ACTA N°6-2006

CONSEJO DIRECTIVO DE LA ESCUELA JUDICIAL, San José, a las nueve horas  del  veinticinco de abril del año dos mil seis. Se inicia la presente sesión ordinaria con la asistencia del Magistrado Oscar González Camacho, quien preside; Dr. Alfredo Chirino Sánchez, Director de la Escuela Judicial; Lic. Jorge Chavarría Guzmán en representación del Ministerio Público; Lic. Horacio González Quiroga, Juez Tribunal Superior Contencioso Administrativo;  Licda. Marta Iris Muñoz Cascante,   Jefa de la Defensa Pública;  Dr. Víctor Ardón Acosta, Juez Tribunal Superior de Trabajo, MBA. Mauricio Quirós en representación del Departamento de Personal y la Sra. Aida Cristina Sinclair Myers, Asistente Administraviva de la Escuela Judicial. El Lic. Francisco Segura Subdirector del Organismo de Investigación Judicial se excusó. 

Transcribe y redacta acta Licda. Odalia Campos Villalobos.

ESCUELA JUDICIAL

ARTÍCULO I

Se aprueba el  acta N°5-2006 del 6 de abril  de 2006, se abstiene  de votar por no estar presentes en la sesión el MBA. Mauricio Quirós.

ARTÍCULO II

El Dr. Alfredo Chirino Sánchez, Director de la Escuela Judicial, comunica que el  Lic. Jorge Chavarría Guzmán, Fiscal del Ministerio Público se acogerá a su jubilación a partir  de mayo del año en curso.

SE ACUERDA:  Agradecer al Lic. Jorge Chavarría Guzmán  su amistad,  apoyo y aporte de ideas que tanto enriquecieron la gestión de este Consejo  Directivo durante muchos años desde la Unidad de Capacitación y Supervisión del Ministerio Público y  le deseamos muchos éxitos en está nueva etapa  que iniciará en su vida.  ACUERDO FIRME.

ARTICULO III

El Consejo Directivo de la Escuela Judicial, en la sesión N°4 celebrada el 29 de marzo de 2006, artículo X, conoció el oficio N°025-OCN-2006 suscrito por el Mag. Luis Guillermo Rivas Loaiciga, Presidente y Licda. Ericka Alfaro Chinchilla,  integrante de la Comisión de Notificaciones mediante el cual solicitan  la aprobación  del “Taller de análisis y Fortalecimiento de la función de Notificar”, a realizar el 18 y 19 de mayo de 2006.  En dicha sesión se aprobó la actividad sujeta a que se presentara el diseño curricular.

El Lic. Otto González Vílchez, Abogado de la Escuela Judicial en oficio  EJ-UL-053-2006 de fecha 5 de abril de 2006 dice:

“De conformidad con lo solicitado a mi persona en la sesión N° 4 del 29 de marzo del presente año, artículo X, mediante el cual se me solicita gestionar el diseño curricular para el Taller de Análisis y Fortalecimiento de la Función de Notificar organizado por la Comisión de Notificaciones del Poder Judicial, a realizarse el 18 y 19 de mayo de 2006, debo manifestar lo siguiente:

1.	El día 5 de abril, procedí a reunirme con la Licda. Ericka Alfaro Chinchilla, dicha funcionaria me entregó documentación, que aporto a la presente, y procedió a explicarme que el taller que se pretende llevar a cabo tiene la finalidad de reunir a varios notificadores del país con el siguiente objetivo: “Analizar e identificar los problemas existentes, que dificultan la realización de la función de notificar, a partir de la discusión y análisis colectivo con los notificadores, con el fin de establecer procedimientos estándares en el acto de notificación, en apego estricto a la ley, que permitan apoyar al ámbito jurisdiccional en la disminución de la mora judicial”. 

2.	Asimismo, ese mismo día, consulté a la Dra. Ana Tristán Sánchez, una duda que me surgió respecto a si en este tipo de talleres, con lo objetivos indicados, se les podría o no considerar como actividades de capacitación propiamente dichas y por ende se les tendría que exigir obligatoriamente el requisito educativo del diseño curricular para ser aprobadas por el Consejo Directivo. 

3.	Respecto a la duda indicada, ambos llegamos a las siguientes conclusiones:

a.	Desde la perspectiva educativa: se ha dicho que los talleres, que tengan como finalidad la indicada para el que organiza la Comisión de Notificaciones, lo siguiente: En el taller, la característica esencial es que los participantes trabajan durante las sesiones elaborando propuestas concretas respecto de algún tema, generalmente de índole laboral o práctico. (...) Muchas veces sucede que en el taller el objetivo central no es el aprendizaje, sino obtener, del conocimiento y experiencia de los participantes, algún producto en particular, orientados por un facilitador o grupo de ellos. Por ejemplo, un taller que dé lineamientos a otros jueces sobre la aplicación de alguna ley en particular u otro que busque obtener directrices sobre cómo disminuir el tiempo en ciertos procesos judiciales (...) En consecuencia, este tipo de talleres no son actividades de capacitación al no tener como objetivo central el aprendizaje.

b.	Desde la perspectiva legal: se debe indicar que la Ley de Creación de la Escuela Judicial, le otorga competencia a este órgano para aprobar actividades de formación y capacitación dirigidas a los servidores judiciales (artículo 1). Por ende, si una actividad no se puede considerar de formación o capacitación, la Escuela Judicial no tiene la obligación ni la potestad de aprobar dicha actividad. En consecuencia, se considera que el taller de Análisis y Fortalecimiento de la Función de Notificar, por su finalidad, no es necesario la presentación de un diseño curricular y la aprobación del Consejo Directivo debe suscribirse a aspectos administrativos. 

4.	En virtud de lo anterior, en casos como el presente en que lo que realmente se viene solicitando es la asistencia administrativa, basta que los solicitantes del taller respectivo presenten una breve descripción de la actividad, como la que adjuntamos al presente oficio, y una lista detallada de los requerimientos administrativos para llevar a cabo el taller. La aprobación de los aspectos administrativos de actividades como la presente, puede hacerla el Consejo Directivo o la Dirección, en mi opinión es más recomendable éste último debido a las funciones ejecutivas que le confiere la Ley de Creación de la Escuela Judicial en su artículo 8.

En conclusión, es criterio del suscrito que el taller de Análisis y Fortalecimiento de la Función de Notificar, por su objetivo no relacionado directamente con el aprendizaje, no es una actividad de capacitación, propiamente dicha, por lo que lo recomendable es no exigirle el requisito de presentar el diseño curricular, presupuesto que es de plena aplicación en los casos de actividades de formación y capacitación que tienen como finalidad el trasmitir conocimientos a los participantes. 

Asimismo, en este tipo de talleres lo que se solicita de la Escuela Judicial son aspectos administrativos, que pueden ser aprobados discrecionalmente por el Consejo Directivo o el Director de la Escuela Judicial, tomando en cuenta que este último tiene facultades ejecutivas que lo tipifican como el sujeto idóneo para aprobar este tipo de solicitudes.

Para finalizar el presente documento, debo aclarar que lo recomendado en este informe, puede ser ampliado por un estudio más detallado de lo que debe considerarse como los requisitos formales y materiales necesarios para la aprobación de actividades de formación y capacitación de la Escuela Judicial, investigación que el suscrito puede realizar si el Consejo Directivo o la Dirección lo consideran necesario.
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SE ACUERDA: Aprobar el informe rendido por el Lic. Otto González Víchez y se acoge la recomendación de no exigirle el requisito de presentar el diseño curricular.  Comuníquese al señor Vicente Martínez Oporto, Administrador de la Escuela Judicial para que coordine lo que corresponda.  ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO IV

El Dr. Alfredo Chirino Sánchez, Director de la Escuela Judicial manifiesta que a solicitud de la Licda. Marta Iris Muñoz Cascante, Jefa de la Defensa Pública en la sesión N°4-2006 celebrada el 29 de marzo de 2006, artículo III se dispuso comunicar las disposiciones que este Consejo Directivo a tomado acerca de las políticas de certificación, los requisitos formales, trámites y características técnicas que deben contener las actividades de capacitación a efecto de ser avaladas por esta dependencia.  

Informa que no ha realizado dicha comunicación ya que considera que no es oportuno en este momento, debido a que está muy cerca de la solicitud  de la realización del taller de Notificaciones que fue la que originó la necesidad de realizar ese comunicado. Además porque han revisado las actas del Consejo Directivo de la Escuela Judicial y se encontraron que hay  varias decisiones sobre el tema de certificaciones y  no hay una política específica sobre cuáles son los requisitos formales que se piden para una actividad.  

Propone que se haga un proyecto de políticas y requisitos para aprobar actividades de formación judicial sacadas de todos los acuerdos que se han tomado.

El MBA. Mauricio Quirós, dice que la Escuela como órgano rector ha definido en términos de políticas, requisitos que deben ser presentados para el desarrollo de actividades de capacitación y manifiesta que el Departamento de Personal ha venido trabajando un poco el tema de los cursos virtuales, por lo que considera que es un tema que debe ser incorporado en ese marco integral que regulará  todas las actividades de capacitación.

El Mag,. González pregunta que para cuando podría estar listo ese informe.

El Dr. Chirino manifiesta que se presentará en la próxima sesión de este Consejo. 

SE ACUERDA:  Comisionar al Lic. Gustavo Céspedes Chinchilla, Abogado de la Escuela Judicial  para que rinda el informe solicitado.  ACUERDO FIRME.

ARTICULO V

El Lic. Lic. Edgar Alvarado Luna, secretario de la Asociación Costarricense de Profesionales en Derecho del Poder Judicial (ACOPRODEJU), en oficio del 19 de abril de 2006, dice:

En mi condición de Secretario de la Junta Directiva de la Asociación Costarricense de Profesionales en Derecho del Poder Judicial (ACOPRODEJU), me dirijo a su persona dada la inquietud y la queja de varios de nuestros asociados ante las medidas adoptadas por la institución en torno a la aparente obligatoriedad de asistir a cursos de la Escuela Judicial en horas fuera de oficina y en días sábados o feriados.

Ante esta situación, y en cumplimiento del acuerdo primero de la sesión de junta directiva del pasado 18 de abril de los corrientes, le solicitamos que, a través de su persona, la Escuela Judicial nos informe sobre dicha situación. Concretamente, si se ha dispuesto o no la asistencia a cursos de la Escuela Judicial en días y horas fuera de la jornada laboral, si dicha asistencia resulta o no obligatoria, y si se ha dispuesto la aplicación de alguna medida en caso de que una de las personas convocadas simplemente no asista al curso respectivo.

SE ACUERDA:  Reiterar que de conformidad con el Reglamento y Ley de la Escuela Judicial, es obligatoria la asistencia a las capacitaciones, sin la cual no se podrá certificar la participación.  De igual manera, se indica a la ACOPRODEJU que otras jurisdicciones ya han atendido este curso, obteniendo beneficios que redundan en una justicia penal más celere y humano.  Asimismo, este Consejo estima indispensable subrayar, una vez más, que la capacitación judicial es un proceso donde tanto el Poder Judicial como los funcionarios y servidores deben asumir compromisos y deberes de gran trascendencia para cumplir las altas funciones que nos han sido conferidas.  En virtud de ello, la participación en las actividades organizadas por la Escuela Judicial constituye una forma de fortalecer el papel de la judicatura en una coyuntura de cambios legislativos incesantes, que requerirán sin duda mayores esfuerzos institucionales y apoyo de los funcionarios para cumplir el principio constitucional de una justicia pronta y cumplida construida sobre una sólida base formativa de las personas que laboran en este Poder de la República.  ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO VI

La Licda. Ana Beatriz Méndez Alvarado, Secretaria Consejo de Administración II Circuito Judicial de San José, en oficio 055-CONADM-2006 de fecha 24 de abril de 2006 dice:

“Para su conocimiento y fines pertinentes, muy respetuosamente nos permitimos transcribir a usted, el acuerdo tomado por el Consejo de Administración de este Circuito Judicial en la sesión ordinaria N° 011-06 celebrada el 20 de abril del 2006, que textualmente dice:

"ARTÍCULO VI
	La Licda. Ana Beatriz Méndez informa que de conformidad con lo dispuesto en la sesión N°006-2006, celebrada el trece de marzo del 2006, artículo XII, en la cual se aprobó la realización de un curso de Control Interno con el apoyo del equipo de Control Interno en el Circuito los días 4, 11 19 y 25 de mayo próximo, el cual será impartido por el Equipo de Control Interno y en la cual la comisionaron para que prepara la lista de participantes para la próxima sesión, procede a presentar la lista informando que se logró que cada uno de los despachos designara al juez Coordinador o al Tramitador o al Asistente Judicial, informa además, que se incorporaron algunos administradores de despachos, el Encargado del Archivo del Circuito, así como el Encargado de la Oficina de Citaciones, Presentaciones y Localizaciones.
	Añade la Licda. Méndez Alvarado que cuando conversó con cada jefe de oficina le manifestó que la asistencia al curso era sin sustitución y que además no podían ausentarse ningún día al curso.	Agrega la Licda. Méndez Alvarado, que con el fin de valorar la posibilidad de que se certifique el curso por la Escuela Judicial, por correo electrónico le consultó a la Licda. Yadira Brizuela Guadamuz, quien le indicó que lo que se requiere es remitir una solicitud al Consejo Directivo de la Escuela Judicial así como la lista de los participantes. 
Se acuerda: Discutido el tema ampliamente se dispone: 1) Aprobar la  participación de los servidores judiciales que seguidamente se indicarán al Curso de Control Interno que se realizará en el Circuito los días 4, 11, 19 y 25 de mayo próximo y que será impartido por el Equipo de Control Interno.

Participantes Curso Control Interno

Nombre	Puesto	Despacho	
Victor Soto Córdoba	Juez Coordinador	Jzgdo Civil  Mayor Cuantía	
Guiselle Bolaños Mireira	Asistente Judicial	Tribunal Contencioso	
Guillermo Obando Araya	Profesional 1	Administración	
Ivannia López Guevarra	Profesional 1	Administración	
Steven Picado Gamboa	Jefe de Ofic. Citaciones	Unidad de Localizaciones	
Carlos Brenes Monge	Asistente Judicial	Tribunal Agrario	
Kattia Morales Navarro	Jefe de Informática 	Informática	
Cindy Ledezma Godinez	Asistente Judicial	Fiscalía Adjunta	
Juan Carlos Lean Vega	Profesional 1	Administración	
Carlos López Tosso 	Asistente Judicial 	Juzgado de Familia	
Franz Korte Nuñez 	Juez Coordinador	Juzgado de Tránsito	
Guiselle Bonilla Cordero	Asistente Judicial	Juzgado de Trabajo 	
Manuel Rodríguez Carrillo	Juez Tramitador	Juzgado de Trabajo	
Ana Isabel Orozco Alvarez	Médico de Empresa	Servicio Medico	
Juan Gutiérrez Villalobos	Asistente Judicial	Juzgado Contravencional	
Bernardo Goldsten Rosales	Asistente Judicial	Juzgado Agrario	
Hugo Porter Aguilar	Juez Coordinador	Juzgado Penal	
Ronaldo Hernández Hernández 	Juez Coordinador 	Juzgado Civ de Hacienda	
Kattia Walker Chacón	Asistente Judicial 	Juzgado Civ de Hacienda	
Francisco Gómez Ajoy	Jefe de Cárceles	Cárceles	
Rafael Alb. Cedeño Sandoval	Técnico Administrativo 1	Archivo	
Clelia Calvo Bermúdez 	Asistente Judicial	Tribunal de Trabajo	
David Acuña Marín	Asistente Judicial 	Tribunal de Trabajo	
Marco Cordero Coto	Juez Tramitador	Tribunal de Casación Penal	
Gilberth Gómez Reina 	Juez Coordinador 	Juzgado Pensiones 	
Grettel Azofefia Herrera	Defensa Pública	Defensa Pública	
Ramón Zamora Montes	Juez Coordinador	Jdo. Violencia Doméstica	
Ericka de los Angeles Cháves Rivera	Jueza Tramitadora	Tribunal Penal	

Nombre	Puesto	Despacho	
Ricardo Alvarez Torres	Juez Coordinador	Juzg. Civil Menor Cuantía	
Freddy Aikman Espinoza	Juez Coordinador	Trib. Trab. Menor Cuantía	

2) Hacer del conocimiento del Consejo Superior así como de cada Jefe de despacho este acuerdo con el fin de que concedan por su orden, a los jueces y al personal de apoyo permiso con goce de salario durante esos días para que asistan al curso.    3) Solicitar al Director Ejecutivo que interponga sus buenos oficios para que el Servicio Médico del Primer Circuito Judicial facilite un médico a este Circuito Judicial para que cubra el Servicio Médico de este Circuito Judicial durante los días en que se efectuará del curso de Control Interno. 4) Solicitar al Consejo Directivo de la Escuela Judicial que certifique la participación de los servidores a este curso, para lo cual se le remite la lista de participantes, con la solicitud de que se incorpore dentro del certificado al Consejo de Administración de este Circuito Judicial. -ACUERDO FIRME."

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SE ACUERDA: Aprobar el curso de Control Interno a realizar en el II Circuito Judicial los días 4-11-19 y 25 de mayo de 2006 y se autoriza la confección de certificados.  Se comisiona al señor Vicente Martínez Oporto, Administrador de la Escuela Judicial para que coordine lo que corresponda. Comuníquese al Consejo Superior para la autorización de permiso con goce de salario sin sustitución para los participantes.  ACUERDO FIRME.

ARTICULO VII

El Licdo. Ricardo Monge Bolaños, Secretario General Interino, en oficio N°2971-06 de fecha 7 de abril del 2006, transcribe acuerdo tomado por la Corte Plena en sesión N°06-06, celebrada el 20 de marzo del presente año que dice:

“ARTÍCULO II

ENTRAN LA MAGISTRADA VILLANUEVA Y EL MAGISTRADO GONZÁLEZ.

El doctor Alfredo Chirino Sánchez, Director de la Escuela Judicial, mediante oficio Nº 033-CD/EJ-06, del 2 de marzo en curso, transcribe el acuerdo tomado por el Consejo Directivo de esa Escuela, en sesión del 1° del mes en curso, artículo XI, que dice:

“La Mag. Ana Virginia Calzada Miranda, Presidenta del Consejo Directivo manifiesta que durante el mes de marzo estará trabajando con proyecto del “Plan Fiscal” y le preocupa que la Corte Plena no le haya nombrado suplente para que la asista en sus ausencias en las sesiones del Consejo Directivo de la Escuela Judicial, por lo que pide que se tome un acuerdo al respecto para que la Corte nombre el/la Suplente.
SE ACUERDA: Solicitar a la Corte Plena que procesada a realizar el nombramiento del Magistrado que asistirá a las sesiones como Presidente Suplente del Consejo Directivo de la Escuela en caso de ausencia de la actual Presidenta, Mag. Ana Virginia Calzada Miranda. ACUERDO FIRME.”

Indica la Magistrada León: “Por parte de la Sala Primera, propondríamos a don Oscar González.”
Por unanimidad, se acordó: Aprobar la propuesta de la Sala Primera, y por ende designar, por el resto del período legal, al Magistrado González como suplente del Consejo Directivo de la Escuela Judicial, para que reemplace en sus ausencias temporales a la Magistrada Calzada.”
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SE ACUERDA: Tomar nota.

ARTÍCULO VIII

El Lic. José Luis Calderón Flores, Director del Despacho del Presidente, remite en oficio DP-870-05 de fecha 6 de junio de 2005 consulta del  Lic. Ricardo Cerdas Monge, Juez Civil y de Trabajo de Mayor Cuantía de Pérez Zeledón, de fecha 29 de octubre de 2004 que dice:

“Estimados jerarca, con las facultades conferidas por el artículo 66, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el suscrito José Ricardo Cerdas Monge, Juez civil y de Trabajo de mayor Cuantía de Pérez Zeledón, planteo, ante su respetable Comisión de Asuntos Laborales, formal consulta sobre el tema que a continuación se detalla:  es bien sabido que el proceso por Infracción a las Leyes de Trabajo y de Seguridad Social, es impulsado por dos medios: la denuncia o bien la acusación, difiriendo ambas, básicamente en relación con los sujetos legitimados para poner en conocimiento de la autoridad judicial el hecho infractor.  En la denuncia, se encuentran legitimados para impulsar: a) Cualquier trabajador afectado, B) Las autoridades administrativas de trabajo sean los inspectores del Ministerio de Trabajo y de Seguridad social o las del I.N.S., c) El juez de Trabajo (Artículo 34, 317 a 331, 564, 565, y 569 del Código de trabajo) y finalmente d) Los particulares (Artículos 564 y 565 inciso b del Código de trabajo).  Ahora bien, la Acusación a diferencia de la denuncia, para la cual están legitimados varios sujetos, y puede presentarse apud acta, tiene que hacerla el ofendido o sea, el trabajador, personalmente o por medio de apoderado y presentarla por escrito.  Por lo que podemos decir que “la legitimación para acusar por infracción a las Leyes de Trabajo o de Previsión Social, la tiene sólo el trabajador perjudicado con ese hecho imputable al patrono” (Artículo 318 y7 568 del Código de Trabajo).  Finalmente y como motivo de la presente consulta, en relación con la apelación de la sentencia de primera instancia en este tipo de procesos, indican los artículo 324 y 574 del Código de Trabajo, que están facultados para hacerlo el acusado o el representante de la sociedad si es esta la acusada o el defensor nombrado en el proceso, el acusador o su apoderado, excluyendo de esta manera al Denunciante o el ofendido que no se hubiese constituido como para acusadora.  La duda surge, específicamente en relación con apelaciones que está realizando el Ministerio de Trabajo y de Seguridad social, como denunciante, lo cual, a nuestro criterio, es improcedente, al carecer de legitimación para interponer dicho recurso.  Adjunto, a la presente consulta, copia de la resolución de las siete horas con treinta minutos del once de agosto de año dos mil cuatro, en donde se plantea la situación anteriormente expuesta el Ministerio de Trabajo de Pérez  Zeledón y las demás involucradas.  Esperando, pronunciamiento, sobre el particular planteado y agradeciendo de antemano, la colaboración que se pueda brindar.  Para recibir comunicación de esta consulta señalo el fax 771-32-81.”
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El Lic. Román Bresciani Quirós, Abogado de la Escuela Judicial en oficio EJ-UJ-051-2006 de fecha 30 de marzo de 2006 dice:

“Mediante oficio de la Comisión de la Jurisdicción Laboral, N°DP-870-05 de 6 de junio de 2005, es remitida a la Escuela Judicial la consulta del Lic. José Ricardo Cerdas Monge, Juez Civil y de Trabajo de Pérez Zeledón.

Conforme lo anterior, se adjunta la resolución conforme la cual se brinda respuesta a la consulta formulada.”
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“CONSULTA REFERENTE A SÍ LAS APELACIONES QUE ESTÁ REALIZANDO EL MINISTERIO DE TRABAJO ANTE LOS TRIBUNALES COMO DENUNCIANTE, POSEE O NO-LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER DICHO RECURSO.

Antecedentes

I.	Mediante oficio de la Comisión de la Jurisdicción Laboral,  N°DP-870-05 de 6 de junio de 2005, es remitida a la Escuela Judicial la consulta del Lic. José Ricardo Cerdas Monge, Juez  Civil y de Trabajo de Pérez Zeledón, por medio de nota presentada al suscrito el pasado 30 de agosto de 2005.

II.	El distinguido Juez Cerdas Monge, consulta con respecto a sí las apelaciones que está realizando el Ministerio de Trabajo ante los Tribunales como denunciante, posee o no-legitimación para interponer dicho recurso.

III.	La presente consulta cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos por el Consejo Directivo de la Escuela Judicial, en su Sesión Nº15-01 de 23 de agosto de 2001, artículo V. Por lo anterior, se procede a resolverla de conformidad con el artículo 6, inciso b) de la Ley N°6593, Ley de Creación de la Escuela Judicial. Se advierte al consultante que el presente análisis no tiene carácter vinculante.

Resolución de la consulta

El Lic. José Ricardo Cerdas Monge, refiere en su consulta lo siguiente:

¿Las apelaciones que está realizando el Ministerio de Trabajo ante los Tribunales como denunciante, posee o no-legitimación para interponer dicho recurso?

Conforme dicha interrogante, el presente análisis se circunscribirá a exponer, entre otros aspectos, las tesis de la fijación restrictiva y de la fijación abierta, con el propósito de disponer de los elementos necesarios para dilucidar si la Dirección General de Inspección del Ministerio de Trabajo,  tiene o no-legitimación para interponer apelaciones ante los Tribunales de Justicia.   

I.- LOS PRINCIPIOS DE DEBIDO PROCESO Y DE INOCENCIA RESULTAN DE APLICACIÓN A LOS PROCESOS POR INFRACCION A  LAS LEYES DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL
 
El proceso para el  trámite de las infracciones a la Ley de Trabajo y Seguridad Social, está regulado en los artículos 564 y siguientes del capítulo VI,  Título VII del Código de Trabajo. 

Además, debido al carácter sancionatorio de esas infracciones y faltas, deben de aplicarse, a su vez, las garantías fundamentales establecidas en los instrumentos internacionales y en la Constitución Política. Dentro de estas garantías fundamentales, cabe destacarse los Principios del Debido Proceso y de Inocencia. (Sentencia N°7006-94, de las 9:24  horas  de 2 de diciembre de 1994, Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia)

En cuanto al Principio del Debido Proceso, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en diversos pronunciamientos, ha  mantenido el criterio de que constituye un derecho que se encuentra integrado por todos los derechos fundamentales de carácter procesal e instrumental que, a su vez, se extraen de otras normas de rango constitucional, tales como los principios de defensa y de legalidad que se encuentran comprendidos en el numeral 39 de la Carta Magna,  (Voto 1739-92 de las 11:45 horas del 1° de julio de 1992,  Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia). 

Para los efectos de la presente consulta que se efectúa, es de importancia citar cuáles son las características con las que se manifiesta el Principio del Debido Proceso en la administración de justicia, con la finalidad de que su aplicación efectiva se realice en los procesos por infracción a las leyes de trabajo y de seguridad social. 

	Es importante destacar que el debido proceso envuelve comprensivamente el desarrollo progresivo de prácticamente todos los derechos fundamentales de carácter instrumental o procesal, como conjuntos de garantías de los derechos de goce –cuyo disfrute satisface inmediatamente los intereses o necesidades del ser humano, es decir, de los medios tendientes a asegurar su vigencia y eficacia. A criterio de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia,  los principales aspectos en los que se manifiesta el debido proceso en material penal, son los siguientes: 
a)	El derecho general a la justicia;
b)	El derecho general a la legalidad;
c)	El derecho a juez regular;
d)	Los derechos de audiencia y defensa (Principios de intimación e imputación);
e)	El Principio de Inocencia;
f)	El Principio de “in dubio pro reo”
g)	Los derechos al procedimiento (Principio de amplitud de la prueba, Principio de legitimidad de la prueba, Principio de inmediación de la prueba, Principio de la identidad física del juzgador, La publicidad del proceso, La impulsión procesal de oficio, La comunidad de la prueba, Principio de valoración razonable de la prueba)
h)	El derecho a una sentencia justa;
i)	El Principio de la doble instancia;
j)	La eficacia formal de la sentencia (cosa juzgada);
k)	El derecho a la eficacia material de la sentencia.
l)	 obligación de notificar al interesado de la existencia de un proceso en su contra, así como la de informar la naturaleza del mismo y el procedimiento que se va a aplicar en su tramitación; 
m)	El derecho a ser oído, lo cual incluye la oportunidad para formular los alegatos para desvirtuar los de la contraria y de producir las pruebas que estime convenientes en defensa de sus derechos; 
n)	La posibilidad del interesado de preparar sus alegatos, para lo cual debe poder tener el derecho de acceso a todas las pruebas que consten en el proceso; 
o)	El derecho de ser representado y asesorado por abogados, técnicos o cualquier persona calificada; 
p)	La notificación adecuada de la decisión dictada por el órgano jurisdiccional en el que se indican los fundamentos en que ella se basa, y,
q)	El derecho de recurrir la resolución dictada. 

Por otro lado, en cuanto al Principio de Inocencia, éste es de aplicación a los procesos que nos ocupan, puesto que el artículo 580 del Código de Trabajo establece que la fuente supletoria de este procedimiento por faltas e infracciones es el Código Procesal Penal. Ello implica que  la  presunción de inocencia que rige la materia penal se debe aplicar al empleador, por lo que él no está obligado a declarar ni a aportar prueba para acreditar ese estado (artículos 9 del Código Procesal Penal, 39 de la Constitución Política, 8.1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, 11 inciso 1° de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). Lo anteriormente expuesto, tiene su fundamento en el artículo 572 del Código de Trabajo, que otorga la posibilidad al imputado de ofrecer o no prueba de descargo.

El jurista Javier Llobet Rodríguez señala, que la presunción de inocencia fue incorporada en la declaración francesa de los derechos del hombre y del ciudadano (1789), como una consecuencia del desarrollo de la doctrina de la ilustración. Posteriormente, fue admitida como un derecho fundamental por parte de la Comunidad Internacional en el numeral 11, inciso 1°, de la citada Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual indica: “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se prueba su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa”.

La promulgación de esa norma conlleva el efecto conforme el cual  la presunción de inocencia deba ser reconocida como un derecho humano en el ámbito internacional. 

A su vez, ese reconocimiento internacional, generó su incorporación en las diversas Constituciones Políticas. En el caso de nuestro País, a pesar de que no es reconocida en la Constitución –en forma expresa-, ha sido acogida en forma implícita por la jurisprudencia constitucional, con base en el artículo 39 que exige demostrar la culpabilidad para que la  persona  pueda ser condenada.  

De la aplicación del Principio de Inocencia, se extrae que la carga de la prueba de los hechos que integran la acusación o la denuncia, corresponde a la Parte que inicia el proceso, ya sea el trabajador perjudicado, el Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social, el Instituto Nacional de Seguros o cualquier particular. Es decir,  que el empleador imputado no tiene la obligación procesal de ofrecer probanzas para acreditar su inocencia, pues de hecho esa inocencia debe ser presumida por el juzgador.

II.- LA IMPOSICIÓN DE MULTAS EN MATERIA DE INFRACCIONES A LAS LEYES DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL CONFORME EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD

Habiendo determinado que los Principios del Debido Proceso y de Inocencia son de aplicación a las faltas e infracciones citadas, corresponde  analizar de donde proviene la facultad del juzgador de trabajo para imponer sanciones.

Asimismo, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia mediante Sentencia N°5760-97, ha establecido que el Código de Trabajo contiene al menos cuatro normas que establecen dos parámetros que permiten la imposición de sanciones contra faltas o infracciones laborales.  Estas normas las componen los numerales que van del 614 al 617 del citado cuerpo de leyes, las cuales disponen un régimen sancionatorio especial específicamente para  los infractores de las normas creadas para  garantizar la aplicación de las leyes de trabajo y de seguridad social a favor de los trabajadores. 

Así las cosas, las normas supracitadas establecen los parámetros a seguir para imponer las penas –de acuerdo a la gravedad de la conducta, el número de infracciones cometidas y la cantidad de trabajadores afectados- (artículo 615 del Código de Trabajo).

Por otra parte, el  artículo 616 refiere a las infracciones a las normas prohibitivas del Código, o leyes de trabajo y seguridad social, sancionadas de conformidad con el numeral 3 de la tabla de sanciones del artículo 614 del Código de Trabajo. 

En tanto que el artículo 617 sanciona  la negativa del empleador de otorgar informes, avisos solicitudes, permisos, comprobaciones o documentos requeridos según el Código Trabajo, y las leyes de trabajo y seguridad social, para que las autoridades de trabajo puedan ejercer el control que les encargan tales disposiciones, sancionadas de conformidad con el numeral 1 de la tabla de sanciones del artículo 614, bajo prevención con un plazo de treinta días. 

El problema de esta normativa radica en que su aplicación no puede realizarse en forma  individual, sino que para su correcta interpretación requiere de una aplicación integral. Esto para algunos constituye una técnica legislativa confusa puesto que, a pesar de tratarse de derecho sancionatorio, se hace necesario recurrir a distintas normas para ubicar los elementos que configuran el tipo y la sanción correspondiente. A pesar de lo anterior, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ya ha establecido que estas técnicas legislativas inadecuadas  no infringen el numeral 39 de la Carta Magna.  

Por ende, no  existe contradicción entre el artículo 39 de la Constitución Política y los artículos 310, 608, 614, 615, 616 y 617 del Código de Trabajo, no siendo inconstitucional la remisión que se hace a las disposiciones del propio Código de Trabajo, leyes de seguridad social y convenios adoptados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificados por la Asamblea Legislativa.

III.- ¿EXISTE INFRACCION AL DEBIDO PROCESO AL LIMITAR LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA SENTENCIA DICTADA EN LOS PROCEDIMIENTOS POR INFRACCIONES A LAS LEYES DE TRABJO Y SEGURIDAD SOCIAL?

	Una vez que hemos analizado que los Principios del Debido Proceso y de Inocencia son aplicables a los procedimientos por infracciones a  las leyes de trabajo y de seguridad social y, que las sanciones establecidas por el Código de Trabajo no infringen el Principio de Legalidad, resulta procedente ahora determinar el punto esencial de la consulta que nos ocupa, la cual gira en torno a  lo establecido por los numerales 324 y 574 del Código de Trabajo.

El artículo 324 establece que la sentencia será  notificada a las partes, siendo el imputado o su defensor y el acusador o su apoderado los únicos que podrán apelar, en el acto de notificárseles, saber el fallo o dentro de las veinticuatro horas siguientes.

Asimismo, el numeral 574  indica que: “...la sentencia de primera instancia será notificada a las partes. Únicamente el reo o su defensor, y el acusador o su apoderado, podrán apelar en el acto de hacérseles saber el fallo o dentro de las veinticuatro horas siguientes. Para este efecto, el Notificador cumplirá lo dispuesto por el inciso b) del artículo 501”.      

La Corte Plena en el artículo XIII del Acta N°32-98 de Sesión Ordinaria de las 13:30 horas del 7 de diciembre de 1998, efectúo un pronunciamiento en relación con  las normas en cuestión. En esa oportunidad, se mantuvo una tesis que denominaremos: Tesis Restrictiva, según la cual la sentencia sólo puede ser apelada por el denunciante constituido como parte acusadora. 
	
	A pesar del anterior criterio, existen algunos despachos de la jurisdicción laboral que han mantenido una segunda tesis contraria. Bajo esta segunda tesis que denominaremos: Tesis Abierta, muchos juzgadores consideran que resulta admisible la apelación formulada por la Dirección Nacional de Inspección General de Trabajo, cuando ésta se encarga de la presentación en estrados judiciales de las denuncias por infracción a las leyes de trabajo y de seguridad social, pues su legitimación como Parte en las denuncias por infracciones a las leyes laborales, está conforme lo establecido en su Manual de Procedimientos y su Reglamento de Organización y  Servicio. 

Es decir, que las atribuciones, funciones y competencias de la Dirección Nacional de Trabajo, comprenden la posibilidad de que ésta entable las acciones judiciales respectivas, para lo cual puede constituirse en parte en los procesos de juzgamiento de faltas cometidas contra las leyes de trabajo y seguridad social, según lo  establecido en el Capítulo VII,  incisos a) y b) del artículo 17 del Manual de Procedimientos de la Dirección Nacional de Inspección:
“a) Recibir, tramitar y resolver con carácter final todas las solicitudes que se le presenten, en relación con los diversos asuntos de su competencia, en la jurisdicción territorial a su cargo. Salvo en los casos que la ley establezca recursos ulteriores.
b) Entablar las acciones judiciales correspondientes, constituyéndose en parte en los procesos de juzgamiento de faltas cometidas contra las leyes de trabajo y seguridad social, cuando sea constante la infracción de la normativa bajo su fiscalización, después de seguir los procedimientos legales aplicables según el asunto de que se trate y darles seguimiento inclusive en la etapa de ejecución de sentencia. Esta función y la señalada en el aparte siguiente estarán a cargo del funcionario designado por la Asesoría Legal, a requerimiento del Jefe Regional.”

Asimismo, en el Reglamento de Organización y Servicios de la Dirección Nacional de Inspección, en incisos a y  b) de su artículo 17 se establecen disposiciones en los mismos términos a los establecidos en el Manual de Procedimientos de la Dirección Nacional de Inspección.

Además conforme la referida Tesis Abierta, se considera que la Dirección Nacional de Inspección del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, también está legitimada como Parte en las denuncias por infracciones a las leyes laborales,  según  lo establecido no solamente en el  Manual de Procedimientos y el Reglamento de Organización y  Servicio de ésta Dirección, sino también  conforme lo regulado en el “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, aprobado mediante  Resolución 2200 A (XXI) de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 16 de diciembre de 1966, vigente el 23 de marzo de 1976, y ratificado por la Asamblea Legislativa de Costa Rica, el cual  en sus artículos 2 y 3 estipulan  lo siguiente:
“Artículo 2. Observación general sobre su aplicación.
1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
2. Cada Estado Parte se compromete a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones del presente Pacto, las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el presente Pacto y que no estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter.
3. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a garantizar que: a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales; b) La autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o cualquiera otra autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado/ decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso, y desarrollará las posibilidades de recurso judicial; c) Las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.
Artículo 3. Observación general sobre su aplicación
Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el presente Pacto. “Observación general sobre su aplicación”. (lo señalado en negrita no es del original)

IV.- APLICACIÓN SUPLETORIA DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL EN MATERIA LABORAL Y LA PROTECCIÓN DE LOS  DERECHOS FUNDAMENTALES.

Junto con lo señalado anteriormente, también es importante resaltar lo que indicamos líneas atrás con respecto a lo establecido  en el artículo 580 del Código de Trabajo, en cuanto a  la aplicación supletoria del Código Procesal Penal, cuando no exista incompatibilidad con el texto y los principios procesales de la materia laboral.

De ahí que sea  importante destacar la importancia  la aplicación  del actual Código Procesal Penal, el cual  representa un instrumento de cambio en la concepción del sistema procesal penal que, inspirado en el principio democrático de separación de poderes, entrega la investigación penal preparatoria al ente acusador y rescata en el juez el rol de garante de los derechos fundamentales de las partes. 

Además, el nuevo sistema contenido en el Código Procesal Penal “...tiene como uno de sus principales objetivos, el rescate de la víctima, totalmente marginada del proceso penal. No sólo las modernas corrientes criminológicas, sino además las procesalistas abogan por un equilibrio de las fuerzas convergentes en el proceso, para devolver parte del protagonismo a quien es verdaderamente el afectado por el conflicto: la víctima del hecho delictivo. El modelo procesal no sólo rescata la participación de la víctima, sino que define un conjunto de derechos -como los numerales 70 y 71- que perfilan su papel y que significan que es parte importante del actuar procesal, sobre todo si el proceso tiene como fin primordial la solución del conflicto “en procura de contribuir a restaurar la armonía social entre sus protagonistas”. En ese sentido  la jurisprudencia constitucional lo reconoce  al señalar: “(…) En cuanto a los derechos de la víctima, no debe olvidarse que ellos constituyeron uno de los nortes de la reforma del proceso penal, que desembocó en el Código de mil novecientos noventa y seis. A través de normas como la 7, 16, 70 y 71 se palpa con claridad la tendencia del resurgimiento de la víctima, estrechamente vinculado con una concepción del proceso penal como instrumento para resolver conflictos sociales en los cuales ella es, precisamente, uno de los protagonistas.” 

La  participación procesal amplia de la víctima encuentra base en la Constitución Política y tiene carácter de verdadero derecho fundamental, pese a que tenía como marco de referencia el Código de 1973, de corte inquisitorio y, por ende, muchísimo más restrictivo para la víctima en esta materia.

También, debe considerarse que las nuevas tendencias mundiales en materia penal, buscan rescatar el papel de la víctima y el damnificado por medio de mecanismos que les permitan defender sus intereses en forma óptima, dentro y fuera del proceso penal, aún sustituyendo al Ministerio Público en los casos en que este -por razones de oportunidad o legalidad- estime que no debe continuarse con la investigación de la acción atribuida.   

Si la función primordial de la justicia constitucional es la de buscar la solución más justa interpretando y aplicando las normas dentro del contexto de un sistema democrático de derecho, inspirado en el respeto a la dignidad de la persona e igualdad de trato y oportunidad, no puede más que fallarse a favor de los intereses de la víctima u ofendido, para concederle la oportunidad de ejercer, en un plano de igualdad, los recursos tendentes a lograr la defensa de sus intereses. 

Además el artículo 41 de nuestra Constitución, según lo ha expuesto la jurisprudencia constitucional, establece un conjunto de principios básicos a los cuales los individuos y el Estado deben ajustar su actuación en el ámbito de la justicia y como señala que las personas han de encontrar reparación para las injurias o daños, claramente se está disponiendo que las leyes deben orientar la tutela de los derechos quebrantados mediante normas que, por una parte regulen o amparen el derecho de cada uno, y por otra, establezcan los instrumentos procesales adecuados para que las personas tengan acceso a la justicia y la obtengan de comprobarse el agravio. (Resolución N°5751-93 de las 14:30 minutos del 9 de noviembre de 1993, Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia). 
De ahí, en consonancia con la Tesis Abierta,  que se observe como se efectúa un  rescate de la víctima según lo establece el Código Procesal Penal y de aplicación supletoria en materia laboral, siendo la Dirección Nacional de Inspección del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la llamada a desempeñar  un papel esencial, pues su legitimación como Parte en las denuncias por infracciones a las leyes labores, tiene como propósito la defensa de los derechos o intereses de víctimas que posean participación en las denuncias por infracciones a las leyes laborales.

Conclusiones:

Del análisis realizado, en conformidad con la consulta formulada por el licenciado José Ricardo Cerdas Monge, Juez  Civil y de Trabajo de Pérez Zeledón, se concluye:

•	El derecho a  recurrir las resoluciones  en materia de infracciones a las leyes laborales,  se basa en el  Principio del Debido Proceso, el cual se  encuentra integrado por todos los derechos fundamentales de carácter procesal e instrumental, posibilitando.

•	De la aplicación del Principio de Inocencia, se extrae que la carga de la prueba de los hechos que integran la acusación o la denuncia, corresponde a la Parte que inicia el proceso, ya sea el trabajador perjudicado, el Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social, el Instituto Nacional de Seguros o cualquier particular. Es decir,  que el empleador imputado no tiene la obligación procesal de ofrecer probanzas para acreditar su inocencia, pues de hecho esa inocencia debe ser presumida por el juzgador.

•	La interpretación del  articulado del Código de Trabajo,  no debe realizarse en forma individual, sino de manera integral, lo cual  no resulta inconstitucional, ni tampoco violenta el principio de legalidad del artículo 39 de la Constitución Política, al no existir contradicción con las disposiciones de ese Código de Trabajo, las leyes de seguridad social y el “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, aprobado mediante  Resolución 2200 A (XXI) de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 16 de diciembre de 1966, vigente el 23 de marzo de 1976, y ratificado por la Asamblea Legislativa de Costa Rica.

•	El artículo 580 del Código de Trabajo, establece que ante el silencio de las reglas del  Capítulo Tercero de ese cuerpo normativo, se  faculte la aplicación supletoria del Código de Procedimientos Penales, actual Código Procesal Penal; en cuanto no hubiere incompatibilidad con el texto y los principios procesales que contiene este Título.  
•	Las disposiciones del Código Procesal Penal son supletorias en materia de faltas a las leyes de trabajo, en el tanto se interprete que  las disposiciones de fondo y procesales del Código de Trabajo (artículos 309, 310, 324, 329, 564, 565, 573, 574, 580, 608, 614, 616,  y otros), son aplicables cuando sean compatibles con ese cuerpo normativo en materia de faltas y contravenciones.

•	El artículo 574 del Código de Trabajo, establece una Tesis Restrictiva con base en aquella interpretación que define que la sentencia sólo puede ser apelada por el denunciante u ofendido como parte acusadora, criterio sostenido según artículo XIII del Acta N°32-98 de la  Sesión Ordinaria de Corte Plena celebrada a las 13:30 horas del siete de diciembre de 1998.

•	Según la Tesis Abierta, contrapuesta a la Tesis Restrictiva, se considera que la Dirección Nacional de Inspección del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, sí está legitimada como Parte en las denuncias por infracciones a las leyes laborales,  según  lo establecido en su Manual de Procedimientos y su Reglamento de Organización y  Servicio, las cuales, a su vez, son  conformes a lo regulado en el “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, aprobado mediante  Resolución 2200 A (XXI) de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 16 de diciembre de 1966, vigente el 23 de marzo de 1976, y ratificado por la Asamblea Legislativa de Costa Rica.

•	Es en consonancia con la Tesis Abierta y en aplicación del Principio del Debido Proceso, que se considera que el rescate de la víctima es un derecho fundamental, en el que la aplicación supletoria del Código Procesal Penal es compatible en materia laboral, según lo establecido en el artículo 580 del Código de Trabajo. Por ende, es la Dirección Nacional de Inspección del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la llamada a desempeñar  un papel esencial, pues su legitimación como Parte en las denuncias por infracciones a las leyes labores, tiene como propósito la defensa de los derechos o intereses de víctimas que posean participación en las denuncias por infracciones a las leyes laborales.

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(Código Procesal Penal Anotado con Jurisprudencia) Tomos I y II”,
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CÓDIGO PENAL: Ley de Justicia Penal Juvenil., 
Editorial Porvenir, San José, Costa Rica, 13° edición, 1999.

CÓDIGO PROCESAL PENAL: Concordado y Anotado por ZÚÑIGA MORALES, Ulises,
Editorial Investigaciones Jurídicas S.A., San José, Costa Rica,  3° edición, 1999.

CÓDIGO DE TRABAJO: Concordado por VARGAS CAVARÍA, Eugenio, Editorial Investigaciones Jurídicas, San José, Costa Rica, 21° edición, junio 2005.

ACTA N°32-98 DE LA  SESIÓN ORDINARIA DE CORTE PLENA celebrada a las trece horas treinta minutos del siete de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, Artículo XIII.

DECRETO N°28578-MTSS, “REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO”, de 3 de febrero de 2000, publicado en el Alcance N°76 a La Gaceta N°28 de 18 de abril de 2000.

DIRECTRIZ de reforma total a la Directriz 1677 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, “MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DELA INSPECCIÓN DE TRABAJO”, publicada en La Gaceta N°8 de 13 de enero de 2004.

Resolución N°1876-90, de las 16:00 horas del 19 de diciembre de 1990, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.

Resolución 1739-92 de las 11:45 horas del 1° de julio de 1992,  Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

Resolución N°5751-93 de las 14:30 minutos del 9 de noviembre de 1993, Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia

Sentencia N°5752-93 de las 14:42 horas del 9 de noviembre de 1993 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

Sentencia N°7006-94, de las 9:24  horas  de 2 de diciembre de 1994,  Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

Sentencia N°1193-95 de las 9:18 horas 3 de marzo de 1995, de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 

Sentencia N°5760-97, de las 10:50 horas del 19 de setiembre de 1997, Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

Entrevistas:
Licenciada Ana Luisa Meseguer Monge., Jueza del Tribunal de Trabajo, II° Circuito Judicial, Goicoechea, Noviembre, 2005.

Licenciado Jorge Olaso Álvarez, Juez 4, Tribunales de Alajuela, funcionario de la Escuela Judicial, San José, Marzo, 2006. 
Licenciado Rodrigo Acuña Montero, Director Nacional de Inspección, Inspector General, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Marzo 2006.

ANEXO 1
En lo que interesa es importante resaltar del artículo XIII del                                                        Acta N°32-98 de Sesión Ordinaria de Corte Plena de las 13:30 horas del 7 de diciembre de 1998, lo siguiente:
“Hizo el legislador una distinción entre las figuras de la “denuncia” y la “acusación”, a la que no puede  dejársele de prestar atención en orden  a los distintos efectos procesales  que se derivan de la puesta en práctica de cada una de ellas. Del estudio de los arts. 565, 567 y 568 CT, no existe duda alguna de que los titulares del derecho de denunciar o acusar, son diferentes y las  opciones excluyentes.  De este modo, la denuncia sólo puede ser  interpuesta por dos grupos de personas:  a)  “las autoridades administrativas de trabajo”, o b) “los particulares” (terceros o ajenos a la  relación de trabajo específica).  Por su parte, la acusación es exclusiva del “trabajador” perjudicado con la infracción. Por consiguiente, tratándose de la Inspección de Trabajo, como “autoridad administrativa de trabajo” que es, y que precisamente es en el ejercicio de sus funciones que tiene conocimiento de alguna infracción a  las leyes de trabajo y de previsión social, su labor debe limitarse una vez  comprobada la infracción, a interponer ante la Autoridad Judicial, la  respectiva “denuncia”, pero no la acusación. (…)III LA INTERVENCIÓN DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAJO. Una vez que se ha definido que la Inspección General de Trabajo a  través de su Inspector General o de alguno de sus Inspectores, por orden de aquel, han interpuesto la denuncia, resta por examinar cual es  la intervención que la ley le concede a este órgano especializado en el  transcurso del proceso. Para comenzar, no puede desconocerse que la práctica de algunos Despachos Judiciales, ha permitido hasta la fecha que la Inspección General de Trabajo sea considerada como parte en el proceso, notificándosele la totalidad de las resoluciones interlocutorias, la  sentencia de primera y segunda instancia, e incluso en algunas ocasiones, permitiéndole impugnar la primera de ellas. No obstante, del examen de los arts. 564 y sigs. C.T. se desprende una  primera conclusión.  El legislador quiso asimilar el procedimiento de juzgamiento de faltas a un proceso penal, en el que una vez conocido por  el Tribunal la denuncia o la acusación, la actuación de este debe ser oficiosa, a la vez que limita el concepto de “parte” (art. 574 C.T.) al  “acusador” – normalmente el trabajador – y al “reo” – normalmente el  empleador – Fuera de ellos, no se admite la intervención de nadie más.    Incluso, luego el mismo legislador advierte que dictada la sentencia de  primera instancia, “en ningún caso podrán apelar de la sentencia el denunciante…”La opción legislativa, aunque clara, no deja de plantear algunas dudas importantes y quizás entre todas ellas deba resaltarse las razones por las cuales se excluye de toda participación a la Inspección de Trabajo, quien a lo largo de los años ha demostrado ser el principal promotor de este  procedimiento.	Los motivos de la disconformidad de la Inspección de Trabajo son conocidos – véase el apartado que sirve como presentación a este informe – y al respecto deben realizarse diversas apreciaciones.   En primer lugar, el legislador apostó por un procedimiento en el que no  hacía falta la intervención de la Inspección del Trabajo, más que para  interponer la denuncia, ya que los hechos – “no así en cuanto a  apreciaciones jurídicas” – que se describen en las actas que la  acompañan gozan de presunción de certeza tendrán el valor de prueba calificada” (art. 94 LOMT), “de la que solo podría prescindirse si hubiera otras que de modo evidente revelaren inexactitud, falsedad o parcialidad”.  De modo que el objetivo principal del proceso consiste en  darle la oportunidad de defensa al denunciado, que carga  sobre si la  carga o el deber procesal de probar que son falsos cada una de las  infracciones que se le atribuyen.  En segundo lugar, el legislador tampoco consideró oportuno que el denunciante pudiese apelar de la  sentencia de primera instancia, ya que estableció la consulta obligatoria, de modo tal que el Ad quem bien podía corregir los defectos formales y de fondo de la sentencia  de primera instancia.  En tercer lugar,  precisamente porque la intervención de la Inspección del Trabajo es la  de enviarle copia de la sentencia firme (art. 581 CT), para los fines correspondientes – conocer el destino final de la denuncia.  Por último y  como respuesta a la eventual ineficacia del sistema, así como para  cumplir con el principio de contradicción, dio la opción al ofendido o  perjudicado con la infracción, máximo interesado en la imposición de la  sanción – más aun que la misma inspección de Trabajo -, que se  constituya “en parte acusadora” (art. 574.3 C.T.).Evidentemente, si el sistema o procedimiento diseñado por el legislador funcionara adecuadamente, no debería existir motivo alguno de disconformidad por parte de la Inspección General del Trabajo; pero como no es esta su opinión, la única prevista por el legislador es aquella que consiste en la participación activa del trabajador como acusador.  Sin embargo, y a diferencia de la exigencia legal de que durante la investigación administrativa se  oculte la identidad del trabajador, cuando es por su intervención que la inspección General de Trabajo conoce de la posible existencia de una infracción (arts. 15.b Convenio N°81, 20.b Convenio N°129, 54. Y 42.2 RIT); ahora, en presencia del proceso judicial, el legislador, la única opción de control que ofrece al trabajador es que se haga pública su identidad, sin que el  ordenamiento le garantice protección alguna.  Terrible contradicción, sobre todo en un sistema que tiene como regla general el libre despido.  Precisamente por ello, si bien la mayoría de las visitas que realiza el  Inspector de Trabajo tienen por origen la queja del trabajador,  difícilmente este, como ofendido, asume luego en el transcurso del  proceso el rol de acusador. Ahora que, aunque podría pensarse que el procedimiento de juzgamiento de infracciones en ese sentido es deficiente y que en su lugar se debería  haber permitido que tanto la Inspección de Trabajo, como los órganos de  representación de intereses de los trabajadores –incluido claro está el Sindicato-, actuarán como acusadores en sentido estricto o en todo caso, como denunciantes con facultades de acusadores, no está tan claro que la crítica de los órganos internacionales especializados llegue a  ser tan contundente. En efecto, pareciera que las normas Internacionales originadas en el seno de la O.I.T., poco dadas a opinar sobre normas adjetivas del  derecho laboral de cada uno de sus países miembros, se conforma con algo similar a lo previsto por nuestro ordenamiento.  Y es que si bien la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de aquel Organismo Internacional, llegó a estimar que “es tema particularmente oportuno que los inspectores sean tenidos regularmente oportuno que los inspectores sean tenidos regularmente al corriente del curso que los tribunales den a las actas de infracción”, luego se conforma para el caso concreto de Suiza, que se garantice efectivamente a la Inspección de Trabajo, la entrega de una copia de los  fallos firmes. Por todo lo expuesto reitero que carece de todo fundamento el recurso de revisión, consideración y concomitante nulidad planteado por el señor Edwin Fernando Castillo Pereira, Inspector de Trabajo. Sin perjuicio de lo expuesto, si se llegara a considerar oportuno reconocer a la Inspección de Trabajo la atribución que aquí reclama el recurrente, necesariamente habría que proceder a introducir en nuestro ordenamiento la reforma del caso de tal forma que una materia de esta importancia quede, de forma clara y sin duda bien, establecida en la ley”.
-0-
SE ACUERDA: Aprobar el informe rendido por el Lic. Bresciani.  Comunicarlo al Lic. José Ricardo Cerdas Monge, Juez Civil y de Trabajo de Pérez Zeledón y comisionar a la  MBA. Magdalena Alvarez, Profesional en Informática de la Escuela Judicial, para que  publique la consulta en la página web de la Escuela Judicial.	

ARTÍCULO IX
		 		
El Lic. Martín Matamoros Mora, Jefe de la Unidad de Capacitación del O.I.J., en oficio  EJ-CAP-070-2006 de fecha 18 de abril de 2006 dice:

“Ese honorable Consejo, en la sesión N°5–2006, del 6 de abril del año en curso, artículo VIII, acordó trasladar al suscrito la nota del Lic. Mario Díaz Carmona, Jefe del Departamento de Vigilancia de la Refinadora Costarricense de Petróleo RECOPE, para que emita criterio.

     Al respecto, luego de conversar con el Lic. Mario Díaz Carmona el día de hoy, llegamos a la conclusión de que por la naturaleza de las funciones de seguridad que el Departamento de Vigilancia de RECOPE ejecuta, el tema de “Técnicas de Investigación” no es el más apropiado para ofrecerles capacitación, toda vez que la labor de investigación en el caso de la comisión de algún delito en esa institución, corresponde al Organismo de Investigación Judicial y no a los oficiales de seguridad de RECOPE.

     Sin embargo, si podría ser atinente ofrecerles charlas sobre dos temas centrales, La protección del sitio del suceso y Actualización sobre facultades y limitaciones para la revisión de bolsos o vehículos en los puestos de control.

      De autorizarlo el Consejo Directivo, las charlas se ofrecerán en las instalaciones de RECOPE en San José, para una población de 20 a 25 oficiales de seguridad de  RECOPE, en una fecha a convenir y en cuyo caso RECOPE suministrará  los equipos audiovisuales, aula de clase y cualquier material que se requiera reproducir para los participantes.
 
     La Unidad de Capacitación coordinará con el Lic. Mario Díaz Carmona lo que corresponda e informará a ese Consejo sobre las actividades que se realizarán y las respectivas fechas de ejecución.

     Por tratarse de exposiciones tipo Charla, salvo mejor criterio, no será necesario emitir certificados de participación.

      No omito señalar que, aunque este tipo de actividades no fue contemplado en el Plan de Trabajo de nuestra Unidad, nos permite proyectarnos hacia otras instituciones, dando a conocer en otros sectores el trabajo que realiza la Escuela Judicial a través de la Unidad de Capacitación del OIJ.”
-0-
SE ACUERDA: Aprobar en los términos dichos, las charlas sobre “La protección del sitio del suceso y Actualización sobre facultades y limitaciones para la revisión de bolsos o vehículos en los puestos de control”  que se impartirán al personal del Departamento de Vigilancia de RECOPE.  Se comisiona al Lic. Martín Matamoros Mora, Jefe de la Unidad de Capacitación del O.I.J. para que coordine lo que corresponda.
	 
ARTICULO X

El Master Rafael Ramírez López, Jefe del Departamento de Tecnología de Información, en oficio N°218-DTI-2006 de fecha 5 de abril de 2006 dice:

“Con la finalidad de que se lleve a conocimiento de los señores integrantes del Consejo Directivo de la Escuela Judicial y a petición del señor Director Ejecutivo, Lic. Alfredo Jones León, se solicita colaboración para que se imparta capacitación dirigida a abogados del área administrativa en los siguientes cursos: outlook y el sistema SCIJ, que se encuentran dentro del programa de informática.

Se coordinará fechas y número de participantes en los próximos días, con la licenciada Indira Alfaro Castillo.”
-0-

La Licda. Indira Alfaro Castilloen oficio EJ.INF-028-2006 de fecha 7 de abril de 2006 dice:

“Respecto al oficio 218-DTI-2006, de fecha 5 de abril del año en curso, le comunico que no hay ningún inconvenietne para impartir dicha capacitación, que consiste en un curso de outlook y otro del SCIJ.”
-0-
SE ACUERDA:  Autorizar a la Licda. Indira Alfaro Castillo de la Unidad de Informática de la Escuela Judicial para que imparta los cursos de outlook y SCIJ solicitados.  ACUERDO FIRME.

ARTICULO XI

El Lic. Martín Matamoros Mora, Jefe de la Unidad de Capacitación del O.I.J., en oficio  EJ-CAP-075-2006 de fecha 24 de abril de 2006 dice:

“Ese honorable Consejo, en la sesión N°4 –2006, del 29 de marzo del año en curso, trasladó a esta Unidad la solicitud de funcionarios del Museo Nacional para que se les brinde capacitación y ordenó la realización de una evaluación preliminar de la situación de seguridad en el Museo y de las necesidades de capacitación en esa materia.

     Tratándose de materia de seguridad privada, se encomendó la tarea al Instructor Edgar Cruz Oviedo, quien rindió el informe mediante oficio EJ-CAP-074-06 con fecha del día de hoy, el cual traslado a ese Consejo para lo que tenga a bien resolver.”
-0-
Informe sobre diagnóstico de seguridad realizado en el Museo Nacional, Ministerio de Cultura Juventud y Deportes. Propuesta de capacitación.

Atendiendo a lo acordado por el Consejo Directivo de la Escuela Judicial, en la sesión No. 4, celebrada el 29 de marzo de 2006, en su artículo XI, relativo a la realización de un diagnóstico preliminar sobre capacitación para funcionarios del Museo Nacional me permito rendir el siguiente informe:

Con fecha 19 de abril de 2006, me reuní con la funcionaria Xinia Arroyo Campos, encargada de Capacitación del Museo Nacional, con el propósito de analizar la gestión realizada por su representada ante la Escuela Judicial, en dicha reunión le expliqué que primeramente debía realizar un diagnóstico estructural del edificio, luego una serie de entrevistas con los servidores encargados de la seguridad, para culminar con una propuesta de capacitación para dichos servidores.

EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD DEL MUSEO NACIONAL

Aspectos estructurales.
Respecto del diagnóstico estructural de las edificaciones observé algunos puntos débiles, los cuales representan facilidad para la intrusión de personas ajenas al edificio, también de riesgos de siniestros con la consiguiente eventual amenaza para las edificaciones y personal que labora en las diferentes oficinas.
En la parte exterior noté algunas barreras en verja que ornamentalmente riman con la edificación no así con la seguridad de éste, pues figuran como facilitadores o “escaleras” para el acceso hacia el interior del edificio en sus cuatro costados. Específicamente en el costado oeste, donde se ubica el parqueo, a ambos lados del parqueo por el norte y el sur presenta un enrejado que facilita el ingreso, lugar donde generalmente por las noches pernoctan indigentes e indocumentados y precisamente por este sector se dio una intrusión de un indocumentado con fines de realizar necesidades fisiológicas sin llegar a causar ningún otro daño.
Refieren los entrevistados que también por el costado este, cerca de la entrada principal para servidores y visitantes, donde el muro es de poca altitud, también se introdujeron en una ocasión y sustrajeron objetos comunes y de poco valor (percolador, tazas, y artículos de limpieza). En las dos situaciones mencionadas se detectó la intrusión y los oficiales actuaron de acuerdo con las normas de seguridad correspondientes.
En otra oportunidad sustrajeron de dos oficinas equipo valioso (cámaras y equipo de producción audiovisual) así como algunos cuadros y pinturas de mucho valor histórico, sin llegar a determinarse responsabilidad hacia ninguna persona; según me dijeron únicamente se llegó al supuesto, sin confirmar, de que el responsable podría haber trabajado en el Museo o que algún servidor pudo facilitar el ingreso, pues no se observó fuerza sobre las cosas o las personas para dicha sustracción.
En la entrada principal se observa un primer portón que utiliza un candado común, el que es muy fácil fracturarlo para ingresar al segundo portón que también posee otro candado de igual naturaleza. Si alguien fracturara este primer dispositivo ya estaría dentro de las instalaciones y sería sumamente fácil introducirse a las oficinas dispuestas hacia el lado derecho de la entrada principal, donde se almacenan objetos de mucho valor histórico, pero de poco valor monetario para la delincuencia común, quienes buscan hacerse lo más pronto posible de dinero contante y sonante para sus propósitos delictivos, en su mayoría de drogadicción.
En el sector oeste, donde ubica el parqueo se presenta situación similar respecto de los candados comunes con que están resguardados los portones de acceso.
Preocupa sobre manera la edificación en los sectores norte y este, construida casi en su totalidad en madera, donde también almacenan en cajas de cartón muchos artículos que alta flamabilidad. El ingreso y egreso de las oficinas ubicadas en estos sectores figuran a manera de laberintos y de difícil acceso para propios y extraños. En este sector se encuentra la “Torre de Oro”, donde permanecen los objetos de oro y cuenta únicamente como prevención algunos sensores de humo.
En otras oficinas también figuran algunos sensores de humo, especialmente en donde se mantienen algunos fósiles y artículos que requieren aire acondicionado para su mantenimiento y prevención de deterioro.

Recomendaciones en el aspecto estructural.
Deberían reforzarse los sectores externos mencionados con dispositivos sonoros y lumínicos que permitan la inmediata detección y visibilidad eficaz por parte de los oficiales de seguridad acerca de eventuales intrusos, idóneamente con cámaras de vídeo controladas desde algún centro de control, y mejor aún reforzar los portones estructuralmente para evitar la facilidad de escalamiento por dichos sectores.
Los sectores internos norte y este deberían remodelarse eliminando los laberintos y reacondicionarlos estructuralmente con materiales no flamables.

Aspectos humanos.
En este aspecto observamos que se mantiene un oficial armado con pistola, marca Rugger, 9 mm, con un cargador de 12 municiones; con un par de esposas, una radio portatil (Walkie Talkie: WT) y un juego de llaves para los candados y de algunas oficinas. Me comentó el oficial entrevistado Víctor González, quien a la postre me acompañó en los recorridos o rondas que ellos realizan, especialmente por las noches, que cuentan con un lugar donde se almacena otra pistola igual a la que él portaba, para casos especiales en que las edificaciones son custodiadas por dos oficiales; lugar este donde se mantienen otros 4 cargadores de igual capacidad y una caja extra de munición, así como linternas y cinturones para portación de equipo. En esta oficina se realiza la entrega y recibo del arma al siguiente oficial de turno, donde no se dispone de un cajón de arena para prevenir accidentes en la maniobra de entrega del arma de fuego.
Por lo menos durante los días 19 y 20 de abril de 2006, que realicé visitas y recorrido dentro y fuera del Museo, permanecía durante las horas de atención al público: un oficial armado en la entrada principal y dos oficiales de sala, sin ningún tipo de equipo, excepto un radio de comunicación para atender cuatro salas de exhibición turística.
Por otra parte, detecté carencia de protocolos específicos para actuar en caso de crisis o situaciones problemáticas, como agresión a funcionarios, siniestros, sismos, uso de extintores o evacuaciones masivas.
Refieren los entrevistados que no han recibido capacitación ni los oficiales de seguridad, ni las brigadas de seguridad en este aspecto y tampoco respecto de uso de extintores, ni manejo de crisis. No se realizan simulacros con todo el personal para estas situaciones.
Los oficiales disponibles son insuficientes para atender realmente la seguridad de las instalaciones, bienes y protección de las personas que laboran en las edificaciones o de los visitantes del Museo.
Como deficiencia noté que no se realizan revisiones visuales a las personas, por ejemplo, debajo de un abrigo o saco, para detectar eventuales portaciones de objetos contundentes, punzocortantes o armas de fuego. Solamente se revisa superficialmente los bolsos o maletines.
No cuentan con marcos detectores de metales o dispositivos manuales para detección.
Existe exceso de confianza por parte de quienes resguardan los bienes, bajo la premisa de que “aquí nunca pasa nada, ni nadie quiere robarse nada”.
En los recesos del oficial de guardia armado, por descansos para alimentación, es sustituido por misceláneos de limpieza, sin preparación ni equipo para protección de ningún tipo.
Respecto de los sensores de humo nadie sabe como detenerlos. “Se apagan solos cuando se acaba el humo”, refirieron algunos de los entrevistados. “Sólo dos veces se han activado por fallas del aparato”, refirió otro de los entrevistados.

Recomendaciones en el aspecto humano.
Capacitar al personal específicamente a quienes tengan por labor permanente u ocasional brindar seguridad en aspectos como manejo de crisis, evacuaciones, uso de extintores, seguridad de instalaciones y manejo de armas de fuego. Como no cuentan con dispositivos o utensilios para defensa como varas policiales o gases repelentes, capacitar en defensa personal (inmovilizaciones corporales).
Se sugieren prácticas periódicas sobre evacuaciones o simulacros de crisis: como incendios o sismos.
En caso de que adquirieran equipos para protección capacitar en estos al personal correspondiente.
Que los personeros del Museo comisionen y deleguen a algunos de sus servidores la confección de un protocolo formal para oficiales de seguridad respecto de la atención de crisis y aspectos de seguridad.
Que se busque un convenio con entidades de Seguridad Pública para recibir respuesta inmediata como colaboración en casos de emergencia y crisis.

Propuesta de capacitación al personal de seguridad.
Dado que en la actualidad no cuentan con dispositivos para la seguridad, por lo menos se les debe ofrecer capacitación respecto de manejo de crisis y defensa personal, mediante un curso que abarque lo siguiente:

Propósito general: capacitar al personal para que valore y actúe en consecuencia sobre los peligros eventuales en los que se pueden ver envueltos tanto los oficiales de seguridad, colaboradores, personal y visitantes del Museo, ofreciendo charlas inductivas sobre los aspectos mencionados o bien actualizar al personal de vigilancia y brigada de seguridad, con el fin de prepararlos para enfrentar crisis y situaciones de emergencia.

Objetivos: facilitar la eficiencia y eficacia de respuesta a las necesidades de seguridad del Museo. Lograr que el personal de seguridad sea capaz de reaccionar eficientemente ante eventuales crisis o agresiones hacia el personal o visitantes dentro del Museo.

Contenidos: a) Seguridad en general. b) Seguridad de instalaciones. c) Manejo  de  crisis  por  siniestros,  sismos  o  asaltos  dentro  del  Museo. d) Discriminación  y  evaluación  de  actitudes  sospechosas  de  visitantes. e) Defensa personal (inmovilizaciones corporales, uso de lapiceros como método de control, desvío de agresión mediante traslado de energía cinética y otras técnicas sencillas pero eficaces).

Instructores: Édgar Cruz Oviedo y eventualmente, bajo el criterio de la jefatura, algún otro colaborador designado por la Unidad de Capacitación del OIJ de la Escuela Judicial

Duración: 40 horas, de lunes a viernes de 7.30 a.m. a 4.30 p.m. Con recesos de 10 minutos entre cada lección y una hora de almuerzo (de las 12.00 a las 13.00 horas), costeado por cada participante o por el Museo.

Cupo: Mínimo 6 participantes, máximo 12 participantes. Esta pauta es dada por el Museo, precisamente, por la imposibilidad de nombrar por una semana a las 24 personas que estarían involucradas en la capacitación; aparte del inconveniente del sistema de rotación de horarios alternos del personal de seguridad. Dependiendo de las posibilidades de participación se ofertan dos cursos con la misma duración.

Metodología: presencial y participativa.

Fechas probables para ofertar los cursos: Esto en coordinación con el Museo, se ofrecen las siguientes fechas opcionales para que se elijan solamente dos: 
1)	15 al 9 de mayo; 
2)	22 al 26 de mayo; 
3)	5 al 9 de junio; y,
4)	19 al 23 de junio

Recursos necesarios: Aula o sala para las exposiciones teóricas con pizarra y marcadores, este mismo espacio se utilizará para las sesiones de defensa personal. El Museo ofrece las instalaciones, incluso refrigerio y copias necesarias del material didáctico.

Certificados: A gestión de los personeros del Museo, se solicita que la Escuela Judicial extienda certificados de participación a cada participante.

Indumentaria de los participantes: Ropa informal cómoda, de ser posible deportiva para las prácticas que se realizarán.
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SE ACUERDA:  Acoger el informe anterior,  se aprueba la capacitación para los  funcionarios  del Museo Nacional en las fechas establecidas y se autoriza la confección de certificados de participación.  Se comisiona al Lic. Martín Matamoros Mora, Jefe la Unidad de Capacitación del O.I.J. para que coordine lo que corresponda. ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO XII
		 		
El Lic. Martín Matamoros Mora, Jefe de la Unidad de Capacitación del O.I.J., en oficio  EJ-CAP-066-2006 de fecha 6 de abril de 2006 dice:

“Para su análisis y lo que tengan a bien resolver, muy respetuosamente me permito remitirles copias fotostáticas de los resultados de valoraciones médicas practicadas al señor Carlos Andrés García Naranjo, participante del LII Programa Básico de Formación en Investigación Criminal, que inició el 16 de enero y concluirá el 30 de junio, meses del año en curso.

      Estos exámenes médicos fueron practicados separadamente, uno por el Dr. Gerardo Murillo Cuzza, de la Unidad de Medicina del Deporte del Hospital San Juan de Dios por referencia del Dr. Javier  Sandoval, Jefe del Servicio Médico de Empleados,  y el otro por la Dra. Grettchen Flores Sandí, de la Clínica Médico Forense del Organismo de Investigación Judicial, a solicitud de la Dirección General de ese Organismo.

     Ambos exámenes médicos tuvieron su origen en el reporte realizado por el Instructor de Acondicionamiento Físico, Lic. Víctor Hidalgo García, fechado 6 de marzo cuya copia adjunto, en el que dio cuenta de síntomas mostrados por el señor Carlos Andrés García Naranjo, durante la ejecución de ejercicios físicos, entre los que manifestó mareos.

      Desde ese momento y por motivos preventivos, el señor Carlos Andrés García Naranjo no está participando en las actividades programadas de Acondicionamiento Físico, pues estamos a la espera de un pronunciamiento oficial sobre su estado de salud.

De los dictámenes recibidos a esta fecha, los cuales estoy acompañando a este oficio, se desprende que el Dr. Gerardo Murillo Cuzza , indica que el señor Carlos Andrés García Naranjo, es “... apto para ejercitación de acondicionamiento físico progresivo hasta alto 
rendimiento”, mientras que la Dra. Grettchen  Flores, indica que al momento de la valoración el día 8 de marzo, el señor García Naranjo, presenta infección e inflamación 
aguda del tejido periungueal del primer dedo del pie izquierdo, susceptible de tratamiento médico quirúrgico y que esa condición limita su acondicionamiento físico en forma temporal durante el proceso de curación ( No indica tiempo de duración de ese proceso)  y no se pronuncia en forma definitiva , sino que indica que para ello es necesario revalorar al paciente dentro de tres meses a partir de la fecha de valoración.

      Es importante señalar de acuerdo a la información contenida en el dictamen suscrito por la Dra. Grettchen Flores, a la edad de 18 años el señor Carlos Andrés García Naranjo, quien ahora cuenta con 21años de edad,  sufrió una Onicocriptosis  en el primer dedo del pie izquierdo, la cual se ha venido repitiendo desde entonces y le ocasiona dificultad para correr por dolor asociado a la fricción del zapato, por lo que actualmente está en control con el médico de empresa del Poder Judicial, lo que ahora le está afectando para cumplir satisfactoriamente las exigencias de las lecciones de Acondicionamiento Físico,  dolencia física que en apariencia no se detectó durante el proceso de reclutamiento y selección.

       Por todo lo anterior, creo que este caso es digno de revisión y análisis por parte del Consejo Directivo, no solo para definir cuál será la situación del señor Carlos Andrés García Naranjo, ya que su rendimiento en las lecciones de Acondicionamiento Físico no ha sido el adecuado por las razones ya señaladas, sino también para fijar políticas conjuntamente con el Departamento de Personal y el Organismo de Investigación Judicial en materia de las valoraciones médicas que se practican a oferentes  para el puesto de Investigador.

        Además, debemos de esperar tres meses a partir del 8 de marzo,  para que el señor Carlos Andrés García Naranjo sea revalorado por la Dra. Grettchen Flores y así poder contar con un dictamen definitivo sobre su situación, por lo  que no aprobará la materia de Acondicionamiento Físico y no hay certeza sobre cuál será la situación futura de dicho participante del Programa Básico, hasta que no se cuente ese dictamen definitivo.”
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El Dr. Alfredo Chirino Sánchez se refiere a varios casos que se han venido presentando sobre los problemas de salud  de los candidatos para el curso básico del O.I.J.  Manifiesta  que es importante considerar el asunto y manifestar algún criterio, en el sentido de que el Departamento de Personal  y el Organismo de Investigación Judicial, afinen los procesos de selección para que los seleccionados puedan contar con las condiciones físicas deseables para una tarea tan delicada como la que se espera desempeñen los oficiales del O.I.J.  Por otra parte, debe tenerse en cuenta que el curso básico debería ser impartido solo a aquellas que ostentan los requisitos de admisión al programa.

El MBA., Mauricio Quirós,  afirma que si las personas seleccionadas, cuentan con el perfil inicial y los requisitos para  ese tipo de puesto, también deben comprobar que están efectivamente bien en todas las condiciones físicas  para efectuar la actividad.  Asimismo expresa que le  preocupa el asunto de la valoración médica, ya que se supone que debe haber un punto, en donde se garantice que la persona que ingresa,  cumple con todos los requisitos incluyendo la parte física.  Considera que se debe verificar este tema y analizarlo con el O.I.J., no solo por su  importancia, sino por un asunto de competencia que se requiere.  Observa que  se debe tomar en cuenta que conseguir candidatos idóneos para el O.I.J., presenta una inversión institucional bastante alta, lo que hace necesario revisar, en forma conjunta, con el O.I.J. y  la Escuela Judicial, el procedimiento que se viene aplicando previo a la contratación de este tipo de servidores.

El Mag. Gónzalez considera que debe haber un filtro al ingreso médico y que es inconcebible que esas situaciones pasen,  y que se debe realizar una valoración médica y, si es que está fallando, se debe detectar ese  problema . 

Previo por resolver SE ACUERDA: Remitir copia de las diligencias al MBA. Mauricio Quirós Alvarez, del Departamento de Personal para que analice el asunto en conjunto con la Jefatura de la Unidad de Capacitación del O.I.J. de la Escuela Judicial y   la Dirección del Organismo de Investigación Criminal, para que rindan un informe al respecto.

ARTICULO XIII

El señor Gustavo Barquero Morales, Prosecretario  General Interino, en oficio N°3096-06 de fecha 19 de abril de 2006, transcribe acuerdo del Consejo superior de la sesión N°18-06, celebrada el 14 de marzo del presente año, artículo II que dice:

“ARTÍCULO II

Con el fin de analizar la estructura y funcionamiento del Consejo Superior del Poder Judicial, sus actuales integrantes,  con el apoyo de la Unidad Ejecutora del Proyecto Corte-Bid y la asesoría del facilitador, licenciado Olman A. Villarreal Guzmán, realizó un  diagnóstico, que incluyó un proceso de reflexión sobre el rol que ha cumplido hasta ahora,  su labor en relación con las metas institucionales y la propuesta de alternativas para mejorar su sistema de trabajo, de modo que responda a las nuevas exigencias de administración en este Poder de la República.

	De conformidad con lo anterior la licenciada Conejo somete a consideración la propuesta final de acuerdo, elaborada con la colaboración de los licenciados Olman Villareal y Ricardo Monge. 

	El proceso de reforma iniciado por el Poder Judicial costarricense  exige  remozamiento de sus estructuras administrativas, así como redefinición de los procesos de toma de decisiones  y de los  criterios mínimos que deben observar  los entes u órganos que lo conforman para establecer, ejecutar, mantener, perfeccionar y evaluar sus funciones. De modo que cumplan con los principios básicos de planificación, organización, coordinación y control en el desarrollo de sus actividades administrativas.  En este proceso, el papel del Consejo Superior es trascendental, por sus potestades y funciones decisorias, ejecutivas, resolutivas, directivas y operativas,  con relación a los demás órganos administrativos del Poder Judicial. A partir de este razonamiento se deben  proponer cambios  con miras a lograr mayor eficacia y eficiencia  en las  labores, tanto del Consejo Superior como órgano, como de sus integrantes, de forma tal que pueda ejercer activamente, conforme a su rango  jerárquico,  una clara definición de las políticas que le corresponden  y ejecutar las estrategias dictadas por la Corte Plena.
Para tener una idea clara de la forma en que se hace este proceso de análisis, y la toma de  decisiones al respecto, a continuación se describen los objetivos sobre los cuales se  desarrollaron las sesiones de trabajo y la elaboración de la propuesta.  
a)	Reflexionar sobre las  funciones, atribuciones y modelo de gestión gerencial del Consejo Superior del Poder Judicial y la aplicación en estas actividades de la perspectiva de género, tanto en lo interno como en lo externo. 
b)	Proponer los contenidos  de la agenda de trabajo de la reunión de análisis del funcionamiento del Consejo Superior del Poder Judicial. 
c)	Propiciar procesos de trabajo en equipo durante la sesión de análisis propuesta. 
d)	Alentar la cohesión del grupo. 
e)	Proporcionar un buen ambiente para el análisis y el entendimiento. 
f)	Identificar habilidades individuales y grupales.
g)	Identificar debilidades individuales y grupales.
h)	Buscar el mejoramiento continuo del funcionamiento del Consejo Superior señalando acciones y/o derroteros a seguir  que potencien mayor eficacia,  eficiencia  y respeto a los derechos fundamentales de todas las personas, sin distingos de género, etnia, condición social en lo interno y en la prestación del servicio.
i)	Contar con un documento de diagnóstico y recomendaciones.

Concluido el proceso de análisis,  se estima  que la jerarquización de las atribuciones de este Consejo como órgano subordinado de la Corte Suprema de Justicia, desde la perspectiva estratégica, se debe concentrar en el ejercicio de su competencia para el dictado y definición de la política administrativa y de disciplina del Poder Judicial, a través del ejercicio directo de sus competencias, y por medio de los órganos dependientes. Definiendo a partir de ese razonamiento cuáles son los asuntos que debe conocer de forma directa, y cuales pueden ser delegados,  o bien corresponden a otras instancias.  

	Clarificando que el ejercicio de la política administrativa del Poder Judicial la define y ejecuta este Consejo, resulta fundamental que cada dependencia tenga claridad de sus funciones y responsabilidades, a partir del marco normativo que nos rige, ya que el fin primordial es la agilización, la eficacia y la eficiencia en el trabajo del Consejo, y del Poder Judicial en su conjunto.

	Esta función se sintetiza en un rol o papel protagónico de este Órgano, a partir del correcto ejercicio de sus atribuciones, en cuanto a la planificación y definición de estrategias para una prestación del servicio público de justicia eficaz y conforme al modelo democrático vigente. Lo anterior implica un liderazgo renovado, moderno, y de nuevo tipo, por medio de políticas claras en función de un ejercicio eficiente de la administración y disciplina del Poder Judicial, de conformidad con la Constitución Política y la Ley Orgánica, “...con el propósito de asegurar la independencia, eficiencia, corrección y decoro de los tribunales y de garantizar los beneficios de la carrera judicial.” (Artículo 67 de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

	Para el ejercicio de esta función estratégica, se reconoce la necesidad de un espacio permanente de reflexión acerca del entorno, los cambios y tendencias que afectan real y potencialmente el ejercicio de la administración de justicia del país.

	De conformidad con el artículo 81, inciso 17 ibidem, la relación plan-presupuesto es una de las atribuciones clave de este Consejo, en la cual convergen una serie de acciones y actividades administrativas, de primer orden en el proceso de control de gestión estratégico del Poder Judicial. Este constituye un instrumento central del proceso de planificación institucional, en el cual, como órgano colegiado, se tiene un papel primordial de orientación, seguimiento, control de gestión y evaluación de todo el accionar institucional.

	Asimismo, la administración del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, de acuerdo con las políticas de inversión establecidas por la Corte (inciso 12 del artículo 81 ídem), constituye otra función clave de este Órgano, lo que implica que se ejerza un control de gestión estratégico relacionado con el manejo, previsión actual y futura de los recursos del Fondo.  

	En cuanto a la atribución establecida en el inciso 16 del artículo 81 ídem, de dirigir, planificar, organizar y coordinar las actividades administrativas del Poder Judicial, esta debe ejercerse como parte de un proceso permanente de reflexión y ajuste, que apunte sistemáticamente al ejercicio de las competencias legítimas de este Consejo, con respeto del marco normativo que rige el accionar de los diferentes órganos y dependencias de este Poder de la República, y conforme al espíritu del artículo 67 de la Ley Orgánica, que demanda al Consejo Superior el aseguramiento de la eficiencia en toda la gestión administrativa del Poder Judicial, de conformidad con la Constitución Política y su referida ley Orgánica. 

Con base en lo anterior se acuerda: 

A) Aprobar los siguientes LINEAMIENTOS PARA EL MEJORAMIENTO  CONTINUO DE LA GESTIÓN DEL CONSEJO SUPERIOR DEL PODER JUDICIAL:

I. GENERALES.-

1. Acuerdos de los Consejos de Personal y Directivo de la Escuela Judicial.-

	La estructura de la comunicación de los acuerdos que adopten y que por su naturaleza tienen que ser remitidos para conocimiento y resolución de este Consejo, deben ser de carácter ejecutivo, es decir, tipo síntesis, resumen con algunos elementos “clave”, y con una estructura mínima que contemple: Antecedentes pertinentes, información relevante, recomendaciones, justificación y elementos resolutivos para la adopción del acuerdo por parte de este Consejo.-

2. De los informes de los Departamentos de Auditoría, Personal, Planificación, de las Comisiones, de los Consejos de Circuito, y de la Escuela Judicial.-

	Cuando por su naturaleza tienen que ser remitidos para conocimiento y resolución de este Consejo, también deben ser ejecutivos, por lo que, conforme a lo establecido en el punto anterior, serán tipo síntesis, resumen, con una estructura mínima que contemple: Antecedentes pertinentes, información relevante, recomendaciones, justificación y elementos resolutivos para la adopción del acuerdo por parte de este Consejo.-

II. ESPECÍFICAS.-

1. Consejos de Administración de Circuito.-

	Corresponde a los Consejos de Circuito resolver lo pertinente en el ámbito de la asignación de los recursos bajo su administración.  En todo caso deberán seguirse los procedimientos administrativos establecidos para la ejecución del presupuesto.

	Tratándose de informes o consultas en donde se analicen situaciones de Departamentos y oficinas, se coordinará directamente con la dependencia que corresponda, la que se encargará de tramitar lo pertinente en el ámbito de su competencia, salvo los casos en que por su naturaleza, corresponda a este Consejo.

	En todo caso lo resuelto por esos consejos tendrá recurso ante el Consejo Superior.-

2. Departamento de Auditoría Judicial.-

	Aquellos informes respecto de los cuales no se requiere resolución alguna de este Consejo, deben remitirse directamente al despacho, oficina o instancia evaluada, para su debido e inmediato cumplimiento.

	Se comunicarán al Consejo las situaciones de marcada importancia para el funcionamiento del Poder Judicial, asimismo los casos de incumplimiento de las recomendaciones y las discrepancias con las recomendaciones  de la Auditoría.

3. Departamento de Personal.-

	De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12, inciso a) del Estatuto de Servicio Judicial, ese Departamento deberá hacer de conocimiento de la dependencia o servidor correspondiente. Contra lo resuelto cabrá reconsideración ante el Departamento de Personal y apelación ante el Consejo de Personal.  En caso de existir conformidad del servidor o de la dependencia respectiva con lo dispuesto en esas instancias, se procederá conforme lo resuelto.  Dentro de lo anterior, se encuentran los pagos por concepto de prohibición, dedicación exclusiva, vacaciones proporcionales, auxilio de cesantía, reintegro de dineros, salvo los que corresponda con motivo del reconocimiento de tiempo laborado en el sector público (artículo 81, inciso 13 de la Ley Orgánica), los reajustes que sobre los anteriores extremos procedan, así como todos los estudios e informes relativos a clasificación y valoración de puestos.

	En los casos de discrepancia del interesado con respecto a lo resuelto por esas instancias, cuando lo solicite el interesado le corresponderá a este Consejo dar por agotada la vía administrativa.-

4.- Escuela Judicial.-

	La aprobación de los cursos de capacitación se realiza acorde al plan anual de capacitación, y a los lineamientos específicos que para cada curso en particular se establecen, por lo que, de conformidad con lo que establece el artículo 8 de la Ley de Creación de la Escuela Judicial, aprobado dicho plan, su ejecución corresponde directamente a su Director, con la coordinación de las jefaturas y despachos involucrados. 

	Para implementar esta directriz la Dirección de la Escuela y las jefaturas deben respetar los lineamientos establecidos por este Consejo, no afectar la prestación del servicio, no suspender ningún tipo de diligencia señalada y llevar control de las personas que se capacitan de forma que reciban un máximo de dos cursos por año.   Sin embargo, en los casos de modificaciones futuras, o en los que implique sustituciones de personal, o que no exista contenido presupuestario, se someterá el asunto en particular a conocimiento de este Consejo, previa aprobación y recomendación del Consejo Directivo.-

5.- Permisos para el personal subalterno.-

	Las jefaturas podrán conceder directamente a sus empleados, permiso hasta por un día, sin sustitución y con goce de salario, para atender asuntos personales urgentes y debidamente justificados en casos de citas médicas u otros de fuerza mayor, igual regla regirá para los casos en que el servidor deba asistir a capacitaciones o actividades de interés institucional.

6.- Peticiones de servidores judiciales sobre asuntos que competen a otros órganos o dependencias.-

	Aquellas peticiones que por su naturaleza son de competencia específica de otros órganos o dependencias del Poder Judicial, la Secretaría General de este Consejo, sin necesidad de acuerdo, las canalizará conforme corresponda a esas instancias, con copia al gestionante.-

	B) Estas disposiciones rigen a partir del 1° de mayo del año en curso. Sin perjuicio de lo resuelto, oportunamente se realizará una reunión con las jefaturas de los despachos involucrados, para comunicar los alcances de las nuevas disposiciones. 
La Secretaria General de la corte tomará nota para los fines consiguientes“
-0-

El Dr. Chirino comenta que respecto a la Escuela Judicial,  solicitan que todos los temas que nosotros acordemos,  y pidamos autorización, se los tramitemos en su carácter ejecutivo, es decir, se debe presentar  una síntesis o un resumen  con términos claves. 

Para los efectos del plan de trabajo, cuando se aprueben las actividades, la dirección debe realizar la ejecución.  En relación con las sustituciones y el contenido presupuestario , los asuntos se someterán al conocimiento del Consejo Superior.   Solicitan, además,  que se lleve un control para que las personas que se capaciten, reciban solamente dos cursos por año.  

Asimismo agrega: esto implica para nosotros una mayor agilidad en la tramitación de cursos,  ante el Consejo Superior.  Sin embargo, lamenta que durante este año, cuando hay bastantes actividades de capacitación,  en comparación con otros años, no se puedan llevar a cabo,  porque implican sustitución, choques de actividades y,  además,  porque se está limitando la participación a solo dos actividades por año.

El Lic. González  Quiroga expresa  que le preocupa los casos,  cuando hay varios cursos de interés en las diferentes materias que solamente se impartirán durante un determinado tiempo,  y que la persona no pueda asistir porque ya participó en  otros dos cursos.  Considera que lo que se debe evitar es aceptar a los  participantes que repiten una y otra vez, una misma capacitación, ya que  no le dan oportunidad a otros; pero si se ha cubierto toda la población y  existe la posibilidad de repetir,  se debe permitir realizarlo.

El MBA. Mauricio Quirós indica que ellos han entendido ese acuerdo, como una forma de procurar que haya más participación  en los cursos.  De manera tal,  que  las personas que por una u otra razón,  no han podido asistir,  tienen la posibilidad de hacerlo; pero jamás puede ser una restricción, porque sería limitar una necesidad institucional que, probablemente, ya está establecida en los planes de trabajo y que a veces, no se puede planificar para que se realicen solo dos actividades.  Además, afirma que  hay que considerar que las actividades de capacitación, no solo se exponen a ese plan de trabajo,  sino a otra serie de necesidades que, conforme a la dinámica institucional van surgiendo.  Si así se procede, se limitaría la actividad de capacitación según las actividades que se ejecutan o no, de acuerdo con los objetivos.  Por tanto, le parece que no se puede ser tan restrictivo, en el sentido de que se disponga que solamente se puede asistir a dos cursos. 

El Dr. Chirino informa que estas disposiciones rigen a partir del 1 de mayo, y que  el Consejo Superior convocará a las jefaturas de los despachos que están involucrados, a una sesión en donde les explicarán los extremos de todas estas nuevas directrices.

El Mag. González considera que es necesario manifestar nuestra reserva respecto a la limitación impuesta de cara a la programación establecida por la Escuela Judicial, sin perjuicio de las circunstancias especiales que,  para cada grupo de funcionarios o curso en particular,  se presente.  Además, considera que  se comprendería la  claúsula, siempre y cuando las circunstancias especiales no requieran de una capacitación motivada y necesaria.

El Lic. Chavarría  considera que un aspecto importante por considerar, es la reiteración de la capacitación en una sola persona, la cual resulta, en algunos casos, conveniente para la institución, como por ejemplo, en el tema de narcotráfico.

El Mag. González manifiesta que la capacitación a través del tiempo, es cambiante y se ajusta a las necesidades institucionales,  y que jamás puede estar sujeta a reglas rígidas.  Considera que este Consejo no puede aceptar esta limitación en los términos que  establece el Consejo Superior.

El Lic. Chavarría  indica que le parece que el Consejo Superior, intercede en esta competencia y que  este Consejo Directivo  debe especificar la capacitación que sea necesaria para un determinado sector o funcionario.

El Mag. González agrega  que lo positivo del acuerdo,  es hacer valer la desconcentración del órgano de capacitación y,  si el Consejo Superior lo realiza  ahora, se debe agilizar el proceso para que  no nos sometamos a muchas limitaciones, ya que la Escuela a futuro necesitará gran agilidad y una toma de decisiones.  Por estos motivos, considera que en los próximos años,  a propósito de la capacitación inicial y de una serie de asuntos que la Corte tiene visualizadas para la Escuela Judicial, se deberán tomar decisiones y una acción muy ejecutiva con una independencia muy considerable.  Por tanto indica: que debemos tomar muy en serio, la desconcentración que se está brindando.

El MBA.,Mauricio Quirós, considera que en la reunión que se sostendrá con los jerarcas de capacitación para analizar ese acuerdo,  sería importante coordinar el tema para modificar  la redacción en esa parte específica del acuerdo, porque en realidad, todos interpretan que el acuerdo,  en ese apartado, se tomo pensando en la gente que no participa en los procesos de capacitación, pero no como se entiende en la forma llana en la lectura del documento y,  en ese sentido,  si lo que se quiere es resolver otro problema, en esa medida también la redacción de ese acuerdo tendría que ser consecuente, no debe presentar esa restricción de ofrecer simplemente, dos capacitaciones por persona al año.

SE ACUERDA:  Tomar nota  y expresar el beneplácito de este Consejo, ya que el acuerdo del Consejo Superior se decanta por conceder una conveniente y adecuada desconcentración administrativa a la Escuela Judicial.  Al mismo tiempo, debe expresarse al Consejo Superior la preocupación de la Escuela Judicial en cuanto a la limitación que implica ofrecer únicamente dos capacitaciones como máximo a los funcionarios judiciales, en una coyuntura de intensos cambios legislativos y jurisdiccionales como la que se está viviendo.

ASUNTOS VARIOS

ARTICULO XIV

La Dra. Grace Arroba Ugaz, Directora Académica de la Academia de la Magistratura de Lima,  Perú  en oficio N°2006-AMAG-DA de fecha 12 de abril de 2006 dice:

“Es grato dirigirme a usted para expresarle el cordial saludo a nombre de la Academia de la Magistratura y en el marco de las actividades programadas para el presente año, hacer de su conocimiento que estaremos desarrollando a través de Internet el V Curso Internacional a Distancia “Derecho Internacional de los Derechos Humanos” durante los meses de mayo, junio y julio de 2006.

Con este motivo, invitamos por su intermedio a cinco (5) Magistrados de Costa rica, paraque participen gratuitamente en este curso virtual que promueve la Academia de la Magistratura desde su Portal en Internet www.amag.edu.pe.  Es muy importante que los señores Magistrados costarricenses interesados tengan conocimientos básicos de informática y de navegación en Internet, así como acceso a una cuenta de correo electrónica.  Agradecemos comunicar la relación de magistrados designados al correo electrónico de la doctora Margot cuadros García, coordinadora del Curso: mcuadros@amag.edu.pe, quien estará gustosa de brindar cualquier información adicional por esa vía o al teléfono 428-0300 anexo 103.

Este curso estará a cargo de un Tutor Académico y el seguimiento corresponderá a una Asistente de la Academia de la Magistratura, quien realizará su labor vía correo electrónico.  Asimismo agradeceré tenga a bien designar al personal administrativo de la Escuela Judicial de Costa Rica  que participará en la ejecución de esta actividad académica apoyando la labor  de seguimiento.

El dictado de este curso tendrá una duración de diez (10) semanas y comprenderá  tres sesiones presenciales y sesiones de autoestudio.  Las sesiones presenciales serán desarrolladas mediante videoconferencias simultánea, sincronizando el horario de ida y vuelta, para permitir la interacción con los participantes, de manera que puedan formular sus preguntas y recibir las respuestas en línea.  El costo del soporte técnico para la conexión de las videoconferencias deberá ser  asumido por vuestra Institución, sin embargo, en caso de no ser posible dicha conexión, dada la metodología de esta actividad académica podrá ser igualmente cursada por los magistrados totalmente a diatancia.

El autoestudio se desarrollará en base a los materiales de lectura y de estudio que serán puestos a disposición de los discentes a través de medios electrónicos, para que puedan imprimirlos.

Asimismo, mediante la presente trasladamos a usted el deseo de los Magistrados peruanos de participar en Cursos a Distancia de Especialización que la Escuela bajo su dirección promueva y de esta manera  retroalimentarse con los conocimientos de vuestros docentes y magistrados.

Esperando contar una vez más con su gentil aceptación para llevar adelante este curso Internacional que sin duda será muy satisfactorio para la Magistratura de nuestros países, quedamos en espera de su respuesta la que agradeceremos se verifique a la brevedad posible a fin de concretar las coordinaciones necesarias y proporcionar información adicional, no sin antes expresarle los sentimientos de mi consideración más distinguida.”
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SE ACUERDA:  1) Aprobar la participación de cinco jueces costarricenses en el curso a distancia que impartirá la Academia de la Magistratura de Lima, Perú denominado “VCurso Internacional a distancia. Derecho Internacional de los Derechos Humanos”, a realizar durante los meses de mayo, junio y julio de 2006.  La Dirección de la Escuela  realizará  la selección correspondiente de los candidatos y se comisiona al Lic. Román Bresciani Quirós  para que coordine lo que corresponda.
2) Comunicar a la Dra. Arroba que dentro del plan de trabajo del 2006  de la Escuela Judicial se han programado cursos a distancia sobre el tema de Pensiones Alimentarios por lo que en su momento se les informará lo correspondiente para que los Magistrados peruanos puedan participar. ACUERDO FIRME.

Se levanta la sesión a las diez horas con veinte minutos.

Mag. Oscar González Camacho                              Dr. Alfredo Chirino Sánchez
   PRESIDENTE SUPLENTE                            DIRECTOR ESCUELA JUDICIAL