individual, no se requerirá el nombre de las personas; situación que permitirá que sus opiniones se expresen libremente y sin temor de ser identificados.  De igual forma la información se sistematizará de acuerdo con  condición de género. 

5.	BIBLIOGRAFÍA

 Busso, Gustavo.  Vulnerabilidad sociodemografica en Nicaragua: un desafío para el crecimiento económico y la reducción de la pobreza.  CEPAL – ECLAC. Santiago de Chile. Agosto, 2002.

CLAVE. Diccionario de Uso del Español Actual. Ediciones S.M. Madrid, 1997.

Censo de Población del año 2000. INEC 

Consejo Nacional de Rehabilitación y Enseñanza Especial  y otros. Estudio básico sobre las necesidades de las personas con discapacidad en Costa Rica. San José, Costa Rica. 2006.

División de Población de la CEPAL - Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE). Vulnerabilidad Sociodemográfica: Viejos y Nuevos Riesgos para comunidades, hogares y personas. CEPAL – ECLAC. Chile, 2002.

ILANUD. La Justicia Como Garante de los Derechos Humanos: La Independencia del Juez. (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Uruguay, España.). San José, Costa Rica. 1996.
 
Octavo Informe del Estado de la Nación. Equidad e Integración Social. San José, Costa Rica 2002
 
Sojo, Carlos. La noción de ciudadanía en el debate latinoamericano. Revista de la CEPAL 76, abril del 2002.
 
Foro Permanente sobre  Migración. Comentarios al texto sustitutivo del Proyecto de Ley de Migración.  San José, Costa Rica, diciembre 2003

Mojica Mendieta,  Francisco Javier.  Acciones del Estado Costarricense para Enfrentar la demanda de Servicios de salud, Educación y Vivienda de Población Nicaragüense en Costa Rica. Proyecto “La Migración Nicaragüense hacia Costa Rica y su impacto en la sociedad costarricense” Universidad Nacional, Facultad de Ciencias Sociales, Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO). Heredia, Costa Rica. 2003.

Pernudi Chavarría, Vilma; Mojica Mendieta, Francisco y López Ruiz, Luis Ángel. Percepciones de la población costarricense sobre la inmigración de nicaragüenses.  Instituto de Estudios Sociales en Población, Programa Migración y Sociedad, UNA. Costa Rica. Agosto, 2005.

Varela J., Julio. Una Nueva Ley de Migración: Marco de Referencia y Percepción de la Población. Universidad Nacional, Facultad de Ciencias Sociales, Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO). Octubre, 2003.

Diversos Instrumentos Internacionales que están presentada cuadros en el presente documento.

Diversa Legislación nacional que está presentada los cuadros en el presente documento.

Páginas web
http://www.derechos.org/nizkor/arg/onga/mujer.htm
http://193.194.138.190/spanish/html/menu2/6/cedw_sp.htm
http://www.un.org/cyberschoolbus/racism2001/s_index.asp
http://www.cinu.org.mx/ninos/html/onu_n6_discri.htm
http://www.latinsalud.com/articulos/00799.asp
http://www.un.org/spanish/aboutun/hrights.htm
http://www.un.org/spanish/hr/
http://www.iidh.ed.cr/comunidades/Diversidades/
http://www.iidh.ed.cr/comunidades/DerechosMujer/
http://www.iidh.ed.cr/capel/
http://www.iidh.ed.cr/comunidades/LibertadExpresion/
http://www.derechos.org/nizkor/
http://www.ohchr.org/spanish/

	

TALLER EN NO DISCRIMINACIÓN DE NINGÚN TIPO	
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE O ACTIVIDADES	RECURSOS	TIEMPO	
1. Introducir y conceptualizar la discriminación, considerando  aspectos políticos, históricos y prácticos, así como describir y analizar  algunas formas de discriminación.	Aspectos generales sobre discriminación
•	Concepto de discriminación.
•	Formas discriminación
	•	Charla magistral
•	Interacción grupal
•	Trabajo grupal
•	Plenaria
	Presentación power point, video beam, guía para trabajo grupal, papelógrafos, marcadores.	2 y media  horas	
2. Análisis del desarrollo y el recorrido histórico de los Derechos Humanos, su carácter ético jurídico y su vinculación con la discriminación, así como conocer la situación de la discriminación en  Costa Rica. 
	Aspectos generales sobre Derechos Humanos
•	Concepto de derechos humanos y su carácter ético jurídico.
•	Marco legal de los derechos humanos tanto internacional como nacional.
•	Vinculación derechos humanos – discriminación.
•	Radiografía de la discriminación en Costa Rica.	•	Charla magistral
•	Interacción grupal
•	Trabajo grupal
•	Plenaria
	Presentación power point, video beam, guía para trabajo grupal, papelógrafos, marcadores.	2 y media horas 	
3. Aplicar los conceptos aprendido en la cotidianidad laboral de las y los participantes.	Aspectos generales
•	Análisis de situaciones reales e identificación de aciertos y desaciertos.
•	Aplicación de conceptos en las dinámicas laborales.	•	Interacción grupal
•	Trabajo grupal
•	Plenaria
	Guía para trabajo grupal, papelógrafos, marcadores, sentencias, documentos.	3 horas	

Se adiciona el  oficio  GP-044-2006  con el GP-045-2006 que dice:

“Por este medio en forma muy respetuosa adiciono el oficio GP-044-06, ya que por un error involuntario se omitió lo siguiente:

Pedir al Consejo Directivo, que en forma extraordinaria se autorice la certificación del Taller sobre no discriminación de ningún tipo, aun cuando es un taller de 8 horas, toda vez que los contenidos por desarrollar y que se encuentran en el diseño curricular y material de apoyo, superan las expectativas de un taller y podrían más bien dar pie para diseñar una capacitación de muchas horas. Por otra parte, este es un proyecto que pretende capacitar al menos al 30% de la población judicial, con un costo elevado que se sufragará mediante el Convenio de préstamo Corte – Bid, y también incluirá unalto porcentaje de abogados (as) litigantes, por lo que certificar el taller daría mayor formalidad a la actividad.

Asimismo, solicito se autorice permiso con goce de salario y suplencia en los casos estrictamente necesarios, así como el pago de viáticos o ayuda económica según corresponda, para los y las participantes.  

Adjunto el programa de la actividad y el cronograma. “
Calendarización
Talleres Piloto

	Fecha	Lugar	
1	Martes 23 mayo	Heredia Centro 	
2	Martes 23 mayo	Liberia	
3	Miércoles 24 mayo 	Santa Cruz  y Nicoya	
4	Jueves 25 mayo	Puntarenas centro	
5	Martes 30 mayo	Heredia, Complejo de Ciencias Forenses.	
6	Martes 30 mayo	Ciudad Neilly	
7	Miércoles 31 mayo 	Golfito	
8	Jueves 1 junio	San Isidro de Pérez Zeledón	
9	Martes 6 junio 	San José, 1er. y 2º circuito	
10	Martes 6 junio	San Carlos 	
11	Miércoles 7 junio	San Ramón	
12	Jueves 8 junio	Alajuela centro	
13	Martes 13 junio	Cartago	
14	Martes 13 junio	Limón	
15	Miércoles 14 junio	II Circuito Judicial	
16	Jueves  15 junio	Turrialba	

PROGRAMA

Horas	Actividad	Trabajo de facilitación	
08:00 – 08:15	Presentación de la Secretaría de Género.	Actividad desarrollada por representante de la Secretaría de Género del Poder Judicial	
08:15 – 08:45	Presentación del taller y presentación de las y los participantes.	Facilitador/a.  
•	Cumplimentación  de cuestionario de entrada. 
Dinámicas de presentación:
•	Por cinco minutos “cuchichean participantes en parejas” y se presentan entre sí señalando una característica positiva de la otra persona.
•	Cada quien se presenta y plantea en pocas palabras lo que le significa la discriminación.	
08:45 – 09:15	Qué es la discriminación y sus formas de manifestación.	Presentación de facilitador/a.  Durante la presentación de formas de discriminación, pedir ejemplos a las y los participantes.  Por ejemplo, en discriminación por razones de género, pedir ejemplos que se apliquen a hombres y mujeres. 	
09:15 – 09:30	Café 	
09:30 – 10:30	Trabajo en grupos No. 1: Actividad lúdica.	•	Establecer los grupos al azar, pensando en conformarlos con 5 ó 6 personas como máximo.  Cada grupo trabajará en una actividad diferente.  Ver guía.
•	La personas facilitadoras, se mantienen alejadas de los grupos, sólo se acercan a aclarar dudas puntuales.	
10:30 – 11:00	Presentación de trabajos de grupos	Participantes	
11:00 – 12:00	Derechos humanos, legislación y situación en el país.	Exposición de la facilitación con interacción con el grupo.	
12:00 – 13:00	Almuerzo	
13:00 – 14:00	Trabajo en grupos No. 2: Estudio de casos	•	Establecer los grupos al azar, pensando en conformarlos con 5 ó 6 personas como máximo.  Cada grupo trabajará en un caso diferente.  Ver guía.  
•	La personas facilitadoras, se mantienen alejadas de los grupos, sólo se acercan a aclarar dudas puntuales.	
14:00 – 14:30	Presentación de trabajos de grupo	Participantes	
14:30 – 14:45	Café	
14:45 – 15:15	Diálogo en torno a la discriminación.	Facilitación y coordinación con preguntas guía para fomentar la discusión en grupo.	
15:15 – 15:45	Trabajo en grupos No. 3: Síntesis a través de preguntas orientadoras.	•	Los grupos se conforman según ámbito laboral (personal administrativo, profesional, técnico) una pregunta cada grupo, 15 minutos.
•	Las presentan al grupo en búsqueda de consenso, 10 minutos.
•	La facilitación hace síntesis final, 5 minutos.	
15:45 – 15:50	Conformación de las Comisiones	Se conformará una comisión conformada por tres personas para coordinar actividades de la Secretaría de Género.  La Comisión tiene carácter voluntario.	
15:50 – 16:00	Evaluación y entrega de Certificados de participación.	Participantes	

SE ACUERDA:  Aprobar el diseño curricular del “Taller en no discriminación de ningún tipo”,  (Talleres piloto) que se realizarán el 23-24-25-30-31 de mayo y 1-6-7-8-13-14-15 de junio de 2006 con una duración de 8 horas dirigido a jueces, fiscales, defensores públicos, abogados litigantes y empleados de otras dependencias del Poder Judicial en todo el país  y la confección de certificados de participación por 8 horas.  Comuníquese al Consejo Superior, para la autorización de permiso con goce de salario con  sustitución en los casos estrictamente necesarios, así como el pago de viáticos según corresponda   para los participantes. ACUERDO FIRME.

ARTICULO III

Los señores MBA. Malbert Chaves Sanabria, Coordinadora a.i. Área de Gestión de la Capacitación, MBA. Mauricio Quirós Álvarez, Jefe Desarrollo Humano y MBA. Francisco Arroyo Meléndez, Jefe Departamento de Personal, en oficio  285-CAP-2006 de fecha 5 de mayo de 2006 dicen:

El Área de Capacitación del Depto. de Personal-Gestión Humana planificó un curso de Técnicas de Comunicación Escrita, dirigido a los(as) servidores(as) del Circuito Judicial de Santa Cruz, con el fin de responder a una solicitud en la que se nos indica que existe una imperiosa necesidad de brindar capacitación en este tema, la cual amerita nuestra célere atención.
                      
El curso será de aprovechamiento y será impartido con la modalidad a distancia por la Máster Ingrid Bermúdez Vindas. 

Por tanto, muy respetuosamente, solicitamos a este Consejo la aprobación del diseño curricular correspondiente, el cual se adjunta a este oficio. Cabe resaltar que el diseño que se presenta, es una adaptación del que fuera presentado en su momento por la Máster Bermúdez, cuando fungió también como especialista en contenido del curso: Técnicas de Estudio y Comunicación Escrita del Programa de Auxiliares a Distancia que ejecutó anteriormente la Escuela Judicial.

Posteriormente, el Área de Capacitación del Depto. de Personal-Gestión Humana  se hará cargo de los demás trámites administrativos y de la emisión de los certificados de aprovechamiento. 

Agradecemos la atención a nuestra solicitud, en procura de solventar esta  perentoria necesidad de capacitació

PODER JUDICIAL
DEPARTAMENTO DE PERSONAL-GESTIÓN HUMANA
ÁREA DE CAPACITACIÓN

			PLAN DE CURSO		
FECHA PRIMER OFERTA:

Julio de 2006			NOMBRE DEL CURSO
TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN ESCRITA
	HORARIO: A distancia, con tres tutorías presenciales de 4 hrs. c.u.
	
No DE HORAS: 48	
PROPÓSITO GENERAL: 

Aplicar diversos conocimientos y habilidades relacionados con las normas ortográficas y gramaticales para fortalecer la expresión escrita, de manera que esta sea más fluida y eficaz y acorde con los principios de la Real Academia Española.
	ESPECIALISTA EN CONTENIDO
Ingrid Bermúdez Vindas	
		ASESORÍA CURRICULAR
Ingrid Bermúdez Vindas	

1.	INTRODUCCIÓN: 
El curso será ofrecido a servidores judiciales con el fin de proveerles conocimientos y desarrollar habilidades para que fortalezcan la expresión escrita, que lo beneficiarán en el desempeño de su labor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
2.	ASPECTOS METODOLÓGICOS:
La modalidad del curso es a distancia y comprenderá un total de 48 horas distribuidas de la siguiente manera:
36 horas para lectura, estudio individual, elaboración de tareas, informes y otras actividades propuestas y 12 horas para sesiones tutoriales. Cada tutoría presencial tendrá una duración de 4 horas, en total se realizarán dos ya que en la última se realizará la prueba final. La actividad tutorial se basa en la aplicación práctica de los contenidos teóricos, en esta se desarrollarán diversas técnicas didácticas y se aprovechará para evacuar todas las dudas existentes acerca del contenido del curso. La asistencia a las tutorías es obligatoria. El curso se enriquecerá con otros medios didácticos para favorecer el proceso enseñanza-aprendizaje como correo electrónico, foros, entre otros.

PLAN DE CURSO	
	NOMBRE DEL CURSO
TÉCNICAS DE ESTUDIO Y COMUNICACIÓN ESCRITA	

3.	MATERIAL DIDÁCTICO
Texto instruccional: técnicas de estudio y expresión escrita.
Guía para el participante con especificaciones de los trabajos  individuales, tareas, cronograma, entre otros.

4.	RECURSOS MATERIALES
Video beam, computadora, pantalla.
Pizarra y marcadores.
Papelógrafo, pliegos de papel periódico.

5.	EVALUACIÓN
El curso es de aprovechamiento, por lo tanto, la distribución porcentual de la evaluación se establece de la siguiente manera:
Trabajo extraclase 40% (Informes, tareas, elaboración de las prácticas del texto, etc.)
Participación en las tutorías 20% (actividades intraclase dictados,)
Prueba final 40%

	

PLAN DE CURSO	NOMBRE DEL CURSO
TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN ESCRITA	
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS	MEDIOS INSTRUCCIONALES	ACTIVIDAD TUTORIAL	TIEMPO	
1. Reconocer la importancia de la comunicación escrita.	1.	Generalidades sobre la expresión escrita
1.1 Importancia de la comunicación escrita
1.2 Cualidades de la redacción moderna	Se recalca la importancia que tiene la expresión escrita y las cualidades de la redacción moderna.	La primera tutoría comprenderá las unidades 5, 6 y 7.

Unidad 5:
•	Breve exposición del tutor, con un comentario.
•	Aclaración de dudas.		
2. Repasar algunas normas de la acentuación, reglas ortográficas y uso de las mayúsculas.	2.	Acentuación y ortografía
2.1	Uso de la tilde
2.2	 Acentuación de las palabras monosílabas.
2.3	 Uso de las principales letras de escritura dudosa.
2.4	 Uso de las mayúsculas	En el módulo se intercala la teoría con prácticas de aplicación. Además, se especifican las nuevas normas de la Real Academia.	Unidad 6:
•	Dictado para evaluar la aplicación de los contenidos de este apartado.
•	Charla dialogada		
3. Utilizar correctamente los signos de puntuación.	3. Signos de puntuación
3.1 Usos de los principales signos de puntuación: coma, punto y coma, punto, dos puntos, paréntesis, puntos suspensivos, raya, comillas, etc.	Se presentan dos ejemplos de textos, los cuales, al aplicar diferentes signos de puntuación, varían el significado. Esto para enfatizar que de acuerdo con el uso correcto de los signos de puntuación se da el significado adecuado de lo que se quiere comunicar. Después de la teoría se realizan varias prácticas para fijar contenidos.	Unidad 7:
•	Prácticas sobre el tema.
•	Revisión de las prácticas elaboradas.
•	Elaboración de una redacción de diagnóstico en la que se evalúa la aplicación de los signos de puntuación.		
4. Escribir un texto tomando en cuenta las técnicas de redacción y las recomendaciones específicas de acuerdo con el tipo de escrito.	4.	Técnicas de redacción
4.1	Redacción del párrafo
4.2	Relación entre idea principal e ideas secundarias.
4.3	Partes fundamentales de un escrito.
4.4	Errores frecuentes del lenguaje.
4.5	Redacción de diferentes escritos: informes, cartas, memorandos, resúmenes, etc.	En el módulo se presentan los contenidos teóricos. En lo referente a errores frecuentes en la comunicación escrita se combina la teoría con la práctica para entender mejor los conceptos.
Se presentan varios modelos de diferentes escritos y se invita al participante a elaborar algunos de ellos. Se enfatiza en las características que deben poseer en cuanto al contenido y no tanto, en la forma.	La segunda tutoría corresponderá a la unidad 8:
•	Prácticas relacionadas con la detección de errores que se presentan frecuentemente en la comunicación escrita y  corrección de las mismas mediante una nueva redacción que omita todo tipo de incorrecciones.
•	Exposición del tutor respecto de las características esenciales de un escrito y algunas particularidades aplicables en la redacción de ciertos documentos. 
•	Aclaración de dudas generales antes de la aplicación del examen final.
La última tutoría corresponderá al examen final.		

SE ACUERDA: Aprobar el diseño curricular del curso “Técnicas de Comunicación Escrita, dirigido a servidores del Circuito Judicial de Santa Cruz, a realizar en el mes de julio de 2006.  ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO IV

La Licda. Marta Iris Muñoz Cascante, Jefa de la Defensa Pública, en oficio JEF-374-2006 de fecha 15 de mayo de 2006 dice:

  “ Le envío el listado de participantes al curso: “Curso para el enfoque del control interno adaptado para el Poder Judicial”, dirigido a Defensores/as Público/as que se celebrará los días jueves 08, viernes 16, jueves 22 y jueves 29 de junio, durante ambas audiencias.  La coordinación de esta actividad se llevó a cabo con la autorización de la licenciada Milena Conejo y con la colaboración del señor Juan Carlos Córdoba Meléndez, coordinadora y facilitador de la Comisión de Control Interno del Poder Judicial, respectivamente. Esta actividad encaja en la modalidad de aprovechamiento. Le solicito respetuosamente que gestione la aprobación de esta nomina ante el Consejo Superior.

Facilitadores que participarán  en el Curso
“Curso para el enfoque del control interno adaptado para el Poder Judicial” 
Fechas: Jueves 08, viernes 16, jueves 22 y jueves 29 de junio del 2006
Hora: 07:30 a 16:30 horas 
Lugar: Aula académica, 9no piso de la Defensa Pública
•	Nombre del facilitador: Juan Carlos Córdoba Meléndez
      Cédula: 1-550-118
•	Nombre del facilitador: Juan Carlos Sebiani Serrano
     Cédula : 1-782-001

Despacho en que laboran: Comisión de Control Interno, San José

PARTICIPANTES	
NOMBRE	CÉDULA	LUGAR DE TRABAJO	
1.	Zulay Segura Amador 	  1-783-316	Defensa Pública de Desamparados	
2.	Laura Salazar Cháves 	  1-846-315	Defensa Pública de Hatillo	
3.	Maricruz Cubillo García 	  1-938-081	Defensa Pública de Puriscal	
4.	Eduardo Briceño Prendas	  2-461-847	Defensa Pública de Pavas	
5.	Jhonny Carballo Quesada	  6-162-497	Defensa Pública de Goicoechea	
6.	Enrique Ramírez Rocha 	  1- 635-416	Defensa Pública de Turno Extraordinario	
7.	Maurem Castillo Vargas	  1-682-472	Defensa Pública de Pérez Zeledón 	
8.	Jesús Quirós Obando 	  3-287-142	Defensa Pública de Corredores 	
9.	Ma. Nidia Rodríguez González	  2-326-126	Defensa Pública de Alajuela 	
10.	Alexandra Morales Barquero 	  1-629-333	Defensa Pública de Turrialba	
11.	Primo Chacón Barquero 	  4-110-363	Defensa Pública de Heredia 	
12.	Heiner Gómez Ruiz	  5-282-981	Defensa Pública de Liberia 	
13.	Grace Calvo Gamboa 	  5-190-049	Defensa Pública de Cañas	
14.	Juliana Kikut Croceri	  3-262-838	Defensa Pública de Limón	
15.	Yeimy Hernández Rojas	  3-362-702	Defensa Pública de Bribrí	
16.	Elizabeth Fallas Camacho	  1-524-108	Defensa Pública de Guápiles 	
17.	Fiorella Rodríguez Baldi	  1-594-901	Defensa Pública de Siquirres 	
18.	Roberto Montero García 	  1-633-828	Defensa Pública de San José 	
19.	Alejandro Montero Acuña 	  1-810-529	Defensa Pública de San José	
20.	Olga Fallas Ulloa 	  1-483-379	Defensa Pública de San José	
21.	Tatiana Rodríguez Araya 	  1-631-748	Defensa Pública de San José	
22.	Ana Isabel Solís Zamora 	  1-846-851	Defensa Pública de San José	
23.	Victor Hugo Quesada Soto 	  1-520-133	Defensa Pública de San José	
24.	Luis Alberto Agüero Rojas	  1-585-522	Defensa Pública de San José	
25.	Jorge Carmona Madrigal 	  1-534-433	Defensa Pública de San José	
26.	 Carlos Breedy Jiménez 	  1-510-830	Defensa Pública de San José	
27.	Hugo Santamaría Lamicq	  1-839-014	Defensa Pública de San José	
28.	Ana Cristina Mora Valverde	  1-667-678	Defensa Pública de Goicoechea	
29.	Irene Morales Valverde 	  2-374-578	Defensa Pública de Alajuela	

La participación de los facilitadores y los/las discentes del  curso en mención, según la lista anteriormente detallada, es sin sustitución, con goce de salario, salvo con las excepciones que se dirán, y en el entendido de que los despachos en que laboran tomarán las medidas necesarias para que la prestación del buen servicio público no se vea afectada y sin que se suspendan debates ni diligencias previamente programadas para esas fechas, lo cual implica que deberán dar prioridad a la atención de los asuntos urgente del despacho, en caso de ser necesario. 

En el caso de los compañeros/as Maricruz Cubillo García, defensora pública de Puriscal;  Enrique Ramírez Rocha, defensor público de Turno Extraordinario II Circuito Judicial de San José ; Anabelle Cabalceta Aguilar, defensora pública de Santa Cruz; Grace Calvo Gamboa, defensora pública de Cañas y Yeimy Hernández Rojas, defensora pública de Bribrí,   se solicita que su participación sea aprobada con goce de salario y con sustitución,  pues aunque laboran en oficinas junto con otro defensor, el ausentarse todo un día generaría una problemática si se toma en cuenta que todo el trabajo se le recargaría al defensor que permanece en la oficina, lo que evidentemente perjudicaría el servicio público que se brinda.  Por esta razón consideramos que tratándose de una capacitación tan importante donde ellos tienen funciones de coordinación en sus oficinas, resulta indispensable sus participación en aras de que los importantes contenidos de esta capacitación les sean transmitidos pues resultan particularmente  necesarios para el adecuado ejercicio de sus funciones.
Se solicita la aprobación de ayuda económica y viáticos en los casos en que se justifique.
-0-
SE ACUERDA: Aprobar el   “Curso para el enfoque del control interno adaptado para el Poder Judicial” dirigido a Defensores/as Públicos/as que se celebrará  los días 8-16-22-29 junio de 2006, de 7:30 a 16:30 horas y la confección de certificados de aprobación.  Comuníquese al Consejo Superior para la autorización de permiso con goce de salario sin sustitución para los participantes enumerados del 1 al 29 y permiso con goce de salario con sustitución para los  siguientes defensores: Maricruz Cubillo García, Enrique Ramírez Rocha, Anabelle Cabalceta Aguilar, Grace Calvo Gamboa, Yeimy Hernández Rojas y aprobación de viáticos en los casos en que sea necesario.  ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO V

El Lic. Otto González Vílchez, Abogado Escuela Judicial en oficio EJ-UJ-050-2006 de fecha 27 de marzo de 2006 dice:

“De conformidad con lo solicitado por el Consejo Directivo de la Escuela Judicial en sesión N° 24 celebrada el 19 de octubre de 2005, artículo IV, le remito el documento denominado Estudio sobre la venta de bienes y servicios por parte de la Escuela Judicial, a efectos de que sea conocido por este órgano colegiado en la correspondiente sesión.

	Asimismo, debo informarle que este trabajo en todo momento fue coordinado y consultado a la Directora Ejecutiva de la CONAMAJ, Mba. Sara Castillo Vargas, que oportunamente le informará al Consejo Directivo el criterio de la CONAMAJ con respecto a este asunto.”

“Estudio sobre la venta de bienes y servicios por parte de la
Escuela Judicial

Introducción 

El estudio que se expondrá a continuación, tiene su origen en el acuerdo tomado por el Consejo Directivo de la Escuela Judicial en la sesión N° 24 del 19 de octubre de 2005, artículo IV, mediante el cual se solicita elaborar una propuesta para hacer efectiva la iniciativa de los miembros de dicho órgano colegiado en el sentido de que la Escuela Judicial,  por medio de la CONAMAJ y la Fundación para la Administración de Justicia,  pudiese realizar la venta de bienes (por ejemplo las publicaciones de la Escuela Judicial) y servicios (actividades de capacitación) a lo externo del Poder Judicial, con la finalidad de obtener recursos económicos que posteriormente puedan ser invertidos en el desarrollo de nuevas publicaciones y actividades de capacitación de este centro de capacitación judicial.

En virtud de lo anterior, en este trabajo se realizará un análisis legal con el propósito de determinar si la Escuela Judicial se encuentra habilitada jurídicamente para llevar a cabo la venta de bienes y servicios a lo externo del Poder Judicial, sea utilizando un sujeto de derecho privado como lo es la Fundación para la Administración de Justicia, o directamente. 

Por consiguiente, se abordaran en el presente estudio los siguientes temas:

1.	Análisis del principio de legalidad y su aplicación a la actuación administrativa de la Escuela Judicial.

2.	Inexistencia de norma jurídica que habilite la venta de bienes y servicios por parte de la Escuela Judicial.

3.	Recomendaciones de reformas normativas que autoricen a la Escuela Judicial a realizar la venta de bienes y servicios externos.

Es importante aclarar, que el suscrito concentrará el análisis únicamente en lo que respecta a la Escuela Judicial y no abordará el tema desde la perspectiva de la CONAMAJ y la Fundación para la Administración de Justicia. Lo indicado, se debe en primer lugar, por el respeto a las competencias asignadas a cada dependencia y en segundo lugar por considerar que es necesario realizar un estudio aparte que analice aspectos relacionados con la naturaleza jurídica y la forma de operar de ambos órganos. 

1.	Análisis del principio de legalidad y su aplicación a la actuación administrativa de la Escuela Judicial
 
Como tesis de principio debemos indicar que la Escuela Judicial es un órgano administrativo y su naturaleza pública se extrae de la Ley de Creación N° 6593 y de los artículos 84 y 149 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

Como órgano administrativo público, que forma parte del ente Poder Judicial, sus actuaciones deben sujetarse al principio de legalidad, entendido éste en sus dos sentidos:  

-	Un sentido de protección de los derechos de los administrados, es decir, todo acto o comportamiento de la Administración que incida sobre los derechos de los particulares debe estar autorizado por el ordenamiento jurídico. Tiene como una de sus finalidades proteger al ciudadano, al permitirle anticipar la conducta de la Administración.

-	El otro es ver al principio de legalidad como una garantía de la eficiencia administrativa por cuanto crea un orden de conducta indispensable para que la acción pública realice los fines que persigue.
 
El fundamento positivo del principio de legalidad lo encontramos en las siguientes normas de rango constitucional y legal:

a.	Constitución Política:

Artículo 11.-Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. Deben prestar juramento de observar y cumplir esta Constitución y las leyes. La acción para exigirles la responsabilidad penal por sus actos es pública. La Administración Pública en sentido amplio, estará sometida a un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas, con la consecuente responsabilidad personal para los funcionarios en el cumplimiento de sus deberes. La ley señalará los medios para que este control de resultados y rendición de cuentas opere como un sistema que cubra todas las instituciones públicas."

b.	Ley General de la Administración Pública:

Artículo 11.-
1. La Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y sólo podrá realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho ordenamiento, según la escala jerárquica de sus fuentes.
2. Se considerará autorizado el acto regulado expresamente por norma escrita, al menos en cuanto a motivo o contenido, aunque sea en forma imprecisa.

Artículo 12.-
1. Se considerará autorizado un servicio público cuando se haya indicado el sujeto y el fin del mismo. En este caso el ente encargado podrá prestarlo de acuerdo con sus propios reglamentos sobre los demás aspectos de la actividad, bajo el imperio del Derecho.
2. No podrán crearse por reglamento potestades de imperio que afecten derecho del particular extraños a la relación de servicio.

Asimismo, nuestra jurisprudencia constitucional entiende por principio de legalidad, lo siguiente:

El principio de legalidad que se consagra en el artículo 11 de nuestra Constitución Política y se desarrolla en el 11 de la Ley General de la Administración Pública, significa que los actos y comportamientos de la Administración deben estar regulados por norma escrita, lo que significa, desde luego, el sometimiento a la Constitución y a la ley, preferentemente, y en general a todas las otras normas del ordenamiento jurídico –reglamentos ejecutivos y autónomos,  especialmente -; o sea, en última instancia a lo que se conoce como el “principio de juridicidad de la Administración”.  
 
En este contexto legal y jurisprudencial, es que debe suscribirse la actuación que realice la Escuela Judicial, esto significa que la aplicación del principio de legalidad a la venta de bienes y servicios a lo externo del Poder Judicial debe verse en dos sentidos:

-	Subjetivo: que significa que la Escuela Judicial, como órgano público, requiere una norma o conjunto de normas que le autoricen a realizar una determinada actuación o función, como en el presente caso, de realizar la venta de bienes y servicios a nivel externo del Poder Judicial.
 
-	Objetivo: la venta de bienes y servicios es una actividad de disposición de fondos públicos, que se encuentra sujeta, por sí misma e independiente del sujeto que la realice, sea público o privado, al bloque de legalidad compuesto por normativa presupuestaria y financiera que regula el uso, administración y control de los recursos públicos en general, y que al mismo tiempo exige, para un cabal cumplimiento del principio de legalidad, de una normativa complementaria y propia del sujeto que administra fondos públicos que garantice la eficiencia y eficacia en el uso del patrimonio público.

En consecuencia, se debe analizar si en el marco legal y reglamentario que regula a la Escuela Judicial existe normativa que habilite a este órgano a realizar la venta de bienes y servicios y además determinar si existen normas complementarias a la legislación presupuestaria y financiera vigente en materia de uso, administración y control de fondos públicos.

2.	Inexistencia de norma jurídica que habilite la venta de bienes y servicios por parte de la Escuela Judicial

De un análisis detallado de la legislación que regula a la Escuela Judicial se desprende que no existe norma que autorice a este órgano, desde la perspectiva subjetiva, a realizar la venta de bienes y servicios a lo externo del Poder Judicial, sea de manera directa o utilizando un sujeto de derecho privado.

Asimismo, desde la perspectiva objetiva, la acción de vender bienes y servicios se encuentra suscrita al manejo de fondos públicos, entendidos estos últimos por la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República de la siguiente manera:

Artículo 9.- Fondos Públicos. Fondos públicos son los recursos, valores, bienes y derechos propiedad del Estado, de órganos, de empresas o de entes públicos.   

En ese sentido, cuando se trata del uso y administración de fondos públicos, el principio de legalidad se torna, en criterio del suscrito, más estricto, debido a que no sólo debe existir una norma habilitante para disponer de los fondos públicos, sino también debe contarse con normativa que garantice que los recursos públicos se utilizarán con un adecuado control y ejecución dentro del respeto de los principio presupuestarios de economía, eficiencia y eficacia. Lo anterior, de conformidad con la Ley de Administración Financiera de la República y la Ley de Control Interno. 

También es importante resaltar, que sin la existencia de un marco normativo adecuado que autorice y regule el control y evaluación de la venta de bienes y servicios, y si esta labor se realiza sin contar con la estructura normativa adecuada, puede acarrear responsabilidad personal de los funcionarios de la Escuela Judicial que lleven adelante una iniciativa de esta naturaleza, de conformidad con lo que indica la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito.

Por lo indicado,  no es recomendable llevar a cabo la venta de bienes y servicios producidos dentro de la actividad ordinaria de la Escuela Judicial, sin contar con las normas de rango legal y reglamentario que autoricen desarrollar una actividad como la indicada, ya que si no se siguen los parámetros legales las consecuencias y responsabilidades pueden ser graves a la luz del marco normativo que regula el uso de los fondos públicos.  

3.	Recomendaciones de reformas normativas que autoricen a la Escuela Judicial a realizar la venta de bienes y servicios externos

La iniciativa del Consejo Directivo de implementar la posibilidad de que la Escuela Judicial pueda comercializar los productos que se generan en las labores ordinarias que realiza, nos parece una iniciativa excelente, que le permitiría a este órgano de formación y capacitación proyectar sus labores a nivel nacional e internacional y al mismo tiempo obtener recursos económicos. 

Sin embargo, pese a que esta iniciativa del Consejo Directivo nos parece adecuada y necesaria, la Escuela Judicial vive un contexto institucional, descrito en los apartados anteriores, que le impide en la actualidad implementar una idea como ésta. 

Además, como el suscrito lo ha indicado en un estudio anterior, el marco normativo de la Escuela Judicial “se encuentra obsoleto y requiere una reforma integral, principalmente por las siguientes razones: 

1.	Antigüedad del marco normativo de la Escuela Judicial.

2.	La falta de conexión entre el vigente marco normativo de la Escuela Judicial con su actual y futuro modelo de desarrollo organizacional y funcional.

3.	El fenómeno de la dispersión de la competencia de capacitación en otras dependencias del Poder Judicial.” 
 
Esta problemática, de la falta de adaptación de la normativa de la Escuela Judicial a la realidad actual y a las nuevas exigencias de la administración de justicia, se aprecia mucho mejor cuando una idea como la que se discute en el presente estudio se presenta.

En consecuencia, con la finalidad de analizar, no solo el problema, como ya se ha hecho,  sino también la solución, es que a continuación presentamos una serie de propuestas de reformas normativas que puedan habilitar en el futuro la venta de bienes y servicios, así como la comercialización de distintos productos que genere la Escuela Judicial.

Estas propuestas de reformas legales son de dos tipos; la primera se podría clasificar de más radical, y consistiría en otorgarle a la Escuela Judicial, lo que la doctrina denomina personalidad jurídica instrumental. La segunda hace referencia a una propuesta más moderada que consistiría en incorporar a la ley de la Escuela Judicial normativa que le atribuya un régimen financiero propio a efecto de que ciertos ingresos y gastos pueda disponerlos con más libertad. 

A continuación, explicaremos las dos propuestas de manera detallada.

3.1. Atribución de personería jurídica instrumental a la Escuela Judicial

Como se indicó, esta es una propuesta radical, debido a que consistiría en realizar una reforma profunda de la normativa de la Escuela Judicial, para otorgarle a este órgano, lo que la doctrina del Derecho Administrativo denomina órgano persona o personería jurídica instrumental. 

Es importante explicar brevemente esta figura, antes de analizar las ventajas que podría tener para la Escuela Judicial. En ese sentido, las organizaciones personificadas, como se les denomina en España son “organismos dotados cada uno de ellos de personalidad jurídica propia y formalmente independientes del ente matriz, pero fuertemente vinculados al mismo, en cuanto creados para desempeñar funciones o prestar servicios propios de éste”.  En consecuencia, esta forma de organización administrativa es un híbrido entre un ente, que siempre cuenta con personería jurídica, y un órgano que como regla general no tiene este tipo de atribución. 

Las características de esta figura se pueden enumerar en las siguientes:

1.	Se le asigna personalidad jurídica a un órgano administrativo adscrito a un ente, del cuál siempre será parte.

2.	La personalidad jurídica se le otorga al órgano por ley (habilitación normativa).

3.	La personalidad jurídica otorgada al órgano es de carácter instrumental y no sustancial, suscrita para manejar una determinada actividad y el manejo de fondos con mayor amplitud.  

4.	En el ámbito costarricense, se puede decir, que es una forma de desconcentración administrativa en grado máximo.  

El origen y utilización de la personalidad instrumental, por parte de las administraciones públicas, se debe a una necesidad creciente de recurrir a las formas del Derecho Privado que permiten que la actividad de las personas públicas sea más flexible y eficiente, algo que no se viene logrando con la utilización del Derecho Público. Lo indicado, se refiere al actual fenómeno que la doctrina ha denominado “la huída de la Administración al Derecho Privado” y que lo describe de manera muy acertada el Dr. Rodolfo Saborío Valverde, con estas palabras:

En la organización administrativa costarricense no se ha presentado con la misma intensidad que en otros países el fenómeno conocido como huida hacia el Derecho privado, aunque sí compartimos la mayor parte de las causas que han originado esa tendencia: leyes administrativas obsoletas, aumento creciente de la necesidad de la participación del Estado, inaptitud de la normativa pública para responder a las demandas de los usuarios, interés por evitar los controles excesivos de la hacienda pública y en términos generales una actitud derrotista ante los innumerables problemas de gestión que plantea el Derecho público. 

A pesar de que en Costa Rica, como decíamos, no hemos presenciado una huida hacia el Derecho Privado, sí se ha producido una huida de la Administración central hacia figuras organizativas periféricas.   
 
Justamente, en el contexto costarricense los órganos persona se encuentran adscritos principalmente a la Administración Central, por ejemplo el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. Asimismo, encontramos este tipo de figura en la Administración Descentralizada, como por ejemplo la SUGEF, SUPEN y SUGEVAL que son parte del Banco Central de Costa Rica.

Los órganos persona, son figuras aceptadas por nuestro ordenamiento jurídico. En ese sentido, la Procuraduría General de la República le ha denominado a este fenómeno de la organización administrativa como personificación presupuestaria, justamente el abogado del Estado en opinión jurídica OJ-115-2005 indicó:

Queda claro que los órganos de la Administración Pública (Ministerios, etc.) no tienen personalidad jurídica, sino solamente los entes (Municipalidades, instituciones autónomas). No obstante lo anterior, la doctrina italiana y española han reconocido cierta subjetividad a algunos órganos administrativos, a fin de “calificar de jurídicas las relaciones ínter orgánicas que se verifican entre los mismos, llamándola personalidad instrumental, ínter orgánica o incompleta o bien legitimación separada. Tal subjetividad relativa de los órganos, según la doctrina, debe circunscribirse, al ámbito de las relaciones orgánicas…”. 
  
Normalmente los órganos con personalidad jurídica instrumental están adscritos a la Administración Central, aunque no en forma exclusiva, pues también encontramos algunos ejemplos en la Administración Descentralizada. Esta personalidad jurídica no es sustancial, sino solamente para el manejo de fondos de un tipo de actividad, lo que le permite conseguir con agilidad recursos materiales y humanos para dar cumplimiento a las competencias asignadas. Dicha figura tiene su fundamento en la atribución que le confiere la Constitución Política a la Asamblea Legislativa, de crear los organismos para el servicio nacional. La Procuraduría también ha denominado este fenómeno como “personificación presupuestaria” y se ha referido al mismo de la siguiente manera: 
  
“El concepto de personalidad presupuestaria ha sido desarrollado por la Sala Constitucional como la creación de una personalidad jurídica instrumental. Se trata de una personalidad de alcances limitados que no comporta la autonomía propia de las entidades autónomas o semiautónomas.  Por el contrario, la personalidad presupuestaria o instrumental tiene como objetivo deslindar un patrimonio o sustraerlo de las reglas que rigen el presupuesto de la República.  El órgano con personalidad jurídica instrumental podrá ser titular de un patrimonio, además de que tendrá un presupuesto separado del de la entidad a la que pertenece.  (...)  
También la Sala Constitucional ha desarrollado el tema, aceptando la creación de órganos desconcentrados con personalidad jurídica instrumental, tal y como lo señala el informe de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa: 
  “Resulta válido a la luz del Derecho de la Constitución conferir a un órgano desconcentrado, personalidad jurídica instrumental para efectos de manejar su propio presupuesto y así llevar a cabo en forma más eficiente la función pública que está llamado a desempeñar. Precisamente esa personificación presupuestaria  le permite administrar sus recursos con independencia del Presupuesto del ente público al que pertenece, si bien continúa subordinado a éste en todos los  aspectos no propios de la función que le fue dada por desconcentración y de los derivados de su personalidad jurídica instrumental.”   
  
Por otro lado, la utilización de la figura del órgano persona no ha sido una práctica usual en lo que respecta al Poder Judicial. Sin embargo, como se ha venido exponiendo, es una forma de organización administrativa muy útil y perfectamente legal, que en opinión del suscrito puede ser implementada en el contexto administrativo-judicial, y más específicamente en la estructura de la Escuela Judicial por las ventajas que trae.

En consecuencia, es importante resaltar las ventajas que eventualmente le podría acarrear a la Escuela Judicial la utilización de la figura del órgano persona y que podemos enunciarlas de la siguiente manera:

1.	Mayor autonomía administrativa y funcional: la asignación de una personalidad jurídica instrumental le permitiría a la Escuela Judicial realizar su función de formación, capacitación e investigación con un grado mayor de independencia técnica, evitando patologías administrativas y distorsiones en las labores que realiza.

2.	Mayor autonomía financiera: la personalidad jurídica instrumental se utiliza más que todo para garantizar el uso y administración de una cantidad limitada pero exclusiva de recursos financieros, siempre respetando los controles presupuestarios, constitucional y legalmente impuestos. Precisamente, es en este ámbito donde la Escuela Judicial podría realizar la venta de bienes y servicios producto de sus actividades ordinarias, a lo externo del Poder Judicial, directamente o utilizando figuras propias del Derecho privado, como serían las fundaciones.

No obstante, se debe aclarar, que el grado de autonomía que la asignación de personalidad jurídica instrumental otorga a un órgano, no es la misma que tiene un ente, ya que se mantiene de manera muy atenuada la relación jerárquica y los controles presupuestarios. Sin embargo, otorga un mayor margen de actuación que el que puede tener un simple órgano administrativo.   
  
Para atribuirle a la Escuela Judicial personalidad jurídica instrumental, en criterio del suscrito, será recomendable realizar una reforma integral a la vigente Ley de Creación de la Escuela Judicial, aspecto que depende de la voluntada política de los órganos directores el impulsar una iniciativa de este tipo, máxime en un ambiente judicial que siempre ha sido resistente a desconcentrar las competencias administrativas de los órganos que pertenecen al Poder Judicial.

3.2. Incorporación de normativa que le atribuya a la Escuela Judicial un régimen financiero que le permita realizar la venta de bienes y servicios a lo externo del Poder Judicial
 
Como se indicó anteriormente, esta sería la propuesta moderada y consistiría en reformar parcialmente la Ley de Creación de la Escuela Judicial, incorporando normativa de carácter financiero que autorice a este órgano de capacitación judicial a vender bienes y servicios a lo externo, así como recibir directamente los recursos económicos generados por dicha actividad.

En ese sentido, la reforma parcial puede consistir en la incorporación de un pequeño capítulo que podría tener la siguiente redacción:  

TÍTULO VI

Del régimen financiero
Artículo 80.
 
La Escuela Judicial, como órgano técnico al servicio del Poder Judicial, estará sujeta al mismo régimen presupuestario y control financiero que los restantes órganos que componen a este poder de la República.

Artículo 81.
 
El presupuesto de la Escuela Judicial se integrará con el del Poder Judicial como un centro de responsabilidad específico. 

Artículo 82.

Se considerarán recursos de la Escuela Judicial y se incorporarán a su programa presupuestario los que puedan generarse como consecuencia de alguno de los siguientes conceptos: 

a)	Las tasas o derechos generados por la prestación de servicios.
 
b)	El producto de la venta e intercambio de publicaciones de la Escuela o de la prestación de servicios.

c)	Las subvenciones o donaciones que se realicen a favor de la Escuela.

d)	Cualesquiera otros recursos que le sean atribuidos. 

La incorporación de normativa con una redacción similar o igual a la citada, le daría a la Escuela Judicial las siguientes ventajas:

-	La existencia de normativa habilitante que autorice a la Escuela Judicial a vender los bienes y servicios a lo externo del Poder Judicial.

-	La posibilidad de que los recursos económicos obtenidos de la venta de bienes y servicios, cuenten con un destino específico, es decir, los recursos obtenidos pasan al presupuesto general del Poder Judicial, pero al momento de realizar la asignación presupuestaria deben, por ley, ser destinados e incorporados al presupuesto de la Escuela Judicial.

-	También, la normativa propuesta, tiene una ventaja de que los recursos provenientes de donaciones o subvenciones cuyo beneficiario sea la Escuela Judicial, sean asignados directamente en el presupuesto de este órgano y no se desvíen a los presupuestos de otras dependencias del Poder Judicial. 

Es importante aclarar, que esta segunda propuesta limita más el campo de acción de la Escuela Judicial, respecto a la primera, ya que se suscribe únicamente al aspecto económico, mientras que la propuesta radical comprende un ámbito más extenso al permitirle a la Escuela Judicial tener una autonomía, no solo en el campo económico, sino también en el administrativo-operativo evitando una serie de inconvenientes que no están relacionados con aspectos presupuestarios, como por ejemplo el activismo y la interferencia constante en la planificación educativa que realiza la Escuela Judicial.

En conclusión, esta propuesta también requiere de un impulso político por parte de los órganos directores de la Escuela Judicial, ya que para llevarla a cabo se requiere realizar reformas legales que deben ser eventualmente aprobadas por la Corte Plena y por la Asamblea Legislativa.      

Conclusiones y recomendaciones

De este estudio podemos extraer las siguientes conclusiones y recomendaciones:

1.	La Escuela Judicial es un órgano administrativo que se encuentra sujeto al principio de legalidad, por lo que su actuación solo pude ser autorizada por norma expresa.

2.	La venta de bienes y servicios es una actividad que tiene por objeto la disposición de fondos públicos, por lo tanto se encuentra sujeta al principio de legalidad de una manera más estricta y con un marco legal que exige contar con normativa complementaria que garantice el cumplimiento de los principios presupuestarios de economía, eficiencia y eficacia.

3.	Del análisis de la legislación y reglamentación que regula, directa o indirectamente a la Escuela Judicial, se deduce que no existe normativa que habilite a este órgano de formación y capacitación judicial a realizar la venta de bienes y servicios. En consecuencia, si actualmente se llevará a la práctica la realización de esta actividad, se violaría el principio de legalidad y se produciría responsabilidad personal de los funcionarios de la Escuela Judicial que la implementen.

4.	Realizar la venta de bienes y servicios, sería posible con una reforma al marco normativo de la Escuela Judicial, que podría efectuarse de la siguiente manera:

•	Propuesta de reforma radical: consistiría en otorgarle a la Escuela Judicial personalidad jurídica instrumental.

•	Propuesta de reforma parcial o moderada: consistiría en incluir en la ley de la Escuela Judicial un apartado denominado del régimen financiero con normativa que le permita a este órgano disponer de ciertos ingresos y gastos con más libertad.

5.	Ambas propuestas de reforma son buenas en opinión del suscrito, sin embargo depende de los órganos directores de la Escuela Judicial el tomar una decisión de carácter político para darle impulso o no a iniciativas de modernización del marco normativo de la Escuela Judicial que le permitan a este órgano realizar diversas labores como la venta de bienes y servicios a los externo del Poder Judicial.

Bibliografía 

Libros de doctrina:

Jinesta Lobo Ernesto; Tratado de Derecho Administrativo Tomo I, Parte General; Biblioteca Jurídica Dike; San José 

Ortiz Ortiz Eduardo; Tesis II: Derecho Administrativo; Editorial Stradmam; Biblioteca Jurídica Dike; Bogota, Colombia; 2002.

Saborío Valverde Rodolfo; Los Retos de la Organización Administrativa Costarricense; Revista Jurídica Electrónica; Centro de Estudios de Derecho Público CESDEPU; http://www.nexos.co.cr/cesdepu/revelec/art-rsv-adm2.htm

Santamaría Pastor Juan Alfonso; Principios del Derecho Administrativo; Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, S.A; Madrid; 1994  

Estudios:

González Vílchez Otto; Estudio sobre el actual marco normativo de la Escuela Judicial y propuesta de un nuevo modelo legal y reglamentario para la selección, formación inicial y capacitación de jueces; Escuela Judicial; julio 2005.

Jurisprudencia:

Procuraduría General de la República; OJ-115-2005 del 8 de agosto de 2005.

Sala Constitucional; Voto número 3410-92 de las 14 horas 45 minutos del 10 de noviembre de 1992.

Normativa:

Constitución Política; Comentada y anotada por Rubén Hernández Valle, Editorial Juricentro  

Ley de Creación de la Escuela Judicial y su reglamento

Ley Orgánica del Poder Judicial

Ley General de la Administración Pública

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República

Ley de Control Interno

Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos

Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública y su reglamento.”
-0-
La Msc. Sara Castillo Vargas, Directora Ejecutiva de  la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (CONAMAJ) en oficio CNMJ-64-06 del 3 de abril del año en curso dice:

“Con ocasión a su solicitud de criterio con respecto al acuerdo  tomado por este consejo en sesión No 24 del 19 de octubre de 2005 (artículo IV) muy atentamente me permito adjuntar el Estudio sobre la viabilidad de realizar convenio marco para la  venta de bienes y servicios CONAMAJ – Escuela Judicial, elaborado por  esta Dirección Ejecutiva.  El Estudio concluye que existe  una imposibilidad legal de ambos órganos para realizar tal tipo de convenio, por carecer ambos entes de personaría jurídica. Así mismo explora el Estudio la posibilidad de que se establezca tal relación entre la Escuela Judicial y FUNDAMA; sin embargo esta otra posibilidad también se descarta,  al ser la primera un órgano del Poder Judicial, sin personalidad jurídica.

Recomienda en Estudio la revisión y modificación del marco jurídico de la CONAMAJ, de acuerdo a la nueva normativa en materia de administración de los recursos públicos, de forma tal que esta pueda realizar actividades contractuales con el fin de cumplir con sus funciones y responder al nuevo entorno.  

Lamentando no haber podido dar una respuesta que cumpla con el acuerdo de este Consejo y en espera de poder satisfacerlo en un futuro cercano, con mayor consideración,”
-0-
“Estudio sobre la viabilidad de realizar convenio marco para la  venta de bienes y servicios CONAMAJ – Escuela Judicial

INTRODUCCION

El presente estudio  tiene como fin analizar la posibilidad de que la CONAMAJ y la Escuela Judicial suscriban  un convenio marco que les permita  realizar la venta de obras publicadas, cursos y otros en asocio.  Ello según acuerdo tomado por el Consejo Directivo de la Escuela, artículo IV, de la sesión No 24 del 19 de octubre del 2005. 

Por tanto  se realiza un análisis breve de la CONAMAJ, según su fundamento jurídico y operativo, con el fin de determinar si ésta se encuentra facultada para realizar este convenio. Bajo este mismo esquema se busca determinar si a través de otro esquema, como lo es la FUNDAMAJ, podría realizarse dicho cometido.  Adicionalmente el documento pretende hacer las recomendaciones del caso para lograrlo. 

Se debe aclarar que, como aspecto metodológico, el estudio se circunscribe únicamente a la  suscripción del citado convenio entre dichas entidades.   La Escuela Judicial, por su parte y con respecto a las competencias entre estos órganos,  se encuentra realizando su  propio estudio.

I.	De la Naturaleza Jurídica de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de la Justicia.

A)	Fundamento Normativo y  Principio de Coordinación

El Poder Ejecutivo crea, por medio del Decreto Ejecutivo No 23117-J, la  Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de la Justicia (CONAMAJ) tal y como se le conoce actualmente, basándose  en la aplicación del artículo 140 , incisos 3 y 18 de la Constitución Política  .  El inciso 3 del artículo 140 se refiere a la capacidad el Ejecutivo de sancionar las leyes y  dictar los reglamentos de estas leyes y  el inciso 18 del artículo 140 de la Constitución Política establece la facultad del Poder Ejecutivo de organizar el régimen interior de sus despachos.

El jurista Eduardo Ortíz Ortíz indica que el primer caso de  reglamento que surge se denomina reglamento delegado y  tiene como fin aplicar y completar las leyes.  El segundo es el reglamento independiente, que se encarga de crear  y organizar sus dependencias, al cual no le asiste una ley de base a reglamentar. El Poder Ejecutivo, en síntesis, está facultado para ejercer su potestad de auto organización  por medio del reglamento independiente.  Potestad esta que da pie a la creación de la CONAMAJ vía decreto ejecutivo.

El decreto también encuentra justificación en ele principio de coordinación que le faculta a convocar órganos e instituciones para el tratamiento de un tema esencial para la administración. En este caso, el sector justicia que involucra a todos los órganos y poderes de orden constitucional que conforman la Comisión.

A este principio de coordinación se aúnan otros principios constitucionales como: la obligación de vigilancia del buen funcionamiento de los servicios y dependencias administrativas y el de cumplir los objetivos y metas que se propone realizar, que son parte de la obligación del Poder Ejecutivo de dirigir la actividad de la Administración Pública, en sentido amplio.

Se estima que la coordinación es el fin en sí mismo de las comisiones administrativas. Así por ejemplo, la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, que involucran a varias instituciones encargadas de los temas relacionados con las poblaciones indígenas. Esto es así también para  la CONAMAJ en materia de administración de justicia.  

La CONAMAJ tienen dentro de sus integrantes representantes  de órganos constitucionales, de igual jerarquía, por lo que nos se puede imponer obligaciones formales, sino lo que se da es  una relación de colaboración y coordinación  entre poderes y órganos constitucionales.

Con la promulgación de la Ley General de Administración Pública (LGAP), en  1978, se establece la posibilidad de que le Poder Ejecutivo pueda crear comisiones administrativas, específicamente en su artículo 26 inciso g). Esta ley  viene a complementar la potestad de auto organización. 

Esta facultad de auto organización se justifica en la búsqueda de la maximización en la utilización de los recursos del Estado y el principio de coordinación administrativa que debe existir al ejecutar la función administrativa encomendada a varios entes que tengan una relación, para así evitar con ello la duplicidad y el desperdicio de los recursos. Responde, en   fin, al objetivo de dar una adecuada respuesta y tiene fundamento en los  principios de economía, simplicidad, celeridad y eficiencia.  

B)	De la naturaleza jurídica de la CONAMAJ y el principio de legalidad

A manera de precisión metodológica pasamos a definir el término “comisión”, para lo cual se apela a la doctrina. El Doctor Garrone la define como:
“En el derecho constitucional y administrativo,...órgano colegiado, compuesto por un número reducido de miembros que colabora en la función administrativa o gubernamental...”

En el mismo sentido el autor Capitant define comisión como:
“Designación genérica a cierto órganos colegidos, compuesto por un número restringidos de miembros, y que colaboran regular, temporal o accidentalmente a la  función administrativa o jurisdiccional. La palabra comisión, implica, en la mayoría de los casos, que la totalidad de sus miembros son designados por un cuerpo o asamblea más vastos que las que las comisiones son simples emanaciones, aunque estén jurídicamente separados de ellos.

En el sistema anglosajón, se puede aseverar que han sido más específicos al definir la comisión administrativa:
“En un sentido derivado,  un cuerpo de personas a quienes una comisión es dirigida (...) oficialmente nombrado o designado y autorizado para realizar ciertos actos o ejercer cierta jurisdicción de naturaleza pública o relacionada como una comisión de servicio público.

De las anteriores definiciones emana el Principio de Legalidad Administrativa.  Dicho principio, que tiene su génesis en el artículo 11 de la Constitución Política y que posteriormente  fue también desarrollado por el artículo 11 de la LGAP, establece que la administración puede hacer sólo aquello que se lo autoriza la ley y prestar aquellos servicios públicos que  le autorice el ordenamiento jurídico.

Como ya se manifestó, es por  medio del  Decreto Ejecutivo Nº 23117-J, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No 76 del 21 de abril de 1994, que  se modifica la CONAMAJ,  la cual, sin embargo,  venía trabajando desde 1987. En este decreto se incrementó su integración, agregando el Defensor de los Habitantes, se reglamentó la sustitución de sus miembros, se constituyó la figura novedosa de un Director Ejecutivo  y    se fijó su campo de  acción. En el mismo decreto se establecieron sus objetivos generales: “recomendar o procurar medios o actividades y procedimientos para que los organismos relacionados con la administración de justicia coordinen sus acciones y programas y concierten los esfuerzos destinados al mejoramiento de ese sector, a fin de optimizar el empleo de los recursos puestos a disposición de ellos y propiciar un desarrollo racional y armonioso del sector”. (artículo 2º)
Dicho decreto faculta a la CONAMAJ a: 
“Artículo 4 (...)
a) Realizar evaluaciones y actualizaciones periódicas del sector justicia;
b) Identificar las principales necesidades del sistema de administración de justicia;
c) Proponer reformas al sector justicia; 
ch) Coordinar la ejecución de estudios, de proyectos de investigación y diversas formas de apoyo a los organismos del sector justicia;
d) Promover la realización de actividades que fortalezcan el sistema de administración de justicia; 
e) Promover asistencia técnica y financiera para las entidades del sector;
f) Promover la capacitación de funcionarios del sector justicia; 
g) Desarrollar su capacidad técnica, administrativa, financiera y recursos técnicos con su propio programa, con el fin de desarrollar una labor activa y efectiva tanto a nivel nacional como internacional;”

A pesar de esta generosa asignación de funciones por parte del Ejecutivo no debe perderse de vista que la CONAMAJ no deja de tener la  limitante de ser  exclusivamente un órgano administrativo de coordinación. Ello tanto es así que la Comisión no cuenta con la “personalidad jurídica”  que le faculte a realizar contratos y/o  convenios en pos de cumplir con sus funciones, facultad esta que únicamente se otorga por ley. Ante esta situación se puede bien decir que con la actual estructura jurídica la CONAMAJ no podría materializarse el acuerdo emitido por la Junta Directiva de la Escuela Judicial, al carecer esta de atribución  legal para entrar en este tipo de convenio o contrato. 
Valga aclarar a pesar de que uno de sus cometidos, establecido en el artículo 4 inciso g) de su decreto,  señala la función de desarrollar la  “...capacidad técnica, financiera y recursos técnicos propios...”, debe entenderse que estos recursos deben  provenir del presupuesto de los  Poderes Ejecutivo y Judicial, por carecer la Comisión de personalidad jurídica que la faculte para hacerlo de manera directa.
Esta limitación, aunada a las  múltiples funciones que se le asignan, resaltan la necesidad de que la Comisión cuente con personalidad jurídica que le permita cumplir con sus objetivos y funciones de manera plena. Por lo se sugiere una revisión del marco jurídico actual en pos de su transformación. 
Como hipótesis inicial de trabajo se sugiere la figura de un órgano- persona, adscrito al Poder Judicial,  cuya directiva mantenga el colegio actual. 
El doctor Ernesto Jinesta se refiere a la existencia de órgano – persona, usando como ejemplo la  entonces Comisión Nacional de Prevención del Riesgo y Atención de Emergencias (en su momento era un órgano de desconcentración máxima de la Presidencia de la República,  con personalidad jurídica instrumental, patrimonio y presupuesto propio), y dice: 
“En nuestro ordenamiento jurídico contamos con este híbrido[…], puesto que, un centro imputación normativa puede asumir la forma de ente (persona jurídico-publica) [...]. No obstante a lo anterior, debe de reconocerse que la doctrina -fundamentalmente la italiana y española- ha señalado la necesidad de reconocerle cierta subjetividad a los órganos administrativos – titulares de competencias y portadores de un bloque de intereses- a fin de calificar de jurídicas las relaciones ínterorgánicas que se verifican entre los mismos, llamándola personalidad instrumental, interorgánica o incompleta, o bien legitimación separada. Tal subjetividad relativa de los órganos, según la doctrina, debe circunscribirse al ámbito de las relaciones orgánicas [..].  Estos órganos- persona, regularmente, están adscritos a la Administración Central y asumen la veste de órgano desconcentrado en grado máximo. Se les otorga en virtud de ley (artículo 121, inciso 20 C.P), personalidad jurídica instrumental y no sustancial para un sector determinado de actividad y el manejo de fondos. Desde este punto de vista, el órgano persona, por razones de rapidez y celeridad administrativa puede contar ágilmente de recursos materiales y humanos para cumplir con sus competencias”  
La figura del órgano persona también  fue analizada por la Procuraduría General de la República en su dictamen C-115-89, señalando que es una personalidad presupuestaria:
“B.- Las personificaciones presupuestarias. 
De acuerdo con lo que señala la doctrina, la descentralización implica una transferencia de competencia, que se produce en forma definitiva y exclusiva. Empero, muchas veces se crean entes públicos sin que se produzca una verdadera descentralización de competencia. Esta última es ejercida en forma integrada al Estado. 
Estos entes, a pesar de constituir formalmente un centro de acción independiente, no reciben la imputación directa y definitiva de derechos y deberes. La personalidad jurídica es de efectos limitados, sea por el control que conserva el Estado, sea porque los fines públicos asignados no justifican en sí mismos la atribución de la personalidad jurídica. Igual circunstancia se presenta con los servicios económicos asumidos directamente por el Estado. La personalidad jurídica se explica, en esos casos, no por el fenómeno de la descentralización de competencias, sino por otros criterios, muchas veces de tipo financiero. […] 

La figura que se presenta es la que la doctrina conoce como "personificación presupuestaria". El desmembramiento de la Administración Central no se justifica exclusivamente en criterios técnicos sino en el interés de que ciertos fondos escapen a la aplicación de las normas y principios relativos a la aprobación, ejecución y control del presupuesto del Estado, permitiendo entonces, una ejecución autónoma. Es por ello que, a pesar de la personalidad jurídica, la nueva persona pública permanece integrada orgánicamente a la Administración Central. Empero, desde el punto de vista financiero, la autonomía es plena: la personalidad se otorga para "librarse" de disposiciones aplicables a la gestión de los fondos del Gobierno Central y en ese sentido, los fondos separados tendrán un régimen jurídico diferente, en lo que concierne a su gestión y disposición. En consecuencia, habrá muchas disposiciones y controles referidos al presupuesto del Estado que no podrán ser aplicados a la gestión financiera de ese nuevo ente. Este encontrará limitados sus poderes en orden a los fines asignados, pero conservará una gestión financiera autónoma, sólo sujetable a las disposiciones expresamente establecidas por la ley al respecto, por lo que, en principio podrá realizar directamente los contratos que requiera para el cumplimiento de sus fines. E igual posibilidad cabe afirmar respecto de los llamados entes "adscritos". 
C.- " La adscripción”. 
El concepto de "adscripción" referido a entes u a órganos públicos no tiene un significado propio en el Derecho Administrativo [...] 
En relación con el término "adscrito", la Procuraduría externó su criterio en dictamen C-055-87 de 10 de marzo de 1987. Dado que dicho dictamen enfatiza sobre el carácter impreciso del término y la imposibilidad de identificarlo pura y simplemente con el concepto de "dependencia orgánica", consideramos conveniente transcribir los párrafos atinentes al caso: 
"El término "adscrito" ha sido utilizado por el legislador costarricense en relación con órganos desconcentrados..., en relación con entes públicos menores, que como tales tienen personalidad jurídica, patrimonio y competencia propia y gozan de independencia administrativa. Ahora finalmente lo vemos en la Ley General de Presupuesto para el año en curso, utilizado en relación con una empresa del Estado. […]
En complemento de lo expuesto en el citado dictamen, suscrito por la licenciada Mercedes Solórzano, Procuradora Asesora, cabe recordar que la "adscripción" sólo puede ser establecida por la ley, máxime si se está ante un ente.  […] Lo anterior en virtud de la autonomía administrativa propia de los entes públicos menores y del concepto mismo de personalidad jurídica, que es contrario a toda forma de dependencia […]. 
CONCLUSIONES Por lo antes expuesto, es criterio de la Procuraduría General de la República: 
1-. La personalidad jurídica implica una imputación de deberes y derechos al ente público, que no existe respecto del órgano desconcentrado. Para los fines que aquí interesa, esa personalidad implica la autonomía administrativa y su corolario, la autonomía patrimonial. 
2-. En virtud de esa autonomía patrimonial, el ente puede disponer de sus bienes y recursos, con sujeción al ordenamiento; es decir, tienen independencia para gestionar su propio patrimonio. 
3-. Esa autonomía es de principio y sólo la ley puede limitarla. 
4-. La autonomía patrimonial implica, consecuentemente, la potestad de realizar los contratos necesarios para el cumplimiento de los fines asignados al ente por el ordenamiento.[…]
8-. Dada la autonomía administrativa y la titularidad de patrimonio atribuido por el ordenamiento, el ente tiene potestad para contratar, lo que implica competencia para realizar los actos previos al contrato, sin sujeción a instancias externas. Una limitación a esa potestad sólo puede derivar de una expresa disposición de la ley; ejemplo la competencia de la Contraloría General de la República. [...]

Del criterio externado por el ente Procurador, se puede concluir que es factible el otorgamiento de dicha personalidad jurídica instrumental.  Esto nos lleva aparejada otro aspecto, que es el manejo de fondos  públicos ; atribución que tampoco  tiene actualmente la CONAMAJ. 

Lo anterior, aunado al hecho de la reciente promulgación de un estricto bloque normativo en materia de recursos públicos (Ley de Control Interno, Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos  y Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública), conlleva la necesidad insoslayable de una ley que faculte a  la CONAMAJ  para  realizar  actos y contratos requeridos para la venta de bienes y servicios.  

C)	La Escuela Judicial  y FUNDAMAJ    

La FUNDAMAJ es una fundación privada, con personalidad jurídica plena, creada con el fin de estimular y apoyar toda acción o actividad dirigida al mejoramiento de la administración de justicia, en todos los sectores que se relacionan con ella en los diversos órganos del Estado y otras instituciones afines.   

La venta de  bienes y servicios son autorizadas en su estatuto,  con el fin  de captar recursos y destinarlos a las instituciones involucradas en el Sector Justicia. Lo anterior no se aparta de uno de sus cometidos, a saber, el  incremento de su  de patrimonio para la reinversión en el Sector. 

Por lo anterior la FUNDAMAJ puede realizar, entre otras actividades, la venta de libros, otros bienes y dar  servicios, siempre que sea acorde al  ámbito de acción y sus fines. Sin embargo,   la Escuela Judicial presenta una situación similar a la de CONAMAJ, ya que es un órgano del Poder Judicial, cuyas funciones esenciales son la formación y capacitación de los servidores del Poder Judicial, careciendo de la personalidad jurídica que le permitiría realizar contratos y convenios  para la venta de bienes y servicios con una entidad privada como la Fundación.

Según  la Ley de Creación de la Escuela Judicial esta está dirigida por un Consejo Directivo,  cuyas de decisiones son  actos administrativos de naturaleza de recomendación   para la Corte Plena, por lo cual no son vinculantes para terceros. Así tampoco está facultado este órgano para realizar actos de contratación y venta de servicios con terceros de manera directa, teniendo cualquier acto que ser realizado por la Corte.

Así las cosas observamos que se presenta imposibilidad legal para que se realicen convenio o contrato, para la venta de libros y otros servicios entre  CONAMAJ y la Escuela Judicial por una parte pues ambas carecen de personalidad jurídica; así como entre la FUNDAMAJ y la Escuela Judicial, pues aunque la primera tiene personalidad jurídica, la segunda carece de ella.

II.	Conclusiones y  recomendaciones.

Del estudio realizado con respecto a la Comisión para el Mejoramiento de la Administración de la Justicia, concluimos y recomendamos que: 

a.	Dada la naturaleza especial de la CONAMAJ, esta  no tiene la personalidad jurídica para realizar contratos y convenios con entes públicos y privados, siendo esta exclusivamente un órgano de coordinación.  
b.	Por lo que se recomienda transformar la en  un órgano – persona, adscrito al Poder Judicial, con personería instrumental, para que pueda realizar convenios y contratos, siguiendo el Principio de Legalidad y sujeción al nuevo bloque de legalidad, lo que le daría una ventaja cualitativa para la captación de recursos y la eventual venta de servicios. 
c.	Para ello es necesario dotarla del marco legal correspondiente por medio de una ley especial que le otorgue personería instrumental, para la realización actos y contratos dentro del marco de su acción. 
d.	En el mismo sentido, la Escuela Judicial no podría realizar contratos y convenios,  por carecer de personalidad jurídica al ser un órgano del Poder Judicial dedicado exclusivamente a la capacitación y formación de sus funcionarios.

BIBLIOGRAFIA

DOCTRINA

1.	JINESTA LOBO, Ernesto. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo I.  Primera Edición,  Biblioteca Jurídica DIKE, San José-Costa Rica. 2002

2.	ORTIZ ORTIZ (Eduardo). La Potestad Reglamentaria en Costa Rica, régimen actual y perspectivas, Revista de Ciencias Jurídicas, San José No 16. Editorial Universitario. Noviembre- diciembre. 1970.

3.	ORTIZ ORTIZ (Eduardo). Derecho Administrativo,  San José. Tomo II. Editorial Stradtmann S.A., 2000. 

4.	ROJAS (Magda Inés). El Poder Ejecutivo en Costa Rica. San José. Editorial Juricentro S.a. 1980, p 163

5.	ROMERO PEREZ (Jorge Enrique). Derecho Administrativo y Estado Costarricense: La descentralización al debate, San José. Litografía e Imprenta Lil S.A., 1984,

6.	VARGAS BONILLA (Ismael Antonio). Lecciones de Derecho Constitucional Costarricense. San José, material mimeografiado. Universidad de Costa Rica, 1957.

EXPEDIENTE DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

1.	Expediente del proyecto de la Ley General de la Administración Pública, No 7571, San José, de 26 de mayo de 1976.

DICCIONARIOS
1.	GARRONE (José Alberto). Diccionario Jurídico. Buenos Aires,  Editorial Abelero-Perrot. Tomo I, 1986, 

2.	CAMPBELL BLACK (M.A) Law Diccionary, San Paul Minn-Boston, Eles Publishing CO, 50 edition, 1079, 

3.	CAPITANT (Henry). Vocabulario Jurídico. Buenos Aires, Adiciones Desalma, 1972.

NORMAS JURIDICAS

1.	Constitución Política de la República de Costa Rica. 1949

2.	Ley de Creación de la Escuela Judicial

3.	Ley Orgánica del Poder Judicial

4.	Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.

5.	Ley General de la Administración Pública.

6.	Decreto Ejecutivo Nº 23117-J,  Creación de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de la Justicia, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No 76 del 21 de abril de 1994.

JURISPRUDENCIA.
1.	Procuraduría General de la República”;oj-115-1989”
-0-
SE ACUERDA:  Conocidos los informes rendidos por la Msc. Sara V. Castillo Vargas y el Lic. Otto González Vílchez, considera este Consejo  que no hay ningún obstáculo para que la FUNDAMAJ-  CONAMAJ realice actividades de capacitación sin fines de lucro e invite a participar a la Escuela Judicial otorgándole becas para funcionarios judiciales,  y respecto a los funcionarios que sean docentes gestione ante el Consejo Superior los permisos necesarios.  Asimismo se solicita a la CONAMAJ que presente una propuesta de convenio para la realización de actividades en conjunto para que sea firmada entre la FUNDAMAJ y el Poder Judicial. 

ARTICULO VI

El Lic. Pedro Beirute Rodríguez, Abogado Notario, carnet 1353  remite al Mag. Luis Paulino Mora Mora , Presidente de la Corte Suprema de Justicia  el oficio de fecha 7 de febrero del año en curso que dice:

“Sirva la presente para saludarle y a la vez poner en sus conocimiento uno, de muchos asuntos relacionados con el DERECHO DE FAMILIA, que necesitan la intervención urgente del PODER JUDICIAL, de la CONTRALORÍA GENERAL DE SERVICIOS del mismo, y de reuniones, talleres, directrices que le hagan menos gravosa la situación emocional a miles y miles de padres y madres que atraviesan serios conflictos por la “interpretación” que un día se le da a ciertos artículos de este derecho tan importante y que merecen de su respetable atención o bien de quienes usted delegue el conocimiento de esta petición.

El caso concreto se refiere a la interpretación que se le ha venido dando al artículo 14 de la LEY DE PENSIONES ALIMENTARIAS, el cual textualmente dice:

“Ningún deudor de alimentos obligado a pagar pensión alimentaria, podrá salir del país, salvo que la parte actora lo hubiere autorizado en forma expresa, O SI HUBIERE GARANTIZADO EL PAGO DE, por lo menos, doce mensualidades de cuota alimentaria y el aguinaldo”.

Lo anterior significa que si un deudor alimentario que paga, por ejemplo 100.000 colones al mes, de pensión alimentaria, garantiza en dinero efectivo, o a través de una póliza del INS o bien mediante una garantía bancaria que expresamente dice que si no paga la entidad paga por él, esos 13 meses, ESTÁ LEGALMENTE AUTORIZADO A SALIR DE COSTA RICA las veces que sea necesario durante esos 13 meses.

Algunos despachos judiciales interpretan, a mi modesto juicio, erróneamente la norma y han venido dictando fallos por los cuales autorizan al obligado a salir por “una única vez” o bien “por un mes” “Por dos meses”  o bien “POR EL AÑO COMPLETO” como en derecho corresponde, causando graves perjuicios económicos a muchos alimentantes que pierden sus trabajos por esa burocracia documental innecesaria.

Si un demandado ha garantizado por 13 meses el pago de su obligación, los tribunales deben necesariamente brindar el permiso por ese año completo, las veces que sean necesarias para el obligado.  Con ello se les ahorra trabajo a los mismos personeros del despacho judicial que deben estar dictando autos dando el permiso mes a mes o peor, si el demandado es piloto aviador, o chofer de trailers que salen día  a día, y también evitan que estos pierdan sus trabajos sencillamente porque no pueden estar yendo a los tribunales a gestionar, TODO UN DIA, dichos permisos.

Desde un punto de vista práctico, la garantía responde inmediatamente si el obligado no paga puntualmente.  Es decir, si el pago de la pensión se hace los días primero de cada mes, y el demandado salió del país y no ha regresado para ese día primero, de la garantía se toma ese mes y en caso de que vuelva y quiera volver a salir, sencillamente se le indica que debe actualizar la misma porque ya se tomó una mensualidad y así sucesivamente.

Y menos debe negarse tal permiso múltiple si el demandado se le hace la rebaja directa de su salario, pues la actora mes a mes recibe el pago de la pensión.  En más, en estos casos, a mi juicio, ni siquiera se le debe pedir al demandado que garantice esos 13 meses pues ya su mismo trabajo le gira a la actora ese pago.  Lo que debe pedirse, tal vez y como prudencia, es una certificación del patronato de que el empleado no ha renunciado ni que ellos han terminado la relación laboral.

Todo lo anterior lo manifiesto tomando como referencia el caso del señor RAFAEL ANGEL RETANA SOLANO, cédula 1-644-294, quien tiene un proceso de alimentos ante el JUZGADO CONTRAVENCIONAL DE PAVAS; expediente número 96-700025-257-PA  y el cual, a pesar de haber rendido la garantía de ley por esos 13 meses, le han concedido permiso sólo por 3 meses, teniendo un trabajo sumamente importante en H.B. FULLER, y hasta peligra el mismo por estas razones totalmente ilegales.  Entendemos perfectamente que el proteger los intereses y derechos de los menores de edad y las esposas de este país, no significa limitar derechos de tránsito, dentro y fuera del país, de obligados alimentarios, si la garantía ha sido rendida satisfactoriamente.

No entro en aspectos doctrinales sobre la materia, donde el DERECHO DE FAMILIA CONTEMPORÁNEO exige cada día más atención a estos asuntos y más viabilidad y flexibilidad en este tipo de garantías alimentarias, pues no viene por ahora al caso.

Lo único que pretendo es que la Corte Suprema de Justicia se avoque a dictar directrices (ya que el referido artículo no es claro en ese sentido) para todos los funcionarios de la materia, en coordinación con litigantes e interesados en el tema.  Es lo menos que se puede hacer, para que de ese intercambio de pensamiento y criterios, las leyes merezcan las reformas legislativas correspondientes.  No estamos pidiendo más leyes, sencillamente se reformen las existentes y sean claras para que no quedan a la interpretación de dichos funcionarios.”
-0-

El Lic. Yuri López Casal, Abogado a.i. de la Escuela Judicial, en oficio EJ-UJ-65-2006 del 15 de mayo del año en curso rinde el siguiente informe:

“Adjunto les remito el informe solicitado por sus estimables personas en relación con la consulta formulada por el Lic. Pedro Beirute Rodríguez respecto al artículo 14 de la Ley de Pensiones Alimentarias No. 7654 de 19 de diciembre de 1996 publicada en el No. 16 de 23 de enero de 1997 del Diario Oficial “La Gaceta”.
	En el informe supra mencionado, realizado por el Infrascrito abogado de la Escuela Judicial, se determinó no ha lugar a evacuar la consulta formulada, por cuanto no cumple con los requisitos de admisibilidad fijados y aprobados por el Consejo Directivo de la Escuela Judicial mediante sesión No. 15-2001 del 23 de agosto de 2001.”

“Consulta formulada por el señor Lic. Pedro Beirute Rodríguez
en relación con la interpretación del artículo 14 de la Ley de Pensiones 
Alimentarias No.  7654 de 19 de diciembre de 1996 publicada en el No. 16 de 23 de enero de 1997 del Diario Oficial “La Gaceta”.

	I. Antecedentes
	El origen del presente informe se encuentra en la nota fechada el 7 de febrero de 2006, firmada y dirigida por el señor Lic. Pedro Beirute Rodríguez, abogado notario, carné del Colegio de Abogados No. 1453, al señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Lic. Luis Paulino Mora Mora. A través de dicha nota, don Pedro Beirute Rodríguez le comunica al Magistrado Mora Mora que algunos despachos judiciales, a su juicio, interpretan erróneamente el contenido del artículo 14 de la Ley de Pensiones Alimentarias No.  7654 de 19 de diciembre de 1996 publicada en el No. 16 de 23 de enero de 1997 del Diario Oficial “La Gaceta”, dado que autorizan al deudor alimentario a salir del país solamente en determinadas ocasiones o por concretos lapsos (verbigracia, “por una única vez”, “por un mes”, “por dos meses”, “por el año completo”), lo cual, estima don Pedro, es incorrecto, pues, a su juicio, si el deudor alimentario garantiza el pago de las doce mensualidades de la pensión alimentaria más el aguinaldo (o sea, en total, trece mensualidades), entonces el obligado al pago de la pensión alimentaria tiene derecho a salir del país durante todo el año garantizado, sin estar entonces sujeto a ninguna otra restricción temporal y por ello es que el consultante estima que lo correcto es que los tribunales que conozcan los procesos alimentarios le concedan al deudor alimentario el permiso para salir del país por todo ese año completo cuando cumpla, lógicamente, con lo que al efecto dispone el ya mencionado artículo 14 de la Ley de Pensiones Alimentarias.
	En su nota dirigida al señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia, manifestó además don Pedro que “todo lo anterior lo manifiesto tomando como referencia el caso del señor Rafael Angel Retana Solano, cédula 1-644-294, quien tiene un proceso de alimentos en el Juzgado Contravencional de Pavas, expediente No. 96-700025-257PA y el cual, a pesar de haber rendido la garantía de ley por esos 13 meses, le han concedido permiso sólo por 3 meses, teniendo un trabajo sumamente importante en H.B. FULLER y hasta peligra el mismo por razones totalmente ilegales”. Como pretensión concreta, solicitó el consultante Beirute Rodríguez que “lo único que pretendo es que la Corte Suprema de Justicia se avoque a dictar directrices (ya que el referido artículo no es claro en ese sentido), para todos los funcionarios de la materia, en coordinación con litigantes e interesados en el tema”.
	II. Requisitos subjetivos de admisibilidad de las solicitudes de recomendaciones o consultas enviadas a la Escuela Judicial
	El Consejo Directivo de la Escuela Judicial, mediante sesión No. 15-01 del veintitrés de agosto de 2001, Artículo V, dispuso aprobar el “Informe sobre los requisitos de admisibilidad de las solicitudes de recomendaciones o consultas enviadas a la Escuela Judicial”, informe que fue elaborado por el Lic. Otto González Vílchez, abogado de la Escuela Judicial (al respecto ver Revista de la Escuela Judicial No. 2, noviembre de 2002, páginas 139 a 144).
	De acuerdo con dicho informe, debidamente aprobado por el Consejo Directivo de la Escuela Judicial, los requisitos subjetivos de admisibilidad de las solicitudes de recomendaciones o consultas enviadas a la Escuela Judicial, es decir, aquellos requisitos que versan sobre los sujetos legitimados para realizar tales consultas o solicitudes de recomendación, consisten en que solamente pueden plantear tales peticiones:
1.	El Jefe de una oficina judicial y;
2.	Cualquier auxiliar judicial, con el visto bueno del Jefe del Despacho Judicial.
El fundamento sobre porqué solamente los dos sujetos antes mencionados pueden, legalmente, realizar solicitudes de recomendaciones o consultas a la Escuela Judicial, radica en que ésta es un órgano encargado de brindar asistencia y colaboración a los órganos jurisdiccionales, auxiliares de justicia, así como a órganos administrativos del Poder Judicial, tal y como se desprende del artículo 149 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el artículo 6 inciso b) de la Ley de Creación de la Escuela Judicial. 
Así las cosas, en el caso de la consulta planteada por el Lic. Pedro Beirute Rodríguez, se concluye que él no está legitimado para realizarla, por cuanto no es Jefe de alguna oficina judicial del país ni tampoco lógicamente se está en presencia del otro sujeto indicado en el punto 2. El Lic. Beirute Rodríguez formuló su consulta en su carácter de abogado litigante, con lo cual, a tenor de lo expuesto, no tiene legitimación activa para interponer esta consulta.
	III. Requisitos objetivos de admisibilidad de las solicitudes de recomendaciones o consultas enviadas a la Escuela Judicial
En relación con este tipo de requisitos, los cuales se refieren, como su nombre mismo lo indica, a la naturaleza de los asuntos sobre los cuales la Escuela Judicial puede verter determinada recomendación o consulta, figuran los siguientes:
1. La Escuela Judicial sólo se puede pronunciar sobre cuestiones procesales o de trámite administrativo.
2. La Escuela Judicial no puede pronunciarse en asuntos específicos que se encuentren en trámite.
3. No se puede cuestionar una resolución judicial.
4. La Escuela Judicial no puede entrar a interpretar aspectos que le corresponden en forma exclusiva al Juez.
Con base en los anteriores requisitos objetivos en relación con el contenido de la consulta formulada por el Lic. Pedro Beirute Rodríguez, se colige que la solicitud planteada por el señor letrado tampoco reúne todos los requisitos objetivos aprobados por el Consejo Directivo de la Escuela Judicial en sesión No. 15-01 del veintitrés de agosto de 2001, Artículo V (es decir, los antes numerados del 1. al 4.) porque, en primer lugar, la inquietud planteada por don Pedro sobre la interpretación errónea que, en su criterio, efectúan determinados tribunales de justicia sobre el artículo 14 de la Ley de Pensiones Alimentarias, es un aspecto de fondo (material) y no de forma (procesal). Esto por cuanto el permiso de salida del país a que tiene derecho el deudor de alimentos en caso de que cumpla con los requisitos del artículo 14 de la Ley de Pensiones Alimentarias atañe a la libertad de tránsito de los ciudadanos costarricenses, aparte de que las cuestiones procesales o de índole administrativo, que, como ya se expuso, son las únicas cuestiones respecto a las cuales se puede pronunciar la Escuela Judicial, cabalmente versan sobre aspectos relacionados con el iter procedimental, los cuales están regulados a partir del artículo 17 de la Ley de Pensiones Alimentarias. En segundo lugar, la consulta planteada por el licenciado Beirute Rodríguez no se ajusta a lo dispuesto por el segundo requisito objetivo antes enunciado, debido a que del contenido de su nota, se desprende que él hace alusión a un proceso alimentario específico tramitado, según lo que él mismo narra, en el Juzgado Contravencional de Pavas. De esta manera, no es legalmente posible para la Escuela Judicial  evacuar consultas vinculadas con procesos judiciales en trámite, procesos en los cuales le corresponde al Juez tomar las decisiones que considere procedentes con apego a la Constitución Política y a las leyes, siendo que en caso de que alguna de las partes no estuviere de acuerdo con tales decisiones, entonces tiene todo el derecho de impugnarlas mediante los recursos que la ley pone a su disposición. En tercer lugar, se concluye también que la consulta planteada por el señor abogado no se subsume dentro del cuarto requisito objetivo de admisibilidad de las solicitudes de recomendaciones o consultas enviadas a la Escuela Judicial, por cuanto la interpretación y aplicación de las normas jurídicas en los procesos judiciales es labor del Juez, así que no puede la Escuela Judicial entrar a hacer interpretaciones de normas que deben ser aplicadas por el Juez a los casos sometidos a su conocimiento.
IV. Recomendaciones
Respetuosamente se recomienda al Consejo Directivo de la Escuela Judicial:
1.	Aprobar lo indicado en el presente informe
2.	Rechazar la consulta formulada por el Lic. Pedro Beirute Rodríguez por cuanto no cumple con todos los requisitos subjetivos y objetivos de admisibilidad señalados y aprobados por el Consejo Directivo de la Escuela Judicial mediante sesión No. 15-01 del veintitrés de agosto de 2001, Artículo V y;
3.	Poner en conocimiento del Lic. Pedro Beirute Rodríguez el presente informe así como la decisión que al respecto tomará el Consejo Directivo de la Escuela Judicial.”
-0-
SE ACUERDA:  Aprobar el informe rendido por el Lic. Yuri López Casal y manifestar que toda consulta planteada por Litigantes relacionadas con asuntos que ellos tramitan usualmente ante los Tribunales,  no son materia de competencia de este Consejo Directivo y se violaría  la independencia del juez,  sometiendo a este Consejo a establecer líneas y directrices que de alguna manera benefician a los litigantes e impedirían el libre criterio que tienen los  jueces a su libre criterio.  Es mucho más idóneo y adecuado, respetando el principio de independencia judicial,  que los litigantes  acudan al Colegio de Abogados de Costa Rica que es un órgano lo suficientemente independiente, para que en caso de dudas sobre la aplicación de la ley pueda ayudarlos a orientar sus gestiones jurisdiccionales.   Comuníquese al Mag. Luis Paulino Mora Mora , Presidente de la Corte Suprema de Justicia.  ACUERDO FIRME.

ARTICULO  VII

El señor Gustavo Barquero Morales, Prosecretario General Interino en oficio N°3862-06 del  11 de mayo del año en curso, transcribe acuerdo del Consejo Superior de la sesión N°28-06 celebrada el 25 de abril del 2006, que dice:

“ARTÍCULO XXXVI

El licenciado Hugo Esteban Ramos Gutiérrez, Auditor Judicial, en oficio N° 211-13-AF-2006 de 15 de marzo del año en curso, comunicó lo siguiente:

“…remito el estudio realizado por la Sección de Auditoría Financiera del Despacho a mi cargo, referente a “La razonabilidad del pago de gastos de viaje al exterior”, el cual  avalo en todos los extremos.
 
En términos generales, la razonabilidad, efectividad y suficiencia del sistema de control interno existente para el trámite de pago de gastos por concepto de viajes al exterior, es relativamente satisfactorio, con excepción de lo indicado en el aparte resultados, por lo que se hace necesario darle cumplimiento a las regulaciones omitidas e implementar las recomendaciones emitidas en dicho informe, a fin de fortalecer el sistema de control interno en la administración de los recursos institucionales.

De igual forma, y producto de la revisión practicada a la documentación soporte de las erogaciones que por este concepto, se tramitan a través tanto de la caja chica general, como de fondo rotatorio, con cargo al presupuesto institucional, se determinó que en la mayoría de los casos, éstas se han efectuado de conformidad con la normativa aplicable, incluyendo lo que a materia de Visado se refiere, no obstante, se presentaron algunas debilidades que son susceptibles de mejora.

Entre los aspectos más relevantes del informe de referencia destacan los siguientes:

•	Importancia de que los funcionarios que realicen viajes al exterior presenten de manera oportuna la documentación correspondiente a la liquidación de gastos de viaje en el plazo estipulado de conformidad con la normativa vigente.

•	Conveniencia de que los funcionarios que realicen viajes al exterior, efectúen en caso de proceder, el reintegro respectivo dentro del plazo establecido en la normativa vigente.

•	Necesidad de corroborar de previo a autorizar el pago de los gastos de viaje al exterior del país, si el ente organizador del evento cubre o no dichas erogaciones.

•	Importancia de que los funcionarios que realicen viajes al exterior presenten toda la documentación soporte de la liquidación dentro del plazo estipulado en la normativa vigente.

•	Relevancia de verificar si en el acuerdo que emite Corte Plena o Consejo Superior autorizando un viaje al exterior, también se autoriza o no el gasto por concepto de viáticos para el o los funcionarios que realizarán el viaje.

•	Necesidad de corroborar de previo a la tramitación de alguna erogación si la subpartida que se aplicará es la que le corresponde de acuerdo con la naturaleza del gasto.
No omito manifestar, que en el informe citado se incluyen, en lo pertinente, las observaciones efectuadas por los Miembros del Consejo Directivo de la Escuela Judicial, la Licda. Ana Eugenia Romero Jenkins, Proveedora Judicial a.í. y del M.B.A. Walter Jiménez Sorio, Jefe del Departamento Financiero Contable.”

- 0 -

Del referido informe se transcriben las siguientes conclusiones y recomendaciones:

“En vista de la evaluación realizada y de acuerdo con los resultados obtenidos, esta Auditoría obtuvo la siguiente conclusión:

En términos generales, la razonabilidad, efectividad y suficiencia del sistema de control interno utilizado actualmente en el trámite de pago de gastos por concepto de viajes al exterior, es relativamente satisfactorio, con excepción de lo indicado en el aparte resultados de este informe, por lo que se hace necesario darle cumplimiento a las regulaciones omitidas e implementar las medidas pertinentes, a efecto de fortalecerlo.

De igual forma, y producto de la revisión practicada a la documentación soporte de las erogaciones que por este concepto, se tramitan a través tanto de la caja chica general, como de fondo rotatorio, con cargo al presupuesto institucional, se determinó que en la mayoría de los casos, éstas se han efectuado de conformidad con la normativa aplicable, incluyendo lo que a materia de Visado se refiere, no obstante, se presentaron algunas debilidades que son susceptibles de mejora.

4.	RECOMENDACIONES

De conformidad con los resultados obtenidos y la conclusión expuesta anteriormente, esta Auditoría procede a plantear las siguientes recomendaciones, las cuales van orientadas a fortalecer aún más el sistema de control interno existente para el trámite de pago de gastos, que por concepto de viajes al exterior se tramitan a través de la Caja Chica General y del Fondo Rotatorio.

Al Consejo Superior

4.1	Emitir una circular en la que se indique la obligación que tienen los funcionarios que realizan viajes al exterior de presentar en forma oportuna la documentación necesaria para dar trámite a la liquidación de gastos de viaje al exterior. Lo anterior, con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 10 “Presentación de cuentas” del “Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte para Funcionarios Públicos, emitido por la Contraloría General de la República”.

Se recomienda lo anterior, para los efectos del control que debe llevar el Departamento Financiero Contable y de conformidad con lo establecido en el artículo 8, inciso b, de la Ley de General de Control Interna, toda vez que la información que se brinde a la Administración debe ser oportuna, con el fin de fortalecer el sistema de control interno, de tal forma que el debilitamiento de este sistema por incumplimiento de las obligaciones por parte de los servidores públicos, generará responsabilidad disciplinaria según el artículo 39 de la citada Ley.”

4.2	Emitir una circular señalando la obligación que tiene el funcionario que haya realizado un viaje al exterior, de presentar dentro del plazo estipulado en el artículo 10 del Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte para Funcionarios Públicos, la documentación pertinente a la liquidación de gastos de viaje al exterior, estableciendo a su vez, en caso de incumplimiento,  las medidas sancionatorias a que serán acreedores, tal y como lo establece la normativa emitida por la Contraloría General de la República.

4.3	Tener el debido cuidado al momento de aprobar las solicitudes de autorización de gastos por concepto de viáticos al exterior, con el propósito de evitar que se autorice el pago de viáticos a personas a las cuales el ente auspiciador cubre parcial o totalmente con todos los gastos, evitando que se presenten situaciones como la descrita en el punto 2.3 de este informe. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 39 del Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos y demás aspectos que contempla esta normativa.

A la Secretaría General de la Corte

4.4	Procurar que al momento de transcribir un acuerdo de Corte Plena o de Consejo Superior, con el cual se autoricen gastos por concepto de viáticos al exterior, se tenga el debido cuidado, con el fin de evitar que se presenten situaciones como la señalada en apartado 2.5 de este informe, de manera tal, que en caso de ser necesario, se solicite una ampliación del acuerdo de autorización original o en su defecto se solicite un nuevo acuerdo en el que se autoricen explícitamente los viáticos que correspondan. Lo anterior, con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 7° y 31° del Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos y demás aspectos que contempla esta normativa, evitando a su vez que se presenten casos en los que paguen sumas que no cuentan con el debido respaldo.

Al Consejo Directivo de la Escuela Judicial

4.5	Velar porque en lo sucesivo, cuando se tramiten autorizaciones a solicitudes de gastos de viaje en el exterior del país ante el Consejo Superior, se verifique si el Ente Organizador de los eventos, cubre o no gastos de viaje y/o de transporte, a los funcionarios judiciales que participen de los eventos.

Lo anterior, con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 39 del citado Reglamento y evitar que se giren en forma incorrecta sumas por los conceptos señalados. Asimismo, esto permitirá fortalecer el control interno en el manejo de estos recursos y contar con una adecuada administración presupuestaria.

Al Departamento de Proveeduría

4.6	Tener el debido cuidado al momento de asignar la subpartida por la cual debe gestionarse un determinado gasto, a fin de prevenir que se lleven a cabo erogaciones por medio de subpartidas que no corresponde aplicar, dando cumplimiento a lo establecido en el Clasificador del Gasto, fortaleciendo con ello el control interno en el manejo de los recursos bajo responsabilidad del Poder Judicial y contar con una adecuada administración presupuestaria.

Al Departamento Financiero Contable

4.7	Girar las instrucciones a los servidores encargados de dicha labor, para que se vele por la oportunidad con la que se presenta la documentación requerida en las liquidaciones de gastos de viaje, dadas las responsabilidades que puede acarrear el incumplimiento de la normativa.

4.8	Establecer las disposiciones necesarias a los funcionarios encargados de tramitar los gastos de viaje al exterior para que sean diligentes y cuidadosos en el desarrollo de esa función, con el fin de evitar erogaciones por conceptos de gastos de viaje y/o de transporte al exterior, cuando éstos no corresponden debido a que son parcial o totalmente financiados por el ente organizador de la actividad a la que el funcionario asistiere.

4.9	Velar por la integridad de la documentación soporte de las liquidaciones de gastos de viaje en el exterior que constan en los diferentes acuerdos de pago, de manera que en ellos se archiven todas las actuaciones internas o externas que tengan relación con el viaje realizado.

4.10	Es indispensable que en lo sucesivo, cuando se solicite dar tramite a gastos de viaje en el exterior del país, se verifique que esa solicitud esté respaldada por un acuerdo emitido por Corte Plena o Consejo Superior, o en caso contrario y para aquellos asuntos de suma urgencia, que por su naturaleza no les es posible someterlo oportunamente a conocimiento de esos Entes Superiores, se cuente con la autorización de Director Ejecutivo, en el cual se le autoriza específicamente a efectuar dicha erogación, o en su defecto, solicitar a la Corte Plena o Consejo Superior según sea el caso, emitir un acuerdo en el que autorice el gasto, acatando lo establecido en los artículos 7° y 31° del citado Reglamento y evitar que se giren en forma incorrecta sumas por los conceptos señalados.

5.	DECLARACIONES COMPENSATORIAS

Esta Auditoría mediante oficio N° 441-AF-2005, del 19 de diciembre de 2005, remitió a la Licda. Ana Eugenia Romero Jenkins, Jefe del Departamento de Proveeduría, el borrador del presente informe con el fin de que externara sus observaciones al respecto. En vista de lo anterior, mediante oficio N° 9686-DP-23-2005, de fecha 23 de diciembre de 2005, la Licda. Romero Jenkins, indicó en lo que respecta a la recomendación N° 4.6 lo siguiente:

“Se toma nota de la inconsistencia detectada referente al cambio de la subpartida en el trámite de envío de correspondencia al exterior, en su momento se indicó la 142 siendo la correcta la 124, como se puede observar fue un error involuntario de nomenclatura al invertir los dígitos. En virtud de lo anterior, de inmediato se girarán las instrucciones del caso para evitar que situaciones como la que nos ocupa se vuelvan a presentar.”

De igual manera, con oficio N° 442-AF-2005, de esa misma fecha, se le remitió el borrador del informe a los Miembros del Consejo Directivo de la Escuela Judicial, quienes a través del oficio N° 006-CD/EJ-06, de 19 de enero de 2006, suscrito por el Dr. Alfredo Chirino Sánchez, Director de la Escuela Judicial, manifestaron, en lo que respecta a la recomendación N° 4.5 lo siguiente:

“SE ACUERDA: Tomar nota y comunicar al Lic. Rodolfo Fonseca Rojas, Jefe de la Sección de Auditoría Financiera que se acogen las recomendaciones planteadas y no hay observaciones al respecto. ACUERDO FIRME.”

En el caso del Departamento Financiero Contable, con oficio Nº 440-AF-2005 del 19 de diciembre pasado, se envió el borrador de este informe al Máster Walter Jiménez Sorio, Jefe de ese Despacho, quien mediante oficio Nº 392-TE-2006 del 19 de enero del presente año, indicó entre los aspectos más relevantes lo siguiente:

•	“El Subproceso de Egresos de este Departamento ha establecido un procedimiento interno, cuya finalidad es comunicar mediante correo electrónico al funcionario que tenga pendiente la liquidación de un anticipo, el día hábil siguiente de vencido el plazo establecido para presentar la documentación requerida, a fin de que se realice la liquidación en forma oportuna de acuerdo con el Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos.”

Dada la oportunidad con que se debe presentar la documentación, esta Auditoría no comparte que dicha comunicación se realice una vez que ha finalizado el plazo estipulado para la presentación de la misma, ya que según nuestro criterio es conveniente que dicha comunicación se efectúe dentro del plazo establecido en el citado Reglamento (es decir, dentro de los siete días hábiles luego de su regreso a su sede de trabajo o de su incorporación a éste), para que tanto la presentación de la documentación requerida, como la elaboración de la liquidación, se realicen dentro del plazo señalado.
•	“Como parte de la documentación requerida para realizar la liquidación de una gira al exterior, se debe presentar la invitación emitida por el ente organizador misma que es verificada de acuerdo a lo aprobado por los Entes Superiores.” (El subrayado es nuestro)

Si bien es cierto este es el procedimiento correcto, dada la debilidad presentada en el caso del Dr. Alfredo Chirino Sánchez, se mantiene la recomendación 4.8

•	“Toda la documentación relacionada con el trámite y liquidación de viáticos al exterior así como las gestiones que se hayan realizado sobre el caso es archivada en el mismo Acuerdo de Pago, para verificar futuras verificaciones”  

Al igual que en punto anterior, se mantiene la recomendación 4.9, pues como se describe en el apartado 2.4 de este informe, una vez efectuada la revisión a la documentación soporte de las liquidaciones de Gastos de Viajes en el Exterior, se determinó en varias de ellas la ausencia de documentación relevante para el trámite de liquidación de gastos al exterior.”
- 0 -

Se acordó: 1.- Acoger las recomendaciones del Informe N° 211-13-AF-2006 de la Auditoría Judicial, “RAZONABILIDAD DEL PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR", orientadas a fortalecer el sistema de control interno existente para el trámite de pago de gastos, que por concepto de viajes al exterior se tramitan a través de la Caja Chica General y del Fondo Rotatorio. 2.- Informar mediante circular la obligación que tienen los funcionarios que realizan viajes al exterior de presentar en forma oportuna la documentación necesaria para dar trámite a la liquidación de gastos de viaje al exterior, en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 10 “Presentación de cuentas” del “Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte para Funcionarios Públicos, emitido por la Contraloría General de la República” y en caso de incumplimiento, se aplicarán las medidas sancionatorias, tal y como lo establece la normativa emitida por la Contraloría General de la República. 3.- Solicitar a la Secretaría General de la Corte, procurar al momento de transcribir un acuerdo de Corte Plena o del Consejo Superior, en el que se autoricen gastos por concepto de viáticos, verificar que efectivamente se hayan autorizado esos gastos, con el fin de evitar situaciones como las que señala el informe, en los que se pagaron sumas que no contaban con el debido respaldo, por errores materiales a la hora de la transcripción del acuerdo respectivo.  4.- Debe el Consejo Directivo de la Escuela Judicial, verificar las condiciones que ofrecen los Entes Organizadores de Eventos en lo que se refiere a gastos de viaje y/ o transporte de funcionarios judiciales que participan en los eventos, con el fin de evitar que se autoricen y giren  pagos por concepto de viáticos y/ o transporte en el exterior improcedentes e innecesarios. 5.- El Departamento de Proveeduría tendrá el debido cuidado, al momento de asignar la subpartida por la cual debe gestionarse un determinado gasto, a fin de que no se hagan erogaciones por medio de subpartidas que no corresponde aplicar, dando cumplimiento a lo establecido en el Clasificador del Gasto, fortaleciendo con ello el control interno en el manejo de los recursos bajo responsabilidad del Poder Judicial y contar con una adecuada administración presupuestaria. 6.- Le corresponde a la Jefatura del Departamento Financiero Contable : a.- Informar en caso de incumplimientos por parte del servidor en el plazo de entrega aplicable tanto para la presentación de las liquidaciones de gastos de viaje, como de los reembolsos si correspondieren; para la aplicación del régimen sancionatorio que establece la Contraloría General de la República; b.- Girar instrucciones, para establecer el control que permita corroborar que el trámite de gastos autorizado corresponda, con el fin de evitar erogaciones de gastos de viaje y/ o transporte al exterior, cuando sean improcedentes debido a que son parcial o totalmente financiados por el ente organizador de la actividad a la que el funcionario asistiere, de tal modo, que en esos casos, previamente a aprobar y tramitar el gasto, deberá reportar la contradicción, o solicitar aclaración del acuerdo que lo dispuso; c.- Velar por la integridad de la documentación soporte de las liquidaciones de gastos de viaje en el exterior que constan en los diferentes acuerdos de pago, de manera que en ellos se archiven todas las actuaciones internas o externas que tengan relación con el viaje realizado; d.- En lo sucesivo, cuando se solicite dar trámite a gastos de viaje al exterior del país, le corresponde verificar que esa solicitud esté respaldada por un acuerdo emitido por Corte Plena o Consejo Superior, o en caso contrario y para aquellos asuntos de suma urgencia, que por su naturaleza no les es posible someterlo oportunamente a conocimiento de esos Entes Superiores, se cuente con la autorización del Director Ejecutivo, a quien se autoriza específicamente a efectuar dicha erogación y solicitar a la Corte Plena o Consejo Superior según sea el caso, para los fines pertinentes. e-Los interesados al momento de la liquidación, deberán presentar copia del oficio en que conste el recibido del informe sobre la actividad realizada, de no presentarse este, no se tramitará la gestión e informará a la Secretaría General de la Corte.  f- El Consejo toma nota de la recomendación dirigida a él, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 39 del Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos y demás aspectos que contempla esta normativa. 7.- Hacer el presente acuerdo de conocimiento de la Comisión de Control Interno para lo que corresponda.

La Secretaría General de la Corte tomará nota para lo que corresponda.”.
-0-
SE ACUERDA:  Tomar nota.

ARTICULO VIII

El MBA. Francisco Arroyo Meléndez, Jefe del Departamento de Personal, se refiere al artículo de la sesión N° 6-2006 celebrada el  25 de abril de 2006 artículo XII, sobre la condición física de los alumnos que seleccionan para el Programa Básico de Formación en Investigación Criminal, e informa que estas situaciones se han venido presentando con alguna frecuencia,  por lo que este año el examen físico ya no lo realizará el Servicio Médico de Empleados sino la Medicatura Forense con el objeto de contar con un mejor criterio, el único inconveniente que se tiene es que el trámite será más lento.

SE ACUERDA:  Tomar nota 

ARTICULO IX

La Licda. Justina Aguirre Aguirre, Jefe  Nacional del Area Jurídica del Ministerio de Justicia, en oficio JNAJUNC–058-2006 de fecha 4 de mayo de 2006 dice:

“Respetuosamente recurro a su persona para plantearle lo siguiente:

Como es de su conocimiento la programación para la capacitación conjuntamente Ministerio de Justicia- Poder Judicial aprobada por la Escuela no se pudo realizar en el año 2005.  La experiencia de estas actividades han sido positivas en el ejercicio de las funciones por parte de los (as) operadores (as) del Sistema.

Es por lo anterior y conocedora del apoyo que usted brinda a los eventos académicos, así como la necesidad de analizar temas de gran interés a efectos de clarificar procedimientos y establecer una mejor coordinación, que le solicito su intervención a efectos de que se aprueben al menos dos jornadas de trabajo.

Una en la jurisdicción de Alajuela para el mes de junio del 2006, donde participen los Jueces, Fiscalía y Defensa de Ejecución con funcionarios penitenciarios de los centros de dicha jurisdicción.

De igual manera, una con la jurisdicción de Cartago para el mes de agosto de 2006.  La sede de las capacitaciones será la e3scuela de Capacitación Penitenciaria.

Los temas urgentes a tratar: Modificación de la Pena, Libertad Condicional, Incidente por enfermedad, Incidente de Queja.”
-0-
SE ACUERDA: Aprobar la capacitación sobre Modificación de la Pena, Libertad Condicional, Incidente por Enfermedad, Incidente de Queja a realizar en junio y agosto de 2006 propuesta por la Licda. Justina Aguirre Aguirre, Jefe Nacional del Area Jurídica del Ministerio de Justicia.  Se comisiona a la Licda. Kattia Escalante Barboza para que coordine lo que corresponda.  ACUERDO FIRME.

ARTICULO X

La Mag. Carmenmaría Escoto Fernández, Presidenta de la Comisión de Valores del Poder Judicial, en oficio  052-CVPJ-06 de fecha 5 de mayo de 2006 dice:

“Con el fin de promover en los servidores judiciales la práctica de valores en el ejercicio de la función pública, la comisión de valores del Poder judicial , acude a este digno consejo a fin de solicitar que en los diseños curriculares de los cursos que programen se incluyan valores.

Se sugiere que para cada área temática (penal, civil, familia, etc) se identifiquen los valores positivos que los servidores deberían aplicar, y se establezcan metodologías apropiadas para su asimilación.

Lo anterior tiene como propósito que cada curso no sólo conlleve el aprendizaje teórico sino también las calidades humanas que se requieren.

Sería de sumo agrado para la Comisión de Valores, el Poder Judicial y los usuarios en general, que esta solicitud se convierta en una política que desarrollen todas las unidades de capacitación institucionales.

Se adjunta acuerdo del consejo superior de la sesión N°013-2006, del 28 de febrero , artículo XCIX…”
-0-
SE ACUERDA:  Comunicar a la Mag. Carmenmaría Escoto Fernández que la Escuela  Judicial  produjo un vídeo sobre  valores que se tiene disponible en la Unidad de Audiovisuales de la Escuela Judical para que sea proyectado al inicio de cada capacitación.  Asimismo se hace instancia al señor Vicente Martínez Oporto, Dra. Ana Tristán Sánchez y Licda. Kattia Escalante Barboza, Gestores de Capacitación de la Escuela Judicial,  para que  se incluya el tema de los  valores en los diseños curriculares de las actividades de capacitación de la Escuela.

ARTÍCULO XI
		 		
El Lic. Javier Montero Herrera, Jefe del Departamento de Investigaciones Criminales, en oficio  0611-SET-2006, de fecha 2 de mayo de 2006 dice:

“La Sección Especializada de Tránsito del Organismo de Investigación Judicial, es una unidad que fue creada mediante la Ley de Tránsito (7331) en el año 1993; dentro de sus funciones se encuentra el atacar la corrupción en algunos departamentos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

Dicha función debe realizarse mediante la aplicación de la investigación criminal; y que para establecer la comisión de delitos cometidos por funcionarios públicos, se debe llevar a cabo el procedimiento penal de acuerdo con lo estipulado en la ley N° 8275, razón de ello, se requiere la debida capacitación técnica de los funcionarios que conforman la sección, sobre los procedimientos técnico-legales que rigen para la materia penal.

Por lo anterior, y por la importancia que adquiere para la funciones que desempeñan los investigadores a mi cargo, le solicito la coordinación de un curso para esos efectos.

No omito indicarle que esta sección está adscrita al programa de Juristránsito y su personal lo conforman diez personas para realizar esos menester, además en cada delegación del O.I.J. existen dos investigadores y uno en cada subdelegación para esos efectos.
-0-
El Lic. Martín Matamoros Mora, Jefe de la Unidad de Capacitación del O.I.J., en oficio  EJ-CAP-085-2006 de fecha 4 de mayo  de 2006 dice:

“Referente a la nota 0611-SET-2006, suscrita por el señor Javier Montero Herrera, con el visto bueno de la Jefatura del Departamento de Investigaciones Criminales, me permito informarle que me reuní con el señor Javier Montero Herrera el día de hoy, llegando a la conclusión de que la capacitación que requiere el personal de la Sección Especializada de Tránsito del Organismo de Investigación Judicial, se puede satisfacer ofreciéndoles un curso sobre Derecho Procesal Penal, Derecho Penal con énfasis en los Delitos Contra los Deberes de la Función Pública y sobre el tema de la Dirección Funcional que ejerce el Ministerio Público en las investigaciones que realiza ese Organismo.

     El único curso programado por la Unidad de Capacitación para este año, que trata los temas señalados es el Programa Básico de Formación de Investigación Criminal, que está diseñado para los nuevos investigadores del OIJ.

      Por lo tanto, si se aprobara brindar la capacitación, será necesario realizar todo el proceso de diseño del curso, búsqueda de facilitadores, etc., por lo que la oferta podría realizarse en los últimos meses  de este año o en el año 2007.

       La Sección Especializada de Tránsito, cuenta con 10 investigadores los cuales tendrían que recibir la capacitación al menos en dos grupos.
      
       En materia policial, existen cursos dentro del Plan Anual de Trabajo de esta Unidad, que tienen relación con el trabajo de la Sección Especializada de Tránsito, los cuales el señor Javier Montero Herrera, ubicó en orden de prioridad de la siguiente forma:

1.	Vigilancia Electrónica (12 al 16 de junio)
2.	Planficación de Operativos  (15 al 19 de mayo)
3.	Vigilancia y Seguimiento (4 al 8 de setiembre)
4.	Técnicas de Entrevista (31 de julio al 3 de agosto y 4 al 6 de diciembre)

La inclusión de personal de esa Sección en estos cursos depende de la Dirección General  
del O.I.J., que es la que selecciona los participantes de los diferentes cursos que ofrece la Unidad de Capacitación.  En el caso del curso de Planificación de Operativos la cercanía de la fecha de ejecución no nos permitiría realizar las comunicaciones al Consejo Superior .”

-0-
SE ACUERDA: Aprobar la capacitación solicitada por la Sección Especializada de Tránsito del O.I.J. la que se incluirá en la programación de actividades de la Unidad de Capacitación del O.I.J.  para el  año 2007.  ACUERDO FIRME.

ARTICULO XII

El Lic. Martín Matamoros Mora, Jefe de la Unidad de Capacitación del O.I.J., en oficio  EJ-CAP-068-2006 de fecha 7 de abril de 2006 dice:

“Ese honorable Consejo, en la sesión N°27 –2005, del  siete de diciembre del año dos mil cinco, aprobó el Plan de Trabajo para el año 2006, dentro del cual contempló que el  PROGRAMA PARA OFICIALES DE SEGURIDAD DEL PODER JUDICIAL, sea sometido a una revisión y diagnóstico, para presentar un replanteamiento del Programa.

     Con motivo de la suspensión de los cursos, a los Instructores 1, Edgar Cruz Oviedo y Guillermo Mata Vargas, se les redujo considerablemente sus tareas, circunscribiéndose el señor Mata Vargas básicamente al trabajo de diagnóstico y el señor Cruz Oviedo a la recarga de munición, pero algunos aditamentos de la recargadora se  dañaron y se tuvo que suspender ese trabajo, por lo que sus tareas actuales son mínimas, constituyéndose en un recurso subutilizado.

     Por lo anterior, muy respetuosamente me permito solicitar al Consejo Directivo estudiar la posibilidad de que los Instructores 1 de la Unidad de Capacitación, ofrezcan cursos  en Defensa Personal, Técnicas de Esposamiento y arresto, y Uso de varas policiales, para Oficiales de Seguridad y Oficiales de Localización con el siguiente cronograma.

CURSOS PARA OFICIALES DE SEGURIDAD Y OFICIALES DE LOCALIZACIÓN
Curso	Modalidad	Población	Duración	Cupo	Fecha	
1.	Defensa Personal Policial 	Presencial
	Oficiales de Seguridad
Oficiales de Localización	40	12	3 al 7 julio
	
2.	Técnicas de Esposamiento y arresto 	Presencial	Oficiales de Seguridad y Oficiales de Localización
	40	12	17 al 21 de julio

 	
3.	Defensa Personal Policial	Presencial	Oficiales de Seguridad
Oficiales de Localización	40	12	7 al 11 de agosto	
4.	Técnicas de Esposamiento y arresto 	Presencial	Oficiales de Seguridad 
	40	12	21 al 25 de agosto
 	
5.	Varas policiales (PR-24 y batón expandible)	Presencial	Oficiales de Seguridad
	40	12	4 al 8 de setiembre
	
6.	Varas Policiales(PR-24 y batón expandible)	Presencial	Oficiales de Seguridad	40	12	18 al 22 de setiembre	

     No omito manifestar, que con esta propuesta no se suspende la realización del diagnóstico, actividad que se coordinará oportunamente con la persona que pueda sustitutir al señor Guillermo Mata Vargas, por licencia sin goce de salario durante seis meses y con el mismo señor Edgar Cruz Oviedo.”
-0-
El Lic. Francisco Dall’Anese Ruiz hace énfasis sobre la importancia  de que se cuente con protocolos de actuación  para la intervención en los diferentes casos y sugiere, que si estos no existen,  deberían  ser  escritos por los instructores.

El MBA Francisco Arroyo  manifiesta que el Departamento de Personal puede colaborar  realizando el  concurso para buscar un sustituto  para la plaza de Instructor ya sea  de forma externa o interna de tal manera que se pueda contar con el candidato más idóneo. 

SE ACUERDA:  1) Autorizar al señor Edgar Cruz Oviedo para que  imparta  los cursos a los  Oficiales de Seguridad y Localización  mencionados.   Respecto a la persona que sustituirá al señor Guillermo Mata Vargas se realizará las  gestiones necesarios con  el Departamento de Personal para contar con el candidato más idóneo tan pronto como sea posible. 
2)  Comisionar al Jefe de la  Unidad de Capacitación del O.I.J. para que en conjunto con los instructores redacten  un protocolo de intervención de las actuaciones que deben seguir los Oficiales de Seguridad y Oficiales de Localización para someterlo a  discusión y aprobación de las instancias correspondientes.   ACUERDO FIRME. 

ARTICULO XIII

La MSc. Sara Castillo Vargas, Directora Ejecutiva de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia CONAMAJ,  en oficio N°092-CNMAJ-06 de fecha 11 de marzo del año en curso dice:

“Como bien es de su conocimiento, cada año la CONAMAJ lleva a cabo el proyecto de la publicación de una agenda, con el fin de divulgar y concienciar sobre los derechos que poseen diferentes segmentos poblacionales de nuestra sociedad. 

De manera paralela, en los tres últimos años la Unidad de Audiovisuales de la Escuela Judicial ha colaborado con CONAMAJ en la producción de los videos que han servido de apoyo a la Agenda y que se han proyectado en las actividades de presentación de estas publicaciones, dentro y fuera del Poder Judicial.  

El año pasado recibimos la valiosa colaboración del señor Carlos Rovira, quien apoyó la producción del vídeo “Entre otra gente y otra tierra”, demostrando calidad profesional para tratar un tema delicado como lo es la migración.

La Agenda CONAMAJ 2007 llevará por tema “Derecho Humano al Agua”, donde queremos rescatar la arista jurídica nacional e internacional del tema, añadiendo testimonios y vivencias de personas o comunidades que están dando una lucha para proteger su derecho al agua en Costa Rica.

Uno de nuestros objetivos es desplazarnos a dichas comunidades y entrevistar a las personas que lideran estas iniciativas, las cuales queremos plasmar en un vídeo que ayude a visualizar esas acciones.  De esta manera, queremos solicitar de nuevo la colaboración del equipo de trabajo de la Unidad de Audiovisuales de la Escuela Judicial para producir este material.

Igual que en las ocasiones anteriores, el personal de CONAMAJ y yo misma colaboraríamos y daríamos apoyo en los aspectos conceptuales y logísticos para la realización del vídeo.
-0-
SE ACUERDA:  Autorizar a la Unidad de Audiovisuales de la Escuela Judicial para que  colaboren en la reproducción del vídeo solicitado por la  MSC. Sara Castillo, Directora de la CONAMAJ.  Se comisiona al señor Carlos Rovira para que gestione lo que corresponda. ACUERDO FIRME.

ARTICULO XIV

El Lic. Mauricio Fonseca Umaña, Administrador de la Secretaria General del O.I.J. en oficio 502-Sec/U:A.-08 de fecha 29 de abril de 2006 dice:

“La presente es para solicitarles respetuosamente su pronunciamiento sobre la posibilidad de que la Escuela Judicial, convalida títulos sobre Manejo de Pistola que los Investigadores realizan a nivel privado, toda vez que no se han podido recibir esa capacitación en el Curso Básico de Investigación y los hacen por sus propios medios.

En la actualidad tenemos dos funcionarios que aportaron títulos del COMBATIVE ARTS ASSOCIATION sobre entrenamiento en manejo de pistola de los cuales se adjuntan copias.  Lo anterior en virtud de que en el Reglamento Interno de la Escuela Judicial no especifica sobre este tema, una vez dado este pronunciamiento tendremos un criterio para aceptar o desestimar dichas diligencias presentadas por los interesados.”

-0-
SE ACUERDA:  Denegar la solicitud  de convalidación  de títulos sobre Manejo de Pistola ya que no hay competencia legal para que la Escuela Judicial certifique ninguna Academia privada sobre técnicas de armas o de cualquier otro tipo.  La Escuela solo está en capacidad de avalar los cursos que se realicen con su propio personal en los  diferentes programas aprobados por este Consejo Directivo. 

ARTICULO XV

El Lic. Román Bresciani Quirós, Abogado de la Escuela Judicial, en oficio EJ-UJ-064-2006 de fecha 11 de mayo de 2006 dice:

“Mediante nota de martes 2 de mayo de 2006, el MSc. Christian Campos Monge, Abogado del despacho de la señora Contralora de la República, ha manifestado su gentil interés en impartir una charla sobre las reformas acaecidas recientemente en la Ley de Contratación Administrativa, dirigida a funcionarios judiciales y público en general.
Conociendo de la importancia que reviste las reformas introducidas a la citada Ley, someto a consideración del honorable Consejo Directivo de la Escuela Judicial, para que dicha actividad pueda llevarse a cabo el próximo viernes 16 de junio de 2006, en el horario de 2:00 a 5:00 p.m., en el Auditorio Miguel Blanco Quirós.
Igualmente, se gestiona la autorización correspondiente para que se permita la participación de funcionarios judiciales y público en general interesados, la cual sería sin sustitución, con goce de salario y en el entendido de que los despachos en que laboran tomarán las medidas necesarias para que la prestación del buen servicio público no se vea afectada y sin que se suspendan debates ni diligencias previamente programadas para esa fecha, lo cual implica que deberán dar prioridad a la atención de los asuntos urgentes del despacho respectivo, en caso de ser necesario.”
-0-
SE ACUERDA:  Aprobar la charla sobre la Ley de Contratación Administrativa dirigida a funcionarios  judiciales y público en general a realizar el viernes 16 de junio de 2006, 2:00  5:00 p.m. en el Auditorio Miguel Blanco Quirós.  Comuníquese al Consejo Superior para la autorización de permiso con goce de salario sin sustitución para los funcionarios judiciales siempre y cuando no afecte el buen servicio público.  ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO XVI

El Lic. Dario Gómez G. del  Proyecto Justicia Penal Juvenil de la Defensa de Niñas y Niños Internacional  en correo electrónico del 2 de mayo de 2006 dice:

“Reciba un cordial saludo deseándole muchos logros en la importante labor al frente de la Escuela Judicial, Tenemos el gusto de retomar la comunicación con usted, esperando que no sea tarde, pues tuvimos algunas dificultades propias de las ocupaciones en que estamos.

Habíamos acordado hacerle llegar una propuesta con el fin de que esta fuera sometida al trámite necesario, le adjuntamos la propuesta del taller, este podría realizarse de acuerdo a las necesidades que se presenten, a partir de una propuesta que nos hicieran, la cual les confirmaríamos de inmediato.”

“La nueva Ley de Ejecución de Sanciones Penales Juveniles
Propuesta de Capacitación para la Escuela de Capacitación Judicial
30 de marzo del 2006

A continuación se presenta una propuesta de taller para capacitar operadores judiciales en materia de ejecución de las sanciones penales juveniles. La propuesta consiste en un solo taller que pueda ser desarrollado en media jornada de trabajo, de manera que se ajuste a los posibilidades de tiempo con que cuenta el grupo meta de esta  propuesta.
Se presenta una breve justificación que señala la necesidad de desarrollar esta línea de trabajo, tomando en cuenta la reciente Ley de Ejecución de Sanciones Penales Juveniles y la siempre pertinencia de fortalecer las destrezas propias de la especialización.. Como referencia institucional detallamos información básica sobre DNI Costa Rica y el proyecto de Justicia Penal Juvenil. Seguido de lo anterior se indican los objetivos buscados y el programa para su desarrollo. Como complemento conceptual de esta propuesta anexamos el análisis que hemos realizado de la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles.

I. Justificación
El 10 de octubre del 2005 fue aprobada por la Asamblea Legislativa la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles (No. 8460). Esta ley regula la fase de ejecución de la sanción; complementa los desarrollos propios de la Ley de Justicia Penal Juvenil y fortalece los instrumentos con que cuenta la doctrina de protección integral en nuestro país.
Tal y como la misma normativa de la Doctrina de Protección Integral lo señala, la especialización de los diferentes actores/as del sub-sistema penal juvenil es un requerimiento indispensable para contar con abordajes respetuosos y hasta potenciadores de los derechos humanos.
En términos generales, la pregunta por el respeto y protección de los derechos de las personas menores de edad en contextos institucionales, es una pregunta crítica que señala la necesidad de cambios y transformaciones de las prácticas institucionales y hasta de las políticas que direccionan esas instituciones.
En el caso de las personas adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley, el reconocimiento de sus derechos enfrenta la limitación que impone la criminalización penal y el estigma social: aparece así legitimada la concepción de que sancionados/as y indiciados/as no tienen derechos.  Se sigue entendiendo la sanción como retribución (venganza) y el proceso penal como exento de respetar y proteger derechos. Esto se afirma más allá de la normativa e institucionalidad con la que pueda contar el Estado, e intenta señalar una cierta sensibilidad social frente al fenómeno del delito.
Esta sensibilidad social puede expresarse en los modelos de abordaje que constituyen las prácticas profesionales de los diferentes actores del sub-sistema penal juvenil. Si bien la ley regula, controla y orienta las acciones, su concreción en la cotidianidad, se ve determinada también por la subjetividad de los involucrados.
Dado que es en la subjetividad de cada persona donde se desarrollan sus capacidades para vincularse con el otro, asumimos que la especialización de los operadores de justicia no tiene solo como medio el perfeccionamiento en el conocimiento de la ley, sino el análisis de las subjetividades en juego en cada  abordaje y la posible reproducción en ello, del modelo represivo.
Queremos decir, que el ejercicio de los derechos de las y los adolescentes en conflicto con la ley, no es solo un problema normativo, sino que requiere el desarrollo de una cultura de derechos humanos en general, y de una sensibilidad profesional que facilite su cumplimiento en contextos particulares.
DNI-Costa Rica, viene ejecutando el Proyecto de Justicia Penal Juvenil, el cual compromete a las secciones de DNI de 8 países de Latinoamérica, uno de sus componentes es impulsar avances normativos que fortalezcan la Jurisdicción Especializada - de responsabilidad y de garantías- para las personas adolescentes en conflicto con la Ley penal (también incluye a jóvenes de más de 18 años de edad, con participación en hechos delictivos ocurridos durante su minoridad) tal como lo establece la Convención Sobre los Derechos del Niño en sus artículos 37 y 40.
En el marco del proyecto mencionado, hicimos seguimiento y acompañamiento al Proyecto de Ley en la Asamblea Legislativa (Hasta donde fue posible), presentamos propuestas sobre el articulado y cooperamos acercando opiniones de diversos sectores comprometidos con los derechos de la población penal juvenil. Es por esto que, contando ya con la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles, enfocamos nuestros esfuerzos en su difusión y conocimiento a través de una metodología que vincula lo normativo y sus contextos de aplicación.
II. Antecedentes Institucionales
1. Datos de la institución
1.1 Nombre de la institución: Defensa de Niñas y Niños- Internacional, Sección Costa Rica. DNI- Costa Rica
1.2 Tipo de institución: Social, sin fines de lucro
1.3 Cédula Jurídica: 3.002.252050
1.4 Dirección: De la antigua entrada del colegio Saint Clare, 50 m Oeste, 100 m Norte y 10 m Este. San Blas de Moravia.
Fax: 236 52 07
1.6 Teléfono: 236 91 34, 297 28 80 y 297 28 85
1.7 Dirección electrónica: defensa@dnicostarica.org, info@dnicostarica.org
1.8 Nombre de la representante legal: Virginia Murillo Herrera
1.9 Áreas de Trabajo: Trabajo Infantil y Adolescente, Maltrato y Violencia, Área de Maltrato y Violencia Sexual,  Área de Justicia y Violencia Juvenil, Área de Participación Ciudadana, Población Migrante, Educación.

2. Descripción de la organización:
Defensa de las Niñas y Niños Internacional es una organización social inscrita a nivel nacional como Asociación sin fines de lucro, reconocida de Bienestar Social e Interés Nacional, DNI es reconocida por el Movimiento Internacional de Defensa de los Niños y Niñas Internacional como sección nacional con programas locales, nacionales, regionales y de impacto internacional.
La visión de DNI es que los niños, niñas y adolescentes gocen y ejerciten sus derechos en una sociedad más justa y solidaria; tiene como misión la promoción y Defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes para lograr su reconocimiento como sujetos sociales de derecho, tendiendo como marco de trabajo la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y sus protocolos opcionales y los instrumentos de derechos humanos.
Además DNI tiene la coordinación subregional para Centroamérica, México y el Caribe de la Marcha Global contra la Explotación Laboral de niños, niñas y adolescentes, así como del punto focal de Explotación sexual Infantil y es miembro del equipo coordinador de la Federación de ONG’s de Defensa de Derechos COSECODENI,  parte integrante del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia.
En el marco de los diferentes proyectos que ejecuta esta organización en alianza con instituciones gubernamentales, ministerios, empresa privada, universidades y otras organizaciones, se desarrolla una acciones dirigidas a sensibilizar, informar, formar, preparar y concienciar a diferentes actores sobre temas de derechos humanos en general y de derechos humanos de la niñez en particular.
DNI asume como principio supremo el “Interés Superior del Niño”, reconoce que los derechos de los niños, niñas y adolescentes son derechos humanos, asume la doctrina de la Protección Integral como el marco político y conceptual para la realización de su trabajo a favor de la vigencia de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, asume la participación como uno de los principios básicos para propiciar el ejercicio progresivo de su ciudadanía, el enfoque y el principio de equidad, generacional, intercultural y  de género en todas sus acciones y capacitaciones.
Por último, es preciso indicar que DNI-Costa Rica es una organización social inscrita a nivel nacional como Asociación sin fines de lucro, reconocida de Bienestar Social e Interés Nacional. 

3. El proyecto de Justicia Penal Juvenil
Desde mayo del 2004 desarrolla un proyecto regional de Justicia Penal Juvenil (participan ocho países de América Latina). En Costa Rica este proyecto tiene como propósito contribuir en el fortalecimiento del sub-sistema Penal Juvenil costarricense, en concordancia con los artículos 37 y 40 de la Convención de los Derechos del Niño.
Para alcanzar este objetivo se trabaja en cuatro líneas de acción u objetivos específicos. Estos son:
•	Fortalecer los contenidos de la Ley de Justicia Penal Juvenil; con lo que el proyecto acompañó la discusión del entonces proyecto de Ley de Ejecución  de Sanciones Penales Juveniles, con nuestra participación y muchos otros actores el proyecto es ahora Ley de la República, para este año 2006 nuestros esfuerzos en este sentido están orientados a promocionar y dar a conocer esta nueva ley.
•	Capacitar a actores del sub-sistema penal Juvenil en materia de derechos de las personas adolescentes en conflicto con la ley penal. Para esto se trabaja en coordinación permanente con las autoridades del Poder Judicial, y buscamos integrar nuestras propuestas dentro de las programaciones oficiales de las distintas instancias: defensa pública, fiscalía… los contenidos que hemos desarrollado hasta ahora tienen como eje el concepto de vulnerabilidad sociopenal adolescente.
•	Avanzar en una propuesta que permita la participación de las ONG en la ejecución de las Sanciones Alternativas. Para lo que se tiene como meta en este primer semestre contar con una propuesta borrador que ponga en discusión el papel de las organizaciones de la saciedad civil en la ejecución de las sanciones penales juveniles. Esta propuesta se pondrá en discusión con actores y autoridades del subsistema penal juvenil.
•	Promover el reconocimiento de las personas menores de edad y jóvenes como actores sociales y sujetos de derechos. Para esta línea de trabajo se ha contado con un video-documental llamado “Los Centrados”, con este material se han desarrollado talleres con líderes de comunidades vulnerables y con diversos funcionarios de instituciones de política social. El espacio del taller sirve para poner en discusión las  diversas percepciones que tienen las personas sobre las y los jóvenes y la violencia que se asocia a estos.
Para avanzar en todo este trabajo damos seguimiento a noticias relacionadas; participamos de eventos sobre el tema; estudiamos y preparamos propuestas de trabajo como agendas para talleres y documentos de análisis.

4. Responsables para desarrollar esta propuesta
Darío Gómez, colombiano, abogado por la Universidad Latina. Trabaja desde hace tres años para DNI Costa Rica, ha estado al frente de proyectos de prevención de violencia asociada a jóvenes en comunidades vulnerables de San José y del proyecto de Justicia Penal Juvenil; coordinó el Diagnóstico Regional  sobre las Condiciones de Detención de las Personas Adolescentes en las Cárceles de Centroamérica.
Erick Chaves, costarricense, sociólogo por la Universidad Nacional. Trabaja desde hace dos años para DNI Costa Rica en proyectos de prevención de violencia asociada a jóvenes y en el proyecto de Justicia Penal Juvenil, coordinó el Taller Experiencias Centroamericanas para el Abordaje de la Violencia Juvenil.

III. Objetivos y Programa
Objetivos
•	Que los operadores de justicia del subsistema penal juvenil alcancen una comprensión general de la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles.
•	Aplicar los contenidos de la Ley de Ejecución de Sanciones a la práctica profesional a partir de las propias funciones.
Programa
1.	Recibimiento y bienvenida (5 min.)
2.	Dinámica de presentación: cada participante recibe el instrumento Reconociéndonos y lo completa. Sentados en círculo y una vez el grupo haya terminado de responder individualmente el instrumento, quien facilita pregunta a la persona que está a su derecha uno de los puntos del instrumento, a su vez, esta persona le pregunta a su colega de la derecha uno de los puntos del instrumento, la dinámica continua hasta que le toque responder al facilitador (15 min.)
3.	La Nueva Ley de Ejecución: exposición de la composición del articulado de la ley. Ver el primer anexo. (30 min.)
4.	Trabajo grupal: dependiendo de la composición grupal, se organizan grupos de acuerdo a las funciones que cada persona desempeña. Se entregan las siguientes preguntas y se pide que tomen unos minutos para contestar individualmente para luego conversar en el grupo de acuerdo a sus respuestas personales. (30 min.)
•	Identifique las principales implicaciones que tiene para su desempeño la ley de ejecución de sanciones penales juveniles.
•	Qué cambios debo abordar en mis procedimientos a partir de esta nueva ley?
5.	Plenaria y cierre: Cada grupo presenta el resultado de sus discusiones. Presentadas las conversaciones grupales el facilitador repasa los hallazgos de los grupos resaltando aquellos elementos que se consideran claves para el desarrollo de un sistema especializado de justicia penal juvenil (30 min.)
Para esto último deben considerarse claves las acciones que:
•	Se orientan por los principios de legalidad y debido proceso.
•	Favorecen el uso de sanciones alternativas al uso de la prisión; y siempre consideran el uso de la prisión como medida de último recurso y por el menor tiempo posible.
•	Permiten abordajes especializados.
•	No criminalizan y buscan la reintegración a la comunidad.
6.	Evaluación: se invita a cada persona a completar y entregar el instrumento de evaluación (10 min.)

IV. Anexos
(Anexo 1)
Análisis de la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles
Equipo Justicia Penal Juvenil
DNI-Costa Rica
I. Consideraciones Generales
La Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles o  Ley  #8460, aprobada por la Asamblea Legislativa el 21 de septiembre del 2005, sancionada por el ejecutivo el 10 de octubre del 2005 y publicada en el diario oficial La Gaceta #229 del 28 de noviembre del 2005, viene a integrar al cuerpo normativo del subsistema del Justicia Penal Juvenil (partes 1-2: sustantiva y procesal), el tercer componente fundamental, las regulación de la ejecución de las sanciones penales juveniles. 
Si bien es cierto en la Ley de Justicia Penal Juvenil (Capítulo III Art. 133 al 144), ya existían algunas normas de ejecución, resultaba de imperiosa necesidad contar con una ley que de manera amplia y detallada fijara las condiciones para la ejecución de toda las sanciones penales juveniles.
Como hemos señalado, este nuevo instrumento jurídico viene a hacer parte de la adecuación legislativa a la Convención sobre los Derechos del Niño y la denominada Doctrina de la Protección Integral, que desde 1996 se inició con la aprobación de la Ley de Justicia Penal Juvenil y se continuó en 1998 con el Código de la Niñez y la Adolescencia y otro conjunto de normas.
Pero, ¿Por qué es necesaria una Ley de ejecución de sanciones penales juveniles?
La parte normativa del Sistema Penal Moderno, se conforma con tres grupos de normas: el primer grupo integrado por las de carácter sustantivo, sustancial, material o de fondo; el segundo por las procesales o formales y el último por las de ejecución o cumplimiento.
Las normas sustantivas regulan lo de fondo; los delitos, las sanciones, los principios generales, los derechos y obligaciones, hacen parte de este primer grupo de normas. Las que regulan la actividad del juez y de las partes en procura de la sentencia, las que establecen el modo de llegar a la aplicación de las sanciones, son las normas procesales, también denominadas formales. Las que establecen cómo, dónde y bajo qué condiciones se debe cumplir la sentencia condenatoria, son las de ejecución.
La Ley de Justicia Penal Juvenil se considera de materia especialmente procesal, sin embargo contiene normas de carácter sustantivo  y unas pocas y  básicas normas en materia de ejecución.
En materia de ejecución existía un gran vacío (el cual se mantiene en el caso de las personas adultas, pues desde 1970 el Código Penal señala que se requiere una Ley de Ejecución Penal) la mayoría de las sanciones alternativas a la prisión, no contaban con suficiente desarrollo en cuanto a sus alcances y contenidos, así como de los recursos materiales y técnicos para su implementación, conduciendo a las y los Jueces Penales Juveniles a disponer de pocas opciones a la hora de decidir que tipo de sanción imponer. Ello significó que en estos diez primeros años de vigencia,  se hayan visto casi siempre obligados/as a elegir entre Libertad Asistida o Privación de Libertad en centro de internamiento. 
Ahora, sanciones como  prestación de servicios a la comunidad, cambiarse de residencia, matricularse en un centro educativo, reparación de daños a la víctima, prohibición de relaciones con determinadas personas, de visitar determinados lugares, de abstenerse del consumo de drogas, la obligación de obtener un trabajo y el internamiento para tratamiento de adicciones,  resultan opciones más viables para ser impuestas en la sentencia, ya que aparecen de manera más clara y detallada en la nueva normativa.
Se requería que una Ley de ejecución de sanciones penales juveniles,  viniera a facilitar la solución a los diversos conflictos que se generan en la fase de ejecución. Ello no solo en cuanto a la sanción de privación de libertad en centro de internamiento especializado, pues también se contemplan en la LJPJ las sanciones socio-educativas y las Ordenes de Orientación y Supervisión, además de las otras modalidades de privación de libertad, como lo son el internamiento domiciliario y durante el tiempo libre; sino que todas requerían de un cuerpo legal que desarrollara las formas de cumplimiento y el efectivo control de los fines educativos y  resocializadores señalados por la LJPJ.  
Todo lo anterior para dar cumplimiento al principio de la Doctrina de la Protección Integral que señala, que las sanciones alternativas al internamiento son las principales, y que el uso de la prisión se admite solo como último recurso y por el menor tiempo posible.
II. Avances y Limitaciones
Ahora que sigue su aplicación, nos parece necesario resaltar los avances que introduce en el subsistema y señalar las limitaciones que le imprimen a esta Ley las políticas neoliberales. Si bien es cierto la ley contempla aspectos normativos importantes, también falta más contundencia en cuanto a la forma como se daría la materialización real y efectiva de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la población adolescente y joven captada por el subsistema de Justicia Penal Juvenil.
Es decir, hay que plantearlo sin eufemismos, los parlamentos atrapados en las políticas  neoliberales, cuando legislan en lo social, lo hacen de manera  liviana y superficial (sin efectos profundos en la vida económica y social) y sin el soporte económico necesario para que las normas impacten profundadamente en las realidades estructurales.
Además se hicieron reformas a la Ley de Justicia Penal Juvenil, que en su aplicación resultan contrarias a los principios de intervención mínima y de subsidiaridad. 
La nueva Ley regula la ejecución y el cumplimiento de las sanciones previstas en la LJPJ, veamos.
1. Define como ámbito de aplicación de la Ley, el conformado por las personas menores de edad sancionadas y las personas jóvenes adultas sancionadas por delito cometido durante su minoridad, comprendiendo en este rango a quienes tienen más de 18 años y menos de 21 años de edad.(en esta Ley: la persona joven) Para este segmento además consagra el principio de interés superior de la persona joven, significando ello que cuando se vaya a imponer en la ejecución una medida o disposición administrativa, se optará por aquella que le perjudique menos y sea acorde con la falta.
Estas disposiciones resultan convenientes y adecuadas, al propiciar que los programas y procesos que se inician en el Centro de Formación Juvenil Zurquí, tengan la continuidad adecuada en el denominado Centro Adulto Joven, en donde son ubicados los varones después de cumplidos los 18 años de edad.
2. Señala como objetivos de la Ejecución: su desarrollo personal, el desarrollo de sus capacidades y sentido de responsabilidad, su reinserción en la familia y la sociedad, para ello se brindarán los instrumentos necesarios para la convivencia social.  Respecto a estos fines, lo que finalmente cuenta es hasta donde llegan los recursos concretos que se destinen para ello.
3. Para el cumplimiento de los objetivos de la ejecución de la sanción, se señala que cada Institución del Gobierno y las Organizaciones No Gubernamentales sin ánimo de lucro, deberán garantizar los programas, proyectos y servicios destinados a la población penal juvenil.
En lo anterior, sería más correcto hablar de las Instituciones del Estado como garantes y la participación directa a las ONG sin ánimo de lucro, para de tal manera logra la complementación necesaria, entre el Estado y  esta parte de la sociedad civil.
4. Se establecen como condiciones mínimas para el logro de los objetivos del cumplimiento de la sanción, satisfacer  las necesidades educativas, de salud y recreación, posibilitar su desarrollo personal, reforzar su sentimiento de dignidad y autoestima, participación activa en la elaboración del plan individual de cumplimiento, minimizar los efectos negativos que la sanción pueda tener en su vida futura, fomentar sus vínculos familiares y sociales positivos y promover contactos abiertos con la comunidad local.
Aunque garantizar estas condiciones mínimas resulta importante, hubiera sido más coherente con la Doctrina de la Protección Integral, mantener el conjunto de Derechos Humanos durante la ejecución, previstos en la redacción inicial del proyecto de Ley 13.001, los cuales se hacían extensivos a todo tipo de sanción.
5. Se coloca al lado de las entidades públicas a las ONG sin ánimo de lucro como autoridades de la ejecución si son autorizadas por el Juzgado de Ejecución  de las Sanciones Penales Juveniles. 
6. Se fortalece el principio de Jurisdicción Especializada, al señalar que el personal encargado de las diversas tareas que implica la ejecución de las sanciones, será especializado no solo en lo que atañe a su profesión, sino también en Justicia Penal Juvenil, Niñez, Adolescencia y Juventud. Se hace énfasis en la obligación de seleccionar y capacitar al personal de seguridad.
7. Le otorga atribuciones al Juez de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles, tales como atender con prontitud las solicitudes  y quejas de las personas jóvenes; visitar los lugares donde se cumplen las sanciones por lo menos una vez al mes, vigilar que los centros de internamiento se encuentren acordes con los objetivos que se propone la ejecución de la sanción, velar porque se respeten los derechos de las personas sancionadas. 
Estas facultades fortalecen claramente la función de la autoridad judicial en la fase de ejecución y significan un paso progresivo en el control judicial de la ejecución.
8. Se avanza en garantizar el debido proceso, al señalar al Tribunal Superior Penal Juvenil, como el órgano para resolver en segunda instancia los recursos ante las resoluciones que causen gravamen irreparable y dictadas por el Juez de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles.
9. Se le señala a la Dirección de Adaptación Social (dependencia del Ministerio de Justicia) la función de contar con un registro de las Instituciones públicas y ONG sin ánimo de lucro, que contribuyan, apoyen o ejecuten programas y/o proyectos para el cumplimiento de las sanciones penales juveniles. Esta misma Dirección autorizará y supervisará los programas antes mencionados.
10. Se avanza al otorgar al Juez de Ejecución de las Sanciones Penales juveniles, la facultad de controlar y revisar  toda medida disciplinaria o de otro tipo que se adopte durante la fase de cumplimiento o ejecución de la sanción penal juvenil.
11. Se regula de manera detallada la forma de cumplir cada sanción. Ello genera la posibilidad de que se superen los diversos conflictos que se daban por falta de claridad y precisión al respecto, por la carencia de una regulación suficiente.
12. Resulta importante lo previsto en el artículo 12  para hacer viables y reales  las condiciones y garantías necesarias para el cumplimiento de cada sanción, al facultar al Juez de Ejecución para que de ser necesario, ordene a los entes públicos, el cumplimiento de los programas fijados o establecidos en el plan individual de ejecución de cada sanción. Ello está íntimamente relacionado con las obligaciones que se le señalan al IMAS, PANI (Art.40), al MEP, al Fondo Nacional de Becas o cualquier institución de asistencia social (Art. 45); en el caso de tratamiento de las adicciones se señala a la Caja Costarricense del Seguro Social, al Ministerio de Salud, a IAFA y el Instituto Costarricense sobre Drogas (Art. 53). 
Además resulta fundamental esta facultad judicial, para garantizar que el Instituto Nacional de Aprendizaje INA, desarrolle y ejecute programas permanentes y concordantes con las necesidades y condiciones especiales de capacitación y formación técnica de la población penal juvenil.(Art. 77)
13. Se plantea la libertad religiosa al señalar, que la administración de los centros no podrá obligar a asistir a actos contrarios a su credo, ni prohibirle tener objetos de su culto; además la persona joven  tendrá el derecho a rehusarse libremente a la enseñanza y al asesoramiento religioso.  Se plantea el acceso a la salud preventiva y correctiva, a la atención odontológica, oftalmológica y a la salud mental. El derecho a recibir los productos farmacéuticos y las dietas especiales recetadas. 
14. Se establece que los Centros de Internamiento Penales Juveniles, contarán con:
•	La organización de programas preventivos sobre el uso de drogas.
•	Servicios de desintoxicación a cargo de personal calificado con apoyo de las instituciones especializadas.
•	Acceso inmediato a instalaciones y equipos médicos adecuados, con personal capacitado en prevención y atención de urgencias
•	Acceso a la educación formal primaria y secundaria o técnica. A la educación sexual acorde a su edad y necesidades.
•	Determinada  su capacidad o el máximo de plazas para albergar en condiciones adecuadas y sin hacinamiento, sin exceder la capacidad de atención individualizada.
•	El diseño de los centros responderá a las necesidades deportivas, de ejercicios físicos y de esparcimiento. Se establece que dispondrá diariamente de tiempo suficiente para practicar ejercicios físicos con la educación recreativa y física adecuada. Para lo anterior se contará con terrenos suficientes, instalaciones y equipo.  
15. Se señala claramente que estarán estrictamente prohibidas todas las medidas disciplinarias que constituyan un trato cruel, inhumano y degradante, incluso los castigos corporales y el aislamiento como castigo, así como cualquier sanción que pueda poner en peligro la salud física o mental de la persona sancionada.
16. Se establece un procedimiento para la imposición de cualquier sanción por la comisión de una falta dentro del internamiento, el cual incluye el derecho de defensa (abogado/a privado/a o defensor/a público/a).
17. Se establece la facultad de la Defensoría de los Habitantes, para ingresar en cualquier momento a todo centro penal juvenil, con el objeto de verificar cualquier hecho relacionado con posibles violaciones a los Derechos Humanos de las personas privadas de libertad. Lo puede hacer conformando una comisión en la que participen representantes de ONG. (Art. 114)
Se puede afirmar que toda esta regulación, es un avance significativo en la implementación de la Justicia Penal Juvenil, pero requiere de la voluntad política para hacerla efectiva en la práctica, presupuestando los recursos económicos necesarios. De lo contrario sería contar con más normas, pero sin que se registren cambios significativos en las prácticas de los programas y proyectos con que se trabaja con la población penal juvenil.

18. El artículo 125 de la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales juveniles, amplia la duración máxima de la sanción de Libertad Asistida de 2 a 5 años, y la de Internamiento en Tiempo Libre de 1 a 3 años. Este es un aspecto que hay que registrar como preocupante y negativo. Puede incluso a mediano plazo, tener un impacto fuerte en el Programa de Sanciones Alternativas, dado que se puede incrementar desproporcionadamente la población sancionada, en un programa que aún cuenta con recursos muy limitados.

III. Las Sanciones Alternativas en la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles
La Ley de Justicia Penal Juvenil en el capitulo II, define el concepto de cada sanción, mientras la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles contiene en el Título II la regulación de la ejecución de las Sanciones Socioeducativas y las Ordenes de Orientación y Supervisión.
Sanciones Socioeducativas:
1. Amonestación y advertencia:
Concepto LJPJ: Es la llamada de atención que el juez le dirige oralmente a la persona joven  exhortándole para que en el futuro cumpla con las normas de convivencia social.
Forma de Ejecución y cumplimiento LESPJ: Una vez firme la sentencia el juez penal juvenil que la dictó, citará a una audiencia y se dirigirá a la persona joven en forma clara y directa, le indicará el delito o la contravención que haya cometido y la prevendrá de que, en caso de continuar con su conducta, podrán aplicársele sanciones más severas. El Juez puede en la audiencia, recordar al padre y/o a la madre sus responsabilidades y deberes relativos a la formación y educación de la persona sancionada. El juez y la persona joven firmarán el acta de la audiencia.
2. Libertad Asistida.
Concepto LJPJ: Consiste en otorgar la libertad  a la persona, que queda obligada a cumplir con programas educativos y recibir orientación y seguimiento del juzgado con la asistencia de especialistas del programa de la Dirección General de Adaptación Social.
Forma de Ejecución y cumplimiento LESPJ: Una vez firme la sentencia, el juez penal juvenil remite la boleta de “Tener a la Orden” y el texto de la sentencia a la Dirección de Adaptación Social. Con lo anterior los/las funcionarios / as de dicha Dirección, elaboraran un plan  que contenga los posibles programas socioeducativos o formativos, la orientación requerida y el seguimiento de los fines buscados (Art. 32), el cual deberá ser discutido con la persona joven, dándole audiencia al defensor/a para que se pronuncie al respecto (Art. 10) Deberá llevarse expediente administrativo completo y fiable con boleta de “Tener a la Orden”, auto de liquidación de la sanción, ficha técnica de ingreso, diagnóstico médico completo, el plan individual de ejecución y sus modificaciones avaladas por el juez, informes trimestrales, procesos disciplinarios, otros hechos relevantes.
3. Prestación de servicios a la comunidad.
Concepto LJPJ: consiste en realizar tareas gratuitas, de interés general, en entidades de asistencia, públicas o privadas, como hospitales, escuelas, parques nacionales y otros establecimientos similares. Las tareas deben ser acordes con las aptitudes de la persona sancionada, con una intensidad máxima de 8 horas semanales, un máximo de 6 meses. sin perjudicar la asistencia al sistema educativo o la jornada normal de trabajo.
Forma de Ejecución y cumplimiento LESPJ: El plan individual de cumplimiento se elaborará conjuntamente entre la Dirección de Adaptación Social y la persona joven sancionada, el cual contendrá: lugar donde debe realizarse el servicio, tipo de servicio, persona encargada en dicho lugar, horario diario, forma como se evaluará el servicio y sus objetivos. El servicio debe fortalecer en la persona que lo presta, los principios de convivencia social.
Las entidades sin fines de lucro para participar en la ejecución deben probar la idoneidad del programa ofrecido ante la Dirección General de Adaptación Social responsable de autorizar y supervisar a dichas entidades.
4. Reparación de los daños a la víctima.
Concepto LJPJ: consiste en la prestación directa del trabajo, por la persona sancionada a favor de la víctima, con el fin de resarcir o restituir el daño causado por el delito. Para la reparación se requiere el consentimiento de la víctima, consentimiento de la persona infractora y de la aprobación del juez.
La sanción podrá sustituirse por una suma de dinero que fijará el juez y no excederá la cuantía de los daños y perjuicios ocasionados por el hecho.
Forma de Ejecución y cumplimiento LESPJ: La Dirección General de Adaptación Social, elabora un plan individual para el cumplimiento, cuando la restitución no es inmediata entonces se consignará: Forma de restitución, debe estar relacionada con el daño, lugar donde se debe cumplir, días y horario sin que perjudique su trabajo o estudio. 
Si se sustituye la reparación por una suma de dinero, se procurará que el dinero provenga del esfuerzo propio de la persona joven, si el monto no se fijo en sentencia, el juez de ejecución penal deberá valorar los daños causados a la víctima, fijar la suma a pagar, puede hacerlo por medio de documentos que lo demuestren o dictamen pericial o regulación prudencial. 
Ordenes de orientación y supervisión:
Consisten en mandamientos o prohibiciones impuestas por el Juez Penal Juvenil para regular  el modo de vida de la persona joven y asegurar y promover su formación. Su duración máxima es de dos años.
En su aplicación todas las sanciones previstas por la LJPJ, podrá ordenarse en forma provisional o definitiva, en forma simultánea, sucesiva o alternativa además podrán suspenderse, revocarse o sustituirse por otras (Art. 123).
En nuestra opinión la aplicación de sanciones en forma simultánea, sucesiva o alternativa, debe estar regida en todo momento por los principios de proporcionalidad y racionalidad y el Interés Superior del Niño.
1. Instalarse en un lugar de residencia determinado o cambiarse de él.
Concepto LESPJ: La limitación o Prohibición de residencia consiste en prohibirle a la persona joven, residir en un lugar determinado, cuando se compruebe que el ambiente en el cual se desenvuelve resulta perjudicial para su sano desarrollo.
Forma de control y cumplimiento LESPJ: El juez deberá determinar en la sentencia el lugar de residencia o donde se le prohíbe habitar. La Dirección General de Adaptación Social, informará al juez cada tres meses del cumplimiento y evaluación.
Cuando la sanción de prohibición de residencia no pueda cumplirse por imposibilidad económica, el Instituto Mixto de Ayuda Social IMAS, o el Patronato Nacional de la Infancia PANI, en caso de la persona menor de edad, deberán contribuir con los gastos de transporte y manutención. En los casos pertinentes al PANI, este deberá brindar alternativas de residencia o albergue.
2. Abandonar el trato con determinadas personas.
Concepto LESPJ: consiste en ordenarle a la persona joven, abstenerse de frecuentar a otras personas, mayores o menores de edad, que hayan contribuido negativamente en su entorno. Esto puede incluir  a la persona ofendida o a testigos.
Forma de control y cumplimiento LESPJ: El juez debe indicar en la sentencia en forma clara y precisa, a cuales personas no deberá frecuentar en su  trato  o convivencia mientras dure la sanción. 
Cuando esta prohibición recae sobre una persona del núcleo familiar o alguien que resida en la misma casa, esta sanción se combinará con la prohibición de residencia. Si es persona menor de edad tiene derecho a que el PANI le brinde protección y asistencia.
3. Eliminar la visita a bares y discotecas o centros de diversión determinados.
Concepto LESPJ: consiste en ordenarle a la persona joven, que no asista a un lugar determinado que resulta inconveniente para su sano desarrollo. Este lugar podría ser un bar, una discoteca, un centro de diversión o el que indique el Juez Penal Juvenil en sentencia.
Forma de control y cumplimiento LESPJ: El juez de ejecución deberá comunicarle la prohibición al propietario del lugar, administrador o responsable del local al que la persona joven tiene prohibido el ingreso. Los funcionarios / as de la Dirección General de Adaptación Social darán seguimiento al cumplimiento de la sanción y le informarán al juez de ejecución cuando sea necesario.
4. Matricularse en un centro de educación formal o en otro cuyo objetivo sea enseñarle alguna profesión u oficio.
Concepto LESPJ: Denomina esta sanción como Medidas de Enseñanza y Formación. Consiste en ordenarle a la persona joven, que ingrese y permanezca en algún centro de estudio, de educación formal, vocacional o técnica. Si no se puede cumplir por dificultades económicas, el Ministerio de Educación Pública (MEP), el IMAS y  el Fondo Nacional de Becas (FONABE) deberán colaborar para sufragar los gastos que demande para cumplir la sanción.
Formas de control y cumplimiento LESPJ: El juez en sentencia deberá indicar el centro educativo formal, vocacional o técnico al que la persona joven deberá ingresar o el programa educativo a seguir. Se dará preferencia a aquellos más cercanos al medio familiar y social de la persona joven. 
Para elegir el centro educativo se tendrán en cuenta las aptitudes y capacidades, así como los requisitos que son exigidos. El centro educativo seleccionado, queda obligado a aceptar el ingreso de la persona joven como estudiante, no divulgar las razones de su permanencia allí y por ningún motivo discriminarle respecto a las y los demás estudiantes del centro.
Los funcionarios (as) encargados del seguimiento, informarán cada tres meses sobre el rendimiento de la persona joven, servicios de apoyo recibidos y necesidades psicoeducativas o económicas.
5. Adquirir trabajo.
Concepto LESPJ: consiste en ordenarle, a la persona joven mayor de 15 años, que se ubique y se mantenga en un empleo acorde con el objetivo de que desarrolle actitudes positivas de convivencia social, aumento de su productividad y autoestima.
Formas de control y cumplimiento LESPJ: El juez en sentencia indicará el tipo de labor a desarrollar y donde deberá cumplirla; lo que se incluirá en el plan individual. Se dará preferencia a centros de trabajo cercanos a su medio familiar o social. La Dirección General de Adaptación Social con el apoyo del Ministerio de Trabajo, deberá contar con una lista de empresas públicas o privadas, interesadas en emplear a las personas jóvenes a las que  se les imponga esta sanción. La empresa no divulgará la condición de persona sancionada, ni discriminarla por razón alguna. No se permite el desempeño de trabajos peligrosos o insalubres.
6. Abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas, sustancias alucinógenas, enervantes, estupefacientes o tóxicos que produzcan adicción o hábito.
Concepto LESPJ: consiste en prohibirle a la persona joven consumir dichas substancias durante el tiempo de la sanción, en lugares públicos y privados, además consiste en enviar a la persona joven a seguir un tratamiento para subsanar la adicción al alcohol o las drogas.
Formas de control y cumplimiento LESPJ: en sentencia el Juez indicará el tipo de sustancia o droga que la persona joven deberá dejar de consumir, ordenará el internamiento o tratamiento en un centro que genere cambios cognitivos y  en la conducta de la persona joven.
La Dirección General de Adaptación Social, con el asesoramiento y apoyo del Ministerio de Salud, la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) y el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), elabora un plan  para ejecutar esta sanción, que promueva la eliminación del consumo y adicción. Con autorización del Juez de Ejecución, podrán realizarse exámenes clínicos para constatar la  eliminación del consumo 0 la adicción a este tipo de sustancias.
7. Ordenar el internamiento del menor de edad o el tratamiento ambulatorio en un centro de salud, público o privado, para desintoxicarlo o eliminar su adicción a las drogas antes mencionadas.
Concepto LESPJ: consiste en ordenarle a la persona joven participar en un programa, público o privado, que provoque cambios cognitivos conductuales respecto a las adicciones. Para ingresar a un centro de desintoxicación privado, se requerirá la aceptación de la persona joven quien cubrirá dichos costos.
En la sentencia el juez indicará el lugar de internamiento o el tipo de tratamiento. Los funcionarios y funcionarias de la Dirección General de Adaptación Social, deberán informar al juez de ejecución, sobre el cumplimiento y evolución del plan de ejecución.
Formas de control y cumplimiento LESPJ: en la sentencia el juez indicará el lugar de internamiento o el tipo de tratamiento. Los funcionarios y funcionarias de la Dirección General de Adaptación Social, deberán informar al juez de ejecución, sobre el cumplimiento y evolución del plan de ejecución.
En el plan individual para el cumplimiento de la sanción incluye: el diagnóstico clínico-medico, diagnóstico psicosocial para establecer tipo y grado de adicción, relación e impacto entre la adicción y la conducta delictiva, experiencias anteriores  de la persona joven en estos programas, conveniencia o no de mantener los vínculos familiares durante el cumplimiento de la sanción, condiciones económicas para asistir a un centro privado, implicaciones económicas del cumplimiento del plan individual y otros datos convenientes. En todo caso, si es posible y conveniente, se le consultará a la persona joven sobre la selección del tipo de tratamiento y el lugar en que se realizará.
Si se produce internamiento se respetaran todos los derechos propios del internamiento en centro especializado, siempre que no se afecten las reglas de convivencia del centro de salud y los fines de la sanción. Cuando el plazo de la sanción se haya cumplido, la persona joven puede continuar con el tratamiento de manera voluntaria, pero cesarán las restricciones a sus derechos.
(Anexo 2)
Evaluación del taller
1.	Señale los que considera fueron los aciertos del taller.
2.	¿Qué opinión le merece la propuesta metodológica y de contenidos desarrollada en el taller?
3.	¿Cómo valora el trabajo de las y los facilitadores?
4.	Si usted tuviera que reproducir este mismo taller ¿Qué cosas le cambiaría

¿Alguna otra observación o comentario?”
-0-
SE ACUERDA:  Aprobar  la propuesta de taller para capacitar  operadores judiciales  sobre la nueva Ley de Ejecución de Sanciones Penales Juveniles que ofrece la Defensa de Niñas y Niños Internacional.  Se comisiona a la Licda. Kattia Escalante Barboza, para que se reúna  con el señor Dario Gómez G., con el fin de que coordine lo que corresponda. ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO XVII

El señor Vicente Martínez Oporto, Administrador de la Escuela Judicial en oficio EJ-ADM-038-2006 de fecha 1 de marzo del año en curso dice:

“En atención a su solicitud verbal, adjunto me permito remitir informe sobre las líneas recortadas del Presupuesto 2006 de la Unidad de Adiestramiento así como las razones del mismo ( existencia en inventario del bien solicitado y trasladar recursos para el nuevo PAE y PAO 2006).

  Adjunto cuadro de la propuesta de traslado de fondos así como copia del documento de trabajo del presupuesto de la Unidad de Adiestramiento.”

Recorte presupuestario 2006 / Unidad de Adiestramiento

Línea	Monto	Razones del recorte presupuestario	
			
06 cloruro de etilo en spray	16.746	Trasladar recursos para transferencia 	
5000 fulminantes	67.800	Existencia de 260.000 fulminantes en inventario	
25 cajas de grapas tipo pistola JT-21. 8MM 	91.127	Existencia de 70 cajas para curso Básico	
06 candados grandes	47.185	Trasladar recursos para transferencia	
100 cajas de grapas modelo JT-21	242.143	Existencia de 25 cajas para curso Básico	
18 bases metálicas para silueta	158.200	Trasladar recursos para transferencia	
10 candados medianos	54.657	Trasladar recursos para transferencia	
100 metros de malla	303.913	Trasladar recursos para transferencia	
60 reglas de 1 ½ x 3x3 varas	90.484	Existencia de 69 reglas en inventario	
60 reglas de 1 ½ x 4x3 varas	120.588	Existencia de 69 reglas en inventario	
16 fibrolit lámina de 1.22 x 2.44	45.399	Trasladar recursos para transferencia	
01 desatornillador plano	714	Trasladar recursos para transferencia	
01 tijera para cortar metal, cizalla	4.302	Trasladar recursos para transferencia	
01 caja para transportar munición	136.083	Trasladar recursos para transferencia	
06 engrapadora tipo pistola 	135.600	Trasladar recursos para transferencia	
03 tablas con prensa para apuntes	9.434	Trasladar recursos para transferencia	
05 broca  para metal de 0.55 cm	12.178	Trasladar recursos para transferencia	
05 broca para madera de 0.63 cm	4.967	Trasladar recursos para transferencia	
05 broca para concreto de 0.47 cm	9.470	Trasladar recursos para transferencia	
01 alicate corriente crescent 	4.002	Trasladar recursos para transferencia	
250 cepillo de bronce limpieza de armas	371.657	Existencia de 80 cepillos de bronce	
01 recipiente plástico para almacenar	23.901	Trasladar recursos para transferencia	
06 porta speed loaders dobles	77.190	Trasladar recursos para transferencia	
04 flash para cámara	279.865	Trasladar recursos para transferencia	
01 repuestos tipo 10 	452.000	Trasladar recursos para transferencia	
06 Reparación de equipo de comunicación	339.000	Trasladar recursos para transferencia	
08 reparación de armas de fuego	361.600	Trasladar recursos para transferencia	
200 mascarillas desechables p/ escena del crimen	32.878	Existencia de 250 en inventario	
200 pares guantes de latex (124) T:7	302.471	Existencia de 400 pares en inventario	
1500 cartón porta silueta de tiro	235.859	Trasladar recursos para transferencia	
1000 siluetas de papel para tiro	157.239	Existencia de 900 en inventario	
250 cajas de cartón diferentes tamaños	497.553	Trasladar recursos para transferencia	
02 pares de botas tacticas	42.883	Trasladar recursos para transferencia	
14 camisetas tipo T-Shirt	35.021	Trasladar recursos para transferencia	
02 gorras	2.901	Trasladar recursos para transferencia	
02 pantalones tipo fatiga	51.102	Trasladar recursos para transferencia	
100 trajes completos desechables escena crimen	497.200	Existencia de 100 en inventario	
30 colchonetas practica defensa personal	300.184	Trasladar recursos para transferencia	
06 pantalonetas para atletismo	71.443	Trasladar recursos para transferencia	
04 Uniforme para Tae Kwon Do	43.741	Trasladar recursos para transferencia	
12 faja tipo militar	218.705	Trasladar recursos para transferencia	
02 fundas para pistola glock 19	43.741	Trasladar recursos para transferencia	
14 fundas de nylon para revolver	400.246	Trasladar recursos para transferencia	
02 cinturon nylon para funda de armas	38.881	Trasladar recursos para transferencia	
200 metros mecate monofilamento sintetica	24.860	Trasladar recursos para transferencia	
60 metros cuerda de poliéster de ½ especial	94.920	Trasladar recursos para transferencia	
01 manteado invernaflex	508.500	Trasladar recursos para transferencia	
06 cabestrillo para adulto	12.007	Trasladar recursos para transferencia	
06 funda para revolver en nylon	35.679	Trasladar recursos para transferencia	
60 metros de tela para limpieza de armas	98.992	Trasladar recursos para transferencia	
02 kilos de pólvora	142.470	Trasladar recursos para transferencia	
20 anteojos de seguridad para disparo	51.660	Trasladar recursos para transferencia	
04 casco para motociclista	114.213	Trasladar recursos para transferencia	
01 caja de simunition calibre 38 SPL	407.035	Existencia de 8.950 unidades	
20 cartucheras para revolver	214.417	Trasladar recursos para transferencia	
04 batón policial PR23 policarbonato	179.824	Trasladar recursos para transferencia	
22 orejeras	204.411	Trasladar recursos para transferencia	
50.000 puntas o balas de plomo cal. 38	1.130.000	Existencia de 77.250 unidades de munición comprada, más
Existencia de 71.000 unidades para recargar	
50.000 puntas o balas de plomo cal. 9mm	1.130.000	Existencia de 36.450 unidades de munición comprada, más
Existencia de 62.000 unidades para recargar	
06 mascara protectora Wilson p/ paint-ball	821.999	Trasladar recursos para transferencia	
20 protectores de pie	343.068	Trasladar recursos para transferencia	
02 ánfora y porta ánfora para agua	18.225	Trasladar recursos para transferencia	
04 batería para cámara fotográfica	46.171	Trasladar recursos para transferencia	
20 protectores de brazo	547.131	Trasladar recursos para transferencia	
22 maletines para cámara fotográfica	621.856	Trasladar recursos para transferencia	
05 pepper popper para tiro mediano	33.631	Existencia de 10 unidades	
10 pepper popper tipo platillo de 10 cms	113.000	Existencia de 23 unidades	
10 pepper popper tipo platillo de 20 cms	113.000	Existencia de 22 unidades	
50 rollos fotográficos 36 exp, ASA 100	142.945	Existencia de 102 unidades	
01 rodillera táctica de neopreno	24.300	Trasladar recursos para transferencia	
01 taladro pequeño	114.356	Trasladar recursos para transferencia	
10 radios portátiles	2.796.750	Dicha suma ya fue rebajada en la transferencia 01-06 para atender sumas pendientes del año 2005	
02 mesas de madera	372.900	Trasladar recursos para transferencia	
06 maniquí para reconstrucciones	2.478.666	Trasladar recursos para transferencia	
01 rota folio	47.886	Trasladar recursos para transferencia	
04 cámara fotográfica canon 35 mm	1.356.000	Trasladar recursos para transferencia	
TOTAL A REBAJAR                                            ¢ 20.743.125,00	

El Dr. Alfredo Chirino explica y aclara ampliamente al Lic. Francisco Segura Montero los recortes presupuestarios del 2006 que se hizo al presupuesto de la Unidad de Capacitación del O.I.J. 

El Lic. Segura manifiesta que lo que le interesa es mantener los recursos que tienen presupuestados, ya que este es escaso, y no quisiera que se cercene en lo que ya se tienen programado.  Sin embargo,  está de acuerdo que se recorte el presupuesto en los casos en que hay suficiente existencia o ya no sea necesaria. 

SE ACUERDA:  Tomar nota de las aclaraciones hechas por el Dr. Chirino al Lic Francisco Segura  Montero, Subdirector  del Organismo de Investigación Judicial sobre los recortes hechos al presupuesto de la Unidad de Capacitación del O.I.J.,  quien manifestó su conformidad en los términos dichos.

Se levanta la sesión a las once horas con quince minutos.

Mag. Ana Virginia Calzada Miranda                 Dr. Alfredo Chirino Sánchez
                  PRESIDENTA                              DIRECTOR ESCUELA JUDICIAL