ACTA N°03-2007 

CONSEJO DIRECTIVO DE LA ESCUELA JUDICIAL, San José, a las ocho horas con treinta y cinco minutos del veintinueve de marzo del año dos mil siete. Se inicia la presente sesión ordinaria con la asistencia de la magistrada Ana Virginia Calzada Miranda, quien preside; el  Dr. Marvin Carvajal Pérez, director de la Escuela Judicial, la Licda. Lilliam Gómez Mora en representación del Ministerio Público; el Lic. Horacio González Quiroga, juez Tribunal Superior Contencioso Administrativo;  el Lic. Francisco Segura Montero, subdirector del Organismo de Investigación Judicial, la Licda. Olga Fallas Ulloa, en representación de la  Defensa Pública y la señora Aida Cristina Sinclair Myers, secretaria a.í. de la Escuela Judicial, el M.B.A. Francisco Arroyo Meléndez, Jefe del Departamento de Personal  y el Dr. Víctor Ardón Acosta, Juez Tribunal Superior de Trabajo, ausentes.

ESCUELA JUDICIAL

ARTICULO I

Se aprueba el  acta N°01-2007 del 24 de enero de 2007 y acta N°02-2007 del 05 de febrero de 2007.
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ARTÍCULO II

 El Dr. Marvin Carvajal Pérez, Director de la Escuela Judicial, somete a conocimiento del Consejo Directivo el siguiente documento:

ASAMBLEA  LEGISLATIVA  DE  LA
REPÚBLICA  DE  COSTA  RICA

PROYECTO DE LEY

ESTATUTO DE LA JUSTICIA Y DERECHOS DE LAS PERSONAS
USUARIAS DEL SISTEMA JUDICIAL

PODER EJECUTIVO

EXPEDIENTE N.º 15.736

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
PARLAMENTARIOS

PROYECTO DE LEY

ESTATUTO DE LA JUSTICIA Y DERECHOS DE LAS PERSONAS
USUARIAS DEL SISTEMA JUDICIAL

Expediente N.º 15.736

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

	Una justificación inicial acerca del nombre que se le da a este proyecto de Ley y del por qué se prefiere la denominación de "Estatuto de la Justicia" por sobre "Estatuto del Juez", que era con el que inicialmente se trabajó a la luz de lo que se aprobó en la VI Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas de Justicia, celebrada en mayo del año 2001 en Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias.  La denominación finalmente adoptada, obedece a la necesidad de ofrecer a partir de allí una mayor cobertura de materias y sujetos implicados en el funcionamiento de la justicia, pero, en esencia, con el ánimo de abrir espacios normativos a materias no solamente que no estaban reguladas anteriormente, sino que lo hace introduciéndolas de una manera que puede considerarse novedosa.

	La ley que se propone está llamada a evolucionar en el enfoque que se ha venido manejando de la justicia, y aunque no es novedosa en todos sus aspectos, al incorporarlo en forma de mandatos jurídicos, exigirá a los operadores judiciales y en primer término a los jueces, a reexaminar mucho de lo que ha sido una cultura judicial de larga tradición.

	¿Y a qué obedece que haya llegado el momento de una ley tan particular, de la que no hay mayores antecedentes en nuestra región?

	Por una parte, porque resulta evidente que la evolución de nuestras sociedades ha llevado, entre otras cosas, a exigir un mayor protagonismo y capacidad de respuesta al sistema de justicia.

	Incluso asumimos hoy, y pacíficamente, la necesidad de que el Poder Judicial se adecue a la demanda de apertura y sensibilidad en relación con las expectativas y deseos expresados por diversos sectores y agentes sociales, así como que adapte sus tradicionales métodos de trabajo y actitudes a esas nuevas y sentidas necesidades.  Deben quedar atrás el hermetismo en forma definitiva, el mutismo, el autismo, el secretismo y otros "istmos" de igual tono, que tradicionalmente ha mostrado el sistema judicial y quienes lo componen, poco propensos a trabajar de frente a las personas, a dar cuenta de sus actos, etc., para dar paso a un estilo de trabajo en donde se tenga como eje una cultura del servicio, en la que la dignidad y los derechos de las personas que acuden en demanda de justicia sean protegidos, y en donde la inmediación y la transparencia en todas las actuaciones, sea lo esencial, a fin de que se realice la "justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes", como manda nuestro texto constitucional y que -más modernamente- podemos traducir como un derecho a la "tutela judicial efectiva". O tutela judicial plena.

 	Por otra parte, el Poder Judicial debe avanzar hacia la consecución o consolidación de su independencia, no como un privilegio de los jueces o de sus integrantes como tales, sino como un derecho de los ciudadanos y como garantía del correcto funcionamiento del Estado constitucional y democrático de derecho.  Adicionalmente debe indicarse que a los jueces hay que exigirles comportamientos y actuaciones en correspondencia con las aspiraciones de la sociedad porque, por supuesto, entendemos que independencia no significa irresponsabilidad.  Si el artículo 9° de nuestra Constitución Política incluye como parte del Gobierno del Estado a los tres Poderes y a todos por igual los señala como "responsables ", está claro que el Poder Judicial, y sus integrantes los jueces, quedan cubiertos por la exigencia de dar un servicio de excelencia y de rendir cuentas sobre su quehacer.  Es en ese sentido que el Estatuto coloca, en adición a la necesaria independencia de los jueces, también la necesidad de que se establezcan mecanismos de evaluación del desempeño, de manera que por este medio se satisfagan las expectativas de una justicia accesible, transparente, proba, oportuna y de calidad, pero a la vez, de jueces que estén en condiciones de hacerlo posible.

 	Precisamente por eso ha de tenerse en cuenta que, a la par de los esfuerzos que se realizan o se han venido realizando en lo que se hemos denominado "Reforma Judicial", con toda esa diversidad y esa riqueza que encierra el concepto, es indispensable responder apropiadamente al reclamo que se escucha con frecuencia para que la justicia se ponga en manos de jueces con una clara idoneidad técnica, profesional y ética.  Lo anterior significa que, en adición a los esfuerzos que se hacen para que la justicia cuente con mejores instrumentos procesales, de infraestructura física, de condiciones materiales para que la mejor prestación del servicio y una gestión a tono con el señalado reclamo social, debe comprenderse también que en última instancia, de los jueces y funcionarios va a depender, significativamente, la calidad de la justicia y la percepción que públicamente se tenga de ella.

 	Una mención a este respecto de la interesante frase que pronunciara Paul Li, en ese momento Director del California Center for Judicial Education and Research, con sede en San Francisco, en el sentido de que "la calidad de la justicia no puede ser mayor que la calidad de los jueces ”

	Desde ese preciso ángulo de enfoque es que, cualquier esfuerzo para una "reforma judicial", y específicamente para lo que venimos haciendo en Costa Rica, a la par de las legítimas metas relativas a cuestiones estructurales y de gestión, que son las que primero afloran y sobre las que se pone mucho empeño y dinero, han de fijarse otras igualmente importantes y de singular urgencia, como las que tienen que ver con esa idoneidad profesional, la idoneidad técnica, la vocación de servicio y fuertes criterios éticos en jueces y juezas, si hablamos de una justicia en el Estado constitucional y democrático, como debemos insistir que hoy en día debe ser.  No puede haber divorcio en esto.

	Por eso mismo, si no se avanza en todos esos sentidos, poniendo todas las variables de trabajo para el mejoramiento integral de la justicia, de manera paralela, cualquier reforma será incompleta e insostenible en el tiempo, como ahora se exige para este tipo de procesos. Si bien con una referencia especial, pero que ilustra la tesis anterior, señala James Michel, que "una reforma de la justicia que no aborda la independencia de las decisiones judiciales, carece de credibilidad".

	Es por todo ello que, para el mejor desempeño de la función jurisdiccional y del comportamiento del sistema judicial como un todo, teniendo en cuenta las disposiciones que puedan constar en instrumentos de Derecho Internacional, en declaraciones, en cartas de derechos, en estatutos, algunos de los cuales se han mencionado anteriormente, junto a los que ya están en la Constitución Política y en normas legales ordinarias, es necesario que el sistema judicial disponga de un instrumento como este, que condense o sistematice, de la manera más clara y precisa, los derechos, deberes, condiciones y requisitos que han de acompañar y orientar el ejercicio de tan delicadas tareas y responsabilidades.

	Como se adivina a estas alturas, un objetivo específico de la promulgación de una ley como la que en este acto se presenta, consiste en ofrecer un referente que identifique los valores, principios, instituciones, procesos y recursos mínimos necesarios para garantizar que la función jurisdiccional se desarrolle en forma independiente; que defina un perfil de los jueces en el contexto de una sociedad democrática, el papel que desempeñan y lo que se espera no solamente ellos, sino también de otros funcionarios del sistema, a la vez que también se estimulan y potencian los esfuerzos que ya se han venido desarrollando en ese sentido.

	Otro objetivo directo, que se detecta con claridad en las partes primera y última de la propuesta de ley, es que aspectos que hoy se estiman esenciales en la actuación jurisdiccional, se conviertan en derechos efectivos de las personas, y que, como tales, puedan ser exigidos y garantizados en el diario quehacer de los órganos judiciales.  De allí todos los elementos que se incorporan y que tienen relación con conceptos como son los de "justicia transparente", "justicia accesible", ''justicia responsable", "justicia independiente", "justicia para los más débiles", "justicia para las minorías", a la par de un bloque que trata de abarcar cuestiones que se denominan allí normas sobre "ética judicial" y que al final, reflejan el propósito de que la justicia y sus operadores obedezcan las exigencias del debido proceso.

	La Corte Suprema de Justicia, plenamente consciente de que este tipo de instrumentos reviste un carácter importante en el esfuerzo de construir una cultura jurídica y judicial a tono con los requerimientos de la sociedad actual, estima necesario impulsar la  promulgación de este Estatuto, que se origina primero en un documento que aprobó la Vl Cumbre de Presidentes de Cortes Supremas de Justicia de Iberoamérica, celebrada en Santa Cruz de Tenerife, España, el 25 de mayo de 2001, denominado "Estatuto del Juez Iberoamericano", pero posteriormente se le incorporaron los Acuerdos tomados sobre "Los Derechos de las Personas ante la Justicia", de la VII Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia, celebrada en Cancún, México, en noviembre del año 2002.

	Ambos documentos y acuerdos, originalmente escritos en abstracto y para un contexto espacial todavía indeterminado, se han tratado de adaptar a las realidades nacionales.

	El "Estatuto" tiene la virtud de calificar como un referente o parámetro de actuación. Ha de tenerse claridad sobre que ese referente funcionará en un doble sentido: primeramente, para los operadores judiciales, que sabrán las reglas a que están sometidos y los medios con que cuentan para un apropiado desempeño; pero también es un referente para los usuarios del sistema y para las personas en general, que sabrán lo que pueden exigir o esperar y en qué condiciones, del quehacer del sistema judicial como un todo y de sus operadores en particular.

 	Como ya se apuntaba, esto es lo propio en el moderno Estado Constitucional de Derecho, en el que se hace efectiva la responsabilidad de los poderes públicos por la forma en que realizan sus cometidos o fines.

	En refuerzo de la importancia de este proyecto, hay que insistir en el hecho de que se inscribe dentro de una tendencia muy marcada en el Poder Judicial costarricense, que desde hace ya bastantes años -casi pioneramente- ha venido trabajando en forma intensa en el mejoramiento de las condiciones legales, materiales, intelectuales y éticas en que se desenvuelven quienes desempeñan cargos dentro de él.  A raíz de lo anterior es que se promueven otras importantes reformas e iniciativas que tienen relación con el campo procesal, con la gestión judicial y la gerencia de los tribunales, pero también en la formación inicial de los jueces y otros funcionarios del sistema.

	Resulta razonable esperar que, en conjunto, los citados esfuerzos produzcan resultados positivos, cualitativa y cuantitativamente.  Nos lo debemos nosotros, dentro del sistema, y se lo debemos a la sociedad.

	Por las razones expuestas, se somete al conocimiento y aprobación de las señoras diputadas y los señores diputados el proyecto de ley:  Estatuto de la Justicia y Derechos de las Personas Usuarias del Sistema Judicial.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:

ESTATUTO DE LA JUSTICIA Y DERECHOS DE LAS PERSONAS
USUARIAS DEL SISTEMA JUDICIAL

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1.-	PRINCIPIOS EN QUE SE FUNDA LA JUSTICIA

	La justicia es un valor esencial para la razonable convivencia en sociedad, pero también lo es para el fortalecimiento del sistema democrático.

	Debe entenderse que la justicia es un servicio público y las personas tienen derecho a que se le brinde en los más altos niveles de oportunidad, probidad, eficiencia, transparencia, calidad y, especialmente, con respeto de quien acude en demanda de ella.

	Todos los funcionarios que participan y se desempeñan dentro del sistema de justicia, en especial sus jueces y juezas, están en el deber de cuidar su alta misión y de que sus actuaciones respondan a normas de conducta que honren la integridad e independencia de su función y que estimulen el respeto y la confianza en su trabajo.

	El Poder Judicial deberá crear y promover canales flexibles e informales a los que las personas puedan acudir a plantear sugerencias, reclamos y quejas acerca del funcionamiento del sistema o de funcionarios en particular, debiéndoseles garantizar que no habrá represalias de ningún tipo por tal motivo.

	De igual modo, todo servidor judicial está en el deber de facilitar, o en su caso, canalizar apropiadamente la denuncia de actos reñidos con la legalidad o la ética en el desempeño de otros funcionarios, independientemente del rango o función que ejerza el denunciado ó denunciados.

DERECHOS DE LAS PERSONAS USUARIAS DEL SISTEMA JUDICIAL

ARTÍCULO 2.-	LA INFORMACIÓN COMO INSTRUMENTO DE ACCESO A LA JUSTICIA

a)	Todas las personas tienen derecho a que el sistema judicial les tenga informados debidamente sobre el funcionamiento de los tribunales en general, especialmente sobre requisitos y características de los distintos procedimientos judiciales, en todos los ámbitos que cubre el Poder Judicial.
b)	Los interesados tendrán acceso a los documentos, libros, archivos y registros judiciales que legalmente no tengan carácter reservado.
c)	Es de particular importancia que se brinde información general acerca de los horarios de atención al público.  En las sedes judiciales tal información se colocará de modo visible.

ARTÍCULO 3.-	CONOCIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN DEL ESTADO Y LA NORMATIVA INTERNACIONAL

 	Las personas tienen derecho a conocer el contenido actualizado de la legislación del Estado y la normativa internacional, especialmente la relacionada con la protección de los Derechos Humanos.  El Poder Judicial deberá colaborar con otras entidades del Estado para que este derecho se facilite a través de sistemas y tecnologías que permitan el acceso a esa información.

ARTÍCULO 4.-	DERECHO A LA TRANSPARENCIA JUDICIAL

a)	Toda persona tiene derecho a ser atendida directamente en las oficinas judiciales, y a recibir información respecto de cualquier aspecto relacionado con el funcionamiento de las dependencias, y en todo caso, a ser orientadas en cuanto a los derechos que puedan asistirles respecto de alguna situación particular.
b)	Las partes -y quien tenga interés legítimo en ellos- tendrán derecho a conocer el contenido y el estado de sus procesos, pero no pueden pretender que los jueces u otros funcionarios opinen sobre el fondo de lo que debe resolverse.
c)	En ningún caso, pueden los jueces negarse a recibir a las partes o a sus abogados, cuando deseen referirse a aspectos relacionados con la administración del expediente, o para el diligenciamiento de alguna actividad procesal o inquirir sobre algún aspecto que legalmente sea pertinente.  Si se entendiere que la solicitud o pretensión de la parte o abogado resulta inadmisible, deberá dejarse constancia de ello en el expediente, de modo que si en el futuro se discutiere el tema, haya mayor seguridad sobre lo sucedido.

ARTÍCULO 5.-	DERECHO A UNA JUSTICIA COMPRENSIBLE

a)	Además de un trato digno y respetuoso, las personas también tienen derecho a que los actos de comunicación contengan términos sencillos y comprensibles, evitándose además, elementos intimidatorios innecesarios.
b)	Igual derecho se tiene a que en las audiencias, comparecencias o cualquier otro acto que se realice oralmente, jueces y funcionarios judiciales utilicen un lenguaje que, respetando las exigencias técnicas necesarias, sea comprensible.
c)	Otro tanto cabe exigir de las sentencias y resoluciones en general, que han de ser redactadas en forma clara y comprensible para los destinatarios.
ARTÍCULO 6.-	DERECHO A LA PUNTUALIDAD Y RAZONABILIDAD DE LOS ACTOS JUDICIALES

a)	Las personas que deban participar en cualquier actividad judicial, tienen derecho a exigir que se lleven a cabo con puntualidad.
b)	Preferentemente el Juez, pero en su caso un funcionario autorizado, deberá informar con claridad y tomando en consideración las circunstancias, las causas de cualquier retraso.
c)	Salvo el caso de fuerza mayor, toda suspensión de una actividad procesal que  exija la presencia de partes, abogados, testigos, peritos u otras personas, deberá ser comunicada con la debida antelación, a fin de evitar gastos y molestias innecesarias a los interesados.
d)	Las comparecencias personales ante cualquier órgano judicial, deberán llevarse a cabo de modo que sea lo menos gravosa posible para la persona.
e)	Las comparecencias judiciales personales deben reducirse a los casos estrictamente necesarios y jueces u otros funcionarios están en el deber de concentrarlas y realizarlas empleando la menor cantidad de tiempo posible, para evitar llamados reiterados e innecesarios.
f)	Si la asistencia a un acto jurisdiccional implica desplazamiento para una persona, cuando por las condiciones personales corresponda, el Poder Judicial debe tramitarle con la antelación y la celeridad debidas, las indemnizaciones que por ello procedan.

ARTÍCULO 7.-	DEBER DE PROTEGER A TESTIGOS Y OTRAS PERSONAS QUE COLABOREN CON LA JUSTICIA

 	Las personas que declaren como testigos, o colaboren de cualquier forma con la administración de justicia, tienen derecho a ser adecuadamente protegidas por las autoridades del Estado, cuando de las circunstancias o de su misma petición se desprenda que ello se hace necesario.

ARTÍCULO 8.-	CONDICIONES DE ATENCIÓN A USUARIOS EL SISTEMA

	Las personas tienen derecho a ser atendidos personalmente en las oficinas judiciales respecto de cualquier incidencia relacionada con el funcionamiento de dichas oficinas, en la forma legalmente establecida.

 	Las dependencias judiciales accesibles al público, tales como salas de espera, salas de vistas, clínicas médicas y otros servicios forenses, deberán reunir las condiciones y facilidades que sean necesarias para asegurar una correcta y adecuada atención a las personas.

ARTÍCULO 9.-	FACILIDADES SOBRE DOCUMENTOS QUE DEBAN SER APORTADOS AL PROCESO

 	Las personas tienen derecho a que no se les exija la aportación de documentos que obren en poder de las administraciones públicas, salvo que justificadamente lo requieran de otra forma.  A los efectos de esta disposición, bastará con que la parte indique el lugar donde se encuentren y que sufrague el costo que demande incorporarlos al expediente.

 	Es deber del Estado y los demás entes públicos, disponer de los mecanismos necesarios que permitan, cuando resulte de interés para la tramitación judicial, la consulta directa por parte de jueces y tribunales, de documentos o cualquier otra información que posean, dejándose de ello constancia en el expediente respectivo.

ARTÍCULO 10.-	FACILIDADES PARA COMUNICARSE CON LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES

 	El Poder Judicial hará esfuerzos para que en un plazo razonable, las personas puedan comunicarse con los órganos jurisdiccionales a través del correo electrónico, video conferencias y otros medios telemáticos, con las consecuencias que las leyes procesales contemplen.

ARTÍCULO 11.-	LA PARTICIPACIÓN DIRECTA DEL JUEZ O JUEZA

	Las declaraciones y testimonios, debates, vistas y audiencias en las que se tenga por objeto oír a las partes antes de dictar una resolución, se celebrarán siempre con la presencia del Juez o del Tribunal, de acuerdo con lo previsto en las leyes.

ARTÍCULO 12.-	DERECHO DE LAS PERSONAS A RECLAMAR POR MAL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA JUDICIAL

a)	Las personas tienen derecho a formular reclamaciones, quejas y sugerencias relativas al incorrecto funcionamiento de la administración de justicia, así como a recibir respuesta en forma célere y, en todo caso, dentro de los plazos legalmente establecidos.
b)	Con el fin de hacer efectivo este derecho, el Poder Judicial dispondrá de contralorías de servicios que estarán en el deber de atender debidamente esas quejas, y en su momento, implantando sistemas para garantizar su ejercicio por vía telemática.
c)	En todo caso, a las personas se les hará conocer en forma apropiada el procedimiento mediante el cual se tramitará su queja, reclamo o sugerencia.

ARTÍCULO 13.-	RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

 	Las personas tienen derecho, con arreglo a la normativa existente, a exigir  responsabilidades por error judicial o por el funcionamiento anormal de la administración de justicia.

ARTÍCULO 14.-	PREVISIONES SOBRE LOS INTERVINIENTES JUDICIALES MÁS DÉBILES.  PROTECCIÓN DE LA VÍCTIMA

	La persona que sea víctima, tiene derecho a que el sistema judicial y los tribunales le informen con claridad sobre su intervención en el proceso penal, sobre las posibilidades de obtener una reparación del daño sufrido, así como acerca del curso del proceso. 

a)	El sistema judicial y cada tribunal en particular debe asegurar a la víctima el conocimiento efectivo de las resoluciones que puedan afectar su seguridad, especialmente en casos de violencia doméstica.
b)	De la misma manera, la víctima tiene derecho a ser protegida de forma inmediata y efectiva por los juzgados o tribunales, especialmente frente al que ejerce violencia física, psíquica o de cualquier otra forma, en el ámbito familiar.
c)	Las oficinas de atención a la víctima ya creadas y las que necesariamente han de crearse en donde haya necesidad de hacerlo, en todo el territorio nacional, buscarán la prestación de un servicio integral a la persona afectada por el delito y en su caso, procurarán coordinar acciones con entidades creadas constitucional y legalmente para esos mismos fines.
d)	Se procurará, además, que la víctima sea atendida con respeto a su dignidad y preservando en todo caso su intimidad y propia imagen.  Para ello, se adoptarán medidas que impidan que se encuentre, innecesariamente, en las dependencias policiales o judiciales con su agresor.
e)	Los funcionarios a cargo de estos casos responderán por descuido o negligencia en el cumplimiento de estos deberes.
f)	El Estado y los tribunales o una oficina especializada de éstos, puede adoptar medios técnicos que permitan localizar y ubicar a los agresores a los que se les haya impuesto medidas procesales en protección de las víctimas.
g)	Deberá protegerse a la víctima, asimismo, frente a la publicidad no deseada sobre su situación procesal y de su vida privada.

ARTÍCULO 15.-	PREVISIONES SOBRE LOS INTERVINIENTES JUDICIALES MÁS DÉBILES. PROTECCIÓN DE LOS INDÍGENAS

a)	El Poder Judicial y los tribunales en particular, deben garantizar el acceso a la justicia de la población indígena, con plenitud de derechos, facilitando claramente la utilización de la lengua propia y todos aquellos aspectos que les posibiliten la efectiva comprensión del sentido y significado de las actuaciones judiciales.
b)	El trato que deberá otorgarse a los integrantes de las poblaciones indígenas en el sistema judicial y los tribunales en especial, deberá ser respetuoso con su dignidad y tradiciones culturales.
c)	El Poder Judicial diseñará un modelo que, acorde con lo que establece el derecho consuetudinario de las poblaciones indígenas, pueda servir para la resolución alternativa de conflictos en donde sean parte sus integrantes.

ARTÍCULO 16.-	PREVISIONES SOBRE LOS INTERVINIENTES JUDICIALES MÁS DÉBILES. PROTECCIÓN DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE

a)	El niño o el adolescente tiene derecho a que su comparecencia ante cualquier órgano judicial tenga lugar en forma adecuada a su situación y desarrollo personal.
b)	A fin de resguardar su dignidad y condiciones de seguridad, en sus intervenciones se podrá disponer la utilización de elementos técnicos tales como circuitos cerrados de televisión, videoconferencias o similares.
c)	En lo posible, debe eliminarse la reiteración de comparecencias judiciales del niño o adolescente en relación con un mismo asunto.
d)	Cuando el niño o adolescente tuviere desarrollo intelectual suficiente y así se determinare por algún especialista, tiene derecho a ser oído en todo proceso en que tenga interés directo y que conduzca a una decisión que pueda llegar a afectar su esfera personal, familiar o social.
e)	Tienen derecho, asimismo, a que se evite que en los procesos en que tenga interés, haya publicidad que pueda llegar a afectar su vida íntima personal y a que se guarde debida reserva de actuaciones relacionadas con ellos.
f)	A fin de hacer efectivos estos derechos, el Poder Judicial dictará un instrumento o "protocolo" que sistematice el tratamiento de los asuntos relacionados con menores y adolescentes.

ARTÍCULO 17.-	PREVISIONES SOBRE LOS INTERVINIENTES JUDICIALES MÁS DÉBILES.  LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

a)	La persona afectada por cualquier tipo de discapacidad sensorial, física ó psíquica, podrá ejercer con plenitud los derechos reconocidos en este Estatuto, en la Constitución Política y la legislación procesal.
b)	Solamente en casos de necesidad comprobada se le hará comparecer en estrados o para diligencias judiciales.  De ser posible, se dispondrá realizar determinadas actividades en el lugar de residencia o donde se encuentra la persona con discapacidad.
c)	Los edificios judiciales y sus dependencias estarán previstos de aquellos servicios que faciliten el acceso y estancia a los discapacitados.
d)	Las personas con limitaciones para ver, oír o hablar tienen derecho a que se les facilite el servicio de intérprete de signos o de aquellos medios tecnológicos que permitan obtener de forma comprensible la información solicitada, corno la práctica adecuada de los actos de comunicación y de cualquier otra actuación procesal en que participen con motivo de un asunto judicial.
e)	En los actos de comunicación, deberán los tribunales tener absoluta seguridad de que el destinatario con discapacidad no solo haya sido impuesto formalmente de las decisiones jurisdiccionales que deba conocer, sino que comprenda su alcance. Para ello deberá utilizarse el medio que, según el caso, garantice que tal comprensión se ha dado.
f)	Se garantizará el uso de intérprete, al extranjero que no conozca la lengua oficial, si hubiere de ser interrogado o prestar alguna declaración, o cuando fuere necesario darle a conocer en forma personal alguna resolución jurisdiccional. Cuando de las circunstancias, la autoridad judicial llegue a tener duda de que un extranjero está comprendiendo lo que sucede en un determinado proceso, deberá proveer el intérprete, aun cuando no exista solicitud expresa suya.

INDEPENDENCIA JUDICIAL

ARTÍCULO 18.-	PRINCIPIO GENERAL DE INDEPENDENCIA

	Como una garantía para las personas, los jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales y solamente se encuentran sometidos a la Constitución y a la ley, con estricto respeto al principio de jerarquía normativa.

ARTÍCULO 19.-	OBLIGACIÓN DE RESPETO A LA INDEPENDENCIA JUDICIAL

	Los otros Poderes del Estado y, en general, todas las autoridades, instituciones y organismos nacionales o internacionales, deben respetar y hacer efectiva la independencia de la judicatura.

ARTÍCULO 20.-	INDEPENDENCIA JUDICIAL Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

	Las libertades de expresión e información no resultan incompatibles con la independencia de los jueces, salvo cuando se ejerciten en forma abusiva o arbitraria, con la clara finalidad de influir indebidamente en el dictado de las resoluciones jurisdiccionales.

ARTÍCULO 21.-	INDEPENDENCIA INTERNA

	En el ejercicio de la jurisdicción, los jueces no se encuentran sometidos a autoridades judiciales superiores, sin perjuicio de la facultad de estas de revisar las decisiones jurisdiccionales a través de los recursos legalmente establecidos, y de la fuerza que el ordenamiento nacional atribuye a la jurisprudencia y a los precedentes emanados de las Salas de la Corte Suprema Justicia y a la jurisprudencia constitucional.

ARTÍCULO 22.-	DEFENSA DE LA INDEPENDENCIA JUDICIAL

	Los ataques a la independencia judicial han de ser sancionados por ley, la que deberá prever los mecanismos por medio de los cuales los jueces inquietados o perturbados en su independencia puedan obtener el respaldo del órgano de gobierno del Poder Judicial.

ARTÍCULO 23.-	CONDICIONES MATERIALES DE LA INDEPENDENCIA

	El Estado garantizará la independencia económica del Poder Judicial, mediante la asignación del presupuesto adecuado para cubrir sus necesidades y a través del desembolso oportuno de las partidas presupuestarias. 

IMPARCIALIDAD

ARTÍCULO 24.-	PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD

	La imparcialidad del Juez es condición indispensable para el ejercicio de la función jurisdiccional.

ARTÍCULO 25.-	IMPARCIALIDAD OBJETIVA

	La imparcialidad del Juez ha de ser real, efectiva y evidente para la ciudadanía.

ARTÍCULO 26.-	ABSTENCIÓN Y RECUSACIÓN

	Los jueces tienen la obligación de separarse de la tramitación y conocimiento de asuntos en los que tengan alguna relación previa con el objeto del proceso, partes o interesados en el mismo, en los términos previstos en la ley.

	Las abstenciones sin fundamento y las recusaciones infundadas aceptadas por el Juez, constituyen falta grave a sus deberes.

ARTÍCULO 27.-	INCOMPATIBILIDADES

	El ejercicio de la función jurisdiccional es incompatible con otras actividades, a excepción de aquellas admitidas por la ley.

SELECCIÓN DEL JUEZ, CARRERA JUDICIAL E INAMOVILIDAD

ARTÍCULO 28.-	ÓRGANO Y PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE LOS JUECES

	Los procesos de selección y nombramiento deben realizarse por medio de órganos predeterminados por la ley, que apliquen procedimientos también predeterminados y públicos, que valoren objetivamente los conocimientos y méritos profesionales de los aspirantes.

ARTÍCULO 29.-	OBJETIVIDAD EN LA SELECCIÓN DE JUECES

 	Los mecanismos de selección estarán orientados, en todo caso, a la determinación objetiva de la idoneidad de los aspirantes.

ARTÍCULO 30.-	PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACIÓN EN LA SELECCIÓN DE JUECES

	En la selección de los jueces, no se hará discriminación alguna por motivo de raza, sexo, religión, ideología, origen social, posición económica u otro que vulnere el derecho a la igualdad que ampara a los aspirantes.  El requisito de nacionalidad del país no se considerará discriminatorio.

ARTÍCULO 31.-	PRINCIPIO DE INAMOVILIDAD

a)	Como garantía de su independencia, los jueces son inamovibles desde el momento en que adquieren su nombramiento en propiedad y cumplen el período de prueba establecido en el Estatuto del Servicio Judicial, pasando a formar parte de la carrera judicial.
b)	No obstante, podrán ser suspendidos o separados de sus cargos por incapacidad física o mental, evaluación negativa de su desempeño profesional en los casos en que la ley lo establezca, o destitución o separación del cargo declarada en caso de responsabilidad penal o disciplinaria, por los órganos legalmente establecidos, mediante procedimientos que garanticen el respeto del debido proceso y, en particular, el de los derechos de audiencia, defensa, contradicción y recursos legales que correspondan.

ARTÍCULO 32.-	INAMOVILIDAD INTERNA

a)	La garantía de inamovilidad del Juez se extiende a los traslados, promociones y ascensos, que exigen el libre consentimiento del interesado.
b)	De manera excepcional, se puede ascender o trasladar un Juez por necesidades del servicio o modificación de la organización judicial, pasándolo a reforzar otro órgano jurisdiccional, pero en estos casos, en que prevalece el interés general sobre el particular, deberá garantizarse audiencia previa al Juez en cuestión y acordarse lo que corresponda mediante resolución debidamente motivada.
ARTÍCULO 33.-	OBJETIVIDAD EN LA CONFORMACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL

	Los traslados, promociones y ascensos de los jueces se decidirán con criterios objetivos predeterminados en la ley, basados, fundamentalmente, en la experiencia y capacidad profesionales de los solicitantes.

ARTÍCULO 34.-	INAMOVILIDAD "AD HOC"

	La inamovilidad del Juez garantiza también, como principio general y salvo aquellos casos expresamente previstos en la Ley, que no podrá ser apartado del conocimiento de los asuntos que le estén encomendados.

RESPONSABILIDAD, INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN DEL JUEZ

ARTÍCULO 35.-	PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN LA RESPONSABILIDAD DEL JUEZ

	Los jueces responderán penal, civil y disciplinariamente de conformidad con lo establecido en la ley.

	La exigencia de responsabilidad no amparará los ataques contra la independencia judicial que pretendan encubrirse bajo su formal cobertura.

ARTÍCULO 36.-	ÓRGANO Y PROCEDIMIENTO PARA LA EXIGENCIA DE RESPONSABILIDAD

 	La responsabilidad disciplinaria de los jueces será competencia de los órganos del Poder Judicial legalmente establecidos, mediante procedimientos que garanticen el respeto del debido proceso y, en particular, el de los derechos de audiencia, defensa, contradicción y recursos legales que correspondan.

ARTÍCULO 37.-	SISTEMA DE SUPERVISIÓN JUDICIAL

	Los sistemas de inspección judicial han de entenderse como un medio para verificar el buen funcionamiento de los órganos judiciales y procurar el apoyo a la mejora de la gestión de los jueces, antes que mecanismos puramente represivos.

ARTÍCULO 38.-	EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

a)	En garantía de la eficiencia y calidad del servicio público de justicia, la Corte Suprema de Justicia deberá establecer un sistema de evaluación del rendimiento y comportamiento técnico profesional de los jueces y otros funcionarios judiciales, que permita mantener un control sobre índices de desempeño y sobre la calidad del servicio que se presta a la comunidad.
b)	El buen desempeño deberá influir en calificaciones que anualmente habrán de realizarse y a través de los puntajes correspondientes, servirá para ser tomado en cuenta en ascensos y demás beneficios acordados para jueces y otros funcionarios judiciales.

ARTÍCULO 39.-	CONSECUENCIAS DE LA EVALUACIÓN NEGATIVA DEL DESEMPEÑO

	El desempeño inadecuado o deficiente en el ejercicio de la función jurisdiccional, debidamente acreditado mediante procedimiento legal y reglamentariamente establecido, que prevea la audiencia al Juez, o al funcionario de que se trate, puede conllevar la aplicación de períodos de capacitación obligatoria o, en su caso, la aplicación de otras medidas correctivas o disciplinarias.

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN JUDICIALES

ARTÍCULO 40.-	FORMACIÓN INICIAL

	La capacitación inicial tiene por objetivos la selección de los candidatos más aptos para el desempeño de la función judicial en una sociedad democrática, a través de mecanismos que permitan comprobar las condiciones que debe reunir todo aspirante a la judicatura y la formación de este en los conocimientos y las destrezas propias de su función, con una orientación teórico-práctica que incluya, en la medida de lo posible, un período de pasantías en órganos jurisdiccionales u otros previamente seleccionados.

ARTÍCULO 41.-	CENTROS DE CAPACITACIÓN

	La Escuela Judicial debe asumir la responsabilidad de la formación inicial de los jueces, y, en su caso, de los que ya pertenecen a la carrera judicial siguiendo las indicaciones de política general que se lleguen a dictar en la materia, en cuanto a los propósitos que deben perseguirse con esa formación, diseñando, planificando y ejecutando los programas educativos, así como valorando sus resultados y el impacto de tales programas.

ARTÍCULO 42.-	COSTOS DE LA FORMACIÓN INICIAL

	Los costos de la formación inicial deben ser asumidos por el Poder Judicial, aun en casos en que se cuente con la colaboración de instituciones públicas y privadas.

ARTÍCULO 43.-	NATURALEZA Y COSTOS DE LA CAPACITACIÓN CONTINUADA

	La formación continuada o capacitación en servicio constituye un derecho y un deber del Juez y una responsabilidad del Poder Judicial, que deberá facilitarla en régimen de gratuidad.

ARTÍCULO 44.-	VOLUNTARIEDAD DE LA CAPACITACIÓN CONTINUADA

	Independientemente de lo dicho en el artículo anterior, la capacitación continuada reviste carácter obligatorio en casos de ascenso o traslado que implique cambio de jurisdicción, reformas legales importantes y otras circunstancias especialmente calificadas por la Escuela Judicial o los órganos competentes del Poder Judicial.

ARTÍCULO 45.-	ÓRGANO QUE TIENE ENCOMENDADA LA CAPACITACIÓN CONTINUADA

	La formación continuada o capacitación en servicio debe ofrecerse a jueces y magistrados a través de la Escuela Judicial, sin perjuicio de que se recurra a la colaboración de otras instituciones, públicas o privadas, cuando fuere necesario, lo que se hará a través de reglas claras aprobadas por la autoridad correspondiente del Poder Judicial.

ARTÍCULO 46.-	EVALUACIÓN EN LA CAPACITACIÓN

a)	La evaluación de los aspirantes que participan en procesos de formación inicial, se realizará atendiendo a criterios objetivos, para determinar la posibilidad o imposibilidad del ingreso a la función.
b)	La evaluación de la formación continuada, incorporada al expediente personal del Juez, puede constituir un elemento de valoración del desempeño judicial y uno de los criterios de decisión para la promoción y ascenso de los jueces, u otros funcionarios del sistema, siempre que exista una normativa previamente acordada por la autoridad que dentro del Poder Judicial le corresponda hacerlo.

ARTÍCULO 47.-	PARTICIPACIÓN JUDICIAL EN LA PROGRAMACIÓN DE LA CAPACITACIÓN

 	En la definición de políticas de formación judicial, los órganos competentes deberán tomar en cuenta la opinión de los jueces, a través de mecanismos confiables de consulta.

RETRIBUCIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MEDIOS MATERIALES

ARTÍCULO 48.-	REMUNERACIÓN

	Los jueces deben recibir una remuneración suficiente, irreductible y acorde con la importancia de la función que desempeñan y con las exigencias y responsabilidades que conlleva.

ARTÍCULO 49.-	SEGURIDAD SOCIAL

a)	El Estado garantiza a los jueces un sistema de seguridad social, así como que al concluir sus años de servicio por retiro, ya sea por enfermedad u otras causas legalmente previstas o en caso de daños personales, derivados del ejercicio del cargo, reciban una pensión o jubilación digna o, en su caso, una indemnización adecuada.
b)	Del mismo modo, el Estado debe garantizar a todo Juez un seguro de riesgos múltiples.

ARTÍCULO 50.-	RECURSOS HUMANOS, MEDIOS MATERIALES Y APOYOS TÉCNICOS

a)	Los jueces y los tribunales en general, deberán contar con los recursos humanos, medios materiales y apoyos técnicos necesarios para el adecuado desempeño de su función.
b)	El Poder Judicial ha de disponer los mecanismos apropiados para que se cuente siempre con el criterio de los jueces y sea considerado a la hora de tomar las decisiones que se adopten sobre el particular.
c)	En especial, los jueces deben tener fácil acceso a la legislación y a la jurisprudencia y disponer de los demás recursos necesarios para la rápida y motivada resolución de litigios y causas.

ARTÍCULO 51.-	SEGURIDAD PERSONAL Y FAMILIAR

	En garantía de la independencia e imparcialidad que ha de presidir el ejercicio de la función jurisdiccional, el Estado proporcionará los medios necesarios para la seguridad personal y familiar de los jueces cuando, en función de las circunstancias, se detecte que están sometidos a riesgo de esa naturaleza.

DERECHO DE ASOCIACIÓN PROFESIONAL

ARTÍCULO 52.-	DERECHO DE ASOCIACIÓN DE LOS JUECES

	Se reconoce a los jueces la libertad de asociación.
ÉTICA JUDICIAL

ARTÍCULO 53.-	SERVICIO Y RESPETO A LAS PARTES

a)	En el contexto de un Estado constitucional y democrático de derecho y en el ejercicio de su función jurisdiccional, los jueces tienen el deber de trascender el ámbito de ejercicio de dicha función, procurando que la justicia se imparta en condiciones de eficiencia, calidad, accesibilidad y transparencia, con respeto a la dignidad de la persona que acude en demanda del servicio.
b)	El Poder Judicial está en el deber no solamente de dictar las normas que hagan efectiva esta importante obligación, sino también en el de tomar las medidas apropiadas para mantener los controles sobre su cumplimiento.

ARTÍCULO 54.-	OBLIGACIÓN DE INDEPENDENCIA

	El Juez está obligado a mantener y defender su independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional.

ARTÍCULO 55.-	DEBIDO PROCESO

	Los jueces tienen el deber de cumplir y hacer cumplir el principio del debido proceso, constituyéndose en garantes de los derechos de las partes y, en particular, velando por dispensarles un trato igual que evite cualquier desequilibrio motivado por la diferencia de condiciones materiales entre ellas y, en general, toda situación de indefensión. 

ARTÍCULO 56.-	LIMITACIONES EN LA AVERIGUACIÓN DE LA VERDAD

	Los jueces habrán de servirse tan solo de los medios legítimos que el ordenamiento pone a su alcance en la persecución de la verdad de los hechos en los casos de que conozcan.

ARTÍCULO 57.-	MOTIVACIÓN

	Los jueces tienen la inexcusable obligación, en garantía de la legitimidad de su función y de los derechos de las partes, de motivar debidamente las resoluciones que dicten.

ARTÍCULO 58.-	RESOLUCIÓN EN PLAZO RAZONABLE

a)	Es un derecho de las personas, que los procesos reciban una tramitación ágil, y a que los jueces resuelvan sus pretensiones en un plazo razonable, evitando, o en su defecto sancionando, las actividades dilatorias o contrarias a la buena fe procesal de las partes.
b)	En caso de que se produzca un retraso, las partes e interesados tienen derecho a saber el motivo de ello.
ARTÍCULO 59.-	PRINCIPIO DE EQUIDAD

	En la resolución de los conflictos que lleguen a su conocimiento, los jueces, sin menoscabo del estricto respeto a la legalidad vigente y teniendo siempre presente el trasfondo humano de dichos conflictos, procurarán atemperar con criterios de equidad las consecuencias personales, familiares o sociales desfavorables.

ARTÍCULO 60.-	SECRETO PROFESIONAL

a)	Los jueces tienen obligación de guardar absoluta reserva y secreto profesional en relación con las causas en trámite y con los hechos o datos conocidos en el ejercicio de su función o con ocasión de esta, salvo las autorizaciones que ya contiene el Código de Ética Judicial.
b)	Tampoco pueden los jueces evacuar consulta ni dar asesoramiento en los casos de contienda judicial actual o posible.

ARTÍCULO 61.-	CRITERIOS DE APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE ESTA LEY

a)	La presente ley de interés público.  Sus normas son autoaplicativas y servirán de criterio para las actuaciones jurisdiccionales de los jueces, así como para la  interpretación del resto del ordenamiento jurídico que deban aplicar a un caso, todo de conformidad con los principios y valores que las inspiran. 
b)	Las normas anteriores tienen, además, un carácter regulador mínimo en su descripción y consecuencias, de manera que no excluyen la existencia de otros contenidos en diferentes cuerpos normativos, de diverso nivel jerárquico, o que se consideren aplicables de principio, por ser inherentes al buen desempeño de la administración de justicia y la judicatura.

ARTÍCULO 62.-	SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN ESTA LEY

 	El incumplimiento de cualquier disposición de esta Ley por parte de funcionarios y jueces, se entenderá como falta grave o gravísima, según las consecuencias que haya tenido para la o las personas afectadas, lo que se precisará caso por caso y en tal virtud se sancionará disciplinariamente, de conformidad con la legislación respectiva.

	Rige a partir de su publicación.

	Dado en la Presidencia de la República, a los dieciséis días del mes de julio del año dos mil cuatro.

      Abel Pacheco de la Espriella
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

						 		  Patricia Vega Herrera
								MINISTRA DE JUSTICIA

27 de octubre de 2004, daa.

NOTA:	Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión
		Permanente de Asuntos Jurídicos.

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El Dr. Marvin Carvajal manifiesta que, considera importante que aunque la Escuela Judicial no ha sido consultado formalmente respecto al anterior proyecto de ley  que se basa en documentación producida internacionalmente, particularmente, con el Estatuto de la Justicia producido en  Iberoamérica, en Cortes, esta tiene una serie de regulaciones que se relacionan con el tema de la formación judicial en todos sus ámbitos, concretamente  a partir del capítulo 39.  Hay varias disposiciones referente al tema de la capacitación, es por ello que considera importante como antecedente, que los miembros del Consejo Directivo la conozcan y revisen, debido a que sus normas son bastante genéricas y de alguna manera, se enmarcan dentro de los otros proyectos que están en la corriente legislativa.  Señala que no existe grandes diferencias, pero que si es importante analizarlas. 
La Licda. Olga Fallas Ulloa indica que, la Licda. Marta Iris Muñoz Cascante, Jefa de la Defensa Pública, tiene interés en enviar un artículo que incluya el area de auxiliares, porque este proyecto no lo contempla.  Ella se compromete en realizarlo.

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SE ACUERDA:   Comisionar al Dr. Marvin Carvajal Pérez, director de la Escuela Judicial,  para que realice un análisis de dicho proyecto y presente un informe que se analizará en la próxima sesión del Consejo Directivo, para su posterior remisión a la Asamblea Legislativa.  ACUERDO FIRME.

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ARTÍCULO III

La Licda. Silvia Navarro Romanini, Secretaria General, en oficio Nº 2031-07 del 09 de marzo de 2007 dirigido al Dr. Luis Paulino Mora Mora, Presidente del Consejo Superior del Poder Judicial,  dice:
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	Para su muy estimable conocimiento, le transcribo el acuerdo tomado por la Corte Plena en sesión N° 05-07, celebrada el 12 de febrero último, que literalmente dice:
“ARTÍCULO XVII
Informa el Presidente, Magistrado Mora, que el Consejo Consultivo ha analizado con preocupación el problema creado por la cantidad de sustituciones que semanalmente se hacen, especialmente de administradores de justicia que son convocados a capacitaciones, que solicitan se les conceden permisos con goce de salario, así como la movilidad en estos puestos.
 Por esa razón ese órgano, en sesión celebrada el 29 de enero del año en curso, artículo III, acordó remitir a la Corte Plena para su aprobación la siguiente propuesta para regular los permisos, sustituciones, vacaciones y nombramientos en el Poder Judicial. 
“PROPUESTA CONSEJO CONSULTIVO
ASUNTO: Regulación de permisos para capacitación, sustitución de jueces y servidores judiciales, asistencia a cursos universitarios como profesores y alumnos y otros temas relacionados con la inasistencia a los despachos judiciales, sustituciones de corto plazo y permisos para capacitación.

1.	Los servidores judiciales, salvo casos debidamente justificados por la Escuela Judicial, el Consejo Superior o la Corte, solo tendrán derecho a recibir dos cursos de capacitación por año, por un período máximo de quince días cada uno. Para ello el servidor deberá coordinar lo correspondiente en la agenda del despacho para que no se hagan señalamientos para diligencias procesales que ameriten su presencia, en los casos en que no proceda su sustitución.
2.	En todo caso que se conceda un permiso para asistir a cursos de capacitación, lo será en el entendido de que el servicio público a cargo del despacho en que labore el servidor no se vea sustancialmente afectado y cuando deban realizarse diligencias que ameriten su presencia, la atención a estas prevalecerá respecto del deber de asistencia al curso.
3.	La Escuela Judicial, y el Consejo Superior, al programar actividades de capacitación, deberán hacerlo con al menos dos meses de antelación para que la asistencia a esos cursos, solo por excepción, requiera sustituciones. 
La Escuela Judicial deberá programar su actividad académica anual a más tardar en noviembre de cada año y comunicar al Consejo Superior del Poder Judicial, a efecto de los permisos correspondientes, la lista de servidores convocados a cada curso, según el interés mostrado por ellos. 
Salvo los casos debidamente justificados ante el Consejo Superior y la Corte Suprema de Justicia, no se realizarán sustituciones de servidores judiciales por períodos inferiores a 8 días hábiles. En razón de ello, se deberá establecer a qué juez corresponde por recargo las funciones de otro no sustituido. 
4. 	Las Salas de la Corte y las comisiones por materia, deberán programar sus capacitaciones con la debida anticipación, con criterios restrictivos y en horarios fuera de la jornada laboral, viernes en la tarde o sábados. 
5. 	La Escuela Judicial realizará los cursos que no sean de capacitación inicial, a principio o fines de semana o en horas vespertinas (a partir de las 4 de la tarde). Esta regla también aplica para las comisiones y asociaciones, sindicatos y demás organizaciones gremiales. 
6.	Las reglas anteriores se aplicarán también a quienes se desempeñen como docentes en cursos programados por la Escuela Judicial, las Comisiones o el Consejo Superior. 
7.	Los jueces que hubiesen sido designados en un cargo en propiedad no podrán participar en nuevos concursos, al menos por un año y quienes fueran nombrados a plazo, no podrán atender invitaciones a cursos o pedir vacaciones.
8.	Quienes hayan sido nombrados interinamente como jueces no podrán participar en otros nombramientos también de carácter interino, salvo que el nuevo cargo a que se aspira sea por un plazo sustancialmente mayor.
9.	En todo caso en que se termine el ejercicio del cargo de juez, ya sea interino o en propiedad, el servidor deberá rendir un informe al Consejo Superior del Poder Judicial sobre el estado en que deja el despacho, con indicación del número de sentencias dictadas, el circulante general de la oficina, la lista de los 50 asuntos más antiguos de presentación del despacho, que se tengan en trámite, con especificación de los motivos que justifican el que no se hayan resuelto. 
10.	Al momento de hacer una convocatoria para que se participe como candidato a un curso de capacitación, el Consejo de Personal, o las Jefaturas del Ministerio Público, la Defensa Pública y el Organismo de Investigación Judicial, deberán indicar las condiciones en que se autoriza la participación. Cuando sea necesario el pago de viáticos, tiquetes de avión, matrículas o gastos de capacitación, la convocatoria se hará una vez el Consejo Superior lo haya autorizado.
11.	Corresponde al Consejo Superior determinar en qué casos, según las circunstancias propias, procede el otorgamiento de un permiso para capacitación, sin que se haya participado en un concurso. Esta regla será aplicada por el Consejo utilizando criterios restrictivos y justificando debidamente las razones por las que se concede el permiso.
12.	En todo caso, para la concesión de permisos con o sin goce de sueldo, que ameriten o no sustitución, deberán aplicarse criterios restrictivos. La Escuela Judicial y el Consejo de Personal, en los dos meses siguientes a la aprobación de estas reglas, deberán proponer a la Corte conjuntamente un  proyecto  en el que se disponga sobre la forma en que se debe proceder para hacer la escogencia a cursos de capacitación de corta, mediana y larga duración, que deban realizarse en el extranjero.”
Adiciona el Presidente, Magistrado Mora: “En el Consejo Consultivo hemos analizado sobre el problema que se nos está presentando con la gran cantidad de sustituciones que se presentan semanalmente.  Hay semanas que hacemos más de 150 sustituciones y somos 780 jueces, eso quiero decir que una quinta parte de los jueces que hay en el país son sustituidos.  Podría asegurarles de que hay un gran malestar en los abogados porque esto ocurre. En muchos casos se trata de jueces de fuera del área metropolitana y como ellos salen a capacitaciones o permisos con goce de sueldo, con toda variedad de justificaciones, han ocurrido casos en donde en dos oportunidades los abogados muy enojados me llamaron desde la jurisdicción en que estaban ,porque no obstante un Tribunal que eran en un caso es de tres jueces y otro de dos, no había ninguno que firmara un cheque que tenían que retirar. Uno de estos casos el Juzgado es de la provincia de Guanacaste, el otro de Limón, y claro que eso cuesta y da mucho malestar para el usuario. También constantemente los Tribunales colegiados piden una sustitución el día anterior, no logramos quien vaya a sustituirlo y el que pidió la sustitución se vino y esa audiencia se pierde. También hay una gran actividad de la Escuela Judicial y una cantidad importante salen a capacitaciones con sustituciones.  Nuestras Comisiones cada vez más están convocando a servidores para que vengan a sus actividades y ello conlleva sustituciones.  Podría asegurarles que no hay semana que hagamos menos de 40 a 50 sustituciones, pero hay algunas semanas como la anterior y posterior a Semana Santa, la posterior y la anterior de las vacaciones y algunos días que hay fines de semana más largos que aumenta sustancialmente la cantidad de sustituciones.  Lo anterior es lo que nos motiva a hacerles esta propuesta, con reglas que deban aplicarse en la materia.  Si no han tenido oportunidad de leerlas podríamos dejarlas para verlas la próxima sesión, pero diría que es importante que tomemos una determinación al respecto y ojala pronto. Por ejemplo, hay asuntos en donde una persona, y esto el Magistrado Chaves le ha dado algún seguimiento, pareciera que pasa en cursos en la Escuela Judicial como alumnos o como profesor, una cantidad importante de veces al año se ha debido sustituir, por ello nos parece necesario establecer una regla para regular esos casos. Creemos que con que una persona participe en dos cursos al año o que se sirva como profesor en dos oportunidades es más que suficiente. Claro que esto eventualmente le puede traer algún problema a la Escuela que habrá que ver como lo resolvemos. Hay muchas oportunidades en donde a una persona se le convoca a un curso y simplemente sale y se va, y las audiencias nadie se preocupa por ellas, y no se pueden realizar. Estimamos que en todo caso por más importante que pueda ser la capacitación, lo es tanto o más el servicio que debería de darse, por ello creemos que en todo caso debe tomarse en cuenta que si las necesidades del despacho ameriten que la persona continúe ejerciendo el cargo en su puesto, debe hacerlo, no obstante la convocatoria.  
Nos parece que es conveniente que toda actividad que realice el Consejo, la Escuela o las Comisiones, fijen el día con suficiente antelación, por lo menos de dos meses, para que se tomen las previsiones del caso y no se vayan a afectar audiencias ya concedidas, citaciones a personas y demás.
Para mí ha resultado una satisfacción ver que este año la Escuela Judicial nos ha mandado todo el calendario del año sobre los cursos que va a desarrollar, esperamos que haga las convocatorias de inmediato para que la gente que tiene interés se comprometa a recibir el curso y tome las previsiones de caso para planificar su salida del despacho, de esa manera se van a resolver una cantidad importante de problemas. También es muy corriente que las Comisiones, las Asociaciones o la misma Escuela señalen cursos los miércoles y convoquen a gente que está en la zona sur, en la zona norte o en los puertos; eso conlleva que el martes cuando menos en la tarde no trabajan, el miércoles tampoco lo hacen y el jueves se reincorporan a las labores en la tarde, por ello nos parece conveniente que todas esas actividades se realicen o los lunes en la mañana o los viernes en la tarde que es cuando menos se afecta el servicio. Estimamos también que cuando los Jueces hayan sido designados en propiedad no deben participar en nuevos concursos por lo menos en un año, sabemos que esta regla seguramente va a ser bastante discutida, pero la realidad es que nos está causando un grave problema el hecho de que una persona está unos días en Guápiles, a los dos meses viene para Desamparados y después a los otros dos meses está en Goicoechea y pasa para Pavas, con una gran cantidad de movimientos, pues en no pocas oportunidades un movimiento conlleva otros más.  También nos parece que las personas que sean nombradas interinas, no deben participar en otros concursos para interinazgos, que solamente lo puedan hacer para optar a puestos en propiedad, porque esto también causa una gran cantidad de problemas. Y también resulta muy importante, porque ahora hay una gran queja de los propietarios de que cuando llega un suplente la labor que realizan es muy poca, por lo que nos parece que, en todo caso, cuando se termine el ejercicio de un cargo se rinda un informe al Consejo, señalando como se encontraron el despacho, como lo dejaron y sobre todo que nos informe cuáles son los cincuenta asuntos más antiguos y porque no se preocupó de ellos si es que no lo hizo. Después que al momento de hacer una convocatoria para que participe como candidato a capacitación, el Consejo o las Jefaturas del Ministerio Público, de la Defensa Pública y del Organismo, deberán indicar las condiciones en que se autoriza esa participación, si es con el pago de viáticos, tiquetes de avión, matrículas y gastos porque hemos tenido algunos problemas de manejo presupuestario al habernos distribuido el presupuesto en programas y hay oportunidades en donde ya no hay dineros para estas actividades y entonces debería de contarse con el respaldo de que lo existe.  Para otorgar un permiso de capacitación sería conveniente que el Consejo determinara cuáles son las circunstancias propias del caso, pues en algunas oportunidades deben de aplicarse criterios restrictivos o justificando debidamente las razones por las que se concede el permiso, y es muy importante que el Consejo haga señalamiento sobre todo por qué es que está concediendo el permiso. Señalamos que en todo caso para la concesión de permisos con o sin goce de sueldo, que ameriten o no sustitución deben de aplicarse criterios restrictivos. Que la Escuela Judicial y el Consejo de Personal en los dos meses siguientes a la aprobación de estas reglas deberán proponer a la Corte conjuntamente un proyecto para reglamentar todo este tema para ver si lo podemos ir poniendo con determinadas reglas.  Después de leer este tema pensé que eventualmente podíamos agregar una regla, en que se regule la posibilidad de que un juez se dedique a la capacitación por un plazo, digamos superior a seis meses. Entiendo que la Escuela debe pretender en todo caso llevarse ahí a los mejores, pero es constante la queja que también recibo, de los abogados, de que a fulano de tal que es de los más buenos y que estaba poniendo al día un despacho, ahora lo tenemos dando cursos en la Escuela.  Simplemente lo dejo planteado porque es un tema más a tomar en consideración y habría que ver si es conveniente que esto también lo arreglemos. Quisiera que el Magistrado Chaves agregara algunas ideas en este tema, porque él también es parte de los que constantemente estamos viendo temas relacionados con este asunto y no sé si los Magistrados Aguirre y Rivas, quienes por estar en la Comisión de nombramientos, conocen de situaciones que pueden ilustrar la propuesta.”
CUANDO SE HALLABA EN USO DE LA PALABRA EL PRESIDENTE, MAGISTRADO MORA, INGRESÓ EL MAGISTRADO CRUZ Y SALIÓ EL SUPLENTE ARAYA GARCÍA.
El Magistrado Chaves adiciona: “Es muy poco lo que hay que agregar.  Nada más que sí son constantes las quejas en la Presidencia, en los pocos ratos que yo estoy por ahí, en cuanto a la calidad de la gente que sustituye en algunas oportunidades, estamos hablando principalmente de lugares alejados de la gran área metropolitana. Además muchísimos de los titulares se quejan que gente que llega a sustituirlos por muy pocos días no sacan el trabajo ni en cantidad ni en calidad, y a la hora de llegada el superior anula y total que estamos en un círculo vicioso que no nos lleva a nada. Evidentemente no podemos y tampoco estaría en esa línea y creo que los Presidentes  de Salas y don Luis Paulino tampoco lo estuvo en la línea de no capacitar o no conceder permisos para actividades, pero sí que deberíamos tener algunas limitaciones  amén de lo presupuestario, que la calidad del servicio se desmejora en muchísimos casos y en algunas oportunidades también Comisiones y Escuela repetimos la capacitación o por lo menos la doblamos más de lo debido y eso también es un problema.  Aquí no sólo sería buscar algún tipo de restricción respecto a las capacitaciones de la Escuela, sino también de las propias Comisiones porque esto está causando un problema de mal servicio o yo diría de pésimo servicio.”
SALE EL MAGISTRADO ARROYO.
	El Magistrado Aguirre refiere: “Eso es un problema que es ampliamente conocido en el ámbito del Poder Judicial y agregaría a esto la necesidad de que haya un control o una coordinación adecuada de lo que está pasando, porque hemos constatado que a personas que se les nombren interinamente han sido llamados para ir a un curso y entonces ya no está ni siquiera el interino que se envió o hay que buscar a otro interino y muchas veces no se pueden sustituir unos por otros. Para mí esto es algo de vital importancia y no sólo debemos hacerlo a través de un reglamento para solucionarlo a la mayor brevedad posible, sino que tomar en cuenta todas estas preocupaciones y estas normas que están ahí para incorporarlas en las normativas que estamos tratando de redactar, de confeccionar, para lograr una mayor eficiencia del Poder Judicial.”
	La Magistrada Calzada indica: “Entiendo la preocupación de ustedes en el nombramiento de las personas que sustituyen a los Jueces que nosotros a veces necesitamos para la Escuela Judicial. Lo que pasa es que nos encontramos ante el problema de que si nosotros contratamos personas de afuera vamos a tener que estar pagando cantidades importantes de dinero, que podrían ser utilizadas para otras cosas. Y por otro lado muchas veces la Corte envía jueces a capacitarse, y parte de lo que deben devolver esos jueces capacitados a la Corte es ayudar a trasladar el conocimiento a otros jueces que no han tenido la posibilidad de ir dentro o fuera del país. Entonces desde ese punto de vista también quiero llamar la atención a la Corte del problema que tiene la Escuela Judicial en cuanto a la escogencia de los profesores. Entiendo perfectamente que también tiene don Luis Paulino y don Alfonso a la hora de buscar los suplentes y todo el problema que esto genera, pero también dentro de la función judicial está la obligación de la capacitación, que creo que es importante, y nosotros tenemos gente muy preparada que puede trasladar el conocimiento a los otros jueces y puedan ser estos otros jueces mejores funcionarios judiciales.”
SALE EL MAGISTRADO MORA Y ASUME LA PRESIDENCIA EL MAGISTRADO CHAVES.
	El Magistrado Vega agrega: “Me manifiesto totalmente a favor de que la Corte le de al Consejo Superior algunos lineamientos en este tema, tendientes sobre todo a articular, a sistematizar, a establecer mecanismos de control y en una palabra yo diría a hacer más planificadora la gestión institucional que las necesidades de estas reglas vienen a comprobar que efectivamente es un tema que no ha existido del todo por la gran cantidad  de problemas prácticos que se dan. Algunas de estas cosas que están planteadas en estas reglas prácticas ya se han ido implantando, pero hay otras que están pendientes, yo por ejemplo siempre he tenido la curiosidad de saber cómo medimos el impacto de la capacitación en el Poder Judicial.  No tenemos una medición de impacto, o sea, capacitamos porque hay que capacitar, asumimos eso como una premisa sin ninguna discusión, como un valor absoluto a nivel institucional, y creo que puede ser que así sea pero dónde y cuándo hemos hecho una medición del impacto que provocamos en la capacitación de nuestros funcionarios y funcionarias, para qué los capacitamos, por qué los capacitamos, a quiénes capacitamos; son cosas que no están muy claramente definidas y por eso es que a veces puede ser que estemos dándole prioridad a cosas que no sean necesariamente prioritarias.
Teniendo la suerte de que don Marvin Carvajal, Director de la Escuela Judicial, integra la Comisión de Evaluación del Desempeño, le preguntábamos sobre estos temas hace poco y que si había una base de datos en la Escuela Judicial que nos dijera cuántas capacitaciones ha recibido una persona durante todo su historial laboral en el Poder Judicial, y nos decía que no había una base de datos, que ahora ya se estaba tratando de construir.  Me parece que eso es elemental, eso es básico para saber si una persona ha ido a tantos cursos, a cuáles cursos, en qué épocas y para poder tratar de definir también el impacto que esos cursos o esa capacitación ha significado para esa persona en el desenvolvimiento de su trabajo cotidiano en la función jurisdiccional o en la función de la que se trate.  
Yo añadiría a estas reglas el tema de la evaluación del desempeño, me parece que la capacitación o los permisos o las licencias con goce o sin goce de salario, etcétera, cualquier tipo de  beneficio o de incentivo que pueda recibir una persona en la Institución tiene que estar vinculada necesariamente al tema de la evaluación del desempeño, y debe estar vinculada necesariamente al tema de los méritos que esa persona tenga y debe estar vinculada por supuesto también al tema del estado de cosas en las que esa persona mantiene o está dejando su despacho o su centro de trabajo; de lo contrario entonces ocurre lo que siempre hemos dicho y es un discurso muy viejo en esta Corte de hace más de veinte años, de que por estar atendiendo cosas fuera de la institución o por estar atendiendo otro tipo de actividades, la actividad esencial, la actividad principal que es la administración de justicia la desatendemos y no la cumplimos a cabalidad como debe ser.  Entonces creo que teniendo ese principio bien claro y sobre todo comprometiéndose esta Corte a que se haga cumplir ese principio o esa máximo, creo que con eso vamos a solucionar muchas cosas que han venido significando un grave problema para la administración de justicia, no en los últimos años sino desde hace muchísimos años, yo diría que más de veinte años y que hemos sido hasta el momento totalmente o parcialmente incapaces de solventar como debe ser para el mejor servicio público.”
La Magistrada Villanueva señala: “Me parece importante volver la mirada a estos asuntos, lo que sí creo es primero, las obligaciones están vistas desde el punto de vista de jueces y juezas y no desde el punto de vista  del órgano que nombra, es decir, no podrán participar en interinazgos, por ejemplo, las personas que hayan estado en tal forma, y lo que debe decir es no se podrán nombrar personas porque ¿quién tiene la responsabilidad?, la responsabilidad es de los funcionarios o las funcionarias públicas que tienen la obligación de designar, me parece a mí; eso por un lado, o sea, que está visto desde la óptica del que participa que está en un estado de subsistir en la vida y que tiene que participar, pero entonces esto es válido para quien nombra, no se podrán nombrar. Eso para decirles que me parece que la óptica y la redacción deben revisarse para que sea desde este otro punto de vista. En segundo término, hay limitaciones que pueden llegar a ser constitucionales o legales, porque el no participar en un puesto, sea interino o no interino, afecta el derecho al trabajo y eso no creo que sea de una norma casual o de una norma reglamentaria. Para mí esto es competencia legislativa, y llamo la atención porque me parece que debe revisarse eso, sobre todo cuando se dice que aunque sean interinos no podrán participar en eso de los interinazgos. Es una limitación al derecho al trabajo y debe verse, para mí, de manera restrictiva. Debe establecerse legalmente. Por lo menos lo dejaría a la ley.  El otro punto que es también de tipo general, la preocupación  que me trae es en los casos ahora que estamos finalizando el proyecto Corte-BID, en los cuales he repetido esto que les voy a decir; como funciona un préstamo de estos con consultorías, en las cuales nadie nos viene a decir nada nuevo, ni nadie viene a darnos una receta externa, todas las recetas, todas las soluciones son  extraídas del mismo personal nuestro, esa es la forma como se ejecuta un préstamo y como está previsto, y como aprobamos y como se hacen este tipo de contrataciones. Entonces eso obliga a que sean nuestros funcionarios y nuestras funcionarias las que participen en los procesos para dar los productos que se piden, y de lo contrario si no hay participación, que para mí es la ganancia en sí, el poner a la gente a pensar en eso, esa es la ganancia, si no hay participación viene con cosas que son ajenas a la institución y que tienen menos posibilidades de éxito para implantarse. Las contrataciones del préstamo que aprobamos y que aprobó la Asamblea Legislativa y que nosotros mismos hemos promocionado, se hacen a través de consultorías que ocupan a nuestro personal y creo que si queremos que sea efectivo tiene que contemplarse y veo que no contempla la reglamentación ese aspecto. En los casos de contrataciones del Poder Judicial relacionadas con el Proyecto Corte-BID debe haber una regulación expresa que el Consejo designe o bien decirle como a la Escuela un cierto tiempo antes, que se hagan anualmente de acuerdo a la cuestión de compra de servicios que se hace. Debe regularse eso también expresamente.”

	ENTRA EL MAGISTRADO MORA Y ASUME DE NUEVO LA PRESIDENCIA. SALE LA MAGISTRADA ESCOTO.
	La Magistrada Varela menciona: “Quería apoyar las propuestas que se vienen haciendo porque me parece que el sentir general es el que usted manifestaba don Luis Paulino, de las quejas que presentan las y los usuarios por el mal servicio, por la inconstancia de funcionarios en el respectivo despacho y me parece que esto podría solucionarse volviendo la mirada al tema de la capacitación regionalizada. Por lo menos sé que la Escuela Judicial ha dado algunos cursos regionalizados pero me parece que esta debería de ser la orientación principal, y sólo excepcionalmente que se tengan que hacer a nivel de la sede de la Escuela Judicial. También fortalecer lo que es la capacitación digital, como se está haciendo, que sé que no en todas las regiones del país la pueden aprovechar de manera eficiente, pero me parece que es importante y esto va a facilitar o va a disminuir los costos en traslados, viáticos y demás, y que no se de ese abandono definitivo de las oficinas porque tenemos el otro problema que está unido a este y es el de las sustituciones, dependiendo del tiempo en que se de la capacitación. Me parece que es importantísimo también tomar en cuenta los registros que aquí se ha venido  hablando y también que se debe buscar la equidad en la distribución de los nombramientos, o más bien aceptación de candidatos para participar en cursos, y la pertinencia de éstos; este es un tema que lo hemos tenido muy presente cuando hacemos recomendaciones en el Consejo de Personal en los concursos que son para salir del país, creo que esto tiene  que orientarlos, ser la guía que debe tener la Escuela Judicial al efecto y el mismo Consejo cuando da los permisos, me parece que necesariamente tiene que llevarse a cabo esto porque se dan muchos casos en que la personas quieren participar absolutamente en cualquier curso que aparezca no importa de la naturaleza que sea con tal de ir acumulando puntos para efectos de Carrera Judicial, y esto hay que controlarlo.  Creo que la institución ha sido muy ciega en esto, no se ha controlado; dichosamente parece que ahora la Escuela Judicial ya va a llevar esos registros, y que también los comparta obviamente con el Consejo Superior. En el Departamento de Personal le hemos pedido, por ejemplo, cuando don Francisco  Arroyo lleva a conocimiento de becas, uno de los temas que nos ha preocupado es ver los registros, bueno, qué ha pasado con esos cursos pequeños, que no llevaban absolutamente, pero ya se están tomando medidas en ese campo y creo que el Consejo Superior debe ser vigilante de que esto ocurra. Como dice el Magistrado Vega, me parece que es importantísimo el medir el impacto que está teniendo la capacitación porque también esto obliga más a quienes participan y no simplemente por ir acumulando puntos. De manera que celebro que este es un tema que lo estén trayendo a conocimiento para fijar las políticas en estos ámbitos.”
	La Magistrada Calzada agrega:  “Una de las críticas también que tienen, sobre todo los litigantes, es de la mala calidad que supuestamente tienen los Jueces en el Poder Judicial, y una de las maneras de nosotros poder tener calidad es capacitando los jueces, en lo que se pueda capacitar, y muchas veces la forma de capacitación es precisamente trayendo a las personas con más experiencia dentro del Poder Judicial y ponerlas a dar cursos o hacer a veces un texto que pueda ayudar a los jueces, y lógicamente sacarlos de la Judicatura unos tres o cuatro meses, a veces son menos tiempo el que se logra sacar la persona de su función usual pero eso implica también que nosotros tenemos que dar un buen servicio público, y si la forma a veces es sustraer a esos jueces de sus ocupaciones normales, pues no nos queda más que hacerlo.  Efectivamente ya los cambios ahora que está teniendo la Escuela ya se están sintiendo después de muchos años de mucho trabajo, de reorganización dura, esperamos implementar pronto el sistema de lo que señalaba don Rolando de ver poder el costo de beneficio de los cursos que se dan y poder dar un seguimiento también más apropiado de las personas que asisten a los cursos, a cuántos cursos van, porque tenemos también el problema de la movilidad en el Poder Judicial, es decir, algunas personas están en lo civil y  cuando están en lo civil reciben el curso de lo civil, pero después a los dos o tres meses se pasan a la materia de familia o laboral y ahí vuelven a tomar cursos en esas otras materias, y efectivamente hay personas que  por esa movilidad que tienen reciben más cursos que otras.
El haber puesto en el Intranet Judicial los cursos que nosotros vamos a dar este año es también parte de poder controlar ese problema que tenemos con la asistencia a los cursos, pero con todo respeto le solicito a la Corte que tome en consideración también el hecho que nosotros necesitamos dar un buen servicio público, y si la forma implica a veces sacar jueces con experiencia de la carrera, que ustedes tomen en consideración ese aspecto.”
	El Magistrado Chaves añade: “Creo que no se trata de limitar la capacitación ni de preparar mejor a los funcionarios nuestros, sino de ordenar un poquito. Concuerdo con doña Ana Virginia de que hay que tener los mejores profesores pero yo me niego a creer que en familia sólo hayan dos, que son los que van a todos los cursos, los nombres los puedo decir. Y si sólo tenemos dos buenos en familia habría que cambiar la jurisdicción o buscar una solución, ahora, yo creo que hay mucho más, en penal creo que hay mucho más que tres o cuatro que son los que se citan siempre. Y esta es una queja que no la hago yo, es una queja que la hacen el resto de funcionarios, que se quejan de que como docentes y como discentes –creo que llaman ahora el otro término- van los mismos, no sé si será cierto, pero por lo menos esas son las quejas que se dicen regularmente. Yo sí puedo dar fe,  porque en alguna parte permanezco en Consejo algunos días, de algunos cursos en que normalmente es la misma gente, y puedo decir de memoria una lista de que son los mismos instructores, con bastante regularidad, también diría que habría que dar un poquito de oportunidad a otros que talvez puedan tener las mismas cualidades o semejantes y que puedan cumplir con ese objetivo.
La otra cosa es que también vi. una nota que una vez llegó a la Presidencia y tuve la oportunidad de leerla en la que algún abogado se quejaba porque se le contestaba que el juez andaba en una capacitación, entonces decía: “bueno, nadie me puede resolver el asunto, supuestamente él tenía tres meses de estarlo estudiando, ahora viene y le cambian a otro por quince días  ¿y qué gano yo con una persona tan capacitada pero que no me resuelve nunca?”Eso también habría que medirlo, reo que debemos tener jueces en términos generales muy buenos, de mucha capacitación y de mucha capacidad pero también de alguna manera que se mida el impacto de eso ya puramente en la administración de justicia que al fin y al cabo a la persona que le chima el zapato no le va a interesar tantísimo que todos siempre estén en capacitación, sino que le resuelvan sus asuntos y de ahí vienen unas quejas, yo preferiría que se resuelva rápido y bien, pero no sé si los usuarios pensarán parecido a nosotros.”
	ENTRA LA MAGISTRADA ESCOTO.
El Magistrado Cruz expone: “Por supuesto hay una gran cantidad de interioridades que uno desconoce de la capacitación de la Escuela, y no me gustaría hacer un comentario que pueda referirse a hechos o circunstancias que no conozco porque comprendo bien que la Escuela y la misma Carrera Judicial tiene un área de acción que me parece que es la que le va dando una gran cantidad de responsabilidades, pero por ejemplo, el tema del desempeño que hablaba don Rolando, yo por lo menos las pocas veces que lo he oído y he visto no es tan fácil determinar cómo es evaluar el desempeño, sí lo es respecto al tema de la duración del proceso y la celeridad, eso es un parámetro, en lo demás es bastante huidizo de a qué se refiere eso.  Dentro de todo esto que hemos estado hablando yo me pregunto si nosotros no nos hemos planteado cuan atractiva y cuanto estímulo recibe el juez para mantenerse como tal, creo que hay cosas sobre las cuales podemos hacer muy poco, ya yo lo he dicho varias veces, y ha habido en los últimos veinte años una campaña machacona de que el funcionario público está muy bien y que más bien es como alguien que le está robando al pueblo, a la ciudadanía; pero me pregunto ¿qué estímulos reciben los jueces?, porque si uno hace como una valoración del espectro de los jueces, ¿cuántos son los que tienen muchos años de estar acá?, ¿será conveniente un período en el que el juez que tiene quince años de estar haciendo juicios, tenga una licencia sabática,? no por supuesto para dedicarse a ir de vacaciones, pero por lo menos que se dedique a otra cosa, esa puede ser una posibilidad. Me parece que por lo menos así visto a la distancia que la condición de los jueces se ha deteriorado, por circunstancias y situaciones que uno comprende, las propias oficinas, las facilidades eso está incidiendo en todo esto que estamos hablando, el tema de la capacitación, etcétera, y tiene relación con otro problema que se le puede poner atención en algún momento, porque todo está interconectado, que es el tema del reclutamiento. Es  decir, los exámenes que se están haciendo y las evaluaciones habría que volverlas a hacerle una valoración que sé que probablemente lo hace el Consejo de la Judicatura, pero no estoy tan seguro si no será conveniente alguna reformulación de lo que se hace. Después, esto de las licencias con goce o sin goce de salario creo que en términos generales si es con goce de salario el listón para darlo o no debiera ser más alto, pero a veces me parece que podemos ser demasiado exigentes para una licencia sin goce de salario, es decir, que el funcionario lo que está pidiendo es que no se le pague por que por alguna razón o circunstancia lo puede hacer, lo cual en algunos casos podría ser que haga que la Corte como patrono sea bastante autoritaria. También me parece que el tema del impacto en la capacitación  es una asunto complejo, no es tan fácil, ¿cuánto será el impacto?, ¿cómo incide en la prestación del servicio?, es asunto complicado, lo cual no significa que no se deba hacer, me parece que sí pero tampoco es una materia fácil de evaluar cuánto es el impacto. Quizás es posible que en algún momento de algunas de las cosas que hemos hablado se haga una evaluación, podría ser la Escuela la que lo haga.
A mí me llamó la atención mucho un trabajo que se hizo en Guatemala, por parte de un consultor peruano, sobre una evaluación de cuánto era la fundamentación de las decisiones en materia penal y los hallazgos fueron bastante conmovedores al punto que el trabajo, que lo publicó Naciones Unidas, determinó una cantidad significativa de decisiones penales con muy deficiente fundamentación, alguna inexistente. Por ejemplo eso es una evaluación que puede hacerse y ahí si hay un problema de desempeño, ¿por qué? porque una decisión que tenga una deficientísima fundamentación, o inexistente, está denotando un problema básico casi como de A-B-C en relación al servicio que se puede brindar. De tal manera que mis observaciones no pretenden de ninguna manera plantear una crítica porque me parece que la Escuela tiene un impacto grande en lo que es el desarrollo del sistema judicial, pero no estoy tan seguro si a veces las necesidades de capacitación provienen de un reclutamiento débil o de un reclutamiento disfuncional, es decir, que si el reclutamiento no es muy bueno, entonces se inflan las necesidades de capacitación y claro que la comparación con el Poder Judicial de hace treinta años no puede hacerse, pero por lo menos quien sabe cuántos desaguisados hice yo como Juez cuando comencé, pero en esa época no había capacitación, lo cual no significa que no se deba dar, pero no deja de existir una relación muy cercana entre reclutamiento y necesidades de capacitación, y si eso no se valora integralmente pues la Escuela acaba haciendo y dando capacitaciones para solventar un reclutamiento que tiene graves disfuncionalidades. 
Finalmente, la Magistrada Calzada planteaba un tema que me parece trascendental, que es el tema de los recursos económicos para pagar profesores externos, es decir, cuánta capacidad económica tenemos. Creo que es cierto y es sabio que se puedan dar las necesidades de capacitación dando esa capacitación a través de profesores que son dentro del Poder Judicial, pero a veces me parece que hay un problema y es que no todo el mundo se hizo para capacitar, es decir, puede haber un juez muy bueno, incluso pueda ser que tenga un postgrado, que tenga muchos estudios, pero resulta que no es un buen capacitador, entonces puede ser también que la Escuela enfrente el problema económico de que si contrata a alguien de afuera el costo se eleva significativamente y entonces tenemos aquí lo de siempre, que es que nosotros administramos un poco de pobreza, porque entonces siempre andamos tratando de llenar las deficiencias porque no tenemos suficientes recursos y esa es otra de las preocupaciones que he tenido, a propósito de otros temas que hemos discutido aquí, cuando el Poder Judicial quiera asumir otras funciones y recuerdo muy bien un tema que le es muy grato a la Magistrada Villanueva, que es el tema de la víctima. Entonces, fíjense aquí las deficiencias que tenemos en relación con lo que estamos haciendo y tenemos graves limitaciones económicas porque no podemos dar un servicio como corresponde. De tal manera que la discusión de este tema lleva, me parece, a que todo el tema de capacitación está vinculado con reclutamiento, recursos, condiciones de los jueces; y esos aunque parezcan que no son el tema medular sí tiene vínculos que permiten dar una visión integral para poder darse una idea mejor de que estamos haciendo, lo cual yo por lo menos no tengo ninguna crítica que formular a lo que ha hecho la Escuela porque no he seguido los planes que han aplicado y no tengo porque hacerlo, pero sí desde una visión macro plantear algunas cosas que yo creo que debiéramos meditarlas en el momento oportuno.”
	El Magistrado Rivas indica: “En realidad la propuesta del Consejo Consultivo lo que pretende es organizar de alguna manera algo que se está escapando de las manos para un objetivo muy concreto, que es mejorar el servicio de Administración de Justicia.  Ha percibido la Presidencia y ha percibido el Consejo Consultivo en esa Comisión que realiza los nombramientos de los interinos, que hay algunas dificultades para dar un buen servicio por posiblemente algún exceso en la concesión de permisos para capacitación. Esto no se opone a las necesidades de capacitación del Poder Judicial.  La capacitación en el Poder Judicial es indispensable, es esencial capacitar a los jueces para dar un mejor servicio.  La velocidad en el servicio, la calidad en el servicio debe ser una preocupación de esta Corte Suprema de Justicia, porque se percibe de la escucha que realiza el Poder Judicial por medio de la Presidencia que hay una deficiencia en el servicio, por la ausencia y el constante cambio de titulares o de personas que están en los diferentes despachos. Entonces lo que pretende la propuesta es organizar de alguna medida, establecer algunas limitaciones, establecer algún orden en la concesión de estos permisos, con el objeto de mejorar el servicio. Entonces tenemos posiblemente dos fases o dos propuestas o dos valores que necesitamos aquí empatar de alguna manera, la necesidad de capacitación con la necesidad de prestar un buen servicio. Estamos claros que es necesaria la capacitación, estamos claros que es indispensable  que todos los jueces estén constantemente mejorando sus conocimientos para dar un mejor servicio, pero también estamos claros de que es necesario que haya presencia de los jueces porque una de las críticas mayores al Poder Judicial es la ausencia de los titulares en los despachos y el atraso que se genera porque las personas que llegan provisionalmente, que llegan interinamente no cumplen con las cuotas o con  el hacer frente a las obligaciones de cada despacho. Entonces lo que me parece es que esta propuesta del Consejo Consultivo debería de ser de alguna manera aprobada para regular esta situación, para lograr mejorar el servicio de administración de justicia sin descuidar desde luego las necesidades de capacitación.”
	El Magistrado Chinchilla agrega:  “Aquí hay algunas notas o algunos aspectos que me llaman la atención, pero quería referirme también a un aspecto general de la Escuela Judicial, que ya se ha tratado de alguna forma, y es considero yo, el desperdicio por muchos muchísimos años que ha tenido la Escuela Judicial del recurso humano, del recurso del cual se ha invertido por parte del Estado costarricense millones de colones durante estos últimos años y nunca se ha aprovechado, por lo menos no se ha aprovechado en la medida de lo necesario y lo indispensable y además de eso con la obligación de todos nosotros. Voy a ponerles un ejemplo que es el más cercano, que soy yo, a mí me capacitaron, puede hacer un postgrado y un doctorado en el extranjero, regresé al país en el 97 y hasta hace ocho meses se me llamó para dar mi primer curso en la Escuela Judicial, estamos hablando casi de siete años después de esto que regresé con un doctorado. Algunos podrían decir es que usted es un mal profesor, podría ser que sí, tal vez no tenga muy buenas dotes para ser profesor, pero doy clases en muchas universidades, por lo menos daba, ya ahora no puedo dedicarme tanto tiempo, pero sí doy clases a nivel de doctorado, y eso es una cuestión tal vez interesante.  Lo que quiero decirles es que este recurso se ha perdido por parte de la Escuela Judicial; ahora con don Marvin se me llamó para ayudarlos en un curso que les dije que sí, por supuesto, con el temor de que no me dieran un permiso para poder ayudarlos en el programa, pero se pudo y se hizo.  Lo que quiero recalcar acá es que hemos pasado muchísimos años perdiendo todo el esfuerzo de capacitación que se ha implementado por parte del Poder Judicial y el Estado costarricense y nunca lo hemos aprovechado. Habrán mezquindades, situaciones de intereses contrapuestos en una situación u otra, pero lo importante es, como lo decía la Magistrada Calzada, rescatar esa situación, y rescatarla porque es necesario en este momento retomar el norte en la Escuela Judicial, aprovechar ese recurso humano y no podemos estar pagando profesores del exterior o fuera del Poder Judicial, ¿por qué? porque resulta sumamente caros y tal vez no nos van a dar la capacitación que estamos requiriendo; y eso lo vemos -y este no es el punto-, pero esto lo vemos también en licitaciones internacionales para ciertos programas donde lo que viene son consultores que nos preguntan a nosotros, los jueces costarricenses, qué es lo que debemos hacer para ellos hacerlo, y eso me parece una barbaridad también; pero son vinculaciones internacionales que a veces hay que respetar esos carteles, pero no me parece correcto. Si ellos son los capacitadores, no nos tienen que preguntar a nosotros los jueces qué es lo que ellos necesitan para hacer sus consultorías. Eso no venía al tema pero se me prestó para decirlo. Además de eso en otro punto tal vez no lo he analizado con mucha reflexión pero se habla sobre recibir dos cursos al máximo en capacitación al año por los jueces y las juezas, y me parece que es una limitación interesante, se habla de quince días cada uno de ellos, bueno estamos hablando de un mes, pensemos que ese mes podría ser prorrateado en varios cursos, creo que podría ser en ese sentido si bien lo interpreto y entonces en ese caso no me molestaría mucho la interpretación  siendo que nosotros, por lo menos el Poder Judicial, si algo hemos tenido son jueces y juezas capacitados y eso ha dado posibilidad de que tengamos una muy buena imagen y posibilidad de resolver los casos de la mejor forma, si lo limitamos mucho este campo lo que vamos a provocar es el desperdicio, primero humano por un lado y luego de desprestigio para el Poder Judicial por otro lo cual me parece sumamente lamentable.”
SALE EL MAGISTRADO ARMIJO.
	La Magistrada Pereira indica: “Ya lo decía don Luis Paulino al inicio de este tema, que era un tema que iba a traer discusión y que si lo estimábamos pertinente lo podíamos haber sacado para darnos tiempo a los demás magistrados de que estudiáramos todos y cada una de esas propuestas, a los que no tuvimos la oportunidad de estar cuando ustedes las tomaron en el Consejo Consultivo.  Hemos oído esta mañana las diferentes apreciaciones, he estado no sólo escuchando con atención lo que han expuesto los compañeros y compañeras Magistradas, sino que además tratando de leer entre líneas las reglas que se tomaron y dentro de ellas veo que  hay muchos aspectos que nosotros debemos analizar con más detenimiento.  Pareciera que nos hemos enfrascado en hablar de la materia de capacitación y las disposiciones no solamente tienden a ello. Si mal no recuerdo lo apuntó la Magistrada Villanueva, se establece la obligación de los servidores a no participar cuando hace escasamente una semana que estábamos conociendo aquí de nombramientos en puestos interinos, se vio la discusión sobre que no se podía limitar a ningún servidor judicial a concursar porque la ley así lo establece, y me parece que eso debemos revisarlo. Se establece igualmente en el punto 10 que analicé así rápidamente, que ahora el Consejo Superior de previo a que el Consejo de Personal o la Escuela Judicial determinen quienes pueden ser los posibles candidatos a ostentar una beca, que debe haber aprobado, en su caso, si se concede esa capacitación con el pago de  viáticos, con tiquetes, con los gastos de capacitación, etcétera, y sabemos que las convocatorias a veces se hacen a destiempo; la semana pasada precisamente tuve la gestión de una de las letradas de la Sala Constitucional para ir a un curso que había llegado la comunicación de ese curso días antes, donde el Consejo de Personal ni siquiera podía reunirse para recomendar al Consejo Superior si se podía otorgar o no a esa persona el permiso que estaba solicitando. Y si  a eso le agregamos que ahora se está diciendo que de previo a eso el Consejo Superior tiene que haberse pronunciado, nosotros tenemos que también contar con la realidad que muchas veces las comunicaciones de todas estos seminarios, cursos, etcétera nos llega con muy poco tiempo para resolver. Entonces la propuesta mía, en síntesis, es que nos den un poco más de tiempo para meditar en cada una de estas circunstancias porque creo que debemos verla en una integralidad  de situaciones que tienen que resolverse en cada uno de los aspectos específicos que aquí nos están proponiendo, no es que podamos decir hoy las vamos a aprobar tal y como están porque nos convencen o no nos convencen y después nos encontremos que a la hora de aplicarlas vengamos con problemas que nos impiden llevarlas a cabo. De manera que mi propuesta es que se nos conceda un poco más de tiempo a todos y a todas para que podamos analizar con más detenimiento.”
	La Magistrada Varela agrega: “Para reforzar la inquietud que plantea la Magistrada Calzada en el tema de los capacitadores, creo que es importante que contemos con capacitadores y capacitadoras que sean los mejores porque si no vamos a tener deficiencias a la hora de impartir la capacitación, y me parece que para buscar quienes son los que van a asumir estas tareas sería conveniente una convocatoria de oferentes en ese campo, para que así puedan por lo menos eliminar lo que siempre o muchas veces he oído que siempre son los mismos, que son escogidos a dedo, ignorando otras personas que tienen amplios conocimientos, y para muestra lo que acaba de señalar el Magistrado Chinchilla que se deja por fuera a muchas personas que tal vez involuntariamente no se visualizan como posibles potenciales capacitadores o capacitadoras. Entonces eso podía ser una alternativa, y también creo que es importante que esas personas que van a salir de los despachos puedan rendir un informe de cómo están dejando el despacho en el momento en que salen, eso puede ayudar también a un esfuerzo personal por mantener, no sólo irse y dejar asuntos feos pendientes, como aquí se ha dicho, y salir de huída para que otros vengan a asumirlos,  sino es una forma también de medir la actitud de esas personas porque no sólo se imparten conocimientos, sino que creo que quienes estén en labor de capacitación tienen que cumplir una función muy ética y también en ese sentido estarían ayudando.”
	La Magistrada Calzada añade: “Me parece muy sano lo que dice la Magistrada Pereira, que sería importante que nos tomáramos un tiempo para analizar este tema, porque  a pesar de que pareciera ser muy fácil, poco trascendente, es un tema de mucha trascendencia para el Poder Judicial  y que detrás de él se esconden una serie de problemas que a mí me da la impresión que tenemos aquí en el judicial.  Quiero retomar un aspecto que señalaba el Magistrado Cruz, el reclutamiento, la Escuela Judicial hasta ahora no ha tenido que ver absolutamente nada con el reclutamiento, pero sin embargo se nos devuelve el asunto porque tenemos que capacitar a las personas que han reclutado otros órganos, y es que no quisiera decir que se ha actuado irresponsablemente, no, sea ha actuado responsablemente, pero tal vez los parámetros de exigencia han sido menores que los que podemos nosotros estar exigiendo actualmente en la Escuela Judicial. El otro tema importante que tenemos que tomar en consideración, que se lo preguntaba ahora al Magistrado Armijo, son las horas que un profesor necesita para preparar una lección.  Muchas veces nosotros le decimos a personas, le hablamos a jueces que vengan a dar cursos, que den conferencias y no quieren, ¿por qué? porque eso implica ocho, nueve, diez o más horas para prepararse  para esa capacitación, y es cierto, a veces se desperdician los recursos pero también estamos tratando de aprovechar los recursos.  Recuerdo hace un año que en la Escuela Judicial hicimos una convocatoria para todas las personas que habían sido becadas, estuvieron en una reunión y de esas personas ninguna cumplió con lo que les habíamos pedido, queríamos abrir un sitio en Intranet para que cada uno en su especialidad empezara a escribir algo sobre el tema en el cual se había capacitado, ninguno mandó nada. Eso también demuestra otra clase de problema que tenemos en el Poder Judicial, a veces se habla mucho pero se actúa muy poco.
También se dice mucho que el mal servicio porque los jueces andan en capacitación, pero señores y señoras, porque un juez salga tres días del despacho como son los cursos de la Escuela, eso no hace que un juzgado se atrase; tres días o quince días en el transcurso del año, eso no hace que un juzgado ande mal, creo que eso es un mal que se viene arrastrando en el sistema, pero no es porque la Escuela Judicial los saca tres días, o cuatro días o en cuatro ocasiones diferentes para que se vayan a capacitar. Ustedes lo saben en sus oficinas, si usted tiene su oficina al día, claro, implica de momento un atraso, pero es un atraso temporal, porque si usted está con sus sentencias al día la persona no se va a quejar porque se atrasó dos días en la sentencia, lo que pasa es que tienen meses de meses de tener sentencias que no se dictan, y eso lo vemos nosotros muchísimo en la jurisdicción constitucional, cuando se presentan amparos por mora judicial, son sentencias que no han sido dictadas a veces en dos años, eso no es un problema de la Escuela Judicial, ese es otro problema que tiene el Poder Judicial de mora judicial y eso es otra cosa que nosotros tenemos que resolver. No vamos a negarle la capacitación a los jueces porque hay un problema dentro del sistema, entonces me parece que no debemos culpar a la Escuela de lo que está pasando dentro del Poder Judicial. Tenemos que reflexionar más y encontrar las verdaderas causas de los problemas.”
	SALE LA MAGISTRADA CALZADA.
	El Magistrado Vega señala: “Celebro realmente que estemos teniendo una reflexión sobre estos temas, porque efectivamente tienen una íntima relación con el funcionamiento en general y con algunos de los problemas que tenemos en la Institución.  Me parece que hay muchas cosas que podemos ir apuntando como puntos de coincidencia, en realidad creo que no se trata de generar un debate para producir críticas sobre problemas que son muy añejos, problemas que sabemos que han existido desde hace mucho tiempo, y que justamente de lo que se trata es de buscar mecanismos de solución a esos problemas. Entonces la propuesta en sí que hace el Consejo Consultivo me parece que es muy consecuente con el planteamiento, porque trata de actuar en la línea de solventar algunos problemas prácticos, y en ese sentido seríamos consecuentes apoyando lo que nos están planteando para solucionar problemas concretos, y no simplemente como decía la Magistrada Calzada, actuando muy poco y simplemente hablando, creo que en ese sentido hay una respuesta concreta. Dentro de esa propuesta concreta lo que planteaba la Magistrada Villanueva, puede ser un escollo importante porque hay efectivamente un tema de constitucionalidad que habría que revisar ahí, pero ese tema de no permitirle a las personas nombradas en interinazgos optar por algún otro puesto interino, eso se podría solventar simplemente indicando que no es conveniente o que se analizará el tema soslayándolo de alguna forma en donde el interés público esté por encima del interés personal o del interés particular.
El tema de la evaluación del desempeño, bueno, hay un informe que no ha sido todavía conocido por la Corte, creo que debe de estar en agenda pronto. Este tema de la evaluación del desempeño efectivamente ha sido un talón de Aquiles durante muchos años, la idea es que para el mes de julio ya esta Corte pueda tener una propuesta concreta. Al mencionar este tema de la evaluación del desempeño, es porque también está vinculado a este tema, como también lo está el de la selección de personal. Yo creo que muchos aspiraríamos a que el sistema de Carrera Judicial nos hubiera permitido ser mucho más exitosos en la selección de nuestros jueces y juezas durante todos estos años que tiene el sistema de estarse aplicando, sin embargo tiene también sus problemas importantes y por eso es que estamos planteándolo en la necesidad de reformar la Ley de Carrera Judicial.
Las cosas tienen que tener un orden lógico y ese orden lógico pasa necesariamente por establecer algunos mecanismos de control, que no hemos establecido, y las cosas tienen que pasar por un orden lógico desde el momento en que hacemos prevalecer el interés institucional por encima de intereses estrictamente personales o particulares.  Creo que la propuesta que se nos hace va encaminada a hacer prevalecer el interés institucional y en ese sentido creo que debe ser apoyada.
El tema de estimular a los jueces o no, por supuesto que todos quisiéramos estar estimulados en la Institución, no sólo los jueces, las juezas y los que estamos aquí integrando esta Corte, sino en general cualquier servidor o servidora judicial, todos quisiéramos tener una Institución muy estimuladora y que eso nos permita trabajar mucho mejor de como lo hacemos. Lo que pasa es que en el tema de la capacitación parte del desorden que ha existido en los últimos años, es que a la hora de llamar a un juez a un curso de capacitación no se tiene en cuenta si ese despacho es o no un desastre, si ese despacho está  o no al día, o si ese despacho no tiene una situación de anormalidad especial que deba ser tenida en cuenta, por encima del interés personal de ese juez de querer ir a esa capacitación. Entonces puede haber un conflicto de intereses efectivamente, y eso se da porque el juez, como lo decía la Magistrada Varela, por un lado está interesado en asistir al curso para ganarse unos puntitos más en la Carrera Profesional, lo cual es absolutamente legítimo, pero por el otro lado puede haber un interés subyacente de querer salir a como haya lugar de ese despacho porque lo que hay ahí es un desastre de magnitudes enormes y lo que está buscando es que llegue otra persona a resolverle ese desastre  o coadyuvar a resolverle ese desastre y a sacarle por lo menos parte de su trabajo, parte de los asuntos más delicados o más complicados, etcétera.  Entonces, creo que esa es la parte que tenemos que tratar de controlar, esa es la parte a la que tenemos que tratar de llegarle de alguna u otra forma, para lo cual decía anteriormente que no hemos hecho una valoración del impacto de la capacitación en el Poder Judicial, y pongo entonces ya un ejemplo concreto:  el año pasado la Comisión de Resolución Alterna de Conflictos le preguntó a la Escuela Judicial cuántos jueces y cuántas juezas habían sido capacitados en el tema de Resolución Alterna de Conflictos, y se nos dice que son casi seiscientos jueces y juezas de todo el país los que han recibido el Curso Básico 1 y el Curso Básico 2 en Resolución Alterna de Conflictos, y entonces cuando vemos que hay una inversión de más de diez años de capacitación en recursos humanos profesionales para la Resolución Alterna de Conflictos y a la hora de revisar las estadísticas judiciales vamos a ver a dónde está reflejado ese impacto y vemos que realmente son poquísimas las conciliaciones que se dan a nivel nacional celebradas por los propios jueces que tramitan los procesos, entonces esa es una forma que nos plantea con signos de interrogación dónde está el impacto que estamos generando en algunas de nuestras capacitaciones y creo que eso debe ser reflexionado con miras a establecer a quién se capacita, por qué se capacita, y cuándo se capacita; que creo que deben ser interrogantes básicas en estos temas. A quién se capacita porque puede ser que nos encontremos a una gran cantidad de compañeros y compañeras recurrentes en las capacitaciones, como efectivamente ha ocurrido. Yo he sido docente de la Escuela Judicial en otros momentos y siempre se topaba uno en los Cursos de Derecho Laboral a las mismas personas, entonces a ¿quién se capacita?, a los mismos, ¿para qué se capacita?, ¿para que sigan siendo igualmente deficientes en el ejercicio de sus funciones o se les capacita para que hagan puntos en la Carrera Profesional o para qué se les capacita?  ¿Y cuándo se capacita? me parece que es el otro tema importante porque el cuándo tiene que ver también con el criterio de oportunidad y con el criterio de conveniencia que debe de definirse a nivel institucional por parte del órgano que toma las decisiones que en este caso sería el Consejo Superior, que debería de tener una base de datos conectada o alimentada directamente con la Escuela Judicial para poder a la hora de tomar decisiones saber si un juez requiere o no requiere o si amerita o no amerita un permiso para irse a la capacitación.
Entonces creo que todos en el fondo debemos de coincidir en muchas de nuestras apreciaciones. No se trata que la Corte ni el Consejo Superior ni ninguno de los órganos del Poder Judicial, de asumir posiciones autoritarias o posiciones que lesionen intereses personales o intereses particulares de nadie, simplemente lo que creo es que a nivel institucional tenemos que tener muy claras cuales son las prioridades y si no tenemos claras las prioridades, pues entonces difícilmente vamos a tomar decisiones correctas.
Por supuesto que lo que planteaba el Magistrado Chinchilla es un secreto a voces desde hace muchos años, ha habido una argolla enormemente grande en el tema de la Escuela Judicial, tanto a nivel docente para los profesores y profesoras como también para los que se ven beneficiados o beneficiadas con los cursos a los que son llamados a participar. Entonces, es importante definir criterios objetivos, es importante definir criterios que realmente puedan salir o ser consecuencia de convocatorias públicas; criterios en donde realmente personas de mucha valía que han realizado estudios y otros que no los han realizado, pero que igualmente son valiosos o valiosas, puedan tener esas opciones de ser capacitadores o bien de recibir las capacitaciones. Y por supuesto que para recibir las capacitaciones tenemos que pasar necesariamente por el tema de la evaluación del desempeño, para poder definir si esas capacitaciones obedecen a problemas de reclutamiento o en algunos otros casos no sólo a problemas de reclutamiento, sino de mala formación profesional que viene arrastrándose desde muchos años y que es importante solventar  tarde o temprano para no seguir con un problema que no tenga un final.  
El tema del límite de los cursos. Eso es muy relativo, me parece que una buena medida puede ser limitarlos a dos por año, en algunos casos puede ser que nos encontremos a un funcionario o a una funcionaria que no necesite sólo dos, sino que necesite tres o cuatro, pero puede ser que realmente lo necesite, el problema de ahora es que no sabemos si la capacitación es requerida o no es requerida por la persona, ¿por qué? porque no hemos medido absolutamente nada, no hemos medido aprovechamiento de esa persona en los cursos anteriores, etcétera, etcétera. Entonces lo de la limitación me parece que es un buen principio aunque yo no lo concebiría en términos absolutos porque efectivamente por deficiencias del reclutamiento o por deficiencias de formación profesional muchos de nuestros jueces o juezas eventualmente podrían requerir más que dos cursos anuales para equipararse al nivel que se requiere.
En ese sentido, quería hacer estas reflexiones indicando que efectivamente coincido con las Magistradas Pereira y Varela, este es un tema muy complicado pero creo que haciendo eco a lo que decía la Magistrada Calzada de que no debemos de hablar mucho sino actuar, yo  propondría que independientemente de la revisión periódica que estemos haciendo de estos criterios sí es importante acoger la propuesta del Consejo Consultivo con algunas enmiendas y poner en práctica algunas de estas reglas para empezar a enfrentar o a solventar muchos de los problemas que desde hace mucho tiempo han venido generando este tipo de situaciones.”
	El Magistrado Solís expone: “Estoy plenamente de acuerdo con las reglas que se están proponiendo. El tema por sí genera muy importante debate que ciertamente, como lo decía el Magistrado Vega, en algunos momentos lo hemos dejado de lado que es el tema de lo que queremos con la capacitación. Estoy plenamente de acuerdo que la capacitación va muy de la mano con el tema de la evaluación de nuestros jueces, estoy plenamente de acuerdo que la capacitación también es un medio para un fin  que es mejorar la prestación del servicio público de justicia, y desde esa perspectiva todo lo que se relaciona con la mejoría con el servicio público de justicia es competencia del Consejo y de las decisiones fundamentales que adopte esta Corte Plena. Veo que estas directrices o estas reglas lo que en sí expresan es una necesidad inderogable -porque está dispuesta por ley- de poner orden en este tema. Es un tema disciplinario porque hemos hablado todas estas horas antes de temas muy esenciales, pero hemos dejado de lado un aspecto en donde ha habido talvez una falla que es la disciplina que cada uno de nuestros jueces y juezas debe tener cuando se matricula en uno de estos cursos, entonces me pregunto ¿será que se matriculan en estos cursos porque no quieren estar en el despacho y así pasean un rato viniendo desde alguna zona alejada de la capital a quedarse dos o un día en la capital?, ¿o será que se matricula porque no hay ningún control?. Yo no soy muy amigo de los controles, sí soy muy amigo de las responsabilidades personales y aquí muchas veces estamos actuando con un criterio de estado paternalista que tanto daño ha hecho a la sociedad costarricense, y seguimos también reproduciéndolo a lo interno, le echamos la culpa a los máximos jerarcas, o sea, asumimos nosotros esa responsabilidad pero no le jalamos el mecate -perdonando la expresión- a nuestros jueces y a nuestras juezas que se matriculan en cursos. Yo en días pasados decía en una actividad de que si aquí -y hago perdón la mofa- se abriese un curso decorado de queques se nos matriculan jueces y juezas en un curso de decorado de queques porque es una forma de no estar en el despacho, y eso es un poco lo que trata de solucionar este conjunto de reglas que lo veo desde una perspectiva del derecho disciplinario laboral. 
Hace unos años compartí con la Magistrada Varela una experiencia que me llamó mucho la atención, estábamos integrando una Comisión para la escogencia de un candidato al Tribunal Supremo de Elecciones, y dentro de la gran cantidad de personas que venían vino una persona que era y sigue siendo jueza del Poder Judicial, ella perdió toda la mañana haciendo fila ahí en la Sala, porque la cita era a las nueve o diez de la mañana y ella vino desde primera hora, y cuando se le preguntó cuál era su interés en participar en ese proceso nos contestó pero con la mayor sinceridad desde su mayor perspectiva “yo no sé nada de Derecho Electoral, mi interés es que eso aparezca en mi currículum, punto”. Y entonces cuidado si esa mentalidad también no está arraigada en algunos otros sectores en el sentido de que mi interés por el curso es nada más para que aparezca en el currículum, como aquí tenemos esa mañita de estar dando certificaciones hasta por la fiesta de alegría, entonces esa certificación de que le acredita haber llevado el curso la gente aquí se pelea por tenerla a mano, no sé cuál es el valor que a eso se le da para efectos salarial, porque en el fondo tiene un especto salarial, y mucho de eso está allí. Son trampas que el mismo sistema ha venido a institucionalizar para generar esta inmensa anarquía que en materia de otorgamiento de estos permisos laborales al día de hoy lo que genera es una mala prestación del servicio público. De ahí entonces que concluyo diciendo que estoy de acuerdo y habrá que hacerle los ajustes que con mucha precisión han hecho algunas compañeras y compañeros de carácter legal, pero en el fondo yo veo que estas normas lo que pretenden es poner disciplina laboral en un tema en donde hasta ahora ha habido desgraciadamente mucha anarquía al respecto, anarquía de la cual se han aprovechado aquellos funcionarios que a sabiendas que tienen su despacho atrasado, a sabiendas que no han generado el nivel de sentencias que deben generar se matriculan en un curso para aumentar ese déficit.”
	El Magistrado Cruz le consulta al Presidente, Magistrado Mora: “¿Si esta propuesta fue consultada al Consejo Directivo de la Escuela o al Director de la Escuela?, no sé si eso se hizo, asumo que sí,  no sé si ya usted se refirió con anterioridad.”
	El Presidente, Magistrado Mora, aclara:  “Como lo dije al principio, lo que pretendía era que habláramos un poco sobre este tema y dispusiéramos que trámite darle, no tengo la intención de que quede aprobado el día de hoy, sé que tienen muchos problemas, todos los temas que ahí se ven, pero efectivamente no ha sido consultado la Escuela. Si hubiese algún interés en ese sentido se podría disponer ahora que en el plazo determinado tengamos su criterio.”
	El Magistrado Cruz agrega: “Es que me parece que sería conveniente escuchar el criterio del Consejo o el Director de la Escuela sobre el tema, porque a pesar de que no obstante que estoy de acuerdo con las directrices porque me parece que señala una serie de pautas, también es conveniente que el órgano que está encargado, especializado dé algún criterio. Y nada más señalar a propósito de la experiencia que hemos hablado y de la capacitación, hay unas materias que son muy sensibles y si uno ve y lo valora, es posible haciendo un estudio, que las personas que abordan o que atienden eso son personas con muy poca experiencia judicial, puede ocurrir con relación a materia alimentaria, puede ocurrir eso en la Fiscalía respecto al ingreso de causas y denuncias, puede ocurrir eso en la primera instancia en materia laboral; y eso tiene que ver con algo que no será posible resolverlo a corto plazo, que es la  perspectiva que tenemos de que la Carrera Judicial es como una carrera como para ascender e ir abandonando los puestos de inferior condición que en realidad no son de inferior condición, porque son los que están de cara al propio usuario. Entonces eso también es como para llamarles a la meditación de que tipo de experiencia tenemos en muchas materias, que al fin y al cabo son la cara del Poder Judicial y que pueden generar una gran insatisfacción, y como todos hemos pasado por el aprendizaje si alguna materia se convierte prácticamente en el pasaje para otras, es muy probable que esa materia al servicio tenga algunas deficiencias importantes.
Recuerdo bien que en la Facultad los que nos iniciábamos de profesor comenzamos siendo profesor de Métodos de Investigación, pero resulta que métodos tenía el gran problema de que al final muchos de los profesores no se mantenían mucho tiempo y entonces no se asentaba un conocimiento y una experiencia adecuada. Creo que en materia alimentaria, probablemente en Fiscalía que es un inicio importante se pueda estar produciendo eso, pero nada más sugeriría señor Presidente talvez el Consejo o el Director de la Escuela den su criterio sobre esta propuesta que me parece muy interesante.”
	La Magistrada León señala:  “Entiendo toda la preocupación que esto ha generado desde la perspectiva de la capacitación y el funcionamiento de la Escuela Judicial, pero en realidad en el seno de la Comisión lo que hicimos fue preocuparnos enormemente de unos datos estadísticos que se habían presentado en función de cuántos eran los movimientos que tenía el Consejo Superior que hacer mensualmente, justamente en función de qué y por qué, entonces la mayoría de los movimientos obedecían a casos de capacitación, a casos de movimientos porque venía a ser capacitado o a capacitar y también porque con frecuencia se dan nombramientos interinos donde la persona lo acepta y ejerciendo ese cargo interino vuelve a participar en otro nombramiento interino. Entonces anteponiendo algo que yo sé que en esta Corte hay conciencia que se llama interés público calidad del servicio, es que se dijo bueno tratemos de comprender todas las hipótesis que están generando esta distorsión  en la prestación del servicio, esta cantidad de movimientos, esta inestabilidad en los despachos y sobre esa base pongamos algo en blanco y negro que es el sentir en el seno pero sobre todo el sentir de los usuarios. Entonces quizás esa es la razón, Magistrado Cruz, por la que no se consideró dar audiencias ni a Asociaciones ni a Escuela ni a nada porque se estaba anteponiendo, después de que conversamos algunas dudas y preocupaciones de si esto venía o no a restringir los derechos o no de los jueces y juezas para participar o para tener movimientos en función de capacitación o de concursos interinos dentro de los propios interinazgos. La idea fue establezcamos reglas que de alguna forma permitan a todas las partes involucradas, Escuela, Jueces, oferentes, Consejo Superior, Consejo de la Judicatura y que a nivel de Corte sean aprobadas con el propósito de orientar y poder mejorar la calidad del servicio, por eso es que son reglas cortas que involucran distintos temas y que de repente pasa de uno a otro pero es porque se trató de buscar una alternativa a todas las opciones que estadísticamente son de verdad preocupantes. Me parece que adicionar al plazo que ahora, estimo, que se va a dar para efectos de que se vea con mas detalle pediría que se pudieran enviar para que se vea la razón de ser de toda esta propuesta y se vean los movimientos y la incidencia que esto tiene en la prestación del servicio.”
	El Magistrado Chaves indica: “Es que la Magistrada Pereira lo había dicho y ahora lo retomó la Magistrada León, no perdamos de vista que aquí no sólo se está tocando el tema de la capacitación, se está tocando otros temas que tiene que ver con las ausencias de los funcionarios a los despachos, entonces veámoslo globalmente y sí sería bueno que traigamos los datos que para mí son alarmantes y luego también tomemos en cuenta que no sólo capacita la Escuela Judicial, sino que también lo hace el  Ministerio Público, la Defensa, Personal, las Comisiones, la de Valores, la de Penal, etc., etc.; entonces las capacitaciones en este Poder Judicial creo que sobrepasan la capacidad de capacitarse que deberíamos tener. Tomemos en cuenta que es la globalidad de las ausencias de funcionarios, y nos estamos refiriendo aquí a los Jefes, también de funcionarios de rango menor que andan en capacitaciones, ya hasta tenemos capacitaciones virtuales. Entonces no perdamos de vista que es la globalidad de las ausencias y no sólo por capacitación de la Escuela.”
	El Magistrado González manifiesta: “Creo que lo que iba a referirme ya está dicho, ¿quién de nosotros podría poner en duda de que tenemos un caos con el sistema de los interinazgos y que se van en absoluta cascada produciendo un impacto presupuestario verdaderamente alarmante a este Poder Judicial? ¿hay alguno aquí de nosotros que lo cuestione el sistema como tal?, ¿quién puede cuestionar que hay una cadena interminable de capacitaciones algunas veces ociosas o de personas reiterativas en este tema?, creo que todos estamos consientes absolutamente del tema. Pero cuando se habla de ellos se superpone pareciera que un interés público que a mí me parece latente y evidente sobre capacitación, que es imprescindible, o sobre derecho o acceso a la función pública. Creo que no tenemos que ponerlos de manera antagónica.  En definitiva, yo diría que en estas reglas priva un interés público, en estas normas nosotros tenemos, perdónenme otra  vez con una expresión coloquial, meter el colmillo de fondo, porque si no seguimos absolutamente en estas situaciones. Que haya que solventar algún tipo de problema de orden constitucional, creo que ese es el detalle que debemos de observar o de orden normativo, pero por lo demás si no solucionamos un problema de esta naturaleza habrá responsabilidad como jerarcas hacia futuro de no haber tomado las decisiones de conformidad con una sana y correcta administración.”
	El Presidente, Magistrado Mora, añade:  “ Me preocupó mucho cuando la Magistrada Calzada señaló algo así como que teníamos sentado en el banquillo a la Escuela; yo quiero que quede absolutamente claro, no estoy en contra de la capacitación, no se ha pretendido agredirla, mucho menos a la Escuela, institución a la que le debemos mucho; lo que si me parece es que debemos buscar términos razonables para regular la ausencia de los jueces de los despachos y eso es casualmente lo que se trata en el tema.  No sé si a ustedes les parece que hagamos la consulta a la Escuela Judicial, en este caso también habría que consultarle al Consejo Superior del Poder Judicial,  que tiene este problema en las manos y eventualmente a las Asociaciones. Les damos ocho días a todos.”
	Previamente a resolver lo que corresponda, se dispuso: Conceder audiencia por el término de ocho días al Consejo Superior, al Consejo Directivo de la Escuela Judicial, al Director de la Escuela Judicial y a todas las Asociaciones de Empleados, para que dentro de ese plazo manifiesten lo que a bien tengan acerca de la propuesta del Consejo Consultivo para regular los permisos, sustituciones, vacaciones y nombramientos en el Poder Judicial.
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	A las 12,05 horas se suspende la sesión y se reanuda a la 13,45 horas con la asistencia de los Magistrados Mora, Rivas, González, Escoto, Aguirre, van der Laat, Vega, Ramírez, Chaves, Arroyo, Pereira, Chinchilla, Calzada, Armijo y los Suplentes Araya García y Abdelnour Granados.”.
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SE ACUERDA: 1.- Solicitar respetuosamente a la Corte Plena, que se le conceda al Consejo Directivo de la Escuela Judicial, una prórroga del  plazo concedido para efectuar el análisis de la propuesta del Consejo Consultivo, conforme a las observaciones efectuadas.   2. Comisionar al Dr. Marvin Carvajal Pérez, director de la Escuela Judicial,  para que realice un análisis de dicho proyecto y presente un informe que se analizará en la próxima sesión del Consejo Directivo, para su posterior remisión a Corte Plena. ACUERDO FIRME. 

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ARTÍCULO IV

El Lic. Allan Ugalde Rojas y Jainse Marín Jiménez de la Contraloría General de la República, División de Asesoría y Gestión Jurídica en oficio N° DAGJ-0109-2007 del 07 de febrero de 2007 dice:

“Asunto: Consulta relacionada con las disposiciones de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.

Se refiere este Despacho a su oficio N° 148-CD/EJ-06, trasladado a esta División el pasado 18 de enero, mediante el cual nos comunica que el Consejo Directivo de la Escuela Judicial, según Acuerdo de la sesión N° 18 del 16 de noviembre de 2006, dispuso solicitar el criterio del Órgano Contralor, en torno a la viabilidad jurídica de impartir cursos de capacitación relacionados con el uso de los “Sistemas de Depósitos y Pagos Judiciales (SDJ) y Gestión de Despachos Judiciales”, a quienes aspiren a desempeñar  un cargo en la judicatura.

        La consulta se plantea en los siguientes términos:

“Antes de resolver lo que corresponda, se traslada una petición de consulta a la Contraloría General de la República, en relación con la viabilidad jurídica de impartir cursos y otros mecanismos de capacitación a personas que ostenten la calidad de aspirantes elegibles a cargos de la Judicatura, a partir de las reglas que establece la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública u otras normas que regulen el legítimo funcionamiento de la Hacienda Pública”.

Sobre el particular, y con vista en el Acuerdo de mérito y los antecedentes remitidos al efecto, este Despacho no detecta en el memorial de consulta, el planteamiento de alguna inquietud puntual en cómo o de que forma, la decisión de llegar a exigir el conocimiento y manejo en los Sistemas antes relacionados, y en particular el impartir los cursos en mención a los interesados y postulantes, pueden llegar a constituir una lesión a las disposiciones de la Ley contra la corrupción y el enrequicimiento ilícito en la función pública (Ley  N° 8422 del 06 de octubre de 2004), o a las que se identifican como “otras normas que regulen el legítimo funcionamiento de la Hacienda Pública”.

No obstante lo anterior, nos interesa señalar que el requerir el conocimiento y manejo de los “Sistemas de Depósitos y Pagos Judiciales (SDJ) y Gestión de Despachos Judiciales”, como un requisito a los interesados en ocupar  un cargo en la judicatura, sumado a los que actualmente puedan estar siendo exigidos, constituye una decisión administrativa en sentido estricto, lo anterior como fruto de un análisis técnico y jurídico previo, que apunte favorablemente a su admisión y procedencia respectivamente.

Ahora bien, en lo que toca a un eventual roce con las disposiciones de la Ley N° 8422, y pese a no encontrar una inquietud o interrogante concreta al respecto, ni detalle alguno en cuanto a quiénes impartirían  los cursos, si se trata o no de servidores judiciales, y bajo este último escenario si dichos cursos se darían dentro o fuera de su jornada ordinaria, debe tenerse presente que en los mismos términos generales en los que se formula la consulta, a nuestro juicio la relación con la norma de cita podría darse, en lo relativo a las regulaciones atinentes al ejercicio de la docencia.

De nuevo, reiteramos no contar con mayores elementos fácticos sobre los cuales emitir un criterio más informado, sin embargo bajo el escenario que los cursos serían impartidos por funcionarios judiciales, habría que tener claro si dicha actividad docente forma parte o no se su débito funcional ordinario, así como la forma bajo la que se realizaría, sea comprendida dentro de sus labores regulares y normales, como un trabajo extraordinario, o bajo una modalidad de contratación de servicios profesionales, pues con relación a los primeros dos supuestos la Ley N° 8422 contiene regulaciones particulares en cada caso.

Asimismo, habría que analizar si la forma bajo la que se brindarían los cursos, conduce a estar en presencia de un desempeño simultáneo de cargos públicos, y finalmente si los servidores en mención, se encuentran vinculados o no a una restricción como lo es la prohibición para el ejercicio de profesiones liberales, extremos que en su conjunto y sumados a los ya mencionados, deben ser ponderados y valorados en esa sede, lo anterior sin demérito del ejercicio de nuestras competencias de fiscalización posterior.

Finalmente, en lo que atañe a la eventual lesión de normas referidas al funcionamiento de la Hacienda Pública, o bajo un mayor rigor técnico , de la normativa que integra ordenamiento de control y fiscalización superior de la Hacienda Pública cuya rectoría ejerce esta Contraloría General, dada la forma genérica y abierta bajo la que se plantea la consulta, omitimos realizar un pronunciamiento sobre el particular, esto sin dejar de apuntar claro esta, la titularidad y consecuente responsabilidad que pesa sobre esa Administración, en la gestión de su competencias, en la toma de decisiones y acciones como las que aquí no ocupan, así como en el aseguramiento, resguardo y buen manejo de los fondos públicos puestos a su encargo.

En los términos anteriores dejamos atendida la consulta.

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ARTÍCULO III

El Dr. Marvin Carvajal Pérez, Director de la Escuela Judicial, en oficio N° EJ-DIR-272-2006 de fecha 23 octubre de 2006 dice:

“Me permito informarles que he sostenido sendas reuniones de trabajo con el MBA. Rafael Ramírez López, Director General del Departamento de Tecnología de la Información, así como con la Licda. Patricia Bonilla Rodríguez, Encargada del Sistema de Gestión de dicho Departamento. 
Lo anterior con el objeto de coordinar esfuerzos para desarrollar un programa de capacitación relacionada con el Sistema de Gestión, destinado fundamentalmente a aspirantes elegibles en puestos de la Judicatura. Dicho programa es una urgente necesidad institucional. Asimismo, obedece a las recomendaciones efectuadas por la Auditoría Interna en su informe número 317-20-AUO-2006, aprobadas por el Consejo Superior en sesión número 33-03 de 11 de mayo de 2006, así como al acuerdo adoptado por el Consejo de la Judicatura adoptado en sesión número CJ-22-2006, celebrada el 06 de septiembre del presente año, artículo IV.
	En vista de lo anterior, solicito la aprobación del Consejo para la realización de cuatro actividades de capacitación en las siguientes fechas: primera semana de noviembre, primera semana de diciembre, primera semana de febrero y primera semana de marzo. A dichos cursos podrían acceder todas aquellas personas que aspiran a cargos en la Judicatura, y que actualmente gozan de la condición de elegibles. Cada capacitación consta de 5 sesiones de 4 horas cada una, para un total de 20 horas, siguiendo una metodología teórico/práctica. 
Los capacitadores a cargo del Sistema de Gestión impartirían la capacitación, en el laboratorio de cómputo ubicado en el Edificio Anexo A (antigua UNED). Para la coordinación de dicho curso, se podría designar a la Licda. Indira Alfaro Castillo, con el apoyo del señor Carlos Acuña Jiménez.
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ARTÍCULO XI

El Lic. Mauricio Cascante Araya, coordinador Unidad Interdisciplinaria, Consejo de la Judicatura, en su oficio N° UI-2450-06 del 27 de setiembre de 2006 dice:

“Para su  conocimiento y fines consiguientes, se le transcribe el acuerdo tomado en la sesión del Consejo de la Judicatura No. CJ-22-2006 celebrada el 06 de setiembre del presente año, que dice:

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“ARTICULO IV

Con instrucciones de los  señores:  Presidente de la Corte, magistrado Luis Paulino Mora Mora, Presidente del Consejo de la Judicatura, magistrado Orlando Aguirre Gómez y la licenciada Miriam Anchía Paniagua, Integrante del Consejo Superior y Consejo de la Judicatura, se somete a conocimiento de este Consejo la posibilidad de incorporar dentro de los requisitos para nombramientos interinos o en propiedad en cargos de judicatura,  la capacitación en el uso del Sistema de Gestión de Despachos y Sistema de Depósitos y Pagos Judiciales (SDJ).

Sobre el particular informa el licenciado Mauricio Cascante Araya, Coordinador de la Unidad Interdisciplinaria que el Consejo Superior en el Artículo LVII, de la sesión No. 57-04, celebrada el 03 de agosto de 2004, literalmente dispuso:

“... 1) Tener por rendido el informe anterior. 2) Mediante circular, reiterar a los jefes de los despachos judiciales y a todos los servidores judiciales en general la necesidad de que se capaciten en el uso del Sistema de Gestión de Despachos Judiciales, y comunicarles que para futuros nombramientos en propiedad o interinos, traslados o permutas en los circuitos judiciales en que se utilice ese Sistema, las personas designadas deben estar debidamente capacitadas en ese aspecto. 3) El Departamento de Personal incluirá en los nuevos concursos dicho requisito, como una forma de asegurar y garantizar que los futuros empleados del Poder Judicial estén preparados para utilizar ese Sistema debidamente. 4) La Secretaría General de la Corte, la Dirección Ejecutiva, el Departamento de Tecnología de Información y la Escuela Judicial tomarán nota para lo que a cada uno corresponda.”

Asimismo en el artículo XXXII de la sesión de Consejo Superior,  No. 86-04, celebrada el 09 de noviembre de 2004, textualmente se dijo:

“...1) Acoger la recomendación de la Auditoria Judicial.  En consecuencia emitir una circular dirigida a los jefes de los despachos judiciales y servidores judiciales en general, la necesidad de que se capaciten en el uso del Sistema de Depósitos y Pagos Judiciales (SDJ), y comunicarles que para futuros nombramientos en propiedad o interinos, traslados o permutas en los circuitos judiciales en que se utilicen este sistema, las personas designadas deben estar debidamente capacitadas en esos aspectos.  2)  Al propio tiempo, se reitera al Departamento de Personal que al realizar un concurso debe exigirse preferiblemente el conocimiento en los Sistemas de Gestión y de Depósitos y Pagos Judiciales (SDJ).  Asimismo el Consejo de la Judicatura y la Escuela Judicial tomarán nota para lo que a cada uno corresponda.”    

Menciona también el licenciado Cascante, que en las respectivas publicaciones de concursos para integrar listas de elegibles para los puestos de Juez, dentro de los requisitos para participar se indica:
“ (...)
7)	Dominio aceptable del manejo de paquetes informáticos básicos de oficina de uso institucional.”

Y dentro de la Información General que aplica para todos los concursos, en el punto “f” se dice:
“(...)
f) Preferiblemente se debe tener conocimiento en los Sistemas de Gestión y de Depósitos y Pagos Judiciales (SDJ), según acuerdos del Consejo Superior  en las sesiones 57-04 del 03 de agosto de 2004, artículo LVII y 86-04 del 09 de noviembre de 2004, artículo XXXII....”

Considera este Consejo con relación al tema que se está tratando que en el caso de la judicatura  es conveniente exigirles a todos los oferentes de primer ingreso que resulten elegibles, que previamente a integrar el escalafón,  deben estar capacitados en el uso de los Sistemas de Depósitos y Pagos Judiciales (SDJ) y el Gestión de Despachos Judiciales.  Asimismo es conveniente solicitar al Consejo Directivo de la Escuela Judicial la programación de suficientes cursos en la utilización de estos sistemas y en conjunto con la Unidad Interdisciplinaria determinar los participantes.
También deben considerarse en la capacitación a todas aquellas personas que están en los escalafones a nivel de ingreso con la indicación de que esa capacitación es deseable para el buen desempeño del cargo.  Por otro lado, es recomendable señalar  en las ternas que se confeccionen para el cargo de Juez, quiénes de los participantes poseen la capacitación de comentario.
Por ultimo, este Consejo estima que se debería valorar la posibilidad de variar el manual de puestos a fin de incluir dentro de los requisitos, el poseer el conocimiento en el uso de los Sistemas de Gestión de Despachos y de Depósitos y Pagos Judiciales.

Por lo tanto, y luego de un intercambio de opiniones SE ACUERDA: 1) Ordenar a la Unidad Interdisciplinaria que en futuros concursos se incluya como requisito para la incorporación en el Registro de Elegibles y eventuales nombramientos interinos o en propiedad, el haber aprobado los cursos que imparte la Escuela Judicial en el uso de los Sistemas de Gestión de Despachos y Depósitos y Pagos Judiciales. 2) Comunicar este acuerdo al Consejo Directivo de la Escuela Judicial y solicitar a ese Órgano, coordinar con la Unidad Interdisciplinaria para que esos participantes puedan en un breve plazo, cumplir con ese  requisito. 3) Enviar una comunicación a todas las personas que se encuentran elegibles en el nivel de ingreso, indicándoles que se considera deseable para que puedan desempeñar sus cargos, la capacitación en el uso de los sistemas antes indicados, salvo aquellos que ya lo hayan aprobado, para lo cual deberán informar a la Unidad Interdisciplinaria. 4) Solicitar a la Unidad Interdisciplinaria le suministre a la Escuela Judicial el nombre de las personas que se encuentran elegibles en el primer nivel que no tienen la capacitación deseada. 5) Solicitar al Departamento de Personal revisar los manuales de clasificación de los puestos de Juez a fin de incorporación dentro de los requisitos  el haber aprobado los cursos para el uso de los sistemas de Gestión de Despachos y Depósitos y Pagos Judiciales. 6) Indicar en las ternas que se confeccionen, cuales de los integrantes poseen el adiestramiento en el uso de los sistemas antes mencionados.”
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El Dr. Marvin Carvajal Pérez, Director de la Escuela Judicial, en su oficio N° EJ-DIR-242-06 del 28 de setiembre de 2006 dice:
	Me permito informarles que he sostenido sendas reuniones de trabajo con el MBA. Rafael Ramírez López, Director General del Departamento de Tecnología de la Información, así como con la Licda. Patricia Bonilla Rodríguez, Encargada del Sistema de Gestión de dicho Departamento. Lo anterior con el objeto de coordinar esfuerzos para desarrollar un programa de capacitación relacionada con el Sistema de Gestión, destinado fundamentalmente a aspirantes elegibles en puestos de la Judicatura. Dicho programa es una urgente necesidad institucional. Asimismo, obedece a las recomendaciones efectuadas por la Auditoría Interna en su informe número 317-20-AUO-2006, aprobadas por el Consejo Superior en sesión número 33-03 de 11 de mayo de 2006, así como al acuerdo adoptado por el Consejo de la Judicatura adoptado en sesión número CJ-22-2006, celebrada el 06 de septiembre del presente año, artículo IV.
	En vista de lo anterior, solicito la aprobación del Consejo para la realización de cuatro actividades de capacitación en las siguientes fechas: primera semana de noviembre, primera semana de diciembre, primera semana de febrero y primera semana de marzo. A dichos cursos podrían acceder todas aquellas personas que aspiran a cargos en la Judicatura, y que actualmente gozan de la condición de elegibles. Cada capacitación consta de 5 sesiones de 2 horas cada una, para un total de 10 horas, siguiendo una metodología teórico/práctica. Los capacitadores a cargo del Sistema de Gestión impartirían la capacitación, en el laboratorio de cómputo ubicado en el Edificio Anexo A (antigua UNED). Para la coordinación de dicho curso, se podría designar a la Licda. Indira Alfaro Castillo, con el apoyo del señor Carlos Acuña Jiménez.
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SE ACUERDA: Antes de resolver lo que corresponda, se traslada una petición de consulta a  la Contraloría General de la República, en relación con la viabilidad jurídica de impartir cursos y otros mecanismos de capacitación a personas que ostenten la calidad de aspirantes elegibles a cargos en la Judicatura, a partir de las reglas que establece la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública, u otras normas que regulen el legítimo funcionamiento de la Hacienda Pública. ACUERDO FIRME.”

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SE ACUERDA:  Tomar nota de la respuesta dada por la Contraloría General de la República a la consulta a del Consejo Directivo de la Escuela Judicial,  en relación con la viabilidad jurídica de impartir cursos y otros mecanismos de capacitación a personas que ostenten la calidad de aspirantes elegibles a cargos en la Judicatura, a partir de las reglas que establece la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública, u otras normas que regulen el legítimo funcionamiento de la Hacienda Pública y, se pone en conocimiento del Consejo de la Judicatura.  Se traslada el acuerdo correspondiente al Artículo LVII, de la sesión No. 57-04, celebrada el 03 de agosto de 2004, del Consejo Superior a la Unidad de Capacitación de Recursos Humanos para lo de su cargo. ACUERDO FIRME.

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ARTÍCULO V

El Lic. Francisco Segura Montero, Subdirector General del Organismo de Investigación Judicial, en oficio N°173-DG-07 del 23 de febrero de 2007 dice:

“Reciban un atento saludo por parte de esta Dirección General; a la vez, en atención al acuerdo adoptado por ese Honorable Órgano, en sesión N°01-07, artículo X, celebrada el veinticuatro de enero del año dos mil siete, en que se traslada a esta Representación la solicitud académica del Dr. Rolando Ramírez Gutiérrez, para que a través de la Escuela Judicial se realice un contacto oficial con los representantes del programa académico de especialización profesional en Psiquiatría Forense, impartido en la Universidad de Tulane, Luisiana, E.U.A., con el propósito de lograr la participación de profesionales de este Organismo en dicho programa, me permito pronunciarme en los siguientes términos:

Salvo mejor criterio de ese Honorable Órgano, el suscrito considera oportuna la gestión promovida por el Dr. Rolando Ramírez Gutiérrez, en virtud de que según se desprende de su nota, se trata de una especialización que no es impartida en nuestro país, y la cual aportaría positivamente a la labor pericial de este Organismo.

No obstante, en el caso del interés mostrado por el gestionante para tener participación en el programa de especialización a título personal, no se indica si lo haría cubriendo con sus propios recursos las erogaciones económicas de la enseñanza superior, así como las correspondientes a su hospedaje y alimentación, aspecto que se considera de suma importancia para dilucidar el tema, ya que este Organismo se encontraría imposibilitado para colaborar en la gestión por carencia de recursos presupuestarios para tales fines.

Por tanto, se procedió a contactar telefónicamente al referido profesional, quien recalcó su interés en participar en el referido programa de capacitación, el cual tiene una duración de un año y un costo aproximado de $16.000 en aspectos netamente académicos, sin considerar boletos aéreos, hospedaje ni alimentación.

Al respecto, al consultar al Dr. Ramírez Gutiérrez si su interés en participar en el programa de la Universidad de Tulane dependía exclusivamente de contar con apoyo económico institucional, refirió que agradecería cualquier gestión en ese sentido, pero que su interés permanecía aún sin tal posibilidad, ya que estaría anuente a solicitar un préstamo con tal propósito, siempre y cuando la Institución le pudiera otorgar un permiso con goce de salario durante el tiempo de su capacitación.

Por tanto, según la anuencia del gestionante por cubrir el costo total de su especialización, esta Dirección General no tiene objeción alguna en acceder al planteamiento del Dr. Ramírez Gutiérrez, considerando oportuno realizar el contacto formal del caso, y la suscripción de un convenio de capacitación entre el Poder Judicial y la Universidad de Tulane, que especifique los alcances del programa y las condiciones en que se impartiría.

Con mis más altas muestras de consideración y respeto, se despide,”

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El Lic. Jorge Rojas Vargas, Director General del Organismo de Investigación Judicial, en oficio N°219-DG-07 del 06 de marzo de 2007 dirigido al Lic. Walter Vargas Calderón, Prosecretario General de la Corte, dice:

“En atención a su oficio N°1657-07, referente al acuerdo tomado por el Consejo Superior en sesión N°96-06 e incluido en su Artículo XXXVIII, en relación a la programación de la subpartida  de Becas 6.02.01 para el programa 928 correspondiente a este Organismo; es interés del suscrito hacer de su estimable conocimiento que para la ejecución presupuestaria del presente año se dispone de ¢8,000.000.00, cantidad que está siendo analizada por esta Dirección General para determinar en cuáles programas de capacitación se comprometerá dicho presupuesto.

Es importante indicar, que debido a la diversidad de profesionales que conforman la Institución, ya sean del área administrativa, técnica y policial, es que se planea ejecutar proporcionalmente el presupuesto, de tal forma que funcionarios destacados en los Departamentos de Ciencias Forenses, Medicina Legal, Investigaciones Criminales o bien de las dependencias técnico-administrativas, tengan la oportunidad de optar por el aprovechamiento de los recursos presupuestados por este Organismo, de acuerdo con los requerimientos que esta Dirección estime como prioritarios a fin de ser cubiertos dentro de la Institución, de allí que se considera indispensable disponer de la totalidad de recursos previstos para la ejecución del presente año.
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SE ACUERDA:  Que  este Consejo recomienda que el Dr. Rolando Ramírez Gutiérrez, realice la especialización profesional en Psiquiatría Forense, impartido por Universidad de Tulane, Luisiana, E.U.A., debido a los aportes positivos que podría significar esta capacitación en la labor pericial del Organismo de Investigación Judicial.  Comuníquese al Consejo Superior para lo que corresponda. ACUERDO FIRME.

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ARTÍCULO VI

El Lic. Lic. Mauricio Cascante Araya, Coordinador Unidad Interdisciplinaria, en oficio Nº UI-0276-07 del 22 de febrero de 2007,  dice:

“Para su  conocimiento se le transcribe el acuerdo tomado en la sesión del Consejo de la Judicatura No. CJ-04-2007 celebrada el 13 de febrero pasado, que dice:

“ARTICULO II

La Unidad Interdisciplinaria remite las siguientes propuestas de modificaciones de promedios:

1.	Irving Vargas Rodríguez

CAPACITACION:

Cursos de participación: Pendientes de reconocer en el promedio de Juez 1 Genérico.
  
Tema	Fecha	Horas	Otorgado	
Legislación Laboral.	Julio 2005	12	Fundes	
El Procedimiento Administrativo.	Diciembre 2005	20	U.C.R.	
Total horas:		32		

[...]

SE ACORDO: Aprobar las anteriores propuestas de modificaciones de promedios y su incorporación en el registro de elegibles, según corresponda, con excepción de la propuesta del licenciado Irving Vargas Rodríguez, al cual sólo se le reconocen los cursos “legislación laboral” y “procedimiento administrativo” llevados a cabo en Fundes y en la Universidad de Costa Rica. Los otros dos cursos, denominados:  “Errores frecuentes en el procedimiento, sanción y despido de los trabajadores”  y “ Contratación Administrativa” cuyos certificados fueron otorgados por BDS Asesores y Asesorías Creativas, previamente a lo que se resuelva y de conformidad con el artículo 13 del Reglamento de Carrera Judicial, se trasladan a consulta del  Consejo Directivo de la Escuela Judicial para su valoración.”

En atención a lo acordado, se adjuntan fotocopia de los cursos denominados “Errores frecuentes en el procedimiento, sanción y despido de los trabajadores”  y “ Contratación Administrativa”

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Comisionar al Dr. Marvin Carvajal Pérez, Director de la Escuela Judicial, para que en su condición de integrante del Consejo de la Judicatura, remita un informe ese Consejo, aclarando que el anterior tema sobre reconocimiento de certificados,  no es de competencia del Consejo Directivo de la Escuela Judicial.  ACUERDO FIRME.

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ARTÍCULO VII

El Dr. Marvin Carvajal Pérez,  Director de la Escuela Judicial, presenta el siguiente informe:

SOBRE LA EMISIÓN DE CERTIFICACIONES

En concordancia con lo indicado en el Acta N°8-2006 del Consejo Directivo de la Escuela Judicial, de las 8:40 horas de 5 de junio 2006,  las políticas de que dispone la Escuela Judicial, en relación con los requisitos y la emisión de certificados en sus diversas modalidades, se establecen que únicamente puede emitir los siguientes tipos de certificados:  
·         Certificado de participación
·         Certificado de aprovechamiento
·         Certificado académico
·         Certificado de agradecimiento
 
Sin embargo, resulta inexistente una política o norma expresa de la Escuela Judicial, que establezca como una de sus reglas de certificación, el que la Secretaria de la Escuela Judicial a solicitud del estudiante, esté debidamente autorizada para extender certificaciones relativas a las notas obtenidas, aprobación de actividades académicas, matrícula, tiempo efectivo de asistencia y otros extremos de similar naturaleza. 
De ahí que con el propósito de uniformar criterios, elevar los niveles de exigencia académica y formalizar aun más los procesos de capacitación que se desarrollan en la Escuela Judicial, se solicite a los respetables miembros del Consejo Directivo que se apruebe como regla de certificación, la regla referida, cuyo texto definitivo es el siguiente:
 
“La Secretaria de la Escuela Judicial a solicitud del estudiante, es la responsable de extender certificaciones relativas a las notas obtenidas, aprobación de actividades académicas, matrícula, tiempo efectivo de asistencia y otros extremos de similar naturaleza. Dichas certificaciones se extenderán dentro de los ocho días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud que incluya los timbres de ley.  Queda prohibido que cualquier otro(a) funcionario(a) extienda documentos similares, tales como constancias u otros”
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SE ACUERDA:  Aprobar  el anterior informe donde se indica que la secretaria de la Escuela Judicial,  es el  emisor oficial para extender certificaciones relativas a las notas obtenidas, aprobación de actividades académicas, matrícula, tiempo efectivo de asistencia y otros extremos de similar naturaleza.  Lo anterior, no excluye las potestades que pueda tener el Departamento de Personal, para emitir certificaciones de esta naturaleza.  ACUERDO FIRME.

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ARTÍCULO VIII

El señor Gustavo Barquero Morales Prosecretario General a.i., en oficio N° 939-07 de fecha 16 de febrero del 2007, transcribe el acuerdo tomado por el Consejo Superior en la sesión N° 03-07 celebrada el 06 de enero del 2007, que dice:

“ARTÍCULO XLVII

	En sesión N° 03-06 celebrada el 24 de enero del 2006, artículo LIII, se tuvo por rendido el informe de la doctora Leslie Solano Calderón y el doctor Carlos Luis Abarca Barrantes, Jefe del Departamento de Medicina Legal y Presidente de la Asociación Costarricense de Medicina, respectivamente, respecto a las XIX Jornadas de Medicina Legal "Justicia en la Valoración" que se realizaron el 2, 3 y 4 de setiembre del 2005. Asimismo, se acogió la solicitud de oficializar las XX Jornadas de Medicina Legal a celebrarse los días 1, 2 y 3 de setiembre del 2006, para lo cual debía coordinarse su preparación con la Escuela Judicial.
	En oficio N° J.D.M.L. 2006-1466 de 28 de diciembre del 2006, la doctora Leslie Solano Calderón, Jefa del Departamento de Medicina Legal, rinde el informe de las XX Jornadas de Medicina Legal "Excelencia Médico Legal" que se realizaron el 1, 2 y 3 de setiembre del año pasado en el Hotel Fiesta Resort en Puntarenas. Asimismo, solicitan la oficialización de las XXI Jornadas de Medicina Legal “Testimonio y Ética” a celebrarse del 31 de agosto al 2 de setiembre del 2007 y cuya temática central versará sobre el testimonio.
Se acordó: Tener por rendido el informe anterior y acoger la solicitud de la doctora Solano Calderón para oficializar las XXI Jornadas de Medicina Legal a realizarse los días 31 de agosto 1° y 2 de setiembre del año en curso. A esos efectos deberá coordinar su preparación con la Escuela Judicial.

SE ACUERDA:  Informar a los honorables miembros del Consejo Superior que la Asociación Costarricense de Medicina Legal, no ha presentado solicitud de colaboración ante la Escuela Judicial, respecto a la celebración XXI Jornadas de Medicina Legal a realizarse los días 31 de agosto 1° y 2 de setiembre.  Por tal motivo,  se desconoce sobre su programa de actividades y cual sería la colaboración que requieren de la Escuela para este efecto.  Este Consejo no puede autorizar dicha colaboración sin tener en consideración estos elementos. ACUERDO FIRME.

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ARTÍCULO IX

La Licda.  Kattia Campos Zuñiga, Jefa a.í. de la Unidad de Capacitación del O.I.J., en oficio EJ-CAP-025-2007 del 30 de enero de 2007 dice:

“Me permito adjuntarle nota suscrita por la señora Olga Hernández Padilla, alumna del LV Programa Básico de Formación de Investigación, en la que me informa sobre su estado de embarazo.

La señora Hernández puede continuar con el Programa de capacitación, propiamente las materias teóricas.   Aquellas como acondicionamiento físico y defensa personal, que por su estado no podrá realizar, quedarían pendientes para que una vez terminado su embarazo e incapacidad complete el Programa Básico en otra fecha.

Lo anterior con el fin de someterlo a conocimiento y aprobación del Consejo Directivo.”

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La señora Olga Hernández Padilla, alumna del LV Programa Básico de Formación de Investigación,  en oficio del 28 de enero de 2007 dice:

“Como estudiante de la Escuela Judicial es mi deber comunicarle que el días jueves 25 de enero me enteré que me encontraba en estado de embarazo debido a que me realice pruebas y las mismas dieron resultado positivo.  Es importante indicar que cuando ingresé a la Escuela de Capacitación Judicial desconocía mi estado.  El sábado 27 de enero, me realicé un ultrasonido donde el médico Eugenio Calderón Solano, código 3099 que determinó que hay un embarazo de aproximadamente dos semanas. 

Mi deseo es continuar con el proceso de capacitación para investigadora judicial, no obstante me sería imposible llevar las materias de acondicionamiento físico y defensa personal

Por  el motivo acá señalado ruego a su persona así como a sus superiores comprendan mi situación y me permitan continuar con el adiestramiento.

Soy conciente de que mi embarazo llega en un momento poco oportuno, que implica riesgos, que trastorna algunos planes personales, pero que al mismo tiempo significa una nueva e importante etapa de vida, que me ayudará a proceder con más madurez y que alimenta mucho mas mi ilusión de laborar en el Organizmo de Investigación Judicial (OIJ).

Sinceramente ofrezco mis disculpas por lo sucedido.”

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SE ACUERDA:  Comunicar a la Licda. Kattia Campos Zúñiga, encargada de la Unidad de Capacitación del O.I.J. que en vista de que la señora Olga Hernández Padilla, alumna del LV Programa Básico de Formación de Investigación, se encuentra en estado de embarazo,  este Consejo le autoriza para que ella reciba las materias pendientes en el posterior curso básico. ACUERDO FIRME.

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ARTÍCULO X

La señora María Elena Barrantes Hidalgo, Prosecretaria General a.i., en oficio N° 1358-07 de fecha 16 de febrero del 2007, transcribe el acuerdo tomado por el Consejo Superior en la sesión N° 08-07 celebrada el 01 de febrero del 2007, que dice:

 “ARTÍCULO XLI

En sesión Nº 92-06 celebrada el 5 de diciembre del año recién concluido, artículo LXXVII, ante una gestión del licenciado José Manuel Brenes Flores, Investigador de la Sección de Fraudes del Organismo de Investigación Judicial, tendente a que se le convalide el Curso Básico de Formación en Investigación Criminal, para los ascensos que se puedan presentar, se dispuso solicitar pronunciamiento tanto de la Dirección General de ese Organismo cuanto del Departamento de Personal.
Relacionado con lo anterior, en la sesión Nº 94-06 del 12 de diciembre anterior, artículo XLV, se tuvo por hechas las manifestaciones del licenciado Víctor Castro Méndez, Secretario General del Sindicato - Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística, en que solicitó respetar la antigüedad, la pericia y el conocimiento que ha desarrollado el señor Brenes Flores.
Mediante oficio Nº 045-DG-07 de 19 de enero del presente año, el licenciado Jorge Rojas Vargas, Director General del Organismo de Investigación Judicial, expone lo siguiente:
“En virtud de la responsabilidad que conllevan las labores legalmente asignadas a todos(as) los (las) investigadores(as) de este Organismo, esta Dirección General mantiene sumo interés en que el personal se encuentre debidamente capacitado para ejercer sus funciones de la mejor manera, para lo cual se ha instaurado el denominado Programa de Formación Básica en Investigación Criminal, con una duración total de tres meses y una semana, en el cual se imparten aproximadamente 34 materias.
El propósito de este esfuerzo es suministrar las herramientas y conocimientos que permitan el adecuado desempeño del cargo, para lo cual se recibe capacitación en materias propias del derecho penal, de la ciencia de la criminalística y otras, entre los que cabe destacar los siguientes temas:
Balística				Lofoscopía
Atención del sitio del suceso 	Procedimientos de investigación
Medicina legal			Acondicionamiento físico
Biología forense 			Defensa personal
Ingeniería forense 			Armas
Química forense 			Ética
Troquelados 				Motivación
Fotografía 				Acoso sexual
Fotografía Toxicología 		Género 
Penal especial y procesal		Planimetría
Lo anterior, a criterio del suscrito, se constituye en un esfuerzo serio y pertinente, en el que se invierten muchos recursos institucionales, tanto económicos, materiales, como de tiempo de los servidores con coadyuvan en esta formación, todo con el afán de posibilitar la eficacia y eficiencia del personal de investigación de este Organismo en el ámbito de su competencia.
No obstante, pese a las inminentes e incuestionables bondades y pertinencia del mencionado Programa de Formación, el Lic. Brenes Flores pretende que se le exima o convalide su participación en el mismo, aduciendo que su basta trayectoria institucional y su profesión en la carrera de derecho le conceden mérito para ello.
Al respecto, específicamente en consideración de la carrera que ostenta el servidor gestionante, es lógico apreciar que el mismo, en su condición de abogado, cuenta con un amplio dominio de la materia penal y procesal penal, por lo que el suscrito, sin ser el órgano competente para pronunciarse sobre el tema, no encuentra inconvenientes en que se le convaliden los cursos de capacitación universitaria que versan sobre esos tópicos, ya que existe una instrucción formal que acredita sus conocimientos.
Sin embargo, la situación es muy diferente con respecto al resto de materias que conlleva el Programa de capacitación institucional, ya que salvo otros estudios formales del gestionante de los que el suscrito no tenga conocimiento, se considera oportuno y necesario contar con una acreditación que asegure el adecuado dominio de aspectos relevantes en el quehacer policial, que no se desarrollan en la carrera ostentada por el Lic. Brenes Flores, los cuales se aprecian fácilmente entre los temas destacados anteriormente.
Por otro lado, si bien la trayectoria del Lic. Brenes Flores en este Poder de la República es muy respetable, este hecho no brinda seguridad alguna de su adecuado conocimiento en todas las área del programa de formación, y por ello, al contrario de avalar su exclusión del mismo, el suscrito considera que puede conllevarle sumo provecho su participación, a manera de capacitación, actualización y refrescamiento de conceptos y temas; a la vez que se estima procedente de tal forma, enmendar el error de vieja data en que se incurrió al no incluirlo oportunamente en la capacitación formal de este Organismo.
Llama poderosamente la atención, que el Lic. Brenes Flores considere su participación en dicho Programa como “humillante y desmotivante”, ya que como se ha indicado, para todos los efectos, éste se constituye en un esfuerzo institucional serio y responsable del cual puede obtener sumo provecho, y más bien se reciben solicitudes de participación por parte de servidores técnicos, mismas que deben declinarse en virtud de la incapacidad de abarcar más allá de los puestos de investigadores.
Según las consideraciones anteriormente detalladas, no se determina perjuicio alguno que se le esté infringiendo al servidor por solicitarle cursar un programa de formación pendiente, para lo que se está respetando su condición de investigador en el puesto que desempeña actualmente, así como otros derechos, sin estimar la existencia de aspectos que justifiquen, ameriten o entorpezcan que el mismo atienda este requerimiento Institucional, en aras de la eficiencia y eficacia en el servicio público legalmente ofrecido por este Organismo.
Por ende, en conclusión, esta Dirección General no considera oportuno eximir al Lic. Brenes Flores de su participación en el Programa de Formación Básica en Investigación Criminal, y por el contrario, se considera necesario su concurso como una medida sana, con el propósito de acreditar que efectivamente el mencionado servidor maneja adecuadamente materias relacionadas con el quehacer policial; esto sin demérito de que los órganos competentes convaliden aquellas materias en que exista mérito para ello.”
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Por su parte, el máster José Luis Bermúdez Obando, Subjefe del Departamento de Personal y el licenciado Ricardo Cordero Hernández, Jefe de la Sección de Reclutamiento y Selección, en oficio RS-0078-07 de 23 de enero de este año, rinden el siguiente informe:
ANTECEDENTES
1. Como es sabido, el puesto de ingreso al Organismo de Investigación Judicial, sea Investigador 1, exige como uno de sus requisitos, el tener aprobado el Curso Básico de Investigación Criminal, impartido por la Escuela Judicial, según se establece en el Manual Descriptivo de Clases de Puestos.
2. Igualmente, en los cargos de categoría superior, entiéndase, Investigador 2, Oficial de Investigación, Jefe de Investigación 1, 2, 3, Jefe Profesional de Investigación 1 y 2, se establece explícitamente en el Manual de Puestos, el tener aprobado dicho curso para poder ocupar en propiedad alguno de esos cargos.
3. Relacionado con lo anterior, surge el caso particular del servidor José Manuel Brenes Flores, quien no tiene aprobado el curso básico y se desempeña como Investigador 1, en propiedad, en la Sección de Fraudes del Organismo de Investigación Judicial. El señor Brenes Flores fue nombrado por acuerdo de Corte Plena, en la sesión celebrada el día 27 de julio de 1993, artículo VIII, a partir del 1° de agosto de ese mismo año. 
4. Mediante nota presentada ante esta Sección el día 19 de setiembre anterior, el señor Brenes Flores manifiesta:  
“Para cuando fui nombrado como Auxiliar de Investigación, si bien es cierto existía el Curso Básico de Investigación, no era requisito y se nombraba al personal sin haberlo cursado y posteriormente se le enviaba realizar el mismo, tanto mi persona como otros nunca se nos envió a realizarlo...” (La negrita es nuestra).
Más adelante, en la misma nota, indica:
“El no haber realizado el Curso en mención, lo atribuyo a dos situaciones primero, en aquel tiempo en que me nombraron en propiedad no era exigido y segundo a un error de la administración no atribuible a mi persona como administrado...” (La negrita es nuestra).
5. Cabe indicar que, en el momento en que el señor Brenes Flores fue nombrado en propiedad, el control de dicho proceso estaba a cargo directamente del Organismo de Investigación Judicial y no del Departamento de Personal, por lo cual no puede precisarse con exactitud los motivos por los cuales el servidor no participó del curso básico respectivo. Sin embargo, esta Oficina tiene referencias de que la aseveración expuesta por el servidor, tal como se indicó en el punto 4, es totalmente acertada.
6. Si bien es cierto, el señor Brenes Flores fue nombrado en propiedad en aquel entonces, con el aval de una instancia superior, este servidor no cuenta con un requisito exigido para ostentar cargos de ascenso dentro del Organismo de Investigación Judicial, situación que el gestionante considera violatoria de sus derechos. Sin embargo, en el acuerdo mencionado en el punto 3, no se indica que el servidor pueda optar por algún ascenso, pese al incumplimiento de ese requisito.
7. El señor José Manuel Brenes Flores obtuvo su promedio de elegibilidad como Oficial de Investigación en el mes de agosto 2005 y para el cargo de Investigador 2, en el mes de enero de 2006. No obstante, fue hasta el mes de setiembre de 2006, que la Sección de Reclutamiento y Selección se entera que el servidor no cuenta con el Curso Básico de Investigación Criminal aprobado. Por lo tanto, corrigiendo el error material en el que se incurrió, se procedió a excluirlo de dichas listas, dada la falta de cumplimiento de uno de los requisitos indispensables para ocupar esos puestos.
Dado lo anterior, según lo establece el Manual Descriptivo de Clases de Puestos, para desempeñar cualquier puesto policial, en el nivel de investigación, dentro del Organismo de Investigación Judicial, debe cumplirse con el requisito de Curso Básico, toda vez que es ahí donde se prepara, no sólo académicamente, sino también en la práctica, al futuro policía para el desempeño adecuado de sus funciones.”
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Se dispuso: 1.) Tener por rendidos los anteriores informes. 2.) Comunicar al licenciado Brenes Flores que este Consejo considera que el Curso Básico de Formación en Investigación Criminal es obligatorio y en su caso puede considerarse como una oportunidad de mejora y no se le puede eximir de dicho requisito. Lo anterior sin perjuicio de que la Escuela Judicial valore la posibilidad de convalidarle algunas materias.”.
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La Licda. Kattia Campos Zuñiga, Jefa a.í. de la Unidad de Capacitación del O.I.J. en correo Electrónico del 26 de marzo del año en curso dice:

En atención a su solicitud de externar mi criterio sobre la solicitud planteada por el señor Jose Brenes Flores para que se  le convaliden materias del Programa Básico que actualmente está cursando, al respecto me permito plantearle lo siguiente:

1-	Para esta Unidad es muy difícil realizar una convalidación si no contamos con un reglamento o sistema  de convalidación, no hay parámetros que  permitan establecer que materias se pueden convalidar de acuerdo con los contenidos y tiempo de cada una, con respecto a las materias cursadas por el señor Brenes en la universidad.
2-	La profesión del señor Brenes es derecho, no pongo en duda sus conocimientos en el área penal y procesal penal, pero el resto de materias que se imparten en el Programa Básico son relacionadas con el quehacer policial que no son impartidas en la carrera de derecho, las cuales son relevantes por lo que es necesario su conocimiento y dominio de éstas: criminalística, identificación de personas, medicina legal, huellas latentes, ciencias forenses, etc.
3-	El señor Brenes tiene una larga trayectoria en el Poder Judicial, pero ello no nos asegura que tenga los conocimientos adecuados que dentro del Programa Básico se imparten, por lo que el llevar este programa es de sumo provecho porque se actualiza y refresca aquellos conocimientos que en su larga trayectoria ha adquirido.
4-	La única materia que se podría considerar para convalidarse es “uso y manejo del revólver .38”, que en su oportunidad se le obligó, por parte de la Dirección del O.I.J. a realizar dentro del Programa Básico, ya que los contenidos y prácticas son las mismas que actualmente se desarrollan.

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SE ACUERDA: Que con respecto a la solicitud del Sr. José Manuel Brenes Flores, Investigador de la Sección de Fraudes del Organismo de Investigación Judicial, en donde pide que se  convalide el curso de investigador del O.I.J., debido a su basta trayectoria institucional y su profesión en la carrera de derecho,  este Consejo aprueba únicamente los cursos relacionados a la materia de derecho y el curso de uso y manejo del revólver 38”.  Por consiguiente, el Sr.  Brenes Flores deberá llevar las restantes materias del Programa Básico de Investigador. ACUERDO FIRME.

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ARTÍCULO XI

El Lic. Rodolfo Fernández Castillo, asesor Jurídico, Organismo de Investigación Judicial, en oficio del 22 de febrero de 2007 dice:

	“Con fundamento en las razones que de seguido paso a exponerles, me permito solicitar la autorización de ese Consejo Directivo para poder realizar por suficiencia las pruebas correspondientes al  “Programa de Formación en Investigación Criminal” que imparte la Unidad de Capacitación del Organismo de Investigación.

	1.- Ingresé a laborar para el Poder Judicial en el año de 1986, fecha desde la cual he tenido la oportunidad de desempeñar diferentes puestos, tanto administrativos como en el área policial.  Entre los puestos desempeñados por mi persona dentro del Organismo de Investigación Judicial se encuentran los siguientes:  Asistente de Abogacía, Suboficial de Investigación 2, Oficial de Investigación 1  y Jefe en la Oficina de Asuntos Internos,  Jefe de las Delegaciones Regionales de Limón, Heredia,  Cartago, Alajuela, Puntarenas y Liberia, Jefe de la Subdelegación Regional de Turrialba, Jefe y Subjefe del Departamento de Investigaciones Criminales y Secretario General del Organismo.  Asimismo, desde el 1° de julio de 1994, desempeño en propiedad el cargo de Asesor Jurídico de la Dirección General del Organismo de Investigación Judicial.

	2.- Poseo una Licenciatura en Derecho, obtenida en la Universidad Autónoma de Centroamérica en el año 1991, y una Licenciatura en Criminología,  obtenida  en  la  Universidad  Libre  de  Costa  Rica en el mes de enero de este año.  Entre las materias cursadas por mi persona en la carrera de Criminología, se encuentran las siguientes: Epistemología e Investigación, Tendencias Actuales de la Criminalidad, Farmacodependencia y Delito, Evaluación de Proyectos Criminológicos, Criminalidad y Reacción Social, Narcotráfico y Crimen Organizado, Prevención del Delito, Psicopatología Criminal, Planificación Estratégica, Derecho Penitenciario, Seminario de Graduación, Procedimientos de Investigación Criminal I y II, Introducción a la Criminalística y Victimología.  

3.- En esta misma línea he recibido una serie de cursos, tales como:     a) Administración y Supervisión Policial, impartido por el Instituto para la Capacitación en la  Investigación Criminal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de  Norteamérica,  b) Cuestiones Actuales del Derecho Penal, Hurto Agravado de Ganado, Ley de Justicia Penal Juvenil, Módulo de Derechos Constitucional y Capacitación a Capacitadores sobre el nuevo Código Procesal Penal, todos impartidos por la Escuela Judicial, c) El nuevo Proceso Penal costarricense y la Investigación Criminal, impartido por el Instituto para la Capacitación en la Investigación Criminal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica, diciembre de 199; y d) Seminario sobre el Desarrollo de Políticas de Defensa y Administración de Recursos en la Universidad Nacional de Defensa de Washington D.C. impartido por el Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa de la Universidad Nacional de Defensa de los Estados Unidos de Norteamérica.

De igual manera se me ha brindado la oportunidad de participar como docente de la Escuela Judicial en los siguientes cursos:  a) Curso sobre Instructores de Campo y Programa de Capacitación de Campo del Organismo de Investigación Judicial,  b) Curso Básico de Investigación Criminal y Cursos de Refrescamiento de la Unidad de Capacitación del Organismo de 

Investigación Judicial; y, c) Cursos sobre el nuevo Código Procesal Penal.  Además, participé como ponente en el I Taller sobre entregas vigiladas de Drogas celebrado en la República de Venezuela.  

	4.- Considero que la experiencia profesional, mis estudios académicos en la materia y mi experiencia como docente en este campo, me permiten estar en condición de poder realizar por suficiencia las pruebas correspondientes al Programa de Formación en Investigación Criminal que imparte la Unidad de Capacitación del Organismo de Investigación Judicial, motivo por el cual les solicito su autorización para poder presentar las pruebas de esta manera.

	Lo que me motiva a plantear esta solicitud es poder contar con la aprobación de dicho Programa, que actualmente constituye un requisito contemplado en el Manual de Puestos, para poder aspirar a una serie de cargos dentro del Organismo de Investigación Judicial.  A la vez que ello me permitirá incrementar mis conocimientos en el área de la criminalística, siendo un aspecto de gran importancia en las labores que desempeño como Asesor de la Dirección General del Organismo.” 

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La Licda. Kattia Campos Zuñiga, Jefa a.í. de la Unidad de Capacitación del O.I.J. en correo Electrónico del 26 de marzo del año en curso dice:

En relación con su solicitud de externar mi criterio sobre la solicitud del señor Rodolfo Fernández Castillo, asesor de la Dirección General del O.I.J., para que se le autorice  a realizar por suficiencia las pruebas correspondientes al Programa Básico, al respecto me permito indicarle que:

1-	En cuanto a aquellas materias que son totalmente teóricas, no encuentro inconveniente para que realice las pruebas por suficiencia.
2-	Con respecto a aquellas materias que  son teóricas y prácticas,  considero que no se pueden llevar por suficiencia ya que parte de la evaluación se lleva a cabo a través de una práctica evaluada, no sin antes realizar una serie de prácticas dirigidas en las cuales el facilitador corrige los errores de los alumnos, para luego evaluarlos, para éstas considero importante su presencia, pues el docente no podría realizar una prueba sólo teórica para el señor Fernández, ya que los objetivos del Programa Básico ya están definidos e incluyen prácticas y no podemos diseñar un Programa Básico de acuerdo con cada solicitud.

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SE ACUERDA: Que con respecto a la solicitud del Lic. Rodolfo Fernández Castillo, asesor Jurídico del Organismo de Investigación Judicial, en donde pide que se le  autorice  realizar por suficiencia las pruebas correspondiente a curso de investigador del O.I.J., una vez que este sea admitido dentro del programa,  por  contar con la carrera de derecho, se le aprobara únicamente, la convalidación de los cursos relacionados con está.  Respecto a las demás materias, se le autoriza realizar por suficiencia las que son totalmente teóricas, por lo que deberá cursar las que  son teórico-prácticas. ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO XII

El Lic. Martín Matamoros Mora,  Jefe de la Unidad de Capacitación del O.I.J., en oficio EJ-CAP-316-06 del 18 de diciembre de 2006 dice:

“Para su estimable conocimiento y fines consiguientes, me permito informarles que los señores Luis Diego Moreno Vela, participante del “LIII Programa Básico de Investigación Criminal” y el señor Roberto Fernández Quirós participante del LII Programa Básico de Formación en Investigación Criminal, reprobaron la materia de Acondicionamiento Físico.

	Estos alumnos llevaron a cabo la prueba extraordinaria a la que tienen derecho, reprobando la misma, por lo tanto deberán repetir la materia en el siguiente Programa Básico, de conformidad con lo estipulado en el Art. # 25 del Reglamento de la Escuela Judicial.

	Es por lo anterior que les solicito respetuosamente, la debida autorización para los señores Moreno Vela y Fernández Quirós, repitan la materia en el “LIV Programa Básico de Investigación Criminal”, que dará inicio el 08 de enero del 2007. 

	Por otra parte el señor Gabriel González León, participante del también del LIII Programa Básico, por haber permanecido incapacitado por un tiempo considerable, imposibilitado para  realizar ejercicio físico, por sus ausencias justificadas, no pudo cumplir con los contenidos de las materias de Acondicionamiento Físico, Defensa Personal y Manejo del revólver calibre 38, motivo por el que deberá recibirlas nuevamente, en los horarios que corresponda en el LIV Programa Básico que inicia el 08 de enero del 2007.  

	El horario de dichas materias es el siguiente:

ACONDICIONAMIENTO FÍSICO

LECCIONES	DÍA	HORA	LUGAR	
1	15 de enero	08:00 a 12:00		
2	29 de enero	08:00 a 12:00		
3	12 de febrero	08:00 a 12:00		
4	02 de marzo	08:00 a 12:00	Polideportivo	
5	12 de marzo	08:00 a 12:00		
6	26 de marzo	08:00 a 12:00		
7	16 de abril	08:00 a 12:00		
8	30 de abril	08:00 a 12:00		

ARMAS Y DEFENSA PERSONAL

#	DÍA	HORA	LUGAR	
1	28 de febrero	07:30 a 11:45		
2	01 de marzo	07:30 a 11:45		
3	06 de marzo	07:30 a 11:45		
4	07 de marzo	07:30 a 11:45		
5	08 de marzo	07:30 a 11:45		
6	13 de marzo	07:30 a 11:45		
7	14 de marzo	07:30 a 11:45		
8	15 de marzo	07:30 a 11:45		
9	19 de marzo	07:30 a 11:45		
10	20 de marzo	07:30 a 11:45	Aula # 1	
11	21 de marzo	07:30 a 11:45	Esc. Judicial	
12	22 de marzo	07:30 a 11:45	Polígono	
13	27 de marzo	07:30 a 11:45	Gimnasio	
14	28 de marzo	07:30 a 11:45		
15	29 de marzo	07:30 a 11:45		
16	30 de marzo	07:30 a 11:45		
17	09 de abril	07:30 a 11:45		
18	10 de abril	07:30 a 11:45		
19	12 de abril	07:30 a 11:45		
20	13 de abril	07:30 a 11:45		
21	17 de abril	07:30 a 11:45		
22	18 de abril	07:30 a 11:45		
23	19 de abril	07:30 a 11:45		
24	20 de abril	07:30 a 11:45		
25	24 de abril	07:30 a 11:45		
26	25 de abril	07:30 a 11:45		
27	26 de abril	07:30 a 11:45		
28	27 de abril	07:30 a 11:45		
29	02 de mayo	07:30 a 11:45		
30	03 de mayo	07:30 a 11:45		
31	04 de mayo	07:30 a 11:45		
32	07 de mayo	07:30 a 11:45		

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El Dr. Marvin Carvajal Pérez,  Director de la Escuela Judicial, en oficio EJ-DIR-42-07 del 11 de enero de 2007 dice:

Para su estimable conocimiento y fines consiguientes, me permito informarles que los señores Luis Diego Moreno Vela, participante del “LIII Programa Básico de Investigación Criminal” y el señor Roberto Fernández Quirós participante del LII Programa Básico de Formación en Investigación Criminal, reprobaron la materia de Acondicionamiento Físico.

	Estos alumnos llevaron a cabo la prueba extraordinaria a la que tienen derecho, reprobando la misma, por lo que, de conformidad con lo estipulado en el Art. 25 del Reglamento de la Escuela Judicial, estos alumnos –en principio- podrían repetir la referida materia.

	Hasta ahora, la política que  sigue la Escuela Judicial ha sido la de permitir que el alumno repita la materia en el curso siguiente. No obstante, esta Dirección considera que esta práctica no se ajusta a Derecho, además de configurar una forma inadecuada de manejar fondos públicos, por las razones que se dirán:

Los alumnos antes de ingresar al curso deben  firmar un contrato de capacitación, en el cual se les obliga a cumplir con todas las aprobaciones que impone el Programa Básico de Formación en Investigación Criminal. Al efecto, dispone en lo conducente la cláusula sétima del mencionado contrato:

“SETIMA: En caso de incumplimiento por parte de “El beneficiario” a cualquiera de las obligaciones aquí contraídas o la pérdida  injustificada del curso de adiestramiento a que se refiere este convenio por la no aprobación de una o más materias del mismo, producirá automáticamente el cese del interinato sin responsabilidad patronal alguna, aún antes de que concluya todo el programa de capacitación,  y se aplicarán las medidas a que se refieren los artículos 29 y 30 del Reglamento de Becas y Permisos de Estudios para el personal del Poder Judicial No. 20324-J…”

Por su parte, el artículo 30 incisos 2) y 5) del Reglamento de Becas y Permisos de Estudios para el Personal del Poder Judicial, Decreto Ejecutivo número 20.234-J, dispone lo siguiente:

“Artículo 30.— El Consejo de Personal podrá recomendar a la Corte la cancelación de las becas concedidas, exigiendo el reintegro de las sumas giradas en los siguientes casos:
	(…)
2)	Si el estudiante perdiere cursos salvo que ello se deba a circunstancias justificadas.
	(…)
5)	Cuando incumpliere alguna de las obligaciones contractuales con la Corte.”

Las normas antes citadas nos permiten concluir que si un alumno pierde un examen extraordinario, por ende la materia, reprobando el Programa Básico de Formación en Investigación Criminal, debe considerarse que ha incumplido el contrato suscrito con el Poder Judicial. Al hacerlo, dicho contrato deberá ser resuelto, desapareciendo las obligaciones contractuales a cargo de la institución. De ahí que no esté obligado el Poder Judicial a permitir la repetición de cursos en dichas circunstancias. A esos efectos, la cláusula contractual citada –suscrita libremente por el señor Moreno Vela al ingresar al Programa- constituye una norma especial, frente a la cual la disposición general del artículo 25 del Reglamento de la Escuela Judicial debe ceder.

Además de las razones jurídicas ya enunciadas, debe tenerse presente que, producto del contrato en cuestión, el Poder Judicial brinda a los participantes una serie de atractivos beneficios, tales como un estipendio periódico, viáticos, materiales didácticos, etc. además de un programa de formación de alta calidad. Todas estas condiciones generan elevados costos, los cuales son sufragados con fondos públicos en razón de la meta de formar agentes judiciales bien capacitados. Si la Escuela Judicial tolera que se siga permitiendo la repetición de cursos en estas circunstancias, estaría avalando un desperdicio de los limitados recursos institucionales, en detrimento de la Hacienda Pública. Recuérdese que la obligación principal del participante es aprobar el curso, aspecto que en este caso no se da.

Debe finalmente considerarse que, si se aceptara la repetición del curso en cuestión, además de permitir el incumplimiento de un contrato de Derecho Público, el Poder Judicial estaría propiciando situaciones contrarias al principio de conveniencia y oportunidad. Por un lado, se estaría permitiendo que un funcionario ya nombrado siguiera cursando el programa, con evidente perjuicio para el buen servicio público. Por otra parte, implicaría tolerar que el participante siga haciendo uso de los beneficios económicos del programa, con un alto costo para la institución. Por último, serviría como un desestímulo para el esfuerzo y superación de los nuevos participantes, al constatar que se puede perder un curso, efectuar exámenes extraordinarios y además repetir la materia pese a fracasar en las dos oportunidades mencionadas, sin que ello traiga cualesquiera implicaciones.

	Todos los motivos antes descritos me permiten recomendar a este Consejo que se niegue al señor Luis Diego Moreno Vela la posibilidad de repetir la materia Acondicionamiento Físico, del Programa Básico de Formación en Investigación Criminal.

Por otra parte, el señor Gabriel González León, participante del también del LIII Programa Básico, permaneció incapacitado por un tiempo considerable, imposibilitado para realizar ejercicio físico, por lo que debido a sus ausencias justificadas no pudo cumplir con los contenidos de las materias de Acondicionamiento Físico, Defensa Personal y Manejo del revólver calibre 38, motivo se considera que deberá recibirlas nuevamente, en los horarios que corresponda en el LIV Programa Básico que inició el 08 de enero del 2007.

	El horario de dichas materias es el siguiente:

ACONDICIONAMIENTO FÍSICO

LECCIONES	DÍA	HORA	LUGAR	
1	15 de enero	08:00 a 12:00		
2	29 de enero	08:00 a 12:00		
3	12 de febrero	08:00 a 12:00		
4	02 de marzo	08:00 a 12:00	Polideportivo	
5	12 de marzo	08:00 a 12:00		
6	26 de marzo	08:00 a 12:00		
7	16 de abril	08:00 a 12:00		
8	30 de abril	08:00 a 12:00		

ARMAS Y DEFENSA PERSONAL

#	DÍA	HORA	LUGAR	
1	28 de febrero	07:30 a 11:45		
2	01 de marzo	07:30 a 11:45		
3	06 de marzo	07:30 a 11:45		
4	07 de marzo	07:30 a 11:45		
5	08 de marzo	07:30 a 11:45		
6	13 de marzo	07:30 a 11:45		
7	14 de marzo	07:30 a 11:45		
8	15 de marzo	07:30 a 11:45		
9	19 de marzo	07:30 a 11:45		
10	20 de marzo	07:30 a 11:45	Aula # 1	
11	21 de marzo	07:30 a 11:45	Esc. Judicial	
12	22 de marzo	07:30 a 11:45	Polígono	
13	27 de marzo	07:30 a 11:45	Gimnasio	
14	28 de marzo	07:30 a 11:45		
15	29 de marzo	07:30 a 11:45		
16	30 de marzo	07:30 a 11:45		
17	09 de abril	07:30 a 11:45		
18	10 de abril	07:30 a 11:45		
19	12 de abril	07:30 a 11:45		
20	13 de abril	07:30 a 11:45		
21	17 de abril	07:30 a 11:45		
22	18 de abril	07:30 a 11:45		
23	19 de abril	07:30 a 11:45		
24	20 de abril	07:30 a 11:45		
25	24 de abril	07:30 a 11:45		
26	25 de abril	07:30 a 11:45		
27	26 de abril	07:30 a 11:45		
28	27 de abril	07:30 a 11:45		
29	02 de mayo	07:30 a 11:45		
30	03 de mayo	07:30 a 11:45		
31	04 de mayo	07:30 a 11:45		
32	07 de mayo	07:30 a 11:45		

-0-

SE ACUERDA:  En adición al ARTICULO IX tomado en la sesión N° 01-07 del Consejo Directivo de la Escuela, respecto del caso del señor Roberto Fernández Quirós, participante del “LIII Programa Básico de Investigación Criminal”, haciendo propios de este Consejo los argumentos contenidos en el oficio EJ-DIR-42-07 del 11 de enero de 2007, suscrito por el Director de la Escuela Judicial, se deniega que el señor Fernández Quirós, repita la materia de Acondicionamiento Físico.  ACUERDO FIRME.
	-0-

ARTÍCULO XIII

El señor Luis Diego Moreno Vela, Investigador del Organismo de Investigación Judicial, en oficio del 06 de marzo de 2007 dice:

	El suscrito, LUIS DIEGO MORENO VELA, mayor, soltero, con número de cédula de identificación 6-340-524, vecino de Ciudad Cortés, con mi siempre acostumbrado respeto, me presento ente este HONORABLE CONSEJO ESCUELA JUDICIAL con el objeto de manifestar, y para que, si lo tienen a bien entrar a valorar y a considerar la situación que penosamente estoy viviendo, la que paso a enunciar a continuación, no si entes apelar a sus buenos oficios.

DETALLE
PRIMERO:
	Fui cesado del curso básico número LIII por el hecho de haber perdido la materia de acondicionamiento físico en dos oportunidades. Si bien es cierto según lo dicho en el artículo 25 del reglamento de la Escuela Judicial, pedía efectuar esta prueba una vez más, no fui objeto de una nueva oportunidad por recomendación según informe número 11-CD EJ-07, emitida por el Director de la Escuela Judicial. A ello agrego que en todas las demás materias las logre ganar con un promedio de notas normal, lo que indica que fui un estudiante de rendimiento acorde con la seriedad y responsabilidad del curso, máxime que estaba en algo que me gustaba, y mi interés era y es, hacer carrera en el Poder Judicial, como investigador, he ir escalando día con día según el grado de profesionalidad, todo por el hecho de haber empezado muy joven con esta carrera.

SEGUNDO: MI ERROR POR FALTA DE CONOCIMIENTO Y DE ASESORAMIENTO.
	Provengo de una Zona Rural marginal, como es Ciudad Cortés, y talvez por mi forma de ser tímido, reservado, y un poco temeroso del que dirán, no fui lo suficientemente madura para explicar a mis superiores del problema físico que afectaba mi pierna derecha, el cual consistía un dolor en forma continua, no tan severo, pero si que me imposibilitaban para hacer ejercicios muy fuertes como los programados en el curso. Por el contrario me trataba con recomendación de algún dependiente de farmacia, y en muchos casos me recetaron utilizar rodillera, las cuales utilizaba. Hoy soy poseedor de una GONALGIA, y estoy siendo tratado por el Hospital Dr. Tomas Casas Casajuz de mi pueblo Ciudad Cortés. Si hubiese seguido el procedimiento correcto, como era acudir a un medico, y ser incapacitado, no estuviera hoy en este penoso problema donde mis aspiraciones se están viendo congeladas, lo cual es muy doloroso y triste. Mi actitud fue únicamente por falta de conocimiento, asesoramiento, y un poco de timidez de mi parte.

	Es por ello que solicito a distinguidos miembros, valorar, reconsiderar mi caso, para ver la posibilidad de concluir el curso, y prometo que no los defraudare.
	Para una mayor valoración de mi caso, aporto dictamen médico donde manifiesto que soy poseedor de una gonalgia.
Espero su comprensión”
-0-

La anterior gestión debe ser desestimada, considerando que la decisión de Consejo Directivo impugnada es apegada a derecho, con base en los términos de la normativa que rige a la Escuela Judicial, así como al contrato que suscribió el señor Moreno con el Poder Judicial.  Las manifestaciones del petente, contenidas en el oficio del 06 de marzo pasado, se dirigen contra la pérdida del curso y no contra las consecuencias jurídicas de este.  En su momento, el señor Moreno Vela no impugno las calificaciones obtenidas en dicho curso, por lo que no cabe abrir dicho plazo, el cual se encuentra precluido.

-0-

SE ACUERDA: Este Consejo acuerdo mantener lo resuelto en  la sesión N° 01 celebrada el  24 de enero del año 2007.   Se deniega la posibilidad de permitir que el señor Luis Diego Moreno Vela, repita la materia de Acondicionamiento Físico,  ACUERDO FIRME”

-0-

ARTÍCULO XIV

El señor Gustavo Barquero Morales, Prosecretario General interino de la Secretaria de General de la Corte, en oficio N° 2286-07 del 15 de marzo del 2007, dice:

	“Para su estimable conocimiento y fines consiguientes, le transcribo el acuerdo tomado por el Consejo Superior en la sesión Nº 15-07 celebrada el veintisiete de febrero del dos mil siete, que literalmente dice:

“ARTÍCULO LXXXIX
	En sesión Nª 05-06 celebrada el 23 de enero del año en curso, artículo LXIII, se tomó el acuerdo que dice:
“Informa la licenciada Silvia Navarro Romanini, Secretaria General de la Corte, que a las ocho horas veinte minutos del 10 de enero en curso, se recibió cédula de notificación de la resolución dictada por la Sala Constitucional, Nª 2006016297, referente al recurso de amparo interpuesto por Morales Jiménez Randall, a favor de él mismo, contra el Poder Judicial, en que se declaró sin lugar.
Se acordó: Tomar nota de la resolución anterior y hacerla de conocimiento de la Comisión de Accesibilidad.
Expresa el Presidente, Magistrado Mora, que si bien ya el Consejo había conocido la resolución de la Sala, somete nuevamente a conocimiento de este Consejo lo resuelto con el fin de que se analice la necesidad de solicitar a la Escuela Judicial un nuevo curso para conocimiento del idioma Lesco.
Se acordó:  “Acoger la propuesto del señor Presidente y comisionar a la Dirección Ejecutiva para que programe y realice una nueva capacitación del idioma Lesco (Lenguaje de Señas de Costa Rica) en coordinación con la Escuela Judicial, lo que debe hacer con cierta periodicidad y tomando en consideración los requerimientos regionales, a efecto de ir paulatinamente extendiendo los servicios que ya se prestan en esta materia a efecto de atender las necesidades de las personas que sólo pueden comunicarse utilizando ese idioma.”
-0-         
SE ACUERDA:  Trasladar la anterior gestión sobre la capacitación del idioma Lesco,  a la Unidad de Capacitación del Departamento de Personal para que coordinen al respecto con la Dirección Ejecutiva, asimismo, se hace del conocimiento de la Comisión de Accesibilidad sobre este acuerdo.  ACUERDO FIRME.

-0-

ARTÍCULO XV

La señora María Elena Barrantes Hidalgo, Prosecretaria General interina de la Secretaria de General de la Corte, en oficio N° 2633-07 del 23 de marzo del 2007, dice:

	“Para su estimable conocimiento y fines consiguientes, le transcribo el acuerdo tomado por el Consejo Superior en la sesión Nº 22-07 celebrada el veintidós de marzo del dos mil siete, que literalmente dice:

“ARTÍCULO L
	En oficio N° 467-2007 de 12 de marzo en curso, el licenciado Francisco Dall’Anese Ruiz, Fiscal General de la República, manifiesta lo siguiente:
“El pasado 9 de marzo de 2.007 acudí a la zona de Talamanca para atender una invitación de las comunidades indígenas. Estas querían manifestar directamente al Fiscal General de la República su inconformidad con algunos aspectos de la labor desempeñada por el Ministerio Público, en lo que hace a la atención de asuntos de indígenas y de los territorios indígenas. Me acompañaron en esa ocasión el Fiscal Francisco Fonseca y el Fiscal Auxiliar Celso Gamboa, este último en su condición de Fiscal de Asuntos Indígenas.
Entre otros aspectos, informaron:
1.	La necesidad de contar con un intérprete de lenguas indígenas a tiempo completo en Bribrí −y no solo para las audiencias y declaraciones−, para servicio de quienes deseen enterarse, en el mostrador de la Fiscalía o del Juzgado, del curso de los procesos que afectan a indígenas. Un traductor exclusivamente dedicado a las declaraciones, a las audiencias preliminares o a los debates, impide la consulta cotidiana de los expedientes y con ello causa indefensión. 
2.	La falta de sensibilidad de los funcionarios judiciales (Jueces, Fiscales, Defensores Públicos y policías), en lo que a la cultura indígena se refiere. 
3.	El costo en tiempo y dinero para los indígenas, de presentarse en Limón o Bribrí a las audiencias y debates. Hay sitios desde los que debe caminarse por muchos días, tanto de ida como de regreso, lo que afecta la vida de los indígenas. Solicitaron que los Jueces y Fiscales se trasladen al menos a Suretka a celebrar las audiencias preliminares y los juicios orales. 
Me comprometí a trasladar las inquietudes al Consejo Superior, con el fin de que
(i) en el proyecto de presupuesto para el año 2.008, se proceda a crear una plaza de intérprete permanente para la atención de indígenas en las oficinas de Bribrí;
(ii) se ordene el diseño de un curso de sensibilización en asuntos indígenas, para todos los funcionarios del país (Guanacaste, Puriscal, Turrialba, Limón, Sala III y Tribunal de Casación Penal) que deban resolver procesos relacionados; y
(iii) se ordene a los Jueces celebrar audiencias y juicios orales en Suretka, cuando la mayoría de imputados o testigos sean ciudadanos de Talamanca.
Proteger y preservar la cultura y los territorios indígenas es prioridad del Ministerio Público. Obsérvese que el deterioro de vida de esas comunidades ha traído como consecuencia la penetración del narcotráfico, el cultivo de marihuana y otras distorsiones que no solo afectan a dichas poblaciones sino a todo el país.”
- 0 -
Se acordó: 1.) Trasladar lo anterior a la Comisión de Presupuesto para el año 2008 con el fin de que analice la necesidad y la posibilidad de creación de la indicada plaza de intérprete para la atención de indígenas en las oficinas de Bribrí. 2.)  En relación al diseño de un curso de sensibilización en asuntos indígenas, se hace del conocimiento de la Escuela Judicial para lo que corresponda. 3.) Comunicar al licenciado Dall’Anese Ruiz que este Consejo no tiene objeción de que los Jueces puedan celebrar audiencias y juicios orales en Suretka. Se declara este acuerdo firme.”.
-0-

SE ACUERDA:  Trasladar la anterior gestión sobre un curso de sensibilización de asuntos indígenas a la Unidad de Capacitación del Departamento de Personal, para que lo consideren en la elaboración de su Plan de Trabajo y  asimismo, se destaca la relevancia de este curso.  ACUERDO FIRME.
-0-

ARTÍCULO XVI

El señor Juan Carlos Pérez de Recursos Humanos, UAFI, Instituto Costarricense de Drogas,   en oficio RH-075 del 26 febrero de 2007, dice:

“Con la Ley sobre Estupefacientes, sustancias Psicotrópicas, Drogas y Uso no Autorizado, Legitimación de Capitales y Actividades Conexas (Leys 8204), se crea el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), como un órgano de desconcentración máxima, adscrito al ministerio de la Presidencia, con personería jurídica instrumental para la realización de su actividad contractual y la administración de sus recursos y patrimonio.

El objetivo principal designado mediante la Ley es coordinar, diseñar e implementar políticas planes y estrategias de prevención del consumo de drogas, el tratamiento, la rehabilitación u reinserción de los fármacodependencias y las políticas, planes y estrategias contra el trafico ilícito de drogas, legitimación de capitales provenientes de narcotráfico, actividades conexas y delitos graves.

Como sucede a la mayoría de instituciones del sector público, los recursos que posee el ICD para destinar la capacitación de sus funcionarios, son casi inexistentes.  Sin embargo esta institución esta completamente convencida de que la capacitación a todos los niveles, constituye una de las mejores inversiones en recursos humanos y una de las principales fuentes de bienestar para el personal y la organización.

Es por ello que apelamos al espíritu colaborador de su representada, a efectos que se nos otorguen algunos espacios o cupos para las capacitaciones programadas para el presente año.

Para información adicional, puede contactarme directamente al teléfono 524-0140 o comunicarse con la señorita Magaly Padilla Retana a la extensión 205, o al e-mail mpadilla@icd.go.cr.

Agradeciendo su atención, se suscribe.
-0-

SE ACUERDA:  Que la Escuela Judicial colabore con el Instituto Costarricense de Drogas (UAFI), en el tanto se cuente con espacio disponible y,  se tomará en cuenta con cada programa concreto,  de a acuerdo a el Plan Anual de Labores de la Escuela Judicial. ACUERDO FIRME.

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ARTÍCULO XVII

El Lic. Rodrigo Acuña Montero, Director Nacional de Inspección del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en oficio Nº 0251-07 del 07 de marzo de 2007 dice:

En días pasados hablamos de la posiblidad de recibir capacitación por parte de la Escuela Judicial para los abogados que conforman la Dirección Nacional de Inspección del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, para lo cual usted me facilitó el documento titulado "Divulgación del Plan de Capacitación de la Escuela Judicial de 2007", el cual puse en conocimieto de mis subalternos para ver el interés que tenían en participar e dichos cursos.
 
    La gran mayoría ha coincidido en los siguientes:
 
1.  La Prueba en materia laboral
2.  El salario y otras modalidades de retribución
3.  Conflictos colectivos de caracter económico y social
4.  La prueba en materia civil
5.  Lógica jurídica en la elaboración de sentencias
6.  Procesos cobratorios
7.  Destrezas básicas en la oralidad en el proceso laboral
8.  Conciliación en materia laboral
9.  Destrezas intermedias de oralidad en el proceso contencioso

    Ante la imposibilidad que he tenido para determinar con usted el posible cupo que nos estaría dando para participar en los citados cursos, me he tomado la libertad, con todo respeto de utilizar la presente vía para agilizar el proceso de capacitación que usted muy amablemente nos dió.
 
    Me gustaría que me indicara la factibilidad  de nuestra participación en la capacitación que tiene la Escuela Judicial, la cual me puede indicar a los teléfonos 832-43-61, 256-39-74 y 233-67-18 ó vía email racuna@ministrabajo.go.cr.
 
-0-

SE ACUERDA:  Que la Escuela Judicial colabore con la Dirección Nacional de Inspección del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en el tanto se cuente con espacio disponible y, se tomará en cuenta con cada programa concreto,  de a acuerdo a el Plan Anual de Labores de la Escuela Judicial. ACUERDO FIRME.

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ARTÍCULO XVIII

La señora Carole Quesada Rodríguez,  Directora General de Hacienda., en oficio DGH-66-07 del 23 de diciembre de 2006 dice:

“En la Dirección General de Hacienda se tiene un interés de capacitar a la Oficina de Cobro Judicial y a la Unidad de Control del Cobro Judicial de esta Dirección, en cuanto a temas de juicios universales (sucesorios, concursos, quiebras, administración por intervención judicial, convenios preventivos, etc) así como en materia procesal civil en general, toda vez que dichas Dependencias como entes especializados a nivel nacional en cobrar todos aquellos créditos a favor del Estado, deben establecer juicios ejecutivos y legalizar  créditos en juicios universales, razón por la cual reviste mucha importancia mantener actualizados a los abogados integrantes de la Oficina en mención, sobre los temas descritos.

Asimismo esta Dirección considera de vital importancia mantener a los abogados integrantes de las diferentes áreas que la conforman, a saber, Asesoría Jurídica, Exenciones, Cobro Judicial y Unidad de Control del Cobro Judicial, debidamente informados y actualizados de los cambios legislativos en materia de Derecho Administrativo, como lo es, la reciente promulgación del Código Procesal Contencioso Administrativo, que entrará en vigencia el próximo año.

Por todo lo anterior, y siendo una prioridad de esta Dirección General, la capacitación continua del personal a su cargo, se le solicita la colaboración para analizar la posibilidad de diseñar e implementar una capacitación interinstitucional en los temas antes descritos, en la cual la Escuela Judicial facilite los capacitadores y el Ministerio de Hacienda facilite el espacio físico y otros gastos propios de una actividad de este tipo, como ha sucedido con otros convenios que la Escuela Judicial ha hecho con este Ministerio de Hacienda (como por  ejemplo con la Dirección General de Tributación en cuanto al Programa de Capacitación y Modernización de la Administración Tributaria).

De antemano esta Dirección General agradece la colaboración que nos pueden brindar al respecto.”

-0-

SE ACUERDA:  Que la Escuela Judicial colabore con la Dirección General de Hacienda, en el tanto se cuente con espacio disponible y, se tomará en cuenta con cada programa concreto,  de a acuerdo a el Plan Anual de Labores de la Escuela Judicial. ACUERDO FIRME.

-0-

ARTÍCULO VIX

La Licda.  Andrea Acuña Fallas, coordinadora a.í., Proceso de Recursos Humanos, en oficio PRH-017-2007 del 21 de enero de 2007 dice:

“Después de un cordial saludo, me permito solicitarle interponga sus buenos oficios con la finalidad de tomar en cuenta a los profesionales en Derecho de este Instituto en los cursos y / o capacitaciones de índole gratuito que esa Escuela promueve.  Lo anterior con el objetivo de promover la capacitación en el Área Legal de esta institución y considerando la calidad de material que en dicha Escuela se imparte.  Asimismo, le agradezco que en la medida de lo posible se tome en cuenta a los profesionales de este Instituto en la participación de cursos y/o capacitaciones que resulten de interés para el buen funcionamiento y desempeño del INVU.

Cualquier consulta al respecto favor comunicarse con la suscrita al teléfono 257-0945 o por medio de correo electrónico aacuña@invu.go.cr.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano la atención a la presente, se suscribe atentamente,”

-0-

SE ACUERDA:  Que la Escuela Judicial colabore con el Departamento de Proceso de Recursos Humanos del INVU, en el tanto se cuente con espacio disponible y, se tomará en cuenta con cada programa concreto,  de a acuerdo a el Plan Anual de Labores de la Escuela Judicial. ACUERDO FIRME.

-0-

Se levanta la sesión a las diez horas cincuenta minutos.

Mag. Ana Virginia Calzada Miranda                            Dr. Marvin Carvajal Pérez
                  PRESIDENTA                                               DIRECTOR ESCUELA JUDICIAL