ACTA N° 02-2005

CONSEJO DIRECTIVO DE LA ESCUELA JUDICIAL, San José, a las ocho horas con treinta minutos del  dos de febrero de 2005 del año dos mil cinco.

Se inicia la presente sesión ordinaria con la asistencia del Dr. Alfredo Chirino Sánchez, Director de la Escuela Judicial, quien preside, Lic. Jorge Segura Román en representación del Ministerio Público, Lic. Francisco Segura, en representación de la Dirección del Organismo de Investigación Judicial, Lic. Horacio González Quiroga, Juez Tribunal Superior Contencioso Administrativo, el Dr. Víctor Ardón Acosta, Juez Tribunal Superior de Trabajo y la Licda. Odalia Campos Villalobos, Secretaria de la Escuela Judicial. La Magistrada Ana Virginia Calzada Miranda y la  Licda. Marta Iris Muñoz Cascante, Jefa de la Defensa Pública, se excusaron.

ESCUELA JUDICIAL

ARTICULO I

El MBA Francisco Arroyo Meléndez, Jefe Departamento de Personal remite copia del oficio N°028-JP-2005 que envió al señor Edgar Cruz Oviedo, Instructor Policial en Defensa Personal de la escuela Judicial que dice:

En atención a su oficio fechado 21 de enero del año en curso, me permito reiterar el criterio externado en el oficio N°011-JP-2005, dado que según sus manifestaciones iniciales, usted ha suspendido sus estudios y por tanto, las condiciones en las cuales se otorgó el permiso de estudio han sido modificadas, debiendo tomar debida nota de ello el Consejo Superior.

Nuestra participación en el proceso es verificar que las condiciones en las que el permiso se concedió se cumplan.  Si existen razones que vengan a variar las expectativas iniciales, el órgano competente debe ser informado por el interesado. 
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SE ACUERDA: Tomar nota.

ARTICULO II

La Licda. Silvia Navarro Romanini, Secretaria General, en oficio N°14005-04 de fecha 20 de diciembre de 2004 dice:

“Para su estimable conocimiento y fines consiguientes, le transcribo el acuerdo tomado por el Consejo Superior en la sesión Nº 96-04 celebrada el 14 de diciembre en curso, que literalmente dice:

“ARTÍCULO  XXXIV 
	El licenciado Mateo Ivankovich Fonseca, Director interino de la Escuela Judicial, en oficio N° 160-CD/EJ-04 de 3 de diciembre en curso, comunica el acuerdo tomado por el Consejo Directivo de la Escuela Judicial, en sesión N° 21 celebrada el 2 de los corrientes, artículo III, que literalmente dice:
“La Licda. Silvia Navarro Romanini, Secretaria General, en oficio N°10080-04 de fecha 8 de octubre de 2004, transcribe  a la Mag. Ana Virginia Calzada Miranda, Presidenta del Consejo Directivo de la Escuela Judicial, el acuerdo del Consejo Superior de la sesión N° 63-04 celebrada el 24 de agosto del año en curso que dice:
“ARTÍCULO LVIII
Con ocasión de la cantidad de solicitudes presentadas por diferentes oficinas judiciales ante este Consejo, pidiendo permiso para que los servidores judiciales asistan a cursos de capacitación o actividades en general, se acordó: Solicitar al Consejo Directivo de la Escuela Judicial una audiencia a fin de analizar y buscar una solución a esa problemática.”
SE ACUERDA:  Dar audiencia al Consejo Superior para que asista a la sesión del Consejo Directivo de la Escuela a realizar el miércoles 26 de enero de 2005, a las 9:00 a.m. en la Unidad de Archivo de la Escuela en el quinto piso del edificio del  Organismo de Investigación Judicial.  ACUERDO FIRME.”
  Se acordó: Tomar nota de la comunicación anterior.  Se declara firme este acuerdo.”
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SE ACUERDA: Tomar nota.

ARTICULO III

La señora Flory Tames Brenes, Prosecretaria General, en oficio N°14236-04 de fecha  22 de diciembre de 2004 dice:

	“Para su estimable conocimiento y fines consiguientes, le transcribo el acuerdo tomado por el Consejo Superior en la sesión Nº 98-04 celebrada el 21 de diciembre en curso, que literalmente dice:

“ARTÍCULO XXXVII
	El licenciado Mateo Ivankovich Fonseca LL.M., Director interino de la Escuela Judicial, en oficio N° 168-CD/EJ-04 de 16 de diciembre en curso, transcribe el acuerdo del Consejo Directivo de la Escuela Judicial, de la sesión N° 22 celebrada el 16 de este mes, artículo único que dice:
“El señor Bryan Olthof, Oficial de la Sección de asuntos económicos de la Embajada de Estados Unidos de América, en oficio de fecha 14 de diciembre de 2004 dice:
“La Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO, en inglés) llevará a cabo la “2005 Academy on the Enforcement of Intellectual Property Rights” (Simposio del 2005 sobre la ejecución de derechos de propiedad intelectual) del 7 al 10 de febrero del 2005, en Alexandría, Virginia, al otro lado del Río Potomac de Washington, D. C.  El Simposio impartirá conocimientos prácticos sobre el cumplimiento y capacitación en derechos de propiedad intelectual a jueces, fiscales, funcionarios policiales y oficiales de  aduanas de los países signatarios del CAFTA, Belice y Panamá.  El Simposio se impartirá sin costo a los participantes, y los gastos de viaje y viáticos o gastos de hospedaje serán cubiertos por el Departamento de Estado.  Los cursos serán impartidos en inglés, pero se dispondrá de interpretación al español.
El Simposio del 2005 está diseñado para ser un programa de entrenamiento a entrenadores.  El programa busca la preparación de un grupo de funcionarios centroamericanos que puedan diseñar y continuar entrenando a otros sobre los derechos de propiedad intelectual en sus respectivos países, especialmente dentro del contexto del cumplimiento con CAFTA y obligaciones similares.  Los participantes tendrán la oportunidad de obtener e intercambiar conocimientos con funcionarios del gobierno estadounidense responsables por hacer cumplir los aspectos civiles, penales y administrativos de los derechos de la propiedad intelectual, y para comunicarse con los funcionarios contrapartes en los otros países de América Central.
En vista del importante papel que juega la Escuela Judicial en el entrenamiento y desarrollo de los jueces costarricenses, me agradaría mucho nominar a dos o tres candidatos de su institución para este simposio del 2005.  Los nominados tendrán que asistir al curso del 7 al 10 de febrero, así como a otros seminarios de entrenamiento durante el año 2005.  Me es grato anticipar nuestra reunión del 15 de diciembre de 2004 con el propósito de conversar sobre los candidatos que podríamos nominar para el  Simposio.”
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El Dr. Víctor Ardón  manifiesta que está de acuerdo en que se acepte la invitación  pero respecto al proceso para seleccionar los candidatos considera que debe mejorarse para el futuro de manera que sea más democrático y se tome en consideración  no solo a jueces del área  metropolitana  sino también de todo el país y se escuche sus criterios al respecto.

SE ACUERDA:  Aprobar la invitación de la Embajada de Estados Unidos de América al “Simposio del 2005 sobre  la ejecución de derechos de propiedad intelectual” a realizar del 7 al 10 de febrero de 2005 y se propone para que asistan a dicha actividad  los siguientes candidatos:

NOMBRE	CEDULA	PUESTO	
Dr. José Rodolfo León Díaz	1-565-230	Juez Tribunal II Civil	
Dr. Carlos A. Chinchilla Sandí	1-599-012	Juez Tribunal de Casación Penal	
Licda. Laura Soley Gutiérrez	1-704-090	Letrada Sala Constitucional	

Comuníquese al Consejo Superior para la autorización de permiso con goce de salario con sustitución.  ACUERDO FIRME.”
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Se acordó:  1)  Acoger la recomendación del Consejo Directivo de la Escuela Judicial. En consecuencia conceder permiso con goce de salario, con sustitución a la licenciada Soley Gutiérrez y a los doctores León Díaz y Chinchilla Sandí, para que participen en el “Simposio del 2005 sobre la ejecución de derechos de propiedad intelectual” del 7 al 10 de febrero del próximo año.  2)  Se insta al Consejo Directivo de la Escuela Judicial, para que en el futuro el proceso para seleccionar los candidatos sea más democrático y se tome en consideración no solo a jueces del área metropolitana, sino también de todo el país y se escuche sus criterios al respecto.  Se declara  firme este acuerdo.”
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SE ACUERDA: Tomar nota.

ARTICULO IV

Se conoce copia del informe N°169-EJ/CD-04 de fecha 20 de diciembre que la Licda. Odalia Campos Villalobos, Secretaria del Consejo Directivo remitió al Lic. Juan Diego Castro Fernández, Abogado Notario, Carné 1980, atendiendo su solicitud de fecha 14 de junio de 2004 que dice:

“Le ruego proporcionarme copia certificada de los acuerdos que aparezcan en las actas de ese Consejo Directivo, en las que se mencionen, con respecto a don Eric Alfredo Chirino Sánchez: permisos sin goce de salario, permisos con goce de salario, permisos para impartir charlas o conferencias dentro del país, permisos para impartir lecciones en las universidades, informes presentados sobre consultorías o asesorías brindadas por él y sobre sus salidas del país.

Como ciudadano, estoy interesado en conocer estos datos.”
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La Licda. Campos dice que envió al Lic. Castro el oficio EJ-DIR-216-2004 de fecha 14 de junio de 2004 previo a enviarle  la información  solicitada.  Hasta el 16 de diciembre recibió una llamada del Lic. Castro  y le indicó que no respondería el  oficio  por lo que procedió a remitirle el informe solicitado ya que desde el 16 de junio se había  preparado.

SE ACUERDA: Tomar nota.

ARTICULO V

El Lic. Guillermo Romero Ramos, Juez del Juzgado de Ejecución de la Pena de la Zona Atlántica en oficio del 26 de enero de 2004 dice:

	“El suscrito Juez de Ejecución de la Pena de la Zona Atlántica, me dirijo ante ese órgano, con la finalidad de plantear una inquietud respecto a la aplicación de un procedimiento que se lleva a cabo por parte de la mayoría de los jueces y juezas de ejecución de la pena del país, con respecto a un caso en particular y que  el suscrito disiente de la mayoría del cuerpo de jueces de ejecución de la pena.

I-	Básicamente se trata de los privados de libertad que se encuentra en la modalidad del nivel semi-institucional y que en determinado momento dejan de presentarse a pernoctar o a firmar en la oficina asignada, por lo que al considerar la Autoridad Penitenciaria, que los privados de libertad que han incumplido con las condiciones impuestas por el Instituto Nacional de Criminología, se han evadido o quebrantado la pena (artículo 324 del Código Penal, por lo que en la mayoría de los casos solicitan al Juez de Ejecución de la Pena del lugar correspondiente, una orden de captura, con el fin de tratar de poner a derecho al privado de libertad.
II-	En otras ocasiones (caso de Limón), presentan la denuncia ante el Ministerio Público, para que se prosiga con la investigación para determinar si los privados de libertad han cometido el delito del que habla el artículo 324 del Código Penal, sin embargo, en una investigación que hizo el suscrito, pude constatar que los Fiscales Auxiliares, por disposición Jerárquica, desestiman la causa por considerar que la no presentación a pernoctar o a firmar, constituye un incumplimiento administrativo.
III-	Ahora bien, el suscrito, disiente de ambos procedimientos por las siguientes razones:  1°- Respecto a los jueces de ejecución de la pena, considero que existe una extralimitación de sus facultades, toda vez que, el poder de las decisiones de los jueces de ejecución esta limitado por la Constitución Política y por la Ley común, ya que los privados de libertad que se encuentran ubicados en la modalidad del nivel semi-institucional o nivel en comunidad, están descontando una sentencia firme dictada por un tribunal de la República y se encuentra a la orden del Instituto Nacional de Criminología, precisamente por determinación de una orden de un juez de la República, en razón de la cual lo procedente es la aplicación del debido proceso, que se interponga la respectiva denuncia (artículo 278 del Código Procesal Penal), para determinar si el privado de libertad se evadió o quebrantó la sanción por su voluntad (artículo 324 del Código Penal), o bien ésta se dio con la colaboración de un funcionario público (artículo 325 ibídem).  Con respecto al Ministerio Público, es preocupante el procedimiento llevado a cabo por dicho órgano, dado que la causa se desestima por considerar que se trata de un incumplimiento administrativo, cuando en realidad el Instituto Nacional de Criminología, actúa amparado en el artículo 15 del Reglamento Orgánico y Operativo de la Dirección General de Adaptación Social, el cual establece que el Instituto Nacional de Criminología, es el órgano facultado para ubicar a los privados de libertad –mediante criterios técnicos, Plan de Desarrollo Institucional-, en los diferentes niveles de contención, entre ellos, están precisamente los niveles de semi-institucional y en comunidad, es decir, dado que los sujetos que se encuentran privados de libertad a la orden del Instituto Nacional de Criminología, pueden ser ubicados en cualquier nivel que ese órgano lo considere conveniente, así se ha pronunciado en diferentes ocasiones la Sala Constitucional, para tal ubicación se solicita que el privado de libertad aporte oferta laboral y vínculo familiar estable, por consiguiente al interponer la denuncia ante el Ministerio Público, la Autoridad Penitenciaria, consigna estos datos, además de la identificación del sujeto y de la causa pendiente, por lo que considero que el Ministerio Público, tiene todos los elementos para la aplicación del debido proceso y mínimo debe realizar las diligencias necesarias para la ubicación del privado de libertad, además de tener la facultad de solicitar el Juez Penal, la orden de allanamiento correspondiente de ser necesario (artículo 330 del Código Penal, 62, 290 y siguientes del Código Procesal Penal y 2 y siguientes de la Ley Orgánica del Ministerio Público.
IV-	Conforme a lo expuesto, el suscrito considera que en ambos procedimientos tanto del Juez de Ejecución de la Pena como del Ministerio Público, se está quebrantando el debido proceso al no citar o localizar al privado de libertad infractor, pero lo peor aun, es que se está dejando sin efecto lo que establecen los artículos 324 y 325 del Código Penal, es decir, están derogando ambas normas en forma tácita, arrogándose de esta forma una competencia que no les corresponde (artículo 121 inciso 1 de la Constitución Política).  Cabe agregar que se debe de tomar en cuenta que los privados de libertad no son solo aquellos que se encuentran ubicados en un centro penal cerrado, sino, que el concepto en sentido amplio de privado de libertad, es toda aquella persona que está sometida a un vínculo jurídico mediante la imposición de una pena que se encuentre pendiente.

En consecuencia, con el mayor de los respetos, solicito me sean aclaradas las anteriores dudas e indicarme si el que está equivocado es el suscrito y si el procedimiento aplicado por los órganos antes mencionados es el correcto, enderezar los procedimientos conforme lo señale su Autoridad.”
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La Licda. Yadira Brizuela Guadamuz, Profesional en Derecho de la Escuela Judicial, rinde el siguiente informe:

“Informe
Sentencias de sobreseimiento en las que ha decretado la prescripción de la acción penal.

Antecedentes.

I. Consulta presentada por el licenciado Luis Guillermo Romero Ramos, juez ejecutor de la pena de la zona atlántica. Se refiere a la situación de las personas condenadas a quienes se les ubica en nivel semi-institucional e incumplen con las condiciones impuestas por el Instituto Nacional de Criminología,  de modo que dejan de presentarse a pernoctar o a firmar en la oficina asignada.
	Señala que en la mayoría de los casos, se solicita ante el juez ejecutor del lugar correspondiente la emisión de una orden de captura, a fin de poner a derecho al privado de libertad; pero en otras ocasiones se presenta denuncia ante el Ministerio Público para que se investigue si se incurrió en el delito que prevé el artículo 324 del Código Penal. Los fiscales auxiliares, sin embargo, desestiman tales denuncias por considerar que se trata de un incumplimiento administrativo.
	Expresa el consultante su desacuerdo con ambos procedimientos, en tanto considera que el emitir órdenes de captura constituye una extralimitación de las facultades del juez ejecutor. Asimismo estima que lo procedente es la denuncia ante la fiscalía para que se determine, con el debido proceso, si la persona se evadió por su voluntad, si medió ayuda de algún funcionario; y se logre en esa misma causa la ubicación del penado y su captura.
	
II. La presente consulta cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos por el Consejo Directivo de la Escuela Judicial, en su sesión n° 15-01 del veintitrés de agosto de dos mil uno, artículo V. Por lo anterior, se resuelve de conformidad con el artículo 6 inciso b) de la ley número 6593, Ley de Creación de la Escuela Judicial.

Resoluciones de la consulta
La consulta debe evacuarse en los siguientes términos:
	Las personas condenadas a cumplir una pena privativa de libertad se encuentran sometidas al poder punitivo del Estado, en los términos decididos en una sentencia penal firme y con prescindencia de las facultades de la administración penitenciaria para ubicarlas en distintos niveles de contención.
	El artículo 326 del Código Penal (anteriormente: 324) castiga a quien “hallándose legalmente detenido, se evadiere”.  El término evadir supone el quebranto de medidas de contención que deben ser reales y efectivas o, como lo ha señalado la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia en sentencias de larga data: 
	“... es conveniente señalar que esta Sala, en la resolución número 146-F de las nueve horas con veinte minutos del veintisiete de mayo de mil novecientos ochenta y ocho, indicó que para configurar el tipo penal de evasión es indispensable que la persona se sustraiga a la acción de la justicia pero estando detenida, es decir que se evada estando sometida efectivamente a una custodia real, directa e inmediata, de los funcionarios públicos,  y que tal situación no se presenta cuando el interno aprovecha un permiso de salida otorgado por los propios funcionarios que lo custodian, para no regresar al penal, ya que en tales supuestos aún cuando se evada no lo hace bajo la condición necesaria de un estado de detención real.  Conviene agregar ahora, para la resolución del presente caso, que lo anterior no significa que todos los internos sometidos al "Régimen de Confianza" del sistema penitenciario estén exentos del delito de evasión sólo por el hecho de disfrutar de permisos de salida.  En efecto, para determinar ese delito se configura es indispensable examinar las condiciones en las cuales se realiza la fuga.  Si se trata de un interno que aprovechó un permiso de salida para no regresar al penal, tendríamos que concluir que la evasión se produjo cuando el sujeto no estaba sometido a una efectiva y real detención (como condición física necesaria) y que, por tanto, falta uno de los elementos del tipo penal para configurar el ilícito de comentario; pero si el interno se encuentra ubicado en un Centro de Confianza, y elude la vigilancia y la seguridad interna a la que está sometido, que por lo general es mínima en esos lugares, con el fin de evadirse, tenemos que concluir que en este último caso sí se tipifica el delito de evasión porque la acción se despliega en momentos en que se encontraba bajo una efectiva y real custodia, es decir en una situación física de detención,  independientemente de que en otros momentos hubiere disfrutado de permisos de salida”.  (Sentencia No. 504-F-92, de 9:10 horas de 30 de octubre de 1992).
	Recientemente, la misma Sala Tercera reiteró idéntico criterio, señalando: 
	“La conducta que el legislador ha tipificado como ‘evasión’ presupone, desde la descripción del tipo penal, la privación de libertad del sujeto activo, no tanto por la existencia de un fallo condenatorio firme, sino de motivos que justifiquen legalmente la reclusión y que el agente frustre con su fuga. Entonces, es claro cómo para hablar de evasión, se requiere necesariamente de la existencia de restricciones reales y actuales de la libertad ambulatoria, con algún tipo de vigilancia y contención como obstáculos para impedir la libre circulación y como aseguradores de la contención antes mencionada tal y como desde antigua data lo ha reconocido la jurisprudencia de esta Sala (cfr. entre otros, resoluciones   146-F de las 9:20 horas del 27 de mayo de 1988 y 504-F-92 de las 9:10 horas del 30 de octubre de 1992) . En el caso concreto, está acreditado que Pérez Varela gozaba de un régimen abierto de confianza, que le permitía alejarse del Centro de viernes a domingo, día en que debía regresar. Es evidente que en este supuesto, pese a que el justiciable se encontraba legalmente condenado a descontar pena de prisión, la forma en que administrativamente se dio ejecución a la misma, no permitiría hablar de que al no haber regresado el día correspondiente, el acusado se evadió, pues precisamente su libertad favoreció la decisión de no regresar, incumpliendo el régimen de que gozaba, pero sin que su conducta pueda calificarse como evasión”. (Sentencia No. 877-04, de 9:25 horas de 23 de julio de 2004).
	Desde esta perspectiva, la conducta de quienes, hallándose en un nivel semi-institucional, no regresan al centro penitenciario a firmar, no constituye delito alguno, en la medida en que no están quebrantando ningún medio de contención real y efectivo que los obligue a permanecer bajo vigilancia en cierto lugar, sino aprovechándose de las facilidades que se le brindaron para que goce de libertad con la única restricción de comparecer al centro penitenciario en las fechas que se le indicaron.
	Así, la desestimación que promueven los fiscales de las denuncias entabladas por ese tipo de conductas, posee un correcto sustento legal, en virtud de tratarse de acciones atípicas en el derecho penal costarricense.
	Ahora bien, la circunstancia de que los actos descritos no constituyan delito, no significa que tampoco existan medidas jurídicas para resolver el problema. Tal como se adelantó, dichas personas se encuentran sometidas al poder punitivo del Estado, con base en una sentencia firme decretada por los tribunales competentes.
	El artículo 453 del Código Procesal Penal señala con claridad que: 
... las resoluciones judiciales serán ejecutadas, salvo disposición en contrario, por el tribunal que las dictó en primera o única instancia. El tribunal de sentencia será competente para realizar la primera fijación de la pena o las medidas de seguridad, así como las condiciones de su cumplimiento. Lo relativo a las sucesivas fijaciones, extinción, sustitución o modificación de aquellas será competencia del tribunal de ejecución de la pena. 
Asimismo, el artículo 458 inciso a) del mismo código le atribuye al juez ejecutor la función de “Mantener, sustituir, modificar o hacer cesar la pena y las medidas de seguridad, así como las condiciones de su cumplimiento.
	Se infiere con facilidad de las previsiones legales citadas, que corresponde a los jueces ejecutores la atribución de “mantener” la pena impuesta, lo que comprende tanto la situación en que se deniegue algún beneficio solicitado, como el deber de disponer lo necesario para que la pena se cumpla cuando el condenado ha logrado eludirla (sea esto por evasión típica y punible o por cualquier otro acto que signifique el incumplimiento de la sanción en las condiciones impuestas, como los que se plantean en la consulta).
	Se concluye, entonces, que los jueces ejecutores se encuentran jurídicamente obligados a decretar la orden de captura contra la persona condenada que se evadió del centro de reclusión, del arresto domiciliario o que no regresó a la oficina asignada a pernoctar o a firmar; pues la orden de captura, en primer término, no puede ser dispuesta por las autoridades administrativas y, en segundo lugar, constituye el modo previsto por la ley para que se mantenga el efectivo cumplimiento de la pena impuesta.
	El único presupuesto que se requiere para ordenar la captura del sentenciado, es la verificación de que en efecto se evadió (sin que tenga aquí trascendencia alguna la ayuda que pudiese haberle prestado algún funcionario) o de que no regresó a pernoctar o a firmar en la fecha que se le indicó. 
No se trata de un proceso para establecer la culpabilidad del condenado por eludir el cumplimiento de la condena (esto, de ser el caso, se analizaría en la causa que se le siguiere por el delito de evasión, en los casos en que ese delito se configura, a los que no se refiere la consulta; o bien en el procedimiento administrativo que se mencionará posteriormente), sino de la ejecución de una sentencia firme que la ley encomendó al juez ejecutor.
	Por ende, la orden de captura es siempre procedente con la sola verificación de que la pena ya no se está cumpliendo –y, con ello, la sentencia que la impuso-; el juez ejecutor debe decretarla, pues de lo contrario incumpliría uno de los deberes fundamentales que le competen y el tema es por completo independiente de lo que se decida en la vía penal respecto de si ocurrió o no una evasión típica. Desde luego, el juez también podrá revisar, en su oportunidad, lo que se resuelva administrativamente respecto del trato penitenciario que se otorgue al condenado, con arreglo a lo que dispone el artículo 458 del Código Procesal Penal. 
	El consultante expresa su preocupación porque la orden de captura se emite sin seguirse un “debido proceso” para averiguar los motivos por los que el condenado incumplió con las restricciones que se le impusieron. Conviene reiterar aquí que se trata de una persona a la que se le notificó, en su oportunidad, la existencia de un fallo condenatorio que le impuso pena privativa de libertad y fue asimismo informada de las condiciones y beneficios que involucra el régimen semi-institucional. Por lo general, se desconocerá su paradero y no se encuentra resguardada por ninguna presunción que obligue al Estado a demostrar las causas del incumplimiento de las condiciones estipuladas, de previo a ordenar su captura. Es al sentenciado, en este caso, a quien corresponde justificar y explicar las razones de su incumplimiento.
	Se obtiene de lo dicho que la orden de captura es el único medio idóneo para asegurar que la sentencia dispuesta contra el condenado siga ejecutándose.
	Obviamente, en el supuesto de simple inasistencia (justificada o injustificada), pero seguida por la presentación del condenado ante las autoridades penitenciarias (es decir: si retorna voluntariamente al centro de reclusión), la orden de captura carece de todo sentido y deberá omitirse o, en su caso, ser revocada. Lo que las autoridades administrativas resuelvan sobre la ubicación del sentenciado (manteniéndolo en el régimen semi-institucional o institucionalizándolo), podrá ser revisado por el juez ejecutor para controlar la legalidad del acto. Así lo ha expuesto la Sala Constitucional en el voto No. 7661-03, de 15:18 horas de 29 de julio de 2003:
	“(...) la recurrente reclama que en Sesión Ordinaria N° 3245 celebrada el 13 de mayo de 2003, el Instituto Nacional de Criminología suspendió el beneficio concedido al amparado de cambio en la modalidad de custodia, otorgado en sesión N°3233 del primero de abril de 2003, y en su lugar se acordó reubicarlo en el Nivel Institucional con la correspondiente restricción a su libertad personal. Lo anterior, considera que lesionó el principio del debido proceso, en su modalidad de indefensión, debido a que la decisión se tomó sin realizar investigación previa, sin otorgar audiencia al amparado, y únicamente con fundamento en una serie de denuncias –a su juicio falsas- interpuestas por la esposa del amparado. Del informe rendido por el Director del Instituto Nacional de Criminología (INC) –que se tiene dado bajo la fe de juramento, con oportuno apercibimiento de las consecuencias incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta jurisdicción-, y la prueba que obra en autos se concluye que al amparado se le notificó debidamente el motivo de la suspensión del beneficio otorgado, y su consecuente reingreso en el Nivel Institucional; asimismo, se verifica que tuvo oportunidad de interponer las acciones recursivas que estimó pertinentes, siendo que en sesión N° 3265, artículo 42, el INC resolvió un recurso extraordinario de revisión interpuesto por el amparado, y se acordó restituirlo al Centro de Atención Semi-Institucional San José, donde se encontraba antes de la interposición de las denuncias supra citadas, acuerdo que adquirió firmeza el 22 de julio de 2003. Por lo anterior, en criterio de la Sala el recurso carece de interés actual, dado que dentro del propio procedimiento se han satisfecho los intereses del amparado, y en consecuencia, debe ser declarado sin lugar. De todas formas, el competente para controlar el cumplimiento del régimen penitenciario y el respeto de las finalidades constitucionales y legales de la pena, así como las medidas de seguridad, es el juez de ejecución de la pena, de manera que es éste a quien corresponde revisar lo actuado por la Administración Penitenciaria, en caso de que el amparado desee presentar la queja correspondiente ante ese órgano jurisdiccional. Así las cosas, no se constata ninguna arbitrariedad en lo actuado por la autoridad recurrida que implique la vulneración a la libertad personal del amparado, y por tal razón, lo procedente es ordenar la desestimación de este recurso, como en efecto se dispone”.
	Expresado con otros términos, aunque la orden de captura ha de emitirse por el juez ejecutor con la sola constatación de que el sentenciado se evadió (en el supuesto de personas institucionalizadas) o incumplió con las condiciones del régimen semi-institucional (en virtud de que no compareció a pernoctar o a firmar cuando debía hacerlo y se encuentra en fuga); esto no releva a las autoridades penitenciarias de su deber de seguir un procedimiento administrativo interno en el que, asegurando los derechos de audiencia y defensa del condenado, se determinen las consecuencias que para él aparejará su conducta dentro del sistema penitenciario (v. gr.: reubicación o institucionalización). La legalidad de lo resuelto y del procedimiento seguido, puede ser sometido al control del juzgado ejecutor de la pena, de tal modo que se evite la arbitrariedad o las consecuencias excesivas, desproporcionadas o irrazonables. Y es dentro de tal procedimiento que el condenado podrá (si no lo ha hecho antes), brindar las explicaciones o justificaciones de la actuación que significó el incumplimiento de las obligaciones anejas al régimen en que se le ubicó; las cuales también podrán ser conocidas y valoradas por el juez ejecutor, si se interpone reclamo contra el acto administrativo.
	Conviene también tener presente el criterio de la Sala Constitucional, en el sentido de que: “(...) si lo que pretende el recurrente es su traslado a otro ámbito de convivencia o centro penal, ello debe ser canalizado ante el Juez de Ejecución de la Pena, según lo dispone el artículo 458 del Código Procesal Penal, ya que se encuentra sentenciado a veinte años de prisión. Ello debido a que para ubicar a un privado de libertad dentro del sistema penitenciario se requieren informe técnicos de las condiciones personalísimas de cada individuo, lo que es propio de la vía ordinaria y no de la constitucional”. (Voto No. 5160-2004, de 10:48 horas de 14 de mayo de 2004)
Como puede observarse, las funciones y potestades del juez ejecutor de la pena son amplias, para asegurar el control de la legalidad, la razonabilidad y la proporcionalidad de los actos de la administración penitenciaria en diversos aspectos y, en lo que concierne a la consulta planteada, para revisar lo que las autoridades administrativas decidan en torno del sujeto que, habiéndose evadido o incumplido las condiciones que se le impusieron para gozar del régimen semi-institucional, es capturado o regresa voluntariamente y será a través de ese control ex post, que se determinará si la decisión acordada por dichas autoridades cumplió con los requisitos que legalmente se le asignan.
	
	CONLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 
	1) Se concluye de lo expuesto que compete al juez ejecutor ordenar la captura de las personas condenadas a cumplir una pena privativa de libertad, cuando constate que dicha pena ya no se está ejecutando, sino que logró eludírsela, fuere ello por conductas típicas del delito evasión o por el incumplimiento de las condiciones que se fijaron en un nivel semi-institucional.
	2) El único presupuesto de la orden de captura es la constatación de que, en efecto, la pena dejó de cumplirse por fuga del condenado o porque no se presentó al centro asignado en el momento que se le indicó y, con ello, que la sentencia firme ya no se está ejecutando; y debe decretarse de inmediato ante esa simple verificación, pues lo contrario implicaría el incumplimiento de una de las funciones principales del juez ejecutor, cual es la de asegurar la ejecución de la pena.
	3) Las decisiones que adopte la administración penitenciaria respecto del condenado, una vez que se le capture o voluntariamente regrese a cumplir la pena, podrán ser conocidas y revisadas por el juez ejecutor, a fin de controlar la legalidad, la proporcionalidad y la razonabilidad del acto.”
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SE ACUERDA:   Aprobar el informe rendido por la Licda. Yadira Brizuela Guadamuz.  Comuníquese al Lic. Luis Guillermo Romero Ramos, Juez Ejecutor de la Pena de la Zona Atlántica.  ACUERDO FIRME. 

ARTICULO VI
El Lic. Martín Matamoros Mora, Jefe de la Unidad de Capacitación del O.I.J. en oficio EJ-CAP-008-2005 del 25 de enero de 2005 dice:

“Para su estimable conocimiento y fines consiguientes me permito informarles que, a la fecha, ha sido materialmente imposible para el suscrito dar cumplimiento al acuerdo tomado por el Consejo Directivo de la Escuela Judicial en la sesión No. 16 del 2 de setiembre del año 2004, artículo IX, en el que se me comisionó para gestionar lo que correspondiera para que se iniciará el proceso de capacitación para el uso de la recargadora de munición.

Debido a la jubilación del señor Federico Rojas Quirós, en fechas posteriores al acuerdo del Consejo Directivo, no fue posible que él brindara la capacitación, por lo que se realizaron contactos con el señor Erick Karoliki , Director del Armamento Nacional para que colaborara con la Escuela Judicial como instructor en el uso de la recargadora manifestando verbalmente su disposición.   Sin embargo, en reiteradas ocasiones se han dejado mensajes en su oficina con su personal de apoyo y además se le han remitido notas vía fax , para definir las fechas de la capacitación, pero no ha respondido.”
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El Dr. Chirino informa que efectivamente se ha tratado de contactar con el señor Erick Karoliki pero no ha sido posible.  Por otro lado la persona que podría dar esa capacitación sería el exarmero judicial quien está jubilado, pero cobraría honorarios y la Escuela tendría que contratarlo con la previsión para consultorías, las cuales no estarían disponibles sino hasta por lo menos el mes de junio de este año.

El Lic. Jorge Segura conversó con el  Lic. Rogelio Ramos para ver si es posible contar con la colaboración del señor Erick Karoliki  para que brinde la capacitación requerida y le informó que el Sr. Karoliki  estaba de vacaciones,  pero que hay un problema con respecto a ese asunto  y que mañana hablarían al respecto.

El Dr. Chirino dice podría pensarse en gestionar ante el Consejo Superior la posibilidad de que se autorice la contratación de los servicios del señor Federico Rojas Quirós  para que imparta dicha capacitación  debido a la necesidad institucional, pero que dicha contratación se haga con  cargo al presupuesto del Poder Judicial,  ya que la Escuela no contaría con esos recursos sino hasta muy tarde este año.
 
SE ACUERDA:  1) Previo a resolver, esperar que el Lic. Jorge Segura converse con el  Lic. Rogelio Ramos, Ministro de Seguridad Pública, con el fin de determinar si se puede contar con la colaboración del señor  Erick Karoliki.  2)  Solicitar al Consejo Superior que debido a la necesidad institucional que existe de realizar la capacitación sobre la recargadora de munición, se autorice con cargo al presupuesto del Poder Judicial,  la contratación de los servicios del señor Federico Rojas Quirós en caso de que no se cuente  con la ayuda del Ministerio de Seguridad   ACUERDO FIRME.

ARTICULO VII

El Lic. Martín Matamoros Mora, Jefe de la Unidad de Capacitación del O.I.J., en oficio EJ-CAP-009-2005 de fecha 25 de enero del año en curso dice:

“Muy respetuosamente me permito remitirles el oficio 354-SEC-04 suscrito por el Lic. Marlon Schlotterhausen Rojas, Secretario General del OIJ y el oficio 6024-JEF-2004, suscrito por la Licda. Viria Fernández Morales, Jefa del Archivo Criminal, en el que solicita una pasantía de 5 días para los diez Técnicos en Criminalística de las diferentes Delegaciones Regionales del Organismo de Investigación Judicial, con el fin de que reciban capacitación el manejo del Sistema Automatizado de Identificación Dactilar,  según el cronograma que allí se detalla y que iniciaría en el mes de febrero próximo.

El Lic. Marlon Schlotterhausen Rojas en su oficio expresa, como criterio personal, que debe valorarse la necesidad de dicho curso por cuanto el O.I.J., está distante de contar con el Sistema Automatizado de Identificación Dactilar en las sedes regionales.

Conversé con la Licda. Viria Fernández sobre el tema y me indicó que en su criterio  la necesidad existe debido a que los técnicos que laboran en las sedes regionales del Organismo no conocen el manejo del Sistema y eso les produce una limitación para poder aspirar a ocupar cargos de Técnico 2 en el Archivo Criminal y además, que en horas no hábiles si el técnico regional de desplaza a San José y conoce el manejo del Sistema, perfectamente podría utilizarlo para revisar casos urgentes  que este trabajando en la oficina en la que labora.

Debido a que esta pasantía fue solicitada con posterioridad a la elaboración del Plan de Trabajo de la Escuela Judicial,  la traslado al Consejo Directivo para lo que tenga a bien resolver.”
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El Lic. Francisco Segura manifiesta que si bien es cierto   que el O.I.J. está distante de contar con el Sistema Automatizado de Identificación Dactilar en las sedes regionales, no quisiera que se pasara por alto que es lo que está ocurriendo con la recargadora,  en especial que  la persona que la  utilizaba se fue y no hay quien capacite en su manejo  a otra persona. Él es del criterio que el conocimiento debe compartirse ya que habría una bolsa de trabajo para casos de sustitución por vacaciones, permisos etc., y además un técnico graduado aunque esté en Ciudad Neilly por lo menos va a tener la visión de lo que hace la máquina y sabrá pedir las cosas en forma precisa, por lo que no comparte la opinión  del Lic. Schlotterhausen, le parece que es necesario que más gente conozca su funcionamiento.  En cuanto a los técnicos regionales, considera que ellos están capacitados ya que son los que realizan los estudios lofoscópicos en las delegaciones y están encargados de los archivos criminales.

El Lic. Segura  Román pregunta si esas personas necesitan algún tipo de certificación o título que  los capacite  para certificar el resultado de las pericias, ya que se puede dar el caso de que haya una  objeción en admitir eso como prueba  en un juicio porque el que certifica   no tiene competencia para ello.

El  Lic. Francisco Segura dice que no está seguro, pero cree que están calificados ya que son los encargados de hacer los todos los estudios comparativos de las huellas en las delegaciones y en el Archivo Criminal se les dio un curso, pero podría  consultar a la Licda. Viria Fernández si ellos deben tener un título que los capacite para dar un testimonio técnico en el proceso.

El Dr. Chirino manifiesta que el asunto va un poco en el sentido según  lo manifestó el Lic. Francisco Segura, de que se trata primero de no perder gente valiosa que podría eventualmente asumir esos trabajos cuando los que están ahí se retiren. Segundo porque con dicha experticia pedirán mejores informes al departamento, ya que conociendo lo que la máquina puede dar, no van a exigir al departamento cosas imposibles.  Le parece que es importante que ellos conozcan  su función.  Considera además que hay  un interés de esos funcionarios en optar por una plaza mejor pagada, que es la de  técnico 2 y aunque no deja de pensar que esto es una ventaja estratégica para ellos, hay que  pensar más en función institucional.

El Lic. Francisco Segura agrega que está muy lejos que ese tipo de máquinas se adquieran para las zonas regionales, pero recientemente se adquirió una unidad para tomar huellas remotas para el Segundo Circuito, ya que no van a transitar en  papel sino en forma digital y es posible que, en algún momento, se tengan que presupuestar más unidades remotas y quien las manejarán serán esos técnicos, por lo que considera necesario que se dé la pasantía.

SE ACUERDA: Mantener la pasantía de cinco días para los diez técnicos en Criminalística de las diferentes Delegaciones Regionales del O.I.J., con el fin de que reciban capacitación en el manejo del Sistema Automatizado de Identificación Dactilar.  Se comisiona al Lic. Martín Matamoros Mora, Jefe de la Unidad de Capacitación del O.I.J. para que organice el evento para el próximo mes de marzo.

ORGANISMO DE INVESTIGACION JUDICIAL

ARTICULO VIII

El señor Jairo Díaz Vega y Paulo Cesar Sequira Espinoza, estudiantes del Programa Básico de Formación en Investigación Criminal del O.I.J. XLIX, en oficio de fecha 29 de noviembre de 2004 dicen:

“Por la presente nos permitimos saludarles y a la vez presentarnos, somos Jairo Díaz Vega y Paulo Cesar Sequira Espinoza estudiantes del Curso Básico de Investigadores Judiciales  solicitarles muy respetuosamente, el visto bueno  para que se nos practique otra prueba extraordinaria de la materia de Medicina Legal, ya que se nos practicó un extraordinario y lo perdimos.

En una reunión que tuvimos con el Doctor Jorge Mario Roldán, coordinador del departamento de Medicina Legal, él se encuentra con toda la disposición en practicarnos otro examen siempre y cuando ustedes como consejo aprueben realizarla.

Ya que el no graduarnos este año nos haría mucho problema en nuestras aspiraciones laborales, porque los dos pertenecemos a la misma sección.

Se despiden muy respetuosamente y agradeciendo toda su comprensión.”
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“El señor Lic. Martín Matamoros Mora, Jefe de la Unidad de Capacitación del O.I.J. en oficio EJ-CAP-417-2004 de fecha 3 de diciembre de 2004 dice:

Referente a la nota  adjunta, fechada 29 de noviembre del año en curso, suscrita por los señores Jairo Díaz Vega y Paulo César Sequeira Espinoza, participantes del Programa Básico de Formación en Investigación Criminal del O.I.J, me permito informarles que la  misma petición fue presentada por los señores Díaz Vega y Sequeira Espinoza a mi persona y les respondí mediante el oficio EJ-CAP-414-2004 en el que les expresé  mi criterio, el cual para los efectos mantengo y transcribo para su conocimiento.
 
     " En respuesta a su nota con fecha del día de hoy, me permito comunicarles que de conformidad con lo establecido en el artículo 25 del Reglamento de la Escuela Judicial, quienes no aprobaren un curso tienen derecho a realizar una prueba extraordinaria sobre la materia recibida y si no lograren la nota mínima lo que corresponde es repetir esa materia.

       Debido a que la situación de ustedes dos es que  ya realizaron la prueba extraordinaria que señala el artículo mencionado y aún así, reprobaron la materia, no es posible dar mi visto bueno para realizar una segunda prueba extraordinaria.  "

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SE ACUERDA: Comunicar a los señores Jairo Díaz Vega y Paulo Cesar Sequeira Espinoza,, estudiantes del Programa Básico de Formación en Investigación Criminal del O.I.J. XLIX que de acuerdo con lo establecido en el artículo N°25 del Reglamento de la Escuela Judicial se deniega su solicitud y se autoriza repetir la materia en el próximo curso. ACUERDO FIRME. 

ARTICULO IX

El Lic. Randall Zamora Zamora, Jefe de la Sección de Fraudes del Organismo de Investigación Judicial en oficio 1540-F-04 de fecha 13 de diciembre de 2004 dice:

Nos permitimos informarle que esta Sección estará pronta a cumplir el décimo aniversario de su fundación, razón por la cual le solicitamos de la manera más atenta que se sirva interponer sus oficios, a fin de que los compañeros de Audiovisuales de esa Escuela, puedan ayudarnos con la confección de un vídeo en el cual se haría un  breve recuento de los trabajos más destacados que hemos realizado en este período.

Dicho vídeo sería presentado posteriormente a todas las Delegaciones y Subdelegaciones de este Organismo, así como también se expondrá en las distintas actividades que se tienen programadas para la conmemoración del aniversario de marras en febrero.

Agradecemos la atención que se sirva brindarle a la presente, y la colaboración que en este sentido puedan brindarnos, lo cual conllevará a la buena consecución de los planes que tenemos fijados para una celebración tan importante para nosotros.

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SE ACUERDA:  Previo a resolver, solicitar a la  Sección de Audiovisuales de la Escuela Judicial que  informe si de acuerdo con la programación de este año existe espacio y tiempo para realizar  la confección del vídeo solicitado.  ACUERDO FIRME.

ARTICULO X

La Dra. Leslie Solano Calderón, Jefe del Departamento de Medicina Legal y el Dr. Carlos Luis Abarca Barrantes, Presidente de la Asociación Costarricense de Medicina Forense, remiten copia del oficio J.L.M.L 2004-1639 de fecha 23 de diciembre de 2004 enviada a la Licda. Silvia Navarro Romanini, Secretaria del Consejo Superior que dice:

“Reciba un cordial saludo del Departamento de Medicina Legal y la Asociación Costarricense de Medicina Forense.

La presente es para solicitarle poner en conocimiento del Honorable Consejo Superior del Poder Judicial lo relativo a las XIX Jornadas Costarricenses de Medicina Legal, que se realizarán en el Hotel Fiesta, Puntarenas, los días 2, 3 y 4 de setiembre de 2005, que corresponden a un fin de semana para que permita la asistencia de las Autoridades Judiciales, Profesionales y Servidores sin afectar sus obligaciones laborales y evitando derogar recursos por sustituciones.

El tema a tratar será:  “Salud en el trabajo” y el lema “Justicia en la valoración” y pretende actualizar y debatir sobre la Medicina Legal Laboral.

Las Jornadas Costarricenses de Medicina Legal constituyen el único evento anual en la materia para los médicos y profesionales del Departamento de Medicina Legal por lo que solicitamos su oficialización y girar las instrucciones para la reserva presupuestaria atinente.”

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SE ACUERDA: Tomar nota 

ASUNTOS VARIOS

ARTICULO XI

El Lic. Wilberth A. Sibaja Picado, Presidente de la Asociación de Profesionales de Tributación y del Tribunal Fiscal Administrativo (ASPROTTFA) en oficio de fecha 18 de enero de 2005 dice:

“La Asociación de Profesionales de Tributación y del Tribunal Fiscal Administrativo (ASPROTTFA), les saluda y les desea éxitos para este 2005.

Aprovechando la oportunidad que nos presentan las labores que en conjunto realizamos la Dirección General de Tributación y el Poder Judicial en las que se coordinan entre otros las Sanciones Penales por Delitos Tributarios y los Allanamientos, queremos solicitarles en forma respetuosa estudiar la posibilidad de establecer entre ambas partes un Convenio de Capacitación permanente en diferentes áreas o especializaciones, mediante el cual se pueda brindar actualización profesional a todos nuestros miembros afiliados, y se asegure al mismo tiempo que la información que se integre a los expedientes sea la idónea para llevar a buen término los procesos entre ambas dependencias.

Es de nuestro interés, coordinar capacitaciones en Derecho Penal, Auditoría Forense, Delitos Penales y Tributarios, Auditoría de Sistemas, Lavado de Dinero, y El Derecho a no Autoincriminarse. 

Asimismo, por nuestra parte podríamos brindarles algunas capacitaciones sobre Fiscalidad Internacional, Contabilidad de Costos y otros, dependiendo de sus necesidades.

A efectos de coordinar detalles, mis números de teléfono son 258-0111 y el 838-9380, ó en la Administración Tributaria de Grandes Contribuyentes, Subgerencia de Fiscalización, en Barrio Escalante, 300 Este de la Iglesia Santa Teresita, Edificio Esquíes.

En espera de una respuesta positiva de parte de ustedes, se despide atentamente,”
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SE ACUERDA:  Aprobar  la realización de un Convenio de Capacitación  con la Asociación de Profesionales de Tributación y del Tribunal Fiscal Administrativo (ASPROTTFA).  Se comisiona al Lic. Mateo Ivankovich Fonseca, Subdirector de la Escuela Judicial para que realice las primeras tratativas con ellos para que se elabore dicho convenio.

ARTICULO XII

El Lic. Paul Chaves C., Director  de Investigación Especializada (DIE) del Ministerio de Seguridad Pública y Asesor del Ministro, en oficio DDIE:005-2005 de fecha 3 de enero del 2005 dice:
“Le solicito considerar favorablemente el poder girar instrucciones para que nuestra institución sea avisada de cualquier actividad académica (Cursos, Charlas, Talleres, Seminarios), que vaya a desarrollar la escuela Judicial durante el año 2005.

La Dirección de Investigación Especializada (DIE), es una unidad policial de unos 110 funcionarios, de nivel policial, técnico, profesional, que serían partícipes y beneficiarios de tales iniciativas.”
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El Lic. Francisco Segura manifiesta que quiere dejar plasmado su posición al respecto, y es que ellos tienen una dirección de investigaciones y el Ministerio de Seguridad Pública no tiene  competencia para realizar investigaciones criminales.  Por lo que es un tema que se tratará  en su momento.

SE ACUERDA: Comunicarle al Lic. Paul Chaves C., Director  de la Dirección de Investigación Especializada (DIE) del Ministerio de Seguridad Pública y Asesor del Ministro, que el Plan de Trabajo de la Escuela  Judicial para el 2005, está en proceso de aprobación por parte del Consejo Superior, por lo que se les remitirá una vez que este aprobado.

ARTICULO XIII

La Licda. Mónica Román Jacobo, Directora General de Hacienda, en oficio DGH-042-2005 de fecha 1 de febrero de 2005 dice:

“El pasado 21 de octubre, en Sesión 18, mediante el artículo XIV, tuvimos el agrado de ser autorizados por el Consejo directivo de la Escuela Judicial, para participar en la capacitación organizada por dicha entidad, a funcionarios del Ministerio de Hacienda, solicitada específicamente para aquellos que integran el Departamento de Control y Evaluación de la Gestión Tributaria y Aduanera de la Dirección General de Hacienda.

Como había sido indicado anteriormente, dentro de las funciones asignadas a este Departamento, se encuentra la de llevar a cabo aquellas investigaciones que versen sobre actos irregulares cometidos por funcionarios hacendarios con un carácter de investigación preliminar, con el fin  último de iniciar los procedimientos administrativos correspondiente y respectivo traslado a las autoridades judiciales competentes.

Dicho Departamento, se encuentra conformado por un equipo multidisciplinario de diez profesionales, entre los cuales se encuentran Administradores, Abogados, Contadores Públicos, Planificadores, quienes de manera integral participan en cada uno de los procesos asignados conforme a su capacidad académica y experiencia laboral.

Nuestras autoridades, han procurado la profesionalización de este Departamento, con el fin de garantizar la efectiva consecución de los fines y objetivos fijados, que abarca además de la lucha contra la corrupción, el control y la evaluación de la gestión, a nivel tributario y aduanero y en general el mejoramiento continuo de la Administración Tributaria.

Así las cosas, y de conformidad con la información suministrada por la Unidad de Capacitación del Organismo del Poder Judicial, respetuosamente solicitamos se someta a estudio, el otorgamiento de los cupos materiales posibles, para que funcionarios del Departamento de Control y Evaluación de la Gestión Tributaria y Aduanera, realicen los cursos que adelante se detallan y que por su materia son de mucho interés para su futura aplicación en la etapa investigativa.

Los cursos solicitados son:

1.   Investigación Básica de Delitos Económicos, para llevarse a cabo del 14 al 18 de  marzo, y del 31 de octubre al 04 de noviembre.

2.	Técnicas de entrevistas policial, para llevarse a cabo del 04 al 06 de abril.

3.	Vigilancia estacionaria y electrónica, para llevarse a cabo del 02 al 06 de mayo.

4.	Investigación Básica sobre Crimen Organizado, para llevarse a cabo del 23 al 27 de mayo.

5.	Manejo de Informantes, para llevarse a cabo del 08 al 10 de agosto.

Respecto al resto de cursos, organizados directamente por la Escuela Judicial, nos encontramos a la espera de la publicación del Plan Anual de Labores 2005, con el fin de seleccionar aquellos de interés, para gestionar las autorizaciones correspondientes y coordinar la participación en dichos eventos.”
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SE ACUERDA:  1) Trasladar la solicitud planteada al Lic. Martín Matamoros Mora, Jefe de la Unidad de Capacitación  para que se tome en cuenta a los funcionarios  del Ministerio de Hacienda en los cursos mencionados, siempre y cuando existan cupos disponibles  ya que se debe dar prioridad a los funcionarios y servidores judiciales y remitir el Plan de Trabajo de la Escuela Judicial para el 2005 una vez que este aprobado por el Consejo Superior a la Licda. Mónica Román Jacobo, Directora General de Hacienda.

Se levanta la sesión a las  nueve  horas con cincuenta  minutos.

Mag. Ana Virginia Calzada Miranda                 Dr. Alfredo Chirino Sánchez
                  PRESIDENTA                              DIRECTOR ESCUELA JUDICIAL