ACTA N° 17-2005

CONSEJO DIRECTIVO DE LA ESCUELA JUDICIAL, San José, a las ocho horas con cuarenta  cinco minutos del  trece de julio  del año dos mil cinco.

Se inicia la presente sesión ordinaria con la asistencia de la Magistrada Ana Virginia Calzada Miranda, quien preside; Dr. Alfredo Chirino Sánchez, Director de la Escuela Judicial; Lic. Francisco Dall´Anese Ruiz, Fiscal General de la República; Lic. Francisco Segura, en representación de la Dirección del Organismo de Investigación Judicial; Lic. Horacio González Quiroga, Juez Tribunal Superior Contencioso Administrativo; Lic. Alejandro Rojas,   en representación de la Defensa Pública; Dr. Víctor Ardón Acosta, Juez Tribunal Superior de Trabajo y la Sra. Aida Cristina Sinclair Myers, Secretaria a.í. de la Escuela Judicial.

ESCUELA JUDICIAL

ARTICULO I

Se aprueba el acta N°16 del  22 de junio de 2005.

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ARTICULO II

Las Licenciadas Hanny Sbravatti Maroto, Rosario Alvarado Chacón y Olga Viales Rosales, Juezas de Juicio del Tribunal de Juicio de Alajuela, en oficio de fecha 8 de mayo del 2003 dice:

“Sirva la presente para enviarle un caluroso saludo y a la vez para solicitarle de ser posible nos evacuara la siguiente consulta:  A raíz de que a los Tribunales de Juicio se les han anulado varias sentencias de sobreseimiento en las que ha decretado la prescripción de la acción penal, lo que ha provocado varias inhibitorias para seguir conociendo del asunto, en razón del motivo de la nulidad, en donde los jueces no se han pronunciado sobre el fondo del asunto, y el órgano de Casación ha declarado que la acción penal no está prescrita, debiendo realizarse el juicio oral  público, deseamos conocer su criterio en relación con la inhibitoria, pues al no haber pronunciamiento de fondo, y ya existir un criterio de Casación de que la acción penal no está prescrita, los jueces que dictaron el sobreseimiento estarían o no inhibidos para pronunciarse en sentencia sobre el fondo del asunto.”

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La  Licda. Yadira Brizuela Guadamuz, Abogada de la Escuela Judicial en oficio EJ-UJ-160-2005 de fecha 12 de julio de 2005 rinde el siguiente informe:

INFORME
CONSULTA SOBRE MOTIVOS DE EXCUSA CUANDO SE HA DICTADO SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO POR PRESCRIPCIÓN DE LA 
ACCIÓN PENAL
Elaborada por
Yadira Brizuela Guadamuz
Abogada  Asistente 
Escuela Judicial

Antecedentes.

I. Consulta presentada por las licenciadas Hanny Sbravatti Maroto, Rosario Alvarado Chacón y Olga Viales Rosales, integrantes del Tribunal de Juicio de Alajuela, referente a si es procedente la excusa y separación del conocimiento de un asunto por parte de jueces que dictaron sentencia de sobreseimiento por prescripción de la acción penal, que resultó luego anulada por el superior.
II. La presente consulta cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos por el Consejo Directivo de la Escuela Judicial, en su sesión n° 15-01 del veintitrés de agosto de dos mil uno, artículo V. Por lo anterior, se resuelve de conformidad con el artículo 6 inciso b) de la ley número 6593, Ley de Creación de la Escuela Judicial.

Resoluciones de la consulta:

I- Régimen de causales de excusa:  El artículo 55 del Código Procesal Penal regula las causales de excusa de los juzgadores y establece, en su aparte a), que existe motivo de separación: “Cuando en el mismo proceso hubiera pronunciado o concurrido a pronunciar el auto de apertura a juicio o la sentencia, o hubiera intervenido como funcionario del Ministerio Público, defensor, mandatario, denunciante o querellante, o hubiera actuado como perito, consultor técnico o conociera del hecho investigado como testigo, o tenga interés directo en el proceso”. 
La Sala Constitucional, en sentencia No. 7531-97 de 15,45 hrs. de 12 de noviembre de 1997, expuso que la norma no es taxativa, esto es, que pueden existir otros supuestos de excusa y que lo que prevalece, en definitiva, es el aseguramiento de la objetividad, la independencia y la imparcialidad de los jueces, principios recogidos en diversas normas de valor supralegal, tanto de derecho interno –arts. 35, 39, 41 y 42 de la Constitución Política–, como internacional –art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos– . 
De lo anterior se obtiene que, además de los casos expresamente contemplados en la ley, los juzgadores deberán excusarse o podrán ser recusados siempre que a raíz de una actuación suya se vea comprometida su imparcialidad, su objetividad o su independencia. Así ocurre, por ejemplo, cuando al conocerse la solicitud del Ministerio Público de que se prorrogue la prisión preventiva del acusado u otra medida cautelar, el juez se excede en sus apreciaciones y vierte criterios sobre la culpabilidad del justiciable que van más allá de la valoración que debía hacerse para el conocimiento concreto de lo que se pedía (ver sentencia de la Sala Tercera, No. 256-05 de 8:45 horas de 8 de abril de 2005).
II- El dictado de “la sentencia” como causal de posterior excusa. Conforme se citó en el aparte precedente, la ley dispone que deberán excusarse del conocimiento del asunto aquellos funcionarios que hayan dictado el auto de apertura a juicio y “la sentencia”. Respecto del primero, no cabe duda de que el juez del procedimiento intermedio que  celebra la audiencia preliminar realiza o está llamado a realizar un examen relativamente amplio de las pruebas evacuadas (tanto de su licitud como de su aptitud demostrativa, a fin de establecer que existe base suficiente para que se convoque a la fase plenaria, pese a la restricción de que no podrá inmiscuirse en aspectos “propios del juicio oral”) y del proceso mismo, para determinar si habrá de enmendarse algún defecto. Desde este punto de vista,  se justifica que no pueda ese mismo funcionario intervenir luego como juez de juicio y el legislador estimó ya que aquella actuación compromete por sí sola la imparcialidad y la objetividad del juez.  
No ocurría lo mismo con el anterior Código de Procedimientos Penales de 1973, pues la Sala Constitucional siempre rechazó que existiera motivo de excusa para que fungiera como juez de juicio el juez de instrucción que había decretado el auto de procesamiento o el de elevación a juicio en el mismo asunto, con la salvedad de que hubiese emitido juicios de certeza y no solo de probabilidad en esas resoluciones. En este sentido, pueden consultarse, entre otras, las sentencias No. 2001-2519 de 14:36 hrs. de 28 de marzo de 2001 de la Sala Constitucional y la No. 725-01 de 9:40 horas de 20 de julio de 2001, dictada por la Sala Tercera.
En lo que concierne a “la sentencia”, la norma no hace, de forma expresa, distinción de ninguna naturaleza, por lo que, en principio, podría considerarse que el dictado de cualquier resolución de este tipo y motivada en cualquier razón constituiría causa suficiente para que el juez que la decretó deba excusarse de intervenir luego como juez de juicio. Sin embargo, este criterio no se aviene ni con la estructura de nuestro diseño procesal ni con los objetivos perseguidos por la existencia misma del instituto de la excusa.
En efecto, existen diversas resoluciones que pueden dictarse dentro de un proceso penal que, sin embargo, no comprometen la objetividad, la imparcialidad y la independencia del juez, al grado de que deba posteriormente separarse del conocimiento del asunto. Por ejemplo, el comiso que se ordena en sentencia y que luego se anula por falta de fundamentación de este punto,  no implica que el funcionario o el tribunal en pleno deban luego excusarse para realizar el juicio  de reenvío sobre este aspecto, en virtud de que dictaron “una sentencia” dentro del proceso, ya que el pronunciamiento se restringió a extremos accesorios que  ningún vínculo tienen con el fondo del asunto.

El ejemplo anterior y las consideraciones expuestas por la Sala Constitucional, en cuanto deben tenerse siempre presentes los principios que busca garantizar el instituto de la excusa, llevaría a concluir que cuando el artículo 55 del Código Procesal contempla el haber dictado “la sentencia” en el proceso, como causal para que el juzgador deba separarse del posterior conocimiento del asunto –en caso de que se revoque o anule lo que él decidio-, no se refiere a “cualquier sentencia”, sino a aquella que se pronunció sobre el fondo del tema principal que se discute (la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad del acusado); y esto salvo la prohibición, eso sí, de que conozca en superior grado de la misma sentencia por él dictada, cualquiera que sea su naturaleza (lo que corresponde a la regla de que nadie puede intervenir en distintas instancias para resolver el mismo punto).
La jurisprudencia nacional, en términos generales y hasta fechas recientes, así lo entendió. En resolución No. 52-2000 de 24 de enero de 2000, el Tribunal de Casación Penal indicó que, al dictarse un sobreseimiento definitivo por atipicidad de la conducta, el juez que lo decretó no podía posteriormente seguir conociendo del asunto –luego de que se anuló el sobreseimiento-, en virtud de que había emitido su criterio sobre el fondo. Se dijo allí: “... Para el caso no interesa si el Tribunal de Juicio... declaró la nulidad por cuestiones de forma; lo que debe considerarse para decidir el asunto es si el... Juez Penal... había expresado su criterio sobre el fondo del asunto en esa primera resolución que fue anulada, pues era éste quien tenía que resolver nuevamente, y si tal como se ha analizado supra, ese criterio quedó claramente expresado en el primer Sobreseimiento Definitivo que se anuló, desde ese momento ya... no era un Juez imparcial dentro del proceso y debió excusarse de seguir conociendo el asunto”.
Por su parte, La Sala Tercera señaló: “...En el primer motivo de queja, el defensor particular del justiciable alega quebranto del debido proceso en virtud de que uno de los jueces que dictó la sentencia impugnada había resuelto y declarado sin lugar, en el año 2003, una excepción de prescripción. Señala que, en torno de la recusación pretendida, no se expuso nada en el fallo y concluye que el proceder del a quo, al negarse a separar a uno de los juzgadores, impidió que reformulara sus argumentos para demostrar que la acción penal se hallaba prescrita. La protesta no es atendible: En primer término, debe señalarse que no consta del acta de debate  (cfr.: folios 216 al 221) que el defensor haya recusado a ninguno de los miembros del tribunal, por lo que la queja de omisión de pronunciamiento sobre ese punto debe rechazarse. En segundo lugar, lo cierto es que si, como lo reconoce el propio quejoso, las resoluciones que rechazaron la prescripción alegada lo fueron de carácter interlocutorio, tampoco existía causa alguna que obligase a uno de los jueces a separarse del conocimiento del asunto. Por su propia naturaleza y aunque el Código Procesal Penal no establezca taxativamente cuáles excepciones deben resolverse con prontitud por ser de carácter “previo”, resulta claro que la de prescripción es una de ellas, pues de constatarse la causa extintiva de la acción penal (salvo que para ello sea preciso recibir alguna prueba en debate) lo procedente es dictar el sobreseimiento respectivo y no realizar el juicio oral. (Sobre el tema de los casos que requieren previo pronunciamiento, pueden consultarse las sentencias de esta Sala No. 142-00, de 9:15 horas de 11 de febrero y la No.851-00, de 9:50 horas de 31 de julio, ambas del año 2000). Excepciones como las descritas –que no involucran la práctica de pruebas y el conocimiento del fondo del asunto- deben ser resueltas por el Tribunal de juicio y al hacerlo no adelantan ningún criterio ni serán llamados a juzgar dos veces, en diversas instancias, sobre el mismo extremo. Desde esta perspectiva, yerra quien impugna al afirmar que el proceder del Tribunal vulnera la garantía de la segunda instancia, pues cuando los juzgadores en debate conocieron sobre la referida excepción, no lo hicieron abordando el tema como superior y revisando lo resuelto por un juez de menor jerarquía, sino en única instancia, del mismo modo que los restantes jueces que se pronunciaron sobre el mismo punto cada vez que fue reiterado en diversas ocasiones. La posibilidad de un recurso en alzada se produce ante esta Sala, a través de la casación, por lo que ningún quebranto del debido proceso se aprecia en los procedimientos seguidos. Valga señalar que, en este asunto, el tema de la prescripción ha sido sometido al análisis de gran cantidad de juzgadores, todos ellos integrantes del Tribunal de juicio y eventuales miembros del que dictaría la sentencia, sin que tal cosa, conforme se apuntó, constituya un adelanto de criterio respecto del fondo del asunto ni un quebranto de la prohibición de que un mismo juez resuelva en diversas instancias, en tanto a ellos competía decidir sobre las excepciones que requirieran un previo y especial pronunciamiento, adoptar las disposiciones que procedieren para preparar el juicio, examinar la prisión preventiva u otras medidas cautelares y las demás actuaciones que les encomienda la ley. Por lo dicho, se desestima el alegato”.
Ahora bien, a raíz del pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Costa Rica, de 2 de julio de 2004, tanto el Tribunal de Casación Penal como la Sala Tercera de la Corte han introducido cambios en los criterios jurisprudenciales que venían sosteniendo. El primer despacho, en sentencia No. 115-2005, de 9:50 horas de 23 de febrero de 2005, expuso que los juicios de reenvío, aunque fuesen parciales –v. gr.: para fijar de nuevo la pena–, debían ser celebrados por jueces distintos de los que pronunciaron la sentencia original. La misma tendencia se observa en recientes resoluciones de la Sala Tercera, como la No. 482-05 de 8:55 horas de 25 de mayo de 2005 y la No. 438 de 10:18 horas de 20 de mayo del mismo año, en la que incluso se señaló que para conocer sobre cuestiones concernientes a las consecuencias civiles del hecho punible en el juicio de reenvío parcial ordenado, el tribunal debía conformarse con nueva integración. Por último, en sentencia No. 428-05 de 9:35 horas de 20 de mayo de 2005, la Sala anuló la sentencia de sobreseimiento dictada en el asunto, declaró que la acción penal no se hallaba prescrita y ordenó: “... reenviar las diligencias ante el a quo para que, con nueva integración, se continúen los procedimientos con arreglo a derecho”.
Se sigue de lo expuesto que el criterio que anteriormente se mantuvo, en el sentido de que los jueces que decretaron un sobreseimiento por prescripción de la acción penal que luego era revocado por el superior (indicándose que la prescripción no había operado), podían intervenir posteriormente y celebrar el juicio, continuando con el curso normal del proceso, siempre que en el sobreseimiento no hubiesen hecho consideraciones de fondo, ha variado ahora de manera sustancial y la tesis imperante es la de que deben separarse del conocimiento del asunto. Dicha tesis parte del principio general de que lo dictado por ellos fue una sentencia y que, aun cuando no hayan evacuado pruebas ni vertido juicios sobre la culpabilidad del imputado u otros relativos al fondo del asunto que se discute, ya intervinieron decretando una resolución apta para poner fin al proceso y exteriorizaron su criterio sobre un punto específico que puede ser reiterado posteriormente. 

III- Conclusiones y recomendaciones:

A partir de las consideraciones expuestas, debe evacuarse la consulta en el sentido de que los jueces que dictaron una sentencia de sobreseimiento por prescripción de la acción penal, deberán separarse del conocimiento del asunto en el evento de que dicha sentencia sea revocada por el superior, lo cual significa que deberán ser otros funcionarios quienes realicen el debate y decreten la sentencia que en derecho corresponda.

Es importante, por último, para asegurar la vigencia efectiva de los principios de imparcialidad, objetividad e independencia y evitar las eventuales recusaciones que podrían darse por motivos que pudieron preverse o, peor aún, anulaciones de sentencias en sede de casación  –así como los trastornos que ello significa para el desarrollo normal de las labores de los despachos judiciales y la distribución del trabajo–, que se tome en cuenta que al dictar resoluciones interlocutorias, los fundamentos que se expongan se limiten al estudio jurídico del punto específico planteado y no incursionen los jueces en el análisis del fondo del asunto, que está reservado para otras etapas del proceso.
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SE ACUERDA: Previo a resolver, devolver la consulta a la Licda Yadira Brizuela Guadámuz, para que incluya referencias a fallos recientes de la Sala Constitucional sobre la materia en examen, concretamente un voto redactado por el Dr. Luis Paulino Mora Mora, en atención a consulta preceptiva de la Sala Tercera en unas diligencias de revisión de sentencia.   Este asunto se analizará en la próxima sesión del Consejo Directivo.  La Magistrada Ana Virginia Calzada, se abstiene de votar para no emitir un criterio adelantado, debido a que generalmente estos temas llegan a la Sala Constitucional. ACUERDO FIRME.

ASUNTOS VARIOS

ARTICULO III

El Bach. Elías Jaén López, el Encargado del Centro Documental de la Escuela Judicial, en oficio UD-017-2005 de fecha 08 de julio dice:

“Lo saludo y a la vez le comunico que recibí invitación para asistir al XVIII Congreso Archivístico Nacional, cuyo tema es “Los archivos y el documento electrónico: Desafíos y oportunidades” a realizarse los días  18, 19 y 20 de julio del presente en el auditorio del Registro Nacional.

El mismo tiene relevancia para nosotros los archivistas de este país, considerando que esta a punto de aprobarse la Ley de Firma Digital y Certificados Digitales y sus posibles implicaciones en la regulación de los documentos administrativos en general, por lo que le solicito respetuosamente interponer sus oficios para que se me conceda el respectivo permiso con goce de salario por los días anterior citados”.

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SE ACUERDA:   Se aprueba la participación del Bach. Elías Jaén López, el Encargado del Centro Documental de la Escuela Judicial, para que asista al XVIII Congreso Archivístico Nacional, que se llevará a cabo los días  18, 19 y 20 de julio del presente en el auditorio del Registro Nacional.  Comuníquese al Consejo Superior para la autorización de permiso con goce de salario sin sustitución.  ACUERDO FIRME.

ARTICULO IV

El Sr. Henry Ugalde Muñoz, Estudiante del Curso Básico del O.I.J. en  Recurso de Apelación de fecha 28 de junio del 2005 suscrito al Dr. Alfredo Chirino Sánchez, Director de la Escuela Judicial, contra resolución 129-CD/EJ-05 del 23 de junio del 2005 dice:

“Con el debido respeto en tiempo y forma el suscrito interpone formal RECURSO DE APELACIÓN contra la resolución citada en el epígrafe, lo cual fundamento en las siguientes razones:

PRIMERO:

Vistos los criterios de la MTEd Ingrid Bermúdez Víndas, en el informe que consta en autos, el suscrito comparte en todos los extremos endilgados el criterio técnico de la especialista.-  Sin embargo, no así las conclusiones por considerarlas contrarias a derecho.-

SEGUNDO: 

No es factible legalmente hablando que luego de la ejecución de una prueba extraordinaria, la cual fue diseñada por el docente Hidalgo García, y con cumplimiento de las formalidades administrativas vigentes, la cual una vez aplicada, genera certeza educativa y en consecuencia jurídica, dado que los resultados obtendidos por cada estudiante, en cuenta este servidor, son considerados a efecto de establecer prioridades para la satisfacción del cumplimiento de otras calificaciones del curso básico.-  Por tanto una vez dados y comunicados los resultados obtenidos, se otorga validez formal al acto, no lo que no puede de ninguna forma retrotraerse la ejecución del acto, sin incurrir en vicios de nulidad, a una nueva prueba, especialmente porque no se ha detectado en esa, ninguna falta  formal que atribuirle al estudiante.-  La evidente mala planeación y ejecución, no satisface las reglas didácticas generales de pedagogía, lo cual jamás debe ser resorte exclusivo del estudiante.-  El derecho se concedió, se adjudicó y resultaría inconstitucional darle a la nueva prueba un efecto retroactivo, invalidando los derechos adquiridos con la ejecución de la primera prueba.-  

El simple acto de que la ejecución de la prueba  realizada en mayo, ostentase inconsistencias y defectos de diseño, no puede por principio general de derecho, eliminar sus efectos y menos aún obligar al estudiante a cumplir un requisito administrativo que ya cumplió y satisfizo exitosamente, ¿ Dónde estaría entonces la certeza jurídica del acto formal cumplido?.- La ejecución de una nueva prueba sería contradictorio a la conclusión primera que hace la señora Bermúdez Vindas.-  Por tanto no procede jamás en derecho educativo, la ejecución de una nueva prueba, sin haber sido resorte del estudiante la responsabilidad de las inconsistencias ahora alegadas, que ostentaba al momento de ejecutar la prueba.-

TERCERO: 

No se cuenta en este momento, con el tiempo suficiente para otorgar a los estudiantes una periodo de tiempo prudente para prepararse en el examen propuesto, dado que se está ante la conclusión del curso.-  Se incurriría en otro vicio de nulidad la eventual ejecución extemporánea de otra prueba.-

CUARTO:

Los efectos recomendados por la especialista en comentario, son factibles pero a futuro, jamás con efecto retroactivo, caso contrario se incurriría en una nulidad absoluta y viola el debido proceso, objeto entonces de un recurso de amparo.-

PETITORIA

 Solicito con todo respeto, anular la resolución recurrida en los extremos impugnados, reconocer el derecho concedido, sostener su resultado y hacerlo valer administrativamente.-

NOTIFICACIONES

Señalo para notificaciones el Fax 2953298, de la Sección Penal Juvenil del Organismo de Investigación Judicial.”

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El Lic. Martín Matamoros Mora, Jefe, Unidad de Capacitación O.I.J. en oficio N° EJ-CAP-251-2005, de fecha 29 de junio, suscrito al Sr. Carlos Zúñiga Gutiérrez, participante del Programa Básico de Formación en Investigación Criminal,  dice:

“En atención a su nota de fecha del día de hoy, en el que expresa su inconformidad por el resultado de la apelación presentada en la materia de Acondicionamiento  Físico, me permito indicarle lo siguiente:

1.	La apelación fue resuelta por el Consejo Directivo de la Escuela,  en su condición de órgano superior de la Escuela Judicial y en el ejercicio de sus atribuciones legales, por lo que  el suscrito no tiene potestad para variar lo que ese Consejo acordó.

2.	El documento que el Lic. Víctor Hidalgo les entregó no es el examen extraordinario, dicha prueba está siendo elaborada por don Víctor conjuntamente con la Master en Educación Ingrid Bermúdez Vindas, y oportunamente les informarán en detalle el contenido de la prueba extraordinaria, la cual obviamente incluirá todos los aspectos tratados en la materia, como se acostumbra en cualquier sistema educativo tal y  como lo dispuso el Consejo Directivo.

3.	En el registro de notas que lleva el Lic. Víctor Hidalgo, el señor Henry Ugalde Muñoz y su persona, no aprobaron el examen realizado por mutuo acuerdo entre los participantes de Programa Básico y el Instructor Lic. Víctor Hidalgo García, el 16 de mayo de 2005 y se denominó como “extraordinario”.

4.	En cuanto a la queja contra el señor Víctor Hidalgo García, le solicito señalar en forma clara y concreta los comentarios sarcásticos a que hace referencia, así como la prueba  que considere para sostener su dicho, toda vez que la información suministrada es insuficiente y no permite al Instructor defenderse de esa acusación, ni al suscrito valorar si hay mérito para iniciar algún proceso disciplinario.”
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Las Licenciadas Ingrid Bermúdez Vindas, M.T.Ed., Prof. en Métodos de Enseñanza y Kattia Campos Zúñiga, Jefa a.í. de la Sección de Capacitación del O.I.J., en oficio N° EJ-ACAD-020-2005, de fecha 6 de julio, suscrito al Sr. Lic. Mateo Ivankovich Fonseca, LL.M., Subdirector de la Escuela Judicial, dice:

“De acuerdo con su solicitud, le indicamos lo siguiente, respecto del recurso de reconsideración presentado por el señor Henry Ugalde:
•	El estudiante obtuvo una nota inferior a 70 en la prueba extraordinaria realizada el 16 de mayo (se adjunta informe del docente), por lo que no tiene asidero su argumento y solicitud de que se aplique esa nota como la nota final en Acondicionamiento Físico, pues ni aún acogiendo su petición aprobaría esa materia.
•	El criterio técnico-metodológico expresado en un informe anterior  es que : “ El examen extraordinario siempre se aplica una vez finalizado el curso y debe comprender la totalidad del contenido de este…”  (la letra en negrita no es del original)  y “… aplicar una prueba extraordinaria a los estudiantes que reprobaron el curso (la letra negrita no es del original) debido a las características y las circunstancias de la prueba extraordinaria anterior. En el entendido de que esta debe comprender todos los contenidos del curso y si los estudiantes obtienen un 70 o más se les consignará la nota mínima de aprobación.”
•	Si se aplicara al apelante la nota obtenida en el examen extraordinario realizado el 16 de mayo como su nota final de curso, igualmente quedaría reprobado.
•	El señor Henry Ugalde Muñoz obtuvo un promedio de 46 en su nota promedio final de Acondicionamiento Físico y reprobó esta materia a pesar de haber realizado la prueba extraordinaria citada. El Consejo Directivo al acoger el informe en que se recomienda la aplicación de la prueba extraordinaria no aplicó lo dispuesto en el artículo 25 del Reglamento de la Escuela Judicial, el cual indica que lo procedente es que repita el curso de Acondicionamiento Físico y optó, en su lugar, por darle una nueva oportunidad para que  realice la prueba extraordinaria comprensiva de todos los aspectos que se deben evaluar y no solo uno de ellos, como originalmente se hizo en la prueba extraordinaria de fecha 16 de mayo.

Por lo anterior, recomendamos:

Mantener lo resuelto por el Consejo Directivo en la sesión No. 16 celebrada el 22 de junio del año 2005, Artículo XI en todos sus extremos. La Unidad de Capacitación programará la fecha de ejecución de este examen, tomando en consideración otorgarle  al señor Ugalde el tiempo necesario para prepararse.” 
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El Licenciado Víctor Ml. Hidalgo G., Instructor 2 de la Sección de Capacitación del O.I.J., en oficio N° EJ-CAP-263-2005, de fecha 6 de julio, suscrito a la Licda. Kattia Campos Zúñiga, Encargada a.í., de la Unidad de Capacitación del O.I.J., dice:

“Respecto a las pruebas de acondicionamiento físico que no aprobaron los alumnos Carlos Zúñiga Gutiérrez y Henry Ugalde Muñoz, me permito informarle lo siguiente:

El día 16 de Mayo mediante previo acuerdo con los alumnos se realizó la prueba extraordinaria de acondicionamiento físico, la nota obtenida por el señor Carlos Zúñiga en la prueba fue de un 68 y la de Henry Ugalde 65. 

En cuanto al examen ordinario se realizo el 13 de junio, Carlos Zúñiga obtuvo un 49, mientras que  Henry Ugalde un 46”

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El Sr. Henry Ugalde Muñoz, Estudiante del Curso Básico del O.I.J. suscrito al Consejo Directivo de la Escuela Judicial, de fecha 11 de julio del 2005, dice:

“Anexo de nota enviada el 29 de junio del 2005.
Según apelación sobre prueba extraordinaria aprobada.
De Henry Ugalde Muñoz y Carlos Zúñiga Gutiérrez.

		Con el debido respeto en tiempo y forma el suscrito interpone formal demanda contra las acciones hechas por el señor Víctor Hidalgo ( Instructor de curso de acondicionamiento físico para investigadores).

En la pasada reunión dada el día 28 de junio del presente en la sección de capacitación, presidida por el señor Martín Matamoros Mora, y presentes la Licda. Kattia Campos,  la Mtde Ingrid Bermúdez, el señor Víctor Hidalgo y por nosotros como afectados; el señor Víctor Hidalgo juzga como mentirosos y faltos de palabra y hombría, así mismo amenazando que levantaría una nota a la oficina de asuntos internos para que abrieran una causa al suscrito y al señor Carlos Zúñiga por las falsas propuestas planteadas por nosotros ante la apelación del mal uso y manejo de la prueba extraordinaria realizada por este señor en el curso de acondicionamiento físico. 

Aclarando que para tal, cuando se nos informó que habíamos reprobado esta materia, me dirigí con los compañeros ya reprobados supuestamente, hacia dicho instructor con el fin de plantear dudas al respecto, donde el nos informa, que no nos podía hacer ya mas exámenes, ya que el examen extraordinario ya se había realizado y que por reglamento según consultas hechas ese mismo día a la Licda. Kattia Campos (coordinadora de curso básico),quien sin saber del proceso de evaluación utilizado por él, aporta que cuando se realiza una prueba extraordinaria, esta no se puede repetir, ni mucho menos realizar otra prueba de oportunidad mas.

El propio día de realización de la prueba extraordinaria (22 vueltas a la plaza), el instructor se presento al polideportivo de Aranjuez acompañado por el señor Manuel Alvarado Orozco como testigo de dicha actividad. 
Ya realizada dicha prueba el mismo señor Alvarado nos felicitó de manera grupal, pues todos la habíamos pasado, ya que fue el mismo instructor Hidalgo quien nos lo comunico en el propio lugar de la prueba extraordinaria, a todos los alumnos, incluyéndome a mi y al compañero Zúñiga que la prueba tenía un resultado aprobado. Agrego a esta situación que el mismo instructor no llevaba ningún control de tiempos, sino que se baso en el tiempo que realizó la ultima persona en llegar a la meta o final para determinar resultados generales según el tiempo estimado por el mismo. Cosa tal que el día de la reunión el mismo mostró ante su persona, la tabla de tiempos de todos los que habíamos realizado la misma prueba, donde resume como yo y el señor Zúñiga, habíamos reprobado esta prueba, ya que el primero en llegar a la meta o fin de la prueba, era el señor Carlos Arias con un tiempo de 48 minutos, basándose en la tabla de tiempos realizados por cada uno de los alumnos en tal examen; cuando caso contrario el señor Arias realizó la misma en menos de 36 minutos, según comentarios realizados por el mismo compañero al yo comentarle tal falacia. Cabe resaltar que el compañero Juan José Leiva era repitente del curso, el cual recibía clases con nosotros y que siempre era el ultimo en llegar a la meta en los entrenamientos y pruebas, mismo que aprobó tal prueba extraordinaria ingresando de ultimo en la prueba extraordinaria. 
Además el mismísimo instructor en esta reunión indica que el no podía llevar el control de tiempos de todos y que por eso había aplicado la prueba separando el grupo general en dos subgrupos alternados, para llevar el control de tiempos en parejas, cuando la verdadera realidad es que esa misma prueba fue realizada por todo el grupo en general, sin llevar un control de tiempos; testigo de tal anomalía lo son el señor Alvarado y el grupo en general.
¿Así que, como puede tener una lista de tiempos de prueba?
Todo esto lleva a resaltar que dicho instructor esta faltando a la ética y profesionalismo que le corresponde, argumentando tiempos falsos a una tabla de evaluación como profesor y tergiversando información tanto a usted como a la misma MTed Ingrid  Bermúdez, ya que en este caso no se debería atribuirle al estudiante sino al profesor como tal, el error en este caso, pues ¿donde estaría la certeza jurídica del acto formal cumplido? si la realización de una nueva prueba, cuando ya la nuestra fue aprobada, esta justificando el error como argumenté anteriormente no tanto profesional, sino también ético.
Los efectos causados por la mala actuación por parte del instructor con respecto a la evaluación y la apelación no son de tipo constitucional y viola nuestros derechos como estudiantes y a la vez el debido proceso, objeto entonces de un recurso de amparo.

PETITORIA

Solicito con todo respeto, que se considere  nuestro examen extraordinario como aprobado y así mismo la materia de acondicionamiento físico y que se evalué esta mala actuación, falta de ética y profesionalismo por parte del instructor Víctor Hidalgo al levantar calumnias y difamar  contra mi persona y el compañero Carlos Zúñiga burlando además el proceso de evaluación, afectando nuestra graduación como investigadores ya que esta se realizará el próximo viernes 15 de julio a las 10 a.m. y creando una mala imagen a nuestra integridad.
Aporto como prueba a los mismos compañeros de curso y al mismo instructor  Manuel Alvarado para realizar la investigación del caso, como es debido y así también se valoren nuestros derechos como afectados, además adjunto firmas de los mismos compañeros como testigos de prueba.”

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SE ACUERDA:   Mantener la decisión ya tomada en el Acta N° 016-2005, en el sentido de autorizar la realización de una prueba extraordinaria de acondicionamiento físico a los señores Henry Ugalde Muñoz y Carlos Zúñiga Gutiérrez, la cual se realizará el día y la hora que se determine por parte de la Unidad de Capacitación del O.I.J.  Siendo que los estudiantes han planteado hechos en su apelación que aluden a un eventual comportamiento inadecuado del Lic. Hidalgo, sírvanse los apelantes formular dicha imputación a través de la vía correspondiente, con la prueba que respalde su dicho, toda vez que no es en una apelación que pueden hacerse estas acusaciones acorde al procedimiento vigente.  ACUERDO FIRME.

ARTICULO V

La Licda. Tattiana García Chaves, Fiscal Auxiliar en  Recurso de Apelación recibido el 22  de junio del 2005 dice:

“RECURSO DE APELACIÓN

Por medio de la presente, reciban un cordial saludo, y a la vez interpongo en tiempo y forma Recurso de Apelación, de conformidad con el artículo 27 de la Ley de Creación de la Escuela Judicial, en contra de la nota obtenida en el Curso de “La protección Jurisdiccional Contra la Violencia Intrafamiliar”, en el cual participó la suscrita del día dieciocho de Febrero del año dos mil cinco al primero de Abril del año dos mil cinco, en los Tribunales de Golfito. 

PROCEDENCIA

Antes de analizar el fondo del asunto, deseo indicar que presento el recurso de apelación, pese a que como lo indica el artículo 27 de la Ley antes señalada, no se me ha comunicado por escrito como es requisito, sino que solo de forma verbal.

En fecha del quince de junio del año dos mil cinco, en horas de la tarde, recibí llamada telefónica a la Fiscalía de Buenos Aires, en el cual se me informaba que había reprobado el curso de  “La protección Jurisdiccional Contra la Violencia Intrafamiliar ”, informándose además que había obtenido en el ensayo individual una nota de cero, así como en el trabajo de investigación una nota de quince por ciento, de quince y veinticinco por ciento respectivamente.

FUNDAMENTACIÓN

En conversación sostenida con la Licenciada Hazel Castrillo, Fiscal Auxiliar de Pérez Zeledón, la misma me informa que tanto a ella como a mi persona nos habían puesto un cero en el ensayo alegando el Licenciado Héctor Amoretti que nuestros trabajos se parecían mucho, siendo que en relación a este punto indico que, en ningún momento la suscrita va a copiar un trabajo de una compañera o bien viceversa, lo que ocurrió en el caso concreto es que la fuentes utilizadas para realizar dicho ensayo sobre los mitos y estereotipos presentes en la violencia doméstica pudieron o fueron los mismos, a saber la página de Internet www.isdemu.gob, Revista de Ciencias Penal de setiembre del año dos mil cuatro, y el Manual de Procedimientos en Violencia Doméstica, lo cual es muy diferente a indicar que nos copiamos una de la otra, considerando a todas luces injusto que la suscrita pese a que efectué dicho trabajo se me haya otorgado un cero por considerar subjetivamente que los trabajos eran parecidos, sin analizar que las personas que acudimos al curso somos funcionarios del Poder Judicial, y por esa misma razón puede darse como ocurrió en el presente caso que se consultara a las mismas fuentes, dando como resultado un trabajo parecido sin que obviamente fuera idéntico, o bien copiado.
Aunado a lo anterior, este ensayo había que presentarlo aproximadamente en fecha del cuatro de marzo del año dos mil cinco, y pese a que lo entregue en dicha fecha, es hasta el día quince de junio del presente, que se me indica vía telefónica la nota del mismo, sin que durante el curso la suscrita pudiera ejercer su derecho y reclamar sobre la imposición de dicha nota, razón por la cual la realizo hasta el día de hoy, incluso aclaro que durante el curso no se entregó dicho ensayo.

En razón de lo anterior, solicito se califique nuevamente el ensayo con base a las consideraciones expuestas y se me otorgue una nota justa por el trabajo efectuado y no un cero por considerar que el trabajo se parece al de otra compañera.

En cuanto al segundo reclamo, es por el trabajo de investigación realizado en grupo, con un valor de veinticinco por ciento, en el cual se dio una nota de quince por ciento, en este trabajo ocurrió lo mismo que el reclamo anterior, y es precisamente el hecho de que según expreso la Licenciada Hazel Castrillo, el Licenciado Héctor Amoretti le manifestó vía telefónica que luego de haber calificado nuestro trabajo grupal reviso el de otros compañeros y de igual forma consideró que ciertos textos se parecían grupo de nosotros (en el cual estaba incluida la Licda. Hazel Castrillo, Lic. Edgar Ramírez y Lic. Emilia Ureña), en razón de ello, nos bajó puntos precisamente por el parecido en algunos textos con el trabajo del otro grupo, considerando que dicha calificación es completamente injusta ya que se calificó de manera objetiva, nuevamente alego que como funcionarios judiciales que somos las personas que acudimos al curso, vamos a consultar a los libros otorgados en cursos anteriores, así como a personas como trabajadores sociales o psicólogas que nos apoyan con libros o fuentes de consulta para realizar el mismo, y puede que por ello los trabajos antes señalados pueden tener algún parecido, pero nunca por habernos copiado el trabajo, considero que la nota obtenida en dicho trabajo es injusta, ya que las razones que expuso el propio profesor del curso considero con el debido respeto que es una apreciación subjetiva de la situación, incluso en el trabajo se indicó la bibliografía, que a saber consiste en:

1.	Facio Montejo Alda. Sobre patriaras, jerarcas, patrones y otros varones. (Una crítica genero sensitiva al derecho); Primer edición, San José, ILANUD, Proyecto Mujer y Justicia  Penal, 1993.
2.	Poder Judicial.  Manual de Procedimientos en Violencia Doméstica, San José. Departamento de Publicaciones e Impresos del Poder Judicial.
3.	Guevara Paniagua Adriana.  La explotación sexual comercial de personas menores de edad.  Primer edición, San José, Costa Rica, Casa Alianza, 2004.
4.	Poder Judicial.  Manual de Procedimientos en violencia doméstica.  Departamento de impresiones del Poder Judicial, Costa Rica.
5.	Revista de la Asociación de Ciencias Penales.  Año 16, No. 22, Elena Larrauri.  Porque retirar las mujeres maltratadas las denuncias.
6.	Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia.  Sentir, pensar y enfrentar la violencia intrafamiliar.  Colección metodologías. Tomo 2. San José, Costa Rica, 1997.
7.	Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia. .  Sentir, pensar y enfrentar la violencia intrafamiliar.  Colección metodologías. Tomo 3. San José, Costa Rica, 1997.
8.	Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia. .  Sentir, pensar y enfrentar la violencia intrafamiliar.  Colección metodologías. Tomo 5. San José, Costa Rica, 1997,
9.	Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia. .  Sentir, pensar y enfrentar la violencia intrafamiliar.  Colección metodologías. Tomo 3. San José, Costa Rica, 1997,
10.	Miranda Rivera Ana Belicia.  La Ley contra la violencia doméstica en Pérez Zeledón.  Tesis para optar al grado de licenciatura. San José, Costa Rica, 2000.

En razón de lo anterior, solicito se califique nuevamente el trabajo de investigación con base a las consideraciones expuestas y se me otorgue una nota justa por el trabajo efectuado y no un quince por ciento por considerar que el trabajo se parece al de otro grupo, el cual por cierto algunos trabajan a muchos kilómetros de Pérez  Zeledón, como para sacar tiempo y copiar un trabajo.

Deseo indicar además que en fecha del diecisiete de junio del presente, tuve la oportunidad de conversar vía telefónica con la Licenciada Yadira Brizuela Guadamuz, quien ratificó la rebaja de puntos parecido de los trabajos, aunado a que me indicó que dichos trabajos los había visto ya el Consejo, lo cual considero con el debido respeto que se estaría adelantando criterio, violándose el debido proceso, toda vez que están poniendo en conocimiento ante el órgano jerárquico un caso que afecta a un alumno y es dicho órgano quien debe conocer en alzada y con objetividad.”

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La Licda. Hazel Castrillo Quirós, Fiscal Auxiliar de Pérez Zeledón, en  Recurso de Apelación recibido el 22  de junio del 2005 dice:

“RECURSO DE APELACIÓN

Quien suscribe, HAZEJ CASTRILLO QUIROS, Fiscal Auxiliar del Ministerio Público de Pérez Zeledón de conformidad con el 27 de la Ley de Creación de la Escuela Judicial interpongo formal RECURSO DE APELACION  contra  la evaluación sumativa realizada a la suscrita propiamente en cuanto al porcentaje asignado al ensayo y al trabajo de investigación realizados por mi persona.  Cabe agregar que la suscrita asistió a todas las sesiones que comprendió el curso llevado a cabo del 4 de febrero al 1 de abril del 2005 en los Tribunales de Justicia de Golfito.

OPORTUNIDAD DE LA IMPUGNACION

La suscrita fue notificada vía telefónica por parte del asistente Gilbert Umaña de la nota obtenida en el curso en mención el día miércoles 15 de junio del 2005, por lo que el plazo para presentar el recurso vence el días lunes veinte de junio fecha en la cual se presenta el mismo.

MOTIVO DEL RECURSO

La suscrita se encuentra inconforme en varios puntos:

1.- El día que se me informó telefónicamente del resultado del curso se me indicó que había reprobado el mismo pues obtuve una nota de 56.5.  A solicitud realizada por la suscrita se me desglosó la puntuación obtenida, a saber participación 9%, análisis de casos 8% cada uno, ensayo 0%, trabajo de investigación 15% y evaluación final 16.5%.
Ante la sorpresiva nota obtenida en el ensayo (0%), opté por realizar la consulta ante el Licenciado Luis Héctor Amoretti Orozco quien me informó que se me otorgó esta nota debido a que había un ensayo igual al mío, dándoseme a entender que yo había copiado dicho trabajo de otra compañera, propiamente de la Licenciada Tatiana García, quien para la fecha del curso laboraba en la Fiscalía de Pérez Zeledón.
Debo agregar que este trabajo individual lo presente puntualmente tal y como se había establecido en el programa el día 4 de marzo del 2005.  En dicho trabajo mencioné la bibliografía utilizada para realizar el mismo, por lo que no me explico cuál es el fundamento y en cuáles pruebas se afirma que la suscrita realizó un trabajo igual al de otra compañera, insinuando que había copia el ensayo.  Que si bien se tomó cierta información de determinadas fuentes y éstas no se indicaron en el texto, lo cierto es que sí se indicó la bibliografía utilizada y por lo tanto no es un argumento válido (que no se indicaron las fuentes) para indicar que la suscrita presentó un trabajo igual (copiado) al de otra compañera, máxime que se indica la bibliografía consultada, lo cual puede ser consultada por los evaluadores y de la cual no pongo en duda es de pleno conocimiento.  Si a criterio del evaluador del curso se sanciona mi trabajo por no indicar las fuentes de donde se tomaron algunos textos, no procede de manera subjetiva, hasta antojadiza si se quiere y sin fundamento alguno asumir que mi persona había realizado un trabajo igual al de otra compañera.  La suscrita no es especializada en la materia de violencia doméstica ni mis labores están relacionadas mayormente con este tema, por lo tanto no cuento con material especializado en este tema por lo que tuve que acudir a otras personas de los Tribunales de Pérez Zeledón que tienen más contacto o relación con la materia para buscar la información requerida, por lo que de tal suerte la compañera de quien se dice mi trabajo es igual al suyo pudo también acudir a ellas y haber  utilizado el mismo material o alguno similar.
2.- Otro punto en el cual discrepo se cuanto a la entrega de las notas de la evaluación.  Si bien es cierto, los asistentes del curso firmamos un documento en el cual aceptábamos que la entrega de las notas se realizara tiempo después del previsto (estableciéndose quince días para el efecto) en ningún momento se acordó que la entrega de notas se realizara dos meses después de haber finalizado el curso.  Ahora resulta que después de haber transcurrido este gran lapso de tiempo, se me comunica vía telefónica ni siquiera por  escrito que reprobé el curso y lo peor del caso, es que se me indica que tanto el ensayo como el trabajo final en grupo son similares a los trabajos de otros compañeros y por lo tanto optan antojadizamente a ponerme un puntaje de cero en el ensayo y un puntaje de quince en el trabajo final.
3. – Discrepo así mismo en cuanto al valor otorgado al trabajo final, realizado en forma grupal por la  suscrita con los compañeros Tatiana García, Emilia Ureña y Edgar Ramírez.  Resulta ser que este trabajo, causalmente, como lo mencioné someramente líneas arriba, resultó ser similar a otro trabajo final presentado por otros compañeros.  Quiero dejar en claro que ni los compañeros del grupo ni mucho menos la suscrita tuvimos ningún tipo de contacto con estas personas ni siquiera para pedir algún material para realizar el trabajo y con mucho menor razón para tomarnos el tiempo de copiar su trabajo final.   Se me informó que en este trabajo se encontraron “textos calcados” (Tal y como me lo manifestó el Licenciado Amoretti) del otro trabajo de investigación realizado por otras personas, siendo que nuevamente se realiza una valoración subjetiva del trabajo realizado por la suscrita en grupo.
Me resulta sumamente extraño que precisamente en ambos trabajos que realicé se me indique que son parecidos o iguales a otros trabajos presentados por otros compañeros del curso.  De esto me enteré en primer lugar, porque le solicite al asistente de la Escuela Judicial me realizara un desglose de los porcentajes obtenidos y porque posteriormente realicé la consulta vía telefónica al Licenciado Amoretti quien me indicó los motivos por los cuales se me otorgaron estas calificaciones, de lo contrario nunca me hubiera hecho saber o me hubiese enterado de las razones del promedio final, causándome con ello un gran estado de indefensión y tratándome de manera injustificada.
Por todo lo anterior solicito respetuosamente se considere lo anteriormente expuesto, se revisen nuevamente los trabajos presentados por la suscrita y me otorgue la nota correspondiente de manera objetiva y no un cero en cuanto al ensayo y un quince en cuanto al trabajo en grupo, pues como lo afirme y lo reitero la suscrita realizó individualmente el ensayo presentado y en ningún momento plagio o copió el trabajo de otra compañera, propiamente de la compañera Tatiana García.  En cuanto al trabajo final, los otros compañeros son testigos de que dicho trabajo no fue copiado a ningún otro grupo y por lo tanto reafirmaran lo dicho.
Señalo para notificaciones:  al fax 77l-8753 de la Fiscalía de Pérez Zeledón.”

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La Licda. Yadira Brizuela  Guadamuz, Coordinadora de la Escuela Judicial y el MSc. Luis Héctor Amoretti Orozco, Facilitador, en oficio del 27 de junio del 2005 dice:

“En relación con los recursos de apelación formulados por las fiscales auxiliares de Péréz Zeledón, licenciadas Tattiana García Chaves y Hazel Castrillo Quirós, contra la calificación asignada a los ensayos y al trabajo final presentados por ellas en el curso “La protección jurisdiccional contra la violencia intrafamiliar”, impartido en Golfito, nos permitimos rendir el siguiente informe:

1.	Como parte de los trabajos propios del sistema de evaluación del curso, se dispuso, la presentación de un ensayo –individual- y de un trabajo de investigación –grupal-, con los siguientes valores porcentuales: 15 y 25 por ciento, respectivamente.  En el programa que se remitió a cada persona participante y que fue objeto de lectura, comentario y análisis en la primera sesión, se incluyeron las correspondientes guías para elaborarlos, a saber:

“7.1 Guía de trabajo para el ensayo

Valor porcentual: 15

Entrega: sexta sesión

Instrucciones

1.	El tema del ensayo es el siguiente:  “Mitos y estereotipos más comunes en materia de violencia doméstica y sus repercusiones en la práctica jurisdiccional.”

2.	El ensayo debe combinar aspectos teóricos y prácticos y tener como marco de análisis la propia experiencia laboral.

3.	La exposición escrita debe tener un orden lógico (introducción, desarrollo y conclusión), aún cuando no se utilicen subtítulos.

4.	Las referencias bibliográficas deben incluirse como notas al pie de página o finales

5.	Su realización es estrictamente individual.

7.2 Guía de trabajo para el ensayo

Valor porcentual: 25

Entrega: novena sesión

Instrucciones

1.	El tema de investigación es el siguiente:  “Los obstáculos para la aplicación efectiva y eficiente de la Ley contra la violencia doméstica”

2.	El trabajo debe realizarse en grupos de entre 3 y 5 personas.

3.	Debe basarse tanto en una investigación bibliografía, como en una imprescindible labor de campo, ya sea a través de entrevistas, encuestas, observaciones, revisión de expediente, etc.

4.	El esquema básico del informe de investigación es el siguiente:

-Introducción-Justificación.
-Objetivos.
-Marco teórico.
-Metodología.
-Resultados.
-Análisis y conclusiones: aquí debe incluirse, imprescindible, la posición del discente sobre el tema investigado.
-Bibliografía”
	
2.	Las discentes, Castrillo Quirós y García Chaves, presentaron los correspondientes trabajos en las fechas previstas; lo que en ningún momento ha sido puesto en entredicho.

3.	Sorprendentemente, ambos ensayos coinciden plenamente en la enumeración de los mitos.  Asimismo, ninguna de las participantes se ocupa de contextualizarlos y analizarlos en su práctica jurisdiccional concreta, conforme se requería.   Aspecto relevante para la calificación y motivo suficiente para que no pudiesen ser calificados con una “buena” nota.

Es importante señalar que, aún cuando las discentes Castrillo Quirós y García Chaves no tramiten solicitudes de medidas de protección, por estar dedicadas a la materia penal, es indudable que sí tienen contacto con situaciones de violencia doméstica cuando conocen diversos delitos, tales como desobediencia a la autoridad, agresión con arma, lesiones, etc.

De igual modo, ha de destacarse que no hay aporte alguno de ellas sobre el tema.  Se limitaron a copiar lo indicado sobre el particular, por María Ester Brenes V., en el “Manual de procedimientos en violencia doméstica”, p.10, así como el texto “Mitos acerca de la violencia intrafamiliar” escrito por la psicóloga chilena Paola Silva y que puede ser accesado en la siguiente dirección electrónica  http:/www.isdemu.gob.sv/Principal/OpcionesMenu/TemasInteres/mitos.htm.
De ahí el “parecido” entre ambos “trabajos”, y por eso también, su anulación.  La simple lectura de los cuatro documentos da cuenta de lo aquí indicado.  No se trata, claro está, de exigir completa originalidad, pero sí de demandar un mínimo esfuerzo creativo que no se satisface “bajando” o transcribiendo un texto de otra persona y presentándolo como si fuese  propio.  Debe hacerse notar que en el cuerpo de los –supuestos- ensayos ni las correspondientes citas bibliográficas, tal y como mínimamente hubiese correspondido y se esperaría de cualquier profesional, máxime si se les hizo notar esa observación en la guía de trabajo.  Lo que deja en evidencia, entonces, la utilización como propio del esfuerzo de otras personas.

4.	Lamentablemente, la situación se repitió con el trabajo de investigación.  Para elaborarlo se utilizó el mismo instrumento empleado por los discentes Carlos Leandro y Carlos Gutiérrez y se incluyeron, principalmente en la explicación de la metodología, citas y transcripciones que presumiblemente provienen de la tesis de Ana Belicia Miranda Rivera.  Sin embargo, en ninguna parte del trabajo se hace la correspondiente aclaración al respecto, evidenciándose así una voluntad fraudulenta o, al menos, sospechosa.   Adicionalmente, el trabajo presenta diversos defectos que impiden otorgarle una calificación más alta.  Aún así, se dicidió asignarle una calificación de 60 (en escala de 1 a 100) que correspondiente al 15%, considerando que en él sí hubo un mínimo esfuerzo investigativo.

5.	Por último, es necesario aclarar que la situación descrita fue objeto de comentario en la Comisión permanente para el seguimiento y la atención de la violencia doméstica en el Poder Judicial.   Fue eso lo que se le indicó a la licenciada Tattiana García Chaves y no que ya el Consejo Directivo de la  Escuela tuviese conocimiento de lo sucedido.

En lo personal, estimamos que situaciones como las descritas no deben pasarse por alto ni quedar impunes.

En  un afán de facilitar la labor por realizar del Consejo, adjuntamos no sólo las pruebas en las que se presentaron las irregularidades indicadas, sino también los textos impresos que fueron copiados.

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SE ACUERDA:   Aprobar el informe presentado por la Licda. Yadira Brizuela Guadamuz, Coordinadora de la Escuela Judicial y el MSc. Luis Héctor Amoretti Orozco, Facilitador, y con base en este, rechazar la apelación presentada por las licenciadas Tattiana García Chaves y Hazel Castrillo Quirós  en contra de la nota obtenida en el curso de “La protección Jurisdiccional Contra la Violencia Intrafamiliar”, realizado del dieciocho de febrero al primero de abril del año dos mil cinco, en los Tribunales de Golfito.  Asimismo,  se dispone poner en conocimiento de la Inspección Fiscal  los hechos acaecidos para los fines disciplinarios correspondientes.  ACUERDO FIRME.

ARTICULO VI

El Consejo Directivo de la Escuela Judicial en sesión N°4 celebrada el 16 de febrero de 2005, artículo II conoció el oficio EJ-ACAD-018-2004  sobre propuesta de certificación de programas y cursos y solicito algunas modificaciones.

La Máster Ingrid Bermúdez Vindas, Especialista en Métodos de Enseñanza y el Lic. Otto González Vílchez, Abogado de la Escuela Judicial, en  oficio EJ-ACAD-006-2005 de fecha 29 de marzo  de 2005 dicen:

“Según  el acuerdo tomado en la sesión N°4 celebrada el 16 de febrero de 2005, les remitimos el informe EJ-ACD-018-2004, con las modificaciones propuestas.

Estos cambios están señalados con color rojo para facilitar su identificación.

Quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.”

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EJ-ACAD-018-2004  modificado:

"De acuerdo con lo solicitado le remitimos la siguiente propuesta:

INTRODUCCIÓN
Esta propuesta de certificación de programas y cursos conjuga los aspectos pedagógicos (andragógicos) y los legales; y, además, considera la realidad de la Escuela Judicial. 

Es importante resaltar que la definición de estas políticas surge de una inquietud de Consejo Directivo por uniformar criterios, elevar los niveles de exigencia académica y formalizar aun más los procesos de capacitación que se desarrollan en la Escuela Judicial.

Estos criterios deberán adecuarse y flexibilizarse conforme el tiempo y las necesidades de la institución así lo indiquen, no obstante, su aplicación debe ser rigurosa mientras se encuentren vigentes y el Consejo Directivo de esta manera lo estipule.

Para la obtención de estos lineamientos se tomó como base la propuesta elaborada por la Dra. Ana Tristán Sánchez y la Licda. Ingrid Bermúdez Vindas aprobada por Consejo Directivo el 5 de noviembre de 2003, en la sesión n.º 18, artículo II. 

Además, se solicitó el criterio respecto del informe anterior a los(as) coordinadores(as) y la M.Sc. Sonia Méndez, especialista en educación y se tomaron decisiones basadas en el fundamento de la mayoría de los profesionales que emitieron recomendaciones.

Para efectos prácticos se ha subdividido la propuesta en cuatro apartados: tipos de certificados, modalidades de actividades académicas, requisitos para otorgar certificados de acuerdo con la modalidad y reglas generales para su otorgamiento.

1. Tipos de certificados

Los tres únicos tipos de certificados que se encuentran creados en la normativa del Poder Judicial son los siguientes:

-	Certificado de participación.
-	Certificado de aprovechamiento.
-	Certificado académico.

Sin embargo, para subsanar algunos aspectos relacionados con el reconocimiento a los(as) docentes externos(as) se crea una nueva figura:

-	Certificado de agradecimiento

Este tipo de certificado se otorgará a docentes externos del Poder Judicial. En el caso de los(as) docentes que pertenecen al Poder Judicial, podrán solicitar la certificación respectiva a la Secretaría de la Escuela, siempre y cuando corresponda a un número inferior de ocho horas y si es superior, se les otorgará el certificado académico en el cual se indicará las actividades en que participó y el total de horas de docencia.

2. Modalidades de actividades académicas

Para efectos de certificación es necesario conceptualizar las diferentes modalidades académicas que se desarrollan en la Escuela Judicial. Se pueden distinguir cuatro tipos de actividades académicas:

•	Conferencia: consiste en una charla expositiva, o un conjunto de estas, y exige la presencia en el lugar en que se ofrece o en los sitios remotos (en caso de las videoconferencias).

•	Taller: este tipo de actividad académica se caracteriza por tratar de obtener del conocimiento y experiencia de los(as) participantes un producto en particular, orientados por el(la) facilitador(a) o un grupo de ellos. El taller tiene como característica fundamental, que los(as) participantes son quienes aportan su conocimiento para el logro de algún producto.  Generalmente en un taller quienes aportan sus conocimientos y experiencia son los(as) participantes y en menor medida el coordinador del taller (el facilitador) .

•	Seminario: es una técnica de trabajo en grupo para el estudio intensivo por parte de los(as) participantes de un tema en sesiones planificadas, utilizando para ello diversas fuentes de información: libros, sentencias, audiovisuales, estadísticas, etc. Su característica esencial es que los(as) participantes deben investigar los temas asignados por el facilitador, los cuales abarcan los contenidos del curso, utilizando diversos recursos puestos a su disposición o que deben ser localizados por los(as) participantes.  Al finalizar su investigación, deben presentar los resultados ante el resto del grupo.  En esta forma de capacitación, el facilitador tiene poca participación exponiendo los contenidos; su labor se centra en dar asesoría durante el proceso y al finalizar la tarea investigativa.

•	Curso: conjunto de contenidos temáticos que se imparten en una determinada materia.  Los cursos teórico-prácticos son aquellos que combinan teoría y práctica; están bajo la responsabilidad del facilitador quien se encarga de exponer los contenidos y realizar diversas actividades para el logro del aprendizaje deseado. 

•	Es importante hacer la diferenciación entre programas y cursos independientes.  Los programas están constituidos por cursos, pero tienen como característica la unidad e interdependencia entre ellos para provocar un cambio integral en aquellos quienes lo aprueben. Los cursos independientes son aquellos que no pertenecen a ningún programa; generalmente se incluyen en los planes de trabajo de las diferentes unidades de capacitación que forman parte de la Escuela Judicial, aquellas cobijadas por la Ley de la Escuela Judicial y las que tienen su propia ley.

3. Requisitos para otorgar certificados 

De conformidad con lo indicado, las condiciones para otorgar certificados de acuerdo con la actividad académica, serán las establecidas en el siguiente cuadro:

Tipo de certificado	Modalidad de actividad académica	Requisitos	Duración mínima	
CERTIFICACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES:	
Participación
	
- Conferencia	Sin diseño curricular, ni evaluación de los aprendizajes	8 horas mínimo de horas presenciales. 	
	
- Taller

- Seminario

- Curso	Con diseño curricular

Sin evaluación sumativa de los aprendizajes.

	16 horas mínimo, promediadas entre horas intra y extraclase. 

Aprovechamiento
	- Taller

- Seminario

- Curso	Con diseño curricular 

Con evaluación sumativa de los aprendizajes

Se toman en cuenta las horas de planeamiento y trabajo intra y extraclase.	32 horas mínimo, promediadas entre horas intra y extraclase. 
Nota de aprobación mínima de 70. 	
CERTIFICACIÓN PARA LOS(AS) FACILITADORES(AS):	

Académico	

- Conferencia
	Se incluyen tanto las horas de duración de la charla, así como el tiempo dedicado al proceso de planificación. 	
8 horas mínimo 	
	
- Taller

- Seminario

- Curso
	
Igualmente se cuantifican las horas de planeamiento y el tiempo extra e intraclase invertido. 		

Agradecimiento
	
- Conferencia

- Taller

- Seminario

- Curso
	Facilitadores externos del Poder Judicial	No se indica número de horas 	

4. Reglas generales para el otorgamiento de certificados

A continuación, se enuncia una serie de reglas generales para aplicar de mejor manera las políticas de certificación propuestas anteriormente.

a)	Los diseños curriculares, sistema de evaluación, criterios de cuantificación de horas intra y extraclase, tareas y pruebas evaluativas deberán ser aprobados por el(la) coordinador(a) de la actividad académica y con el visto bueno de la especialista en educación; en caso de presentarse desaveniencia se acudirá a la Dirección de la Escuela.

b)	Los(as) participantes que no aprueben una actividad académica de aprovechamiento no podrán recibir ningún tipo de certificado. Si su promedio es superior de 60 y menor de 70 tendrá derecho a una sola prueba extraordinaria. Para obtener un certificado de aprovechamiento de un programa se deben haber aprobado todos los cursos que este incluye, a no ser de que en la macroprogramación se establezca lo contrario y esta salvedad sea avalada por el Consejo Directivo, con la debida fundamentación del (la) coordinador(a) y de la especialista en educación asignada.

c)	Los(as) participantes de una actividad académica de aprovechamiento o participación que no asistan a las clases presenciales, en el porcentaje mínimo permitido, no tendrán derecho a certificado y se reportará como reprobada. 

d)	El cálculo del reconocimiento de horas tanto para los(as) participantes como para el (la) docente deberá efectuarse mediante los siguientes criterios y tablas que favorecen el cálculo de horas. En caso de que el(la) especialista en contenido o docente se le otorgue permiso con goce de salario para las actividades académicas, no le serán reconocidas estas horas en el certificado.(Sujeto a aprobación del Consejo, previo estudio legal).

Criterios para el cálculo de horas al(la) participante en las modalidades a distancia y presencial:

•	Tiempo presencial (cantidad de lecciones impartidas en sesiones presenciales o tutorías, en el caso de la modalidad a distancia).
•	Elaboración de tareas o proyectos extraclase: el profesor asigna un tiempo aproximado de acuerdo con el tipo de tareas, trabajos, entre otros, y la especialista en Educación verifica que sea el adecuado.
•	Tiempo destinado para la lectura: también dependerá de la cantidad de lecturas que obligatoriamente se asignen. Para calcular este tiempo existen tablas que determinan el promedio del tiempo que una persona adulta puede destinar para x cantidad de palabras o páginas (lo que se hace es un cálculo, una aproximación).
•	Tiempo de estudio para exámenes, pruebas cortas, etc.
•	Otros que se estimen pertinentes.

Tabla para el cálculo total de las horas 
por ser reconocidas al(la) participante

CRITERIOS	
Número horas sesiones presenciales	Número horas tareas y proyectos extraclase	Número horas lectura obligatoria de textos	Número horas preparación para exámenes	Otros
(indicar)	TOTAL	

Los criterios para el cálculo de horas al(la) docente o tutor son los siguientes:

•	Tiempo presencial impartido.
•	Preparación de las lecciones.
•	Revisión de pruebas cortas, exámenes, trabajos extraclase (tareas, proyectos de investigación, etc.).  Para ello debe considerarse la cantidad de participantes previstos en el curso.
•	Tiempo para tutorías telefónicas o electrónicas (solo en el caso de la modalidad a distancia). También debe considerarse el número de participantes previsto.
•	Otros que se estime pertinentes.

Tabla para el cálculo total de las horas
por ser reconocidas al(la)facilitador(a) (curso presencial)

CRITERIOS	
Número horas impartidas	Número horas preparación de lecciones	Número horas revisión de tareas, exámenes, etc.	Otros
(indicar)	TOTAL	

					

Tabla para el cálculo total de las horas
por ser reconocidas al(la) tutor(a) (curso a distancia)

CRITERIOS	
Número horas tutoría presencial	Número horas preparación de lecciones	Número horas revisión de tareas, exámenes, etc.	Número horas tutoría telefónica y electrónica	Otros
(indicar)	TOTAL	

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La M.T.Ed.. Ingrid Bermúdez Vindas, la M.Sc. Sonia Méndez González, la Dra. Ana Tristán Sánchez, Profesionales en Métodos de Enseñanza en oficio EJ-ACAD-005-05 de fecha 29 de marzo de 2005 dicen:

“En sesión n.º 4 de este Consejo, específicamente en el acuerdo del artículo II, se solicita el criterio de las especialistas en educación, en relación con el cálculo de horas para el reconocimiento de los(as) facilitadores(as).

Para lo anterior, es necesario hacer alusión al documento de análisis de las políticas de certificación, específicamente a las páginas 7 y 8, en las cuales se detallan los criterios para determinar las horas por ser reconocidas y se presentan dos tablas: una de ellas atinente a una actividad académica con la modalidad presencial y la otra a la modalidad a distancia.

A continuación les presentamos la información referida:

Los criterios para el cálculo de horas al(la) docente o tutor son los siguientes:

•	Tiempo presencial impartido.
•	Preparación de las lecciones.
•	Revisión de pruebas cortas, exámenes, trabajos extraclase (tareas, proyectos de investigación, etc.).  Para ello debe considerarse la cantidad de participantes previstos en el curso.
•	Tiempo para tutorías telefónicas o electrónicas (solo en el caso de la modalidad a distancia). También debe considerarse el número de participantes previsto.
•	Otros que se estime pertinentes.

Tabla para el cálculo total de las horas
por ser reconocidas al(la)facilitador(a) (curso presencial)

CRITERIOS	
Número horas impartidas	Número horas preparación de lecciones	Número horas revisión de tareas, exámenes, etc.	Otros
(indicar)	TOTAL	

					

Tabla para el cálculo total de las horas
por ser reconocidas al(la) tutor(a) (curso a distancia)

CRITERIOS	
Número horas tutoría presencial	Número horas preparación de lecciones	Número horas revisión de tareas, exámenes, etc.	Número horas tutoría telefónica y electrónica	Otros
(indicar)	TOTAL	

Además, es importante tomar en cuenta la indicación de que el(la) coordinador(a) y la especialista en educación propondrán, conjuntamente, y en consulta con el(la) facilitador(a) las horas que se reconocerán, de acuerdo con el procedimiento anterior.” 
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Los licenciados Gustavo Céspedes Chinchilla, Román Bresciani Quirós, Yadira Brizuela Guadamuz, Otto González Vílchez, Abogados de la Escuela Judicial en oficio EJ-UJ-119-2005 de fecha 25 de mayo de 2005 dicen:

“De conformidad con lo solicitado por el Consejo Directivo de la Escuela Judicial en la sesión N° 4 del 16 de febrero de 2005, artículo II, les remitimos para su conocimiento el documento denominado, Análisis legal sobre el otorgamiento del certificado académico a los(as) funcionarios(as) Judiciales que cuentan con permiso con goce de salario para dar servicio en la Escuela Judicial como profesores(as), elaborado por los suscritos profesionales en Derecho de la Escuela Judicial.

	Asimismo, debemos indicar que nuestra compañera Alejandra Monge Arias, participó en la elaboración de este informe, pero no pudo firmar el presente oficio por encontrarse incapacitada.”
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“Análisis legal sobre el otorgamiento del certificado académico a los(as) funcionarios(as) Judiciales que cuentan con permiso con goce de salario para dar servicio en la Escuela Judicial como profesores(as)   

Alcances

El Consejo Directivo de la Escuela Judicial en la sesión N° 4 del 16 de febrero de 2005, artículo II, solicitó a los Profesionales en Derecho de la Escuela Judicial emitir criterio legal respecto de las implicaciones en el otorgamiento y validez de los certificados académicos que se otorguen en favor de los docentes que se encuentran disfrutando de un permiso con goce de salario para dedicarse tiempo completo a diseñar cursos, impartir lecciones y producir material didáctico en la Escuela Judicial. 

El Consejo Directivo solicita que este dictamen legal se emita con base en el Reglamento para el Reconocimiento de la Carrera Profesional en el Poder Judicial, Ley Orgánica del Poder Judicial y Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. Respecto a esta solicitud, se debe indicar que el punto en cuestión se resuelve tomando en cuenta principalmente el Reglamento para el Reconocimiento de la Carrera Profesional en el Poder Judicial, Ley de Carrera Judicial (Estatuto de Servicio Judicial, Capítulo XIII), Reglamento Interno del Sistema de Carrera Judicial y de manera muy general la recién promulgada Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, por lo que el presente estudio se suscribirá al análisis de esta normativa.

1.	Concepto y efectos del certificado académico de la Escuela Judicial

Es conveniente, previo al análisis de fondo, conceptuar qué se entiende por certificado académico de la Escuela Judicial y determinar sus efectos.

Un certificado puede definirse como el documento probatorio de que se ha cumplido exitosamente con los requisitos y exigencias estipuladas para una actividad de capacitación,  por lo que aplicando esta definición general, se puede conceptualizar el certificado académico como un documento probatorio de que el funcionario(a) cumplió exitosamente con la labor de impartir capacitación en una determinada actividad académica de la Escuela Judicial.

Los efectos que puede tener un certificado académico de la Escuela Judicial son de dos tipos:

-	Externos al Poder Judicial: se refiere al reconocimiento de la certificación académica fuera del Poder Judicial, por ejemplo, participación de un(a) funcionario(a) en concursos para optar por puestos en otras instituciones públicas o empresas privadas, presentación del certificado académico en los currículos vitae, entre otros.

-	Internos al Poder Judicial: se refiere a dos tipos de reconocimientos, el salarial y el de experiencia docente en el sistema de carrera judicial, que se analizarán en el próximo apartado.

De conformidad con la definición citada y estos dos efectos, es importante señalar que aunque un certificado académico, por las razones que se explicarán más adelante, no cuente con los reconocimientos internos del Poder Judicial, sí puede ser reconocido a nivel externo, por ello, es recomendable emitir el certificado académico siempre independientemente de los reconocimientos que este produzca. Asimismo, un certificado es un documento que prueba el cumplimiento satisfactorio de una determinada labor, si esta se cumple, el respectivo órgano debe emitir el certificado, los reconocimientos respectivos son un aspecto independiente y separado. Sin embargo, lo indicado no significa que la emisión del certificado no pueda realizarse limitando sus efectos o los reconocimientos que produzca, tema que será tratado más adelante en este estudio.           
   
2.	Análisis de los efectos internos del certificado académico otorgado a los profesores de la Escuela Judicial 

La certificación académica otorgada a los docentes de la Escuela Judicial tiene, como se indicó, dos tipos de reconocimientos a lo interno del Poder Judicial, son los siguientes:

-	Reconocimiento salarial: regulado en el Reglamento de Reconocimiento de la Carrera Profesional en el Poder Judicial, y consiste en el reconocimiento de puntos de carrera profesional que tienen valor económico o salarial.

-	Reconocimiento en el sistema de carrera judicial: regulado en la Ley de Carrera Judicial y en el Reglamento Interno del Sistema de Carrera Judicial, y consiste en el reconocimiento de puntos por impartir lecciones, y además, tiene un valor en la calificación final del funcionario dentro de los concursos para optar por puestos en la judicatura.

A continuación, un análisis detallado de estos reconocimientos. 

2.1.	Reconocimiento Salarial (Reglamento para el Reconocimiento de la Carrera Profesional en el Poder Judicial)

El reconocimiento salarial por realizar la actividad docente se regula en el Reglamento para el Reconocimiento de la Carrera Profesional en el Poder Judicial, este tiene como objetivo el reconocer un incentivo económico a los funcionarios(as) que tengan como mínimo el grado académico de bachillerato universitario, con base en los siguientes factores de carrera profesional:

-	Grado académico.
-	Cursos de capacitación recibidos. 
-	La experiencia profesional. 
-	Las publicaciones. 
-	La experiencia docente en la Escuela Judicial. 
-	La experiencia en organismos internacionales. 
-	La responsabilidad por el ejercicio de la función judicial.

La finalidad primordial de esta normativa es reconocer el esfuerzo que los funcionarios judiciales realizan, otorgándoles un incentivo salarial si cumplen con las condiciones que indican los distintos factores de carrera profesional citados anteriormente.    

Precisamente, este reglamento reconoce en su artículo 11 la experiencia docente en la Escuela Judicial de la siguiente manera:

Artículo 11.-Los factores precipitados, para efecto de reconocimiento en la Carrera Profesional, se valorarán en puntos de la siguiente forma:

c) Participación como instructor en cursos:

-	Un punto por cada 24 horas (tope 20 puntos).

f) Experiencia docente:

-	Un punto por cada año lectivo (9 meses) de labor docente; hasta un máximo de 20 puntos. Se incluye aquí lo correspondiente a tutorías.

Asimismo, esta normativa en su artículo 31 regula en qué condiciones este reconocimiento por la labor docente no puede otorgarse al disponer: 

Artículo 31.-No percibirán lo correspondiente a horas instructor, docencia o publicaciones, quienes por la naturaleza de su trabajo, tales actividades se configuren como tareas propias del cargo, o bien, quienes reciban ya alguna retribución por estos conceptos.
 
Este artículo regula dos situaciones diversas que son las siguientes:

1.	No existirá reconocimiento salarial al profesor que por la naturaleza de su trabajo la actividad de docencia es parte de las labores de su puesto: este es el caso de los Profesionales en Derecho de la Escuela Judicial, especialistas en educación entre otros, que se encuentran nombrados en puestos que incluye como una de sus funciones el impartir capacitación.  

2.	No existirá reconocimiento salarial al profesor que ya reciba alguna retribución por realizar la actividad docente: este es el caso de los funcionarios judiciales que se les otorga permiso con goce de salario para dedicarse tiempo completo diseñar e impartir lecciones en la Escuela Judicial, ya que al estar fuera de sus funciones habituales, el salario que se les está pagando (durante el permiso) es precisamente para realizar funciones de docencia, por lo que el reconocimiento salarial no es posible.

Por lo expuesto, se concluye que no se le puede reconocer salarialmente el certificado académico a un funcionario(a) judicial que se le otorga permiso con goce de salario para dedicarse tiempo completo a diseñar cursos, impartir lecciones y producir material didáctico en la Escuela Judicial, debido a que el Reglamento para el Reconocimiento de la Carrera Profesional en el Poder Judicial lo prohíbe de manera clara y precisa.

En consecuencia, en los casos de funcionarios(as) judiciales que disfruten de un permiso con goce de salario para dedicarse tiempo completo a diseñar cursos, impartir lecciones y producir material didáctico en la Escuela Judicial, lo aconsejable es emitirles el respectivo certificado académico. Asimismo, es recomendable que en la comunicación que la Escuela Judicial debe hacer al Departamento de Personal una vez finalizada la actividad académica, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 del Reglamento para el Reconocimiento de la Carrera Profesional, se indique que el facilitador(a) o docente se encuentra  en alguno de los dos supuestos regulados en el artículo 31 del citado reglamento, con la finalidad no solo de informar adecuadamente la situación al Departamento de Personal, sino también, facilitar los datos  a efectos de que este realice los análisis de reconocimientos salariales de la mejor forma posible. 

2.2.	Reconocimiento en el sistema de carrera judicial (Ley de Carrera Judicial y Reglamento Interno del Sistema de Carrera Judicial)

La Ley de Carrera Judicial y el Reglamento Interno del Sistema de Carrera Judicial, también reconocen la experiencia docente en la Escuela Judicial, no desde el punto de vista salarial, sino como puntos en el sistema de calificación de los funcionarios que estén concursando para un puesto en la judicatura.

A criterio del Consejo de la Judicatura, no procede el reconocimiento del puntaje correspondiente a carrera judicial, en el caso de aquellos funcionarios que realizaron la labor docente en virtud del puesto desempeñado o función asignada. A esta altura resulta de importancia analizar el acuerdo tomado por dicho órgano en sesión Nº 4 del 8 de febrero de 2005, artículo III:

Considerando:
La Ley de Carrera Judicial establece en su artículo 74, el reconocimiento de la docencia universitaria para efectos de la calificación en puestos de Judicatura. Igualmente, se dice en el artículo 72 de la misma Ley que dentro de las atribuciones del Consejo de la Judicatura está el de determinar los componentes a evaluar, razón por la cual en los diferentes Sistemas Evaluativos se aprobó que la docencia universitaria se dividiera en un 50% para la enseñanza en centros universitarios y otro 50% como capacitador o instructor en la Escuela Judicial.

Por otro lado, para efectos de la "Carrera Profesional" el reconocimiento de la capacitación en la Escuela Judicial, es para aquellos profesores que no son funcionarios de este despacho, tal y como lo establece el artículo 31 del Reglamento de Carrera Profesional y el Manual Descriptivo del Puesto en donde se señala que para esos fines, no puede reconocerse puntaje alguno por cuanto como se indica, la función de impartir docencia, es inherente al puesto.

Lo anteriormente descrito, es igualmente aplicable para la Carrera Judicial, motivo por el cual,  en el caso de que la licenciada Ileana Guillén Rodríguez, hubiese presentado algún certificado académico que la acredita como docente en la Escuela Judicial,  mientras fue funcionaria de esa oficina; con fundamento en el artículo 31 del Reglamento de Carrera Profesional, Manual Descriptivo de Puestos y disposiciones del Consejo de Personal, previamente señalados, lo procedente es no asignarle puntaje alguno al factor docencia del Sistema Evaluativo para la Carrera Judicial, en los puestos en que se encuentra elegible.

El doctor Alfredo Chirino Sánchez, se abstiene de votar, por ser el Director de la Escuela Judicial y lo que se resuelva podría beneficiarlo.

Por lo tanto, de acuerdo con el informe de la Unidad Interdisciplinaria y según lo dispuesto en el Manual Descriptivo de Puestos y el Artículo 31 del Reglamento de Carrera Profesional,  SE ACUERDA: Denegar el reconocimiento de puntaje por concepto de experiencia docente presentado por la licenciada Ileana Guillén Rodríguez, en el entendido de que no debe considerarse dicha  docencia mientras fue funcionaria de la Escuela Judicial, pues la capacitación es inherente al puesto.

El Consejo de la Judicatura toma este acuerdo basado en los siguientes fundamentos legales:

1.	Ley de Carrera Judicial: en su artículo 72 inciso 1, se le da competencia al Consejo de la Judicatura para determinar los componentes que se califican en cada concurso así como realizar la calificación correspondiente. Esta potestad de definir el sistema de calificación se debe guiar por lo estipulado en el artículo 74 que regula a nivel general los factores de calificación del sistema de carrera judicial (experiencia, antigüedad, cursos realizados, entre otros).

2.	Reglamento Interno del Sistema de Carrera Judicial: el artículo 11 de este reglamento, establece lo siguiente:     

Artículo 11.—La calificación de los componentes evaluables dentro de los concursos que determine el Consejo se hará en forma ponderada. En cuanto a los grados y las condiciones académicas de los candidatos, lo mismo que en cuanto a los cursos de especialización y capacitación, publicaciones, experiencia profesional, se aplicará, en lo pertinente, lo dispuesto en el Capítulo V, del Reglamento para el Reconocimiento de la Carrera Profesional en el Poder Judicial, aprobado por la Corte Plena en la Sesión celebrada el 18 de mayo de 1989.
  
Este artículo indica que los reconocimientos de puntajes en el sistema de carrera judicial se harán siguiendo las reglas contenidas en el Reglamento para el Reconocimiento de la Carrera Profesional, propiamente en el Capítulo V de dicho cuerpo legal. En otras palabras, el sistema de calificación de la carrera judicial utiliza de manera supletoria las disposiciones del sistema de calificación de la carrera profesional. En cuanto a los rubros, componentes o parámetros a considerar como indicadores objetivos dentro del concurso de antecedentes que promueve el artículo 66 de la Ley de Carrera Judicial.

3.	Reglamento para el Reconocimiento de la Carrera Profesional en el Poder Judicial: de este reglamento el Consejo de la Judicatura aplica el artículo 11 en lo que respecta a la manera de reconocer la experiencia docente en la Escuela Judicial y lo más importante para el presente estudio, considera que la prohibición establecida en el artículo 31 de este reglamento es también de aplicación en el sistema de carrera judicial.

De conformidad con lo indicado, el criterio del Consejo de la Judicatura al aplicar, supletoriamente, el artículo 31 del Reglamento para el Reconocimiento de la Carrera Profesional en el Poder Judicial dentro del sistema de carrera judicial, implica que cualquier actividad docente desplegada como parte de las funciones propias del puesto o asignadas al efecto, no puedan ser reconocidas dentro del concurso de antecedentes propios de la “Carrera Judicial”. 

A nuestro parecer, ese criterio jurídico posee ciertas inconsistencias que deben ser analizadas y consideradas por los órganos correspondientes.

2.2.1.	Análisis crítico del acuerdo tomado por el Consejo de la Judicatura respecto a la aplicación del artículo 31 del Reglamento para el Reconocimiento de la Carrera Profesional en el Poder Judicial en el sistema de calificación de la carrera judicial

Si bien es cierto, corresponde al Consejo de la Judicatura ser el órgano regulador de la “Carrera Judicial” y consecuentemente regular lo referente a ella, consideramos oportuno realizar ciertas observaciones sobre el criterio jurídico indicado por el Consejo de la Judicatura en sesión Nº 4 del 8 de febrero de 2005, artículo III, toda vez que sus alcances afectan a un segmento de los funcionarios (as) judiciales que colaboran con la Escuela Judicial en la labor docente, por ello, esbozamos a continuación algunos criterios por los cuales, el acuerdo ya referido no es compartido por los suscritos abogados de la Escuela Judicial: 

1.	Diversa finalidad de la normativa que regula el sistema de carrera judicial del sistema de reconocimientos salariales o de carrera profesional. 

Un enfoque realista de la ciencia del Derecho nos conduce a interpretar las normas con base en la finalidad que estas persiguen. Este tipo de interpretación debe aplicarse en el presente caso, debido a que las normas que regulan el sistema de carrera judicial y el de carrera profesional tienen una finalidad distinta. 

Efectivamente, el sistema de carrera judicial se rige por la Ley de Carrera Judicial y el Reglamento Interno del Sistema de Carrera Judicial, estas normas tienen la finalidad de regular los órganos encargados de tramitar los distintos concursos, los procedimientos de selección  y, un tema de vital importancia para este análisis, el sistema de calificación de antecedentes. Justamente, el sistema de calificación de los aspirantes a puestos de la judicatura tiene la finalidad de valorar condiciones de orden personal, laboral y académica a efectos de calificar si un determinado concursante es idóneo o no para ocupar un puesto en la judicatura. Esto puede apreciarse claramente en el artículo 74 de la Ley de Carrera Judicial, que dispone:

Artículo 74.—Los participantes serán examinados y calificados en relación con su experiencia y antigüedad en el puesto, así como el rendimiento, la capacidad demostrada y la calidad del servicio en los puestos anteriormente desempeñados, dentro y fuera del Poder Judicial; además en relación con los cursos realizados atinentes al puesto y de especialización, el tiempo de ejercicio en la enseñanza universitaria y las obras de investigación o de divulgación que hubieran publicado.

Se les harán, también, entrevistas personales y exámenes, que versarán sobre su personalidad, sus conocimientos en la especialidad y en la técnica judicial propia del puesto a que aspiren, sin perjuicio de ordenar las pruebas médicas y psicológicas que se estimen convenientes.

Esto significa, que lo que le interesa evaluar al sistema de carrera judicial es al  aspirante en relación con su experiencia profesional, madurez personal y desarrollo académico, no es la finalidad de este sistema valorar si una persona está en un determinado puesto, realiza una determinada función y por ello recibe una retribución económica.   

Por el contrario, el Reglamento para el Reconocimiento de la Carrera Profesional en el Poder Judicial, que rige el sistema de incentivos salariales para el personal profesional del Poder Judicial, tiene como finalidad regular aspectos eminentemente salariales, como puede apreciarse en su artículo 1 que dispone:

Artículo 1.-Se entiende por Carrera Profesional el reconocimiento de un incentivo económico, con base en el grado académico, cursos de capacitación, la experiencia profesional, las publicaciones, la labor docente en la Escuela Judicial, experiencia en organismos internacionales y la responsabilidad por el ejercicio de la función judicial, para los funcionarios y empleados que presten sus servicios en puestos que exijan como mínimo el bachillerato universitario. (El subrayado no es del original)

Precisamente, el artículo 31 de este reglamento tiene una clara finalidad de regular una situación de inadecuada retribución económica, debido a que prohíbe el reconocimiento salarial por la actividad docente, en un primer supuesto, de un funcionario(a) que por el puesto que ocupa ya recibe salario por realizar labores de capacitador (a) y, en un segundo supuesto, es el funcionario(a), que no ocupa un puesto en el que efectué actividades docentes, pero que realiza labores de facilitador(a) en la Escuela Judicial y por ese concepto recibe una retribución de carácter económico. En síntesis, este artículo lo que pretende evitar es que una persona reciba doble retribución económica por realizar una sola labor de carácter docente.

De conformidad con lo explicado, consideramos que el criterio emitido por el Consejo de la Judicatura al aplicar, supletoriamente, las prohibiciones establecidas en el artículo 31 del Reglamento para el Reconocimiento de la Carrera Profesional al sistema de carrera judicial es incorrecto, ya que esta norma tiene la finalidad de regular aspectos de índole salarial que son incompatibles con las finalidades del sistema de carrera judicial de valorar las condiciones personales, laborales y académicas de los aspirantes a la judicatura.  
     
2.	Inadecuada aplicación supletoria de normas: como se explicó anteriormente, el sistema de carrera judicial y de carrera profesional tienen finalidades distintas, pero el artículo 11 del Reglamento Interno del Sistema de Carrera Judicial, establece lo siguiente:

Artículo 11.—La calificación de los componentes evaluables dentro de los concursos que determine el Consejo se hará en forma ponderada. En cuanto a los grados y las condiciones académicas de los candidatos, lo mismo que en cuanto a los cursos de especialización y capacitación, publicaciones, experiencia profesional, se aplicará, en lo pertinente, lo dispuesto en el Capítulo V, del Reglamento para el Reconocimiento de la Carrera Profesional en el Poder Judicial, aprobado por la Corte Plena en la Sesión celebrada el 18 de mayo de 1989. (El subrayado no es del original)

Como se observa de lo subrayado, el Reglamento para el Reconocimiento de Carrera Profesional se aplicará en lo pertinente al sistema de carrera judicial, esto significa que el indicado reglamento, propiamente en su capítulo V, se utilizará de manera supletoria, siempre y cuando sus normas sean complementarias con la finalidad de la Ley de Carrera Judicial y del Reglamento Interno del Sistema de Carrera Judicial.

Precisamente, el criterio del Consejo de la Judicatura de aplicar el artículo 31 del Reglamento para el Reconocimiento de la Carrera Profesional en el Poder Judicial, contemplado en el capítulo VI de éste, en el sistema de carrera judicial es incorrecto, ya que este artículo no es complementario, como se explicó, con la finalidad de la carrera judicial por lo que no es “pertinente”. En consecuencia, consideramos que en el presente caso existe una inadecuada aplicación supletoria de normas.    

3.	Aparente laguna normativa del sistema de carrera judicial que se interpreta en perjuicio de los concursantes.

Se podría tender a interpretar que si el sistema de calificación de la carrera judicial no contiene una disposición expresa que prohíba el reconocimiento de puntos por experiencia docente de funcionarios(a) que ocupan un puesto en el que sea inherente el capacitar o de funcionarios(as) que reciban una retribución económica por impartir lecciones en la Escuela Judicial, estaríamos en presencia de una laguna de la normativa que regula la carrera judicial. De ser así, el criterio del Consejo de la Judicatura vino a llenarla siguiendo una interpretación restrictiva de los derechos de los concursantes. 

En opinión de los suscritos, de existir esta laguna normativa debería llenarse con una interpretación que favorezca a los concursantes de conformidad con lo siguiente: 

•	El artículo 83 del Estatuto de Servicio Judicial dispone: 

Artículo 83.—Los casos no previstos en esta ley o en sus reglamentos se resolverán de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Código de Trabajo, los principios generales del Servicio Civil, las leyes y principios de derecho común, la equidad, la costumbre y los usos locales.
   
Esta norma autoriza a interpretar el Estatuto de Servicio Judicial según lo previsto en el Código de Trabajo.

•	Justamente, se puede aplicar en este caso el artículo 17 del Código de Trabajo que indica:
ARTICULO 17.- Para los efectos de interpretar el presente Código, sus Reglamentos y sus leyes conexas, se tomarán en cuenta, fundamentalmente, el interés de los trabajadores y la conveniencia social.
Este artículo establece el principio in dubio pro operario, que nuestra jurisprudencia lo entiende de la siguiente manera:

Uno de los principios clásicos lo constituye el denominado principio protector, contentivo de tres reglas específicas: la del in dubio pro operario, la regla de la norma más favorable y la de la condición más beneficiosa.  El recurrente invoca la aplicación de la primera regla citada; pues, como se apuntó, sostiene que existió una situación de duda, que ha de beneficiar a su representado.  No obstante, tal y como lo dejó claramente establecido el órgano de alzada, el significado que se le ha dado a esta específica regla implica que “en caso de que una norma se pueda entender de varias maneras, se debe preferir aquella interpretación más favorable al trabajador.” (PLA RODRÍGUEZ, Américo. Los principios del Derecho del Trabajo, Buenos Aires, Ediciones Depalma, tercera edición, 1.998, pp. 84-85) 

Aplicando el citado principio al presente asunto, se debe indicar que la laguna existente en el sistema de carrera judicial es recomendable que se interprete en favor de los concursantes. En consecuencia, estos tienen derecho a que se les reconozca la experiencia docente en la Escuela Judicial independientemente de que ocupen un puesto en que tengan como función el brindar capacitación o de ser funcionarios que reciban retribución económica por llevar a cabo labores docentes dentro de la Escuela Judicial.

De conformidad con lo indicado, es recomendable que el Consejo Directivo, si a bien lo tiene, solicite al Consejo de la Judicatura una reconsideración del criterio externado por este último órgano, debido a que es conveniente que se analice esta situación tomando en cuenta las consideraciones indicadas en el presente informe y resguardando los derechos de los aspirantes a ingresar al sistema de carrera judicial.   

3.	Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública

Como se analizó anteriormente en este estudio, el Reglamento para el Reconocimiento de la Carrera Profesional en el Poder Judicial en su artículo 31 es claro en negar el reconocimiento salarial por la labor docente en la Escuela Judicial, en los casos de funcionarios(as) que ocupen puestos en los cuales capacitar sea parte de sus funciones, o de los servidores judiciales que reciban una retribución económica por brindar capacitación. Precisamente, la nueva Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública viene a ratificar lo que la normativa interna del Poder Judicial ya ha prohibido, al establecer en los artículos 16 y 17 párrafo primero, lo siguiente:

Artículo 16.—Prohibición de percibir compensaciones salariales. Los servidores públicos solo podrán percibir las retribuciones o los beneficios contemplados en el Régimen de Derecho Público propio de su relación de servicio y debidamente presupuestados. En consecuencia, se les prohíbe percibir cualquier otro emolumento, honorario, estipendio o salario por parte de personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, en razón del cumplimiento de sus funciones o con ocasión de estas, en el país o fuera de él. 

Artículo 17.—Desempeño simultáneo de cargos públicos. Ninguna persona podrá desempeñar, simultáneamente, en los órganos y las entidades de la Administración Pública, más de un cargo remunerado salarialmente.       

Estos artículos tienen la finalidad de prohibir a los funcionarios(as) públicos recibir doble compensación económica por realizar las funciones propias del cargo o de los servicios que prestan en la administración pública, siendo esta la misma finalidad del artículo 31 del Reglamento para el Reconocimiento de la Carrera Judicial en el Poder Judicial.  

Conclusiones y Recomendaciones

De lo explicado en este estudio se pueden extraer las siguientes conclusiones y recomendaciones:

1.	El certificado académico de la Escuela Judicial se define como el documento probatorio de que un facilitador cumplió exitosamente la labor docente en una actividad académica de la Escuela Judicial.

2.	Los certificados en general tienen dos efectos; internos y externos al Poder Judicial.

3.	El certificado académico al ser un documento que prueba que un funcionario cumplió con su labor docente en la Escuela Judicial, debe ser emitido, independientemente de los reconocimientos que este produzca.

4.	Los funcionarios judiciales que ocupen un puesto en el que capacitar sea parte de sus funciones o que se encuentren disfrutando de un permiso con goce de salario para dedicarse tiempo completo a diseñar cursos, impartir capacitación y producir material didáctico en la Escuela Judicial, no se les puede reconocer salarialmente el certificado académico de conformidad con el artículo 31 del Reglamento para el Reconocimiento de la Carrera Profesional. Por lo tanto, se recomienda en estos casos emitir el respectivo certificado académico e informar al Departamento de Personal, por medio de la comunicación que la Escuela Judicial debe efectuar a esta dependencia de conformidad con lo establecido en el artículo 15 del Reglamento para el Reconocimiento de la Carrera Profesional, de que el facilitador o docente de una determinada actividad de capacitación se encuentra en alguno de los dos supuestos regulados en el artículo 31 del citado reglamento.

5.	La Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública viene a confirmar la prohibición establecida en el artículo 31 del Reglamento para el Reconocimiento de la Carrera Profesional en el Poder Judicial. 

6.	El criterio del Consejo de la Judicatura de aplicar las prohibiciones establecidas en el artículo 31 del Reglamento para el Reconocimiento de la Carrera Profesional en el Poder Judicial, al sistema de carrera judicial es incorrecto, debido a la distinta finalidad de los sistemas de carrera profesional y judicial, una inadecuada aplicación supletoria de normas y una laguna legal que es interpretada en perjuicio de los concursantes, por los que se recomienda al Consejo Directivo de la Escuela Judicial solicitar una reconsideración al acuerdo tomado por el Consejo de la Judicatura en sesión Nº 4 del 8 de febrero de 2005, artículo III, a efectos de que se consideren los argumentos explicados en este informe y se procure resguardar adecuadamente los derechos de los concursantes en el sistema de carrera judicial.

Bibliografía 

-  Ley de Carrera Judicial; Nº 7338 del 5 de mayo de 1993.
-  Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública; Nº 8422 de
             octubre de 2004.
          -  Código de Trabajo; Investigaciones Jurídicas; junio de 2002.
          -  Reglamento para el Reconocimiento de la Carrera Profesional en el Poder Judicial; del 23 de
              abril de 1999.
          -  Reglamento Interno del Sistema de Carrera Judicial; del 7 de julio de 1994.
          - Manual de Procedimientos para el Reconocimiento de Actividades de Capacitación; Normativa del           
            SUCADES; Dirección General de Servicio Civil; CECADES; San José, 2003.  
- Consejo de la Judicatura; sesión Nº 4 del 8 de febrero de 2005, artículo III.
- SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA; Voto N° 00723-2004:  de las nueve horas veinticinco minutos del primero de setiembre del dos mil cuatro.”

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SE ACUERDA:  Acoger el anterior informe y comunicarlo al Consejo Superior para su conocimiento, asimismo,  solicitar al Consejo de la Judicatura replantear el criterio que se había emitido sobre el reconocimiento de puntaje por concepto de experiencia docente presentado por la licenciada Ileana Guillén Rodríguez, mientras fue funcionaria de la Escuela Judicial y una reconsideración del caso concreto de los docentes de la Escuela Judicial, que con permiso de goce de salario, realizan este tipo de labores.

El doctor Alfredo Chirino Sánchez, se abstiene de votar en el caso de la reconsideración, por ser el Director de la Escuela Judicial y Miembro del Consejo de la Judicatura y lo que se resuelva podría beneficiarlo.  ACUERDO FIRME.

ARTICULO VII

Se comunica sobre la suspensión hasta nuevo aviso, de la  visita a la finca de la Soledad en San Joaquín de Flores de Heredia, programada para  el  sábado 16 de julio de 2005 a las 10:00 horas, junto con el Dr. Luis Paulino Mora Mora, Presidente de la Corte,  el Lic. Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, el Lic. Tobías Mena , Jefe del Departamento de Servicios Generales y los miembros del Consejo Directivo de la Escuela Judicial.

SE ACUERDA:  Tomar nota.  

Se levanta la sesión a las diez y cero cinco horas

Mag. Ana Virginia Calzada Miranda                 Dr. Alfredo Chirino Sánchez
                  PRESIDENTA                              DIRECTOR ESCUELA JUDICIAL